TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY.
San Felipe, 12 de Julio de 2016
Años: 206° y 157°

EXPEDIENTE: N° 14.546

MOTIVO: DIVORCIO (PERENCIÓN DE LA INSTANCIA)

PARTE DEMANDANTE: Ciudadano WILMER JOSÉ GAINZA GRATEROL, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-13.796.376 y de este domicilio.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogado KELLY ALEJANDRA MELENDEZ, Inpreabogado N° 129.720.
PARTE DEMANDADA: Ciudadana LILIANA LINORI MELÉNDEZ JAYARO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-14.211.832, domiciliada en el Barrio Carapanpa, en la entrada de quebrada honda, Municipio Bolívar del estado Yaracuy.
Se recibió por distribución en fecha veinticuatro (24) de febrero del año 2014, demanda de DIVORCIO, contentiva de un (1) folio útil y tres (03) anexos, interpuesta por el ciudadano WILMER JOSÉ GAINZA GRATEROL, debidamente asistido por la abogada en ejercicio KELLY ALEJANDRA MELENDEZ, Inpreabogado N° 129.720 contra la ciudadana LILIANA LINORI MELÉNDEZ JAYARO, up supra identificados.
Por auto de fecha 26 de febrero de 2014, se admitió la demanda y se ordenó la citación de la demandada, para lo cual se comisionó suficientemente al entonces Juzgado de los Municipios Bolívar y Manuel Monge de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy librándose el oficio N° 90, y la notificación de la Fiscal Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy. (Folio 05).
Al folio 09 de fecha 22 de abril de 2014, consta declaración del Alguacil, señalando que consigna Boleta de Notificación firmada por la representación fiscal.
Al folio 11 cursa auto de fecha 25 de abril de 2014, abocándose la Jueza Temporal Abg. Indira Añez.
Cursa auto al folio 12 de fecha 25 de junio de 2014, donde se recibió la comisión sin cumplir de la citación de la parte demandada, emanada del Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Bolívar, Manuel Monge y Veroes de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy. (Folios del 13 al 23)
Al folio 24 cursa auto del Tribunal de fecha 22 de julio de 2014, donde se acuerda oficiar a la Misión Justicia de este Estado, para que designe a un profesional del derecho, de los que prestan servicio gratuito en la comunidad, para que asista al demandante, por cuanto la demanda fue tramitada por el Programa del Tribunal Móvil, se libró el oficio N° 301/2014.
Al folio 26 cursa escrito de fecha 7 de agosto de 2014, suscrito por la Abogada KERLYN YANETH NACAR SOLORZANO, Inpreabogado N° 175.250, donde indica que ha sido designada por la Misión Justicia Socialista para que asista y defienda los derechos e intereses del ciudadano WILMER JOSÉ GAINZA GRATEROL, demandante de la causa, razón por la cual presentó la aceptación del compromiso.
Al folio 27 cursa escrito de fecha 18 de septiembre de 2014, suscrito por la abogada KERLYN YANETH NACAR SOLORZANO, Inpreabogado N° 175.250, donde solicita se exhorte al ciudadano WILMER JOSÉ GAINZA GRATEROL, para que suministre números telefónicos de contacto que permita establecer en la brevedad posible la comunicación inherente a su defensa, acordando lo solicitado por auto de fecha 22 de septiembre de 2014 cursante al folio 28.
Al folio 29 cursa auto de fecha 13 de junio de 2016, abocándose la Jueza Temporal Abg. Inés Martínez, ordenándose librar boleta de notificación a la parte actora ciudadano WILMER JOSÉ GAINZA GRATEROL.
Al folio 31 el Secretario de este Juzgado dejó constancia que en el despacho del día 16 de junio de 2016, de conformidad con el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, fijó en la cartelera del Tribunal la boleta de notificación de la parte demandante, con motivo del abocamiento de la Juez Temporal de este Juzgado, por cuanto el mismo no señaló su domicilio en el libelo de la demanda.
Por auto de fecha 11 de julio de 2016 cursante al folio 32 se dejó constancia que transcurrió el lapso de apelación y que el Tribunal se pronunciará sobre lo conducente al día de despacho siguiente a la fecha.

AL RESPECTO EL TRIBUNAL OBSERVA:
Los procesos son una serie de actos coordinados para el logro de un fin determinado, y en sentido procesal, es el camino a seguir para resolver las controversias que se llevan a los estrados judiciales. El objeto del mismo es la pretensión procesal o petición que formula el demandante al juez o jueza para que dicte una resolución que, con autoridad de cosa juzgada, ponga fin de una manera definitiva e irrevocable al litigio planteado.
Siendo así, la sentencia definitiva pronunciada por el juez o jueza constituye el modo normal de terminación del proceso, sin embargo, existen otros modos de llegar a esta etapa, los cuales son excepcionales o especiales por su esencia como la transacción, conciliación, desistimiento, convenimiento o perención.
Es criterio jurisprudencial dictado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 09 de noviembre de 2010, expediente N° 2005-4749 partes: Edgar Tomás Meléndez interpone demanda contra las sociedades mercantiles Sistema Hidráulico Yacambú Quibor, C.A., y Dell Aqua, C.A., caso: enfermedad profesional; a la que esta Juzgadora se acoge, que la perención de la instancia es un mecanismo anómalo de terminación del proceso, en el sentido de que el pronunciamiento dictado por el operador de justicia que declare la perención, no produce cosa juzgada material.
Por otra parte define la doctrina venezolana que el fundamento de la perención es la presunción iuris et de iure de abandono de la instancia, por la inactividad de las partes por el tiempo establecido en la ley. La razón de la misma es que el Estado, después de un periodo de inactividad prolongado, entiende librar a los propios órganos de administración de justicia de la necesidad de proveer las demandas y de todas las obligaciones derivadas de la relación procesal. La perención tiene por efecto la extinción de la instancia, es decir, la anulación del proceso, dejando viva la acción, pudiendo el accionante interponer nuevamente la acción en similares términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines.
Así pues, se constituye entonces el referido instituto procesal como un mecanismo legal diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales.
En tal sentido el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, reza lo siguiente: “...Toda instancia se extingue por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”.
Lo significativo de la perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. La función de la perención, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad cuando no mide interés impulsivo de las partes contendientes, pues para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor de la carrera procesal.
Consecuentemente a este fin, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo.
Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 853, de fecha 5 de mayo de 2006, caso: Gobernación del Estado Anzoátegui, citada en fecha 04 de marzo de 2011, expediente N° 10-1029, caso: BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. contra la empresa Inversiones 431.799, C.A. y los ciudadanos Juan Carlos Cabrera y Olga María Troconis Atencio, bajo la ponencia de la Magistrada LUISA ESTELA MORALES LAMUÑO, indico lo siguiente: Que “(…) la declaratoria de perención opera de pleno derecho, y puede ser dictada de oficio o a petición de parte, sin que se entienda en esta frase que existe en cabeza del juzgador un margen de discrecionalidad para el decreto de la misma…”.
Por otra parte, en sentencia Nº 713 del 8 de mayo de 2008 de la Sala antes mencionada, citada en fecha 04 de marzo de 2011, expediente N° 10-1029, caso: BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. contra la empresa Inversiones 431.799, C.A. y los ciudadanos Juan Carlos Cabrera y Olga María Troconis Atencio, bajo la ponencia de la mencionada Magistrada, se señaló:
“(…) ‘La perención de la instancia constituye una sanción contra el litigante negligente, que se produce con motivo de un estado de inactividad de la causa. Por mandato del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, se verifica de pleno derecho, no es renunciable por las partes y, puede ser declarada de oficio por el tribunal. Se trata de evitar que los juicios permanezcan sin impulso procesal de manera indefinida; disminuyéndose los casos de paralización de las causas durante largos períodos, favoreciendo así la celeridad procesal’. (Sentencia N° 1828 del 10 de octubre de 2007).
Como se puede apreciar, ha sido criterio reiterado de esta Sala Constitucional, que la perención opera de pleno derecho, y debe ser declarada por el tribunal, incluso de oficio.
Así las cosas, no le queda algún tipo de duda a este órgano jurisdiccional, que una vez constatados los supuestos de hecho previstos en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, -en cualquiera de sus numerales-, independientemente del estado y grado de la causa, ha de declararse la perención de la causa como consecuencia jurídica allí establecida, no siendo óbice para ello, el que no hubiese sido solicitado por las partes (…)”.
Ahora bien, tomando en cuenta las citas transcritas anteriormente y tal como se observa en el presente expediente, donde la última actuación considerada de impulso válido para continuar el curso de ley de la causa y por ende para interrumpir la perención anual, fue en fecha 24 de febrero de 2014, fecha en la cual la parte actora interpuso la demanda, sin acudir en otro momento a este Juzgado a impulsar la causa, y para los efectos procedimentales se traduce en una DISCONTINUIDAD MATERIAL DE LA INSTANCIA, que consiste en una sanción a las partes que por negligencia o descuido, hayan abandonado el juicio por un lapso determinado; es por lo que este Tribunal de conformidad con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, debe declarar de oficio la perención en el presente juicio, como así se hará saber de forma clara, precisa y positiva en el dispositivo del presente fallo y ASÍ SE DECIDE.
Por los razonamientos anteriormente explanados, a la luz del artículo 321 del Código de Procedimiento Civil los Jueces deben procurar acogerse a la doctrina casacionista establecida en casos análogos para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia, esta operadora de justicia considera perfectamente aplicable al caso bajo estudio los criterios jurisprudenciales in comento, por lo que inexorablemente este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley de conformidad con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil:
DECLARA:
PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio de DIVORCIO interpuesto por el ciudadano WILMER JOSÉ GAINZA GRATEROL contra la ciudadana LILIANA LINORI MELÉNDEZ JAYARO plenamente identificados en autos.
SEGUNDO: En consecuencia extinguida la instancia imponiéndose a la parte actora la sanción establecida en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, que impide el nuevo planteamiento de la demanda por un plazo de noventa (90) días continuos a partir de la firmeza del presente fallo.
TERCERO: Se acuerda igualmente la devolución de las copias certificadas consignadas por la parte actora, dejándose copias certificadas en su lugar, una vez la parte interesada provea de los emolumentos necesarios para las mismas.
CUARTO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS conforme a lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. En San Felipe a los 12 días del mes de Julio del año dos mil dieciséis (2016). Años: 206° Independencia y 157° Federación.
La Jueza Temporal,

Abg. INÉS MERCEDES MARTÍNEZ
El Secretario,

Abg. ELVYN J. QUIROGA BAUDIN.

En esta misma fecha y siendo las once de la mañana (1:40 p.m.) se publicó y registró la anterior decisión.
El Secretario

Abg. ELVYN J. QUIROGA BAUDIN.