REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo
de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar Extensión Puerto Ordaz
Puerto Ordaz, diecisiete (17) de Mayo de 2016
Años: 206º y 157º
ASUNTO PRINCIPAL: FP11-N-2014-000009
ASUNTO : FP11-N-2014-000009
I.-
IDENTIFICACION DE LAS PARTES
PARTE RECURRENTE: empresa EL COBAL, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con Sede Puerto Ordaz, en fecha 2004, bajo el Nº 41, Tomo 55-A Pro.
APODERADO DE LA PARTE RECURRENTE: ciudadano ADRIAN GULABSINGH, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 8.524.756, abogado en ejercicio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 28.767.
PARTE RECURRIDA: ciudadanos ELIS MARIBAO, BENITO GOLINDANO, RAFAEL GIL, MIGUEL GOLINDANO, PEDRO SILVA, CARLOS VIAMONTE, RAMON SILVA, JOSE FERMIN, ORANGEL NUÑEZ, EDUAR FIGUEROA, GERSON ESPARRAGOZA, DANIEL BOUTEAU, EDGAR FIGUEROA Y RENYEL MARTINEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 10.550.450, V- 8.920.715, V- 12.131.173, V- 12.051.873, V- 4.695.216, V- 18.960.317, V- 16.394.553, V- 14.285.123, V- 15.572.383, V- 17.765.910, V- 14.911.866, V- 14.779.306, V- 17.765.811 y V- 17.764.984, respectivamente.
MOTIVO: RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD.
II
SÍNTESIS DE LA LITIS
Comenzó el presente proceso con demanda presentada en fecha 22 de marzo de 2007, ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de Puerto Ordaz del Estado Bolívar, órgano que recibió actuaciones correspondientes a la demanda de recurso contencioso administrativo de nulidad incoado por la empresa EL COBAL, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con Sede Puerto Ordaz, en fecha 2004, bajo el Nº 41, Tomo 55-A Pro, representada por el ciudadano ADRIAN GULABSINGH, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 8.524.756, abogado en ejercicio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 28.767, contra la decisión dictada en fecha 06 de marzo de 2007, emanado de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO “ALFREDO MANEIRO” DE PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR, mediante el cual declara Con Lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios dejados de percibir a los ciudadanos ELIS MARIBAO, BENITO GOLINDANO, RAFAEL GIL, MIGUEL GOLINDANO, PEDRO SILVA, CARLOS VIAMONTE, RAMON SILVA, JOSE FERMIN, ORANGEL NUÑEZ, EDUAR FIGUEROA, GERSON ESPARRAGOZA, DANIEL BOUTEAU, EDGAR FIGUEROA Y RENYEL MARTINEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 10.550.450, V- 8.920.715, V- 12.131.173, V- 12.051.873, V- 4.695.216, V- 18.960.317, V- 16.394.553, V- 14.285.123, V- 15.572.383, V- 17.765.910, V- 14.911.866, V- 14.779.306, V- 17.765.811 y V- 17.764.984, respectivamente.
En fecha 18 de abril de 2007, el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo, admitió la presente demanda de nulidad y ordeno notificar a las partes.
En fecha 10 de febrero de 2014, previa distribución el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Puerto Ordaz, Estado Bolívar, le dio entrada a la causa, y mediante auto del 11 de febrero de 2014, se aboco al conocimiento del presente recurso de nulidad y ordeno notificar a las partes.
En fecha 05 de marzo de 2014, la Secretaria de este despacho certifica la práctica de la notificación practicada a la Inspectoria del Trabajo Alfredo Maneiro, de Puerto Ordaz, Estado Bolívar.
Esta sentenciadora, una vez revisadas las actuaciones correspondientes a la presente causa; pasa a efectuar las siguientes consideraciones:
III
DE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA
El fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la ley, a saber, un año, lo cual comporta la extinción del proceso.
Luego, siendo la perención de carácter objetivo, basta para su declaratoria que se produzcan dos condiciones: falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes; y la paralización de la causa por el transcurso de un determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento; entendido, además, que la aludida falta de gestión procesal, significa el no realizar sucesiva y oportunamente los actos de procedimiento que están a cargo de las partes, pero también se constituye por la omisión de los actos que determinan el impulso y desarrollo del proceso hacia su fin, mediante la sentencia definitiva y su correspondiente ejecución.
La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los diversos supuestos del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la cual a la luz de la jurisprudencia patria constante, pacífica y reiterada, tiene su fundamento y concepción, en la negligencia de las partes y en la presunción de que la inactividad de estas, entraña una renuncia a continuar la instancia. En tal sentido, la norma contenida en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece:
“Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria” (Cursivas añadidas y negrillas añadidas).
Artículos éstos que se concatenan con lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, pues pretenden como principio fundamental la celeridad y el impulso procesal que las partes deben mantener en el proceso bajo amenaza de su extinción, lo que debe generar el constante impulso o actividad de ellas en el curso de este, ejecutando para ello actos procesales que insten el desenvolvimiento y continuidad de la causa en busca de una decisión final.
A este respecto, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 01511 dictada en fecha 16 de noviembre de 2011, en el caso PROSEGUROS, S. A., contra el silencio administrativo en que incurrió el “MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LAS FINANZAS” (hoy Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas), estableció:
“La perención de la instancia es un mecanismo anómalo de terminación del proceso, en el sentido de que el pronunciamiento dictado por el operador de justicia que declare la perención, no produce cosa juzgada material, pudiendo el accionante interponer nuevamente la acción en similares términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines.
Se constituye entonces el referido instituto procesal como un mecanismo legal diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales.
En ese sentido, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447, de fecha 16 de junio de 2010 (reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 del 22 de junio de 2010), estableció la figura de la perención en su artículo 41, en los siguientes términos:
“Artículo 41. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria”.
La disposición antes transcrita, prevé como supuesto el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes para declarar la perención de la instancia, estableciéndose de forma expresa excepciones a tal declaratoria, específicamente en aquellos casos en los cuales corresponda al Juez emitir pronunciamiento, a saber: la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
…omissis…
Con fundamento en las razones de hecho y de derecho antes esbozadas, es evidente para esta Sala que ha transcurrido más tiempo del lapso de un (1) año previsto en el artículo antes transcrito, por lo tanto se impone declarar que en el presente caso se ha visto consumada la perención y, por ende, extinguida la instancia. Así se decide” (Cursivas, negrillas y subrayados añadidos).
Así las cosas, del análisis efectuado al criterio jurisprudencial citado, así como de la aplicación del caso en abstracto que establece el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, al caso en concreto en que nos encontramos, se observa que desde la última actuación efectuada por los intervinientes en este juicio, esto es, el 19 de julio de 2007 (momento en el cual el apoderado judicial de la recurrente consigno escrito de transacción entre los terceros interesados) y la presente fecha; descontando los periodos de receso judicial – inclusive - ha transcurrido un lapso superior a un (1) año, sin que las partes hayan efectuado una sola actuación en este proceso; tiempo éste que da razón a esta Juzgadora para estimar la presente causa como perimida, por haber transcurrido el plazo de inactividad procesal señalado en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa para que opere de pleno derecho la perención de la instancia, denotándose sin lugar a dudas su impretermitible falta de interés procesal en esta causa y así, se declara.
IV
DECISIÓN
Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PERIMIDA LA INSTANCIA EN EL PRESENTE JUICIO por RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD incoado por la empresa EL COBAL, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con Sede Puerto Ordaz, en fecha 2004, bajo el Nº 41, Tomo 55-A Pro, representada por el ciudadano ADRIAN GULABSINGH, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 8.524.756, abogado en ejercicio e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 28.767, contra la decisión dictada en fecha 06 de marzo de 2007, emanado de la INSPECTORÍA DEL TRABAJO “ALFREDO MANEIRO” DE PUERTO ORDAZ, ESTADO BOLÍVAR, mediante el cual declara Con Lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios dejados de percibir a los ciudadanos ELIS MARIBAO, BENITO GOLINDANO, RAFAEL GIL, MIGUEL GOLINDANO, PEDRO SILVA, CARLOS VIAMONTE, RAMON SILVA, JOSE FERMIN, ORANGEL NUÑEZ, EDUAR FIGUEROA, GERSON ESPARRAGOZA, DANIEL BOUTEAU, EDGAR FIGUEROA Y RENYEL MARTINEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 10.550.450, V- 8.920.715, V- 12.131.173, V- 12.051.873, V- 4.695.216, V- 18.960.317, V- 16.394.553, V- 14.285.123, V- 15.572.383, V- 17.765.910, V- 14.911.866, V- 14.779.306, V- 17.765.811 y V- 17.764.984, respectivamente. ASÍ EXPRESAMENTE SE DECIDE.
De conformidad con el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se ordena la notificación de la presente sentencia a la Procuradora General de la República, estableciendo que transcurrido el lapso de ocho (8) días hábiles de despacho, contados a partir de la consignación en el expediente de la respectiva constancia de la notificación, se le tendrá por notificada y se iniciará el lapso para la interposición del recurso de apelación. Líbrese oficio.
No se ordena la notificación de la parte actora, ni de los terceros interesados, ni del órgano emisor del acto recurrido, pues los mismos se encuentran a derecho al haber librado este despacho judicial sendos autos periódicamente, instando al cumplimiento de lo ordenado en el auto de admisión de la pretensión de nulidad, para dar continuidad al proceso.
La presente decisión se fundamenta en lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, aplicado por expresa remisión del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Cúmplase.
Dado, Firmado y Sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, a los diecisiete (17) días del mes de mayo de 2016. Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
La Jueza 4º de Juicio,
Abg. Marvelys Pinto Fuentes.
La Secretaria de Sala,
Abg. Omarlys Salas
En esta misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las nueve y quince minutos de la mañana 9:15 a.m. Conste.
La Secretaria de Sala,
Abg. Omarlys Salas
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