TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY

San Felipe, 8 de agosto de 2017
Años: 207° y 158°

EXPEDIENTE N° 6259

PARTE DEMANDANTE Ciudadana TERESITA DE JESÚS SUÁREZ BRACHO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 5.819.178 y con domicilio en la avenida caracas entre segunda y tercera avenida, Centro Terapéutico Teresita Salud y Belleza Integral C.A., Municipio San Felipe del estado Yaracuy.

ABOGADAS ASISTENTES DE
LA PARTE DEMANDANTE DANIELA ALBARRAN AVENDAÑO, ZAYDDA LAVITE ALVARADO y MAYGUALIDA LEÓN CASTILLO, Inpreabogados Nros. 118.034, 9.152 y 73.225, respectivamente.

PARTE DEMANDADA Ciudadano JUAN CARLOS CALDERA CARRILLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 12.938.114 y domiciliado en la calle 13, entre tercera y cuarta avenida, casa 3-7, Sector El Panteón, Municipio San Felipe del estado Yaracuy.

APODERADOS JUDICIALES DE
LA PARTE DEMANDADA ALBERTO JOSÉ RODRÍGUEZ LOZADA y BALMORE RODRÍGUEZ NOGUERA, Inpreabogados Nros. 67.338 y 34.902 respectivamente (folios 370 y 371 2da pieza).

MOTIVO DAÑOS Y PERJUICIOS, DAÑO MORAL, LUCRO CESANTE Y DAÑO EMERGENTE (SUSPENSIÓN DE LA CAUSA).

Este Tribunal actuando como director del proceso luego de revisión minuciosa de la presente causa observa que en fecha 8 de marzo de 2016 este Juzgado admitió las pruebas presentadas por las partes intervinientes en el proceso y de las mismas se desprende que en el capítulo II de las pruebas promovidas por la parte demandante se admitió la prueba de informes de conformidad con lo establecido en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil y en ese mismo capítulo se ordenó oficiar a las siguientes instituciones: CMDNNA-CMPNNA del Municipio San Felipe, Estado Yaracuy, ubicado en la avenida 7, entre calles 8 y 9, Municipio San Felipe, Estado Yaracuy y a la Sindicatura Municipal de San Felipe, ubicada en la avenida 6, entre calles 11 y avenida caracas, sede de la Alcaldía del Municipio San Felipe, Estado Yaracuy, librándose los oficios correspondientes bajo los Nros. 0.104/2016 y 0.105/2016, ambos de fecha 08 de marzo de 2016 (folios 404 y 405).
Al folio 429 consta resulta del oficio enviado a la SINDICATURA MUNICIPAL DE SAN FELIPE, ESTADO YARACUY, recibido en este Juzgado en fecha 25 de abril de 2016, sin embargo, se evidencia de autos que no consta la resulta del oficio emanado de este Juzgado, signado con el Nº 0.104/2016, dirigido al CMDNNA-CMPNNA (sic).

A TALES EFECTOS, ES IMPORTANTE ACOTAR QUE:

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra expresamente que el Estado garantizará una Justicia sin formalismos o reposiciones inútiles, haciendo énfasis que no se sacrificará la Justicia por la omisión de formalismos no esenciales. A su vez, también indica que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la Justicia.
Es así como la prueba viene a ser uno de los actos esenciales del proceso, ya que su finalidad es llevar al Juzgador(a) al convencimiento de la verdad, es decir, a los hechos controvertidos en el mismo aunque sea procesal. De ahí que el operador de justicia debe valorar jurídicamente los hechos, circunscribiéndose únicamente a lo alegado y probado por las partes, a los fines de que deba asentar el fundamento de su decisión, es por lo que una vez promovida y admitida las pruebas, las mismas deberán ser apreciadas por el Juez(a) en la decisión definitiva, expresándose en forma motivada si las aprecia o las desechas.
Ahora bien, del examen de las actas del presente expediente se constata que hasta la presente fecha no consta en autos la resulta de la prueba de informe dirigida al CMDNNA-CMPNNA, la cual fue admitida por este Tribunal en tiempo útil ya señalada, es decir, existe prueba pendiente por evacuar, por lo que se debe garantizar lo señalado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 49 que consagra el derecho al debido proceso, como el instrumento constitucionalmente legítimo para el resguardo de los derechos fundamentales, siendo el Estado el garante de ejercer la función jurisdiccional, lo que caracteriza la función pública del proceso.
De tal manera, que una vez admitido e iniciado el proceso, éste no es un asunto de exclusividad de las partes, pues al ejercitarse la función jurisdiccional se está en presencia del interés público, así lo establece el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, cuando señala que el Juzgador(a) es el director del proceso y por ende le corresponde impulsar el mismo tendente a obtener la mayor cercanía posible de la averiguación de la verdad material de los hechos.
Concatenado con lo anterior la función rectora del Juez(a) del proceso y aunado al principio procesal de inmediación para la mejor búsqueda de la verdad material, deben los jueces hacer cumplir los autos, tal como lo establece el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil que señala: …” Los Jueces cumplirán y harán cumplir las sentencias, autos y decretos dictados en ejercicio de sus atribuciones legales…”
En este sentido, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal del País, en sentencia de Amparo Constitucional, fecha 22 de junio de 2001, ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta, Exp. Nº 01-0892, expreso lo siguiente:

“…De tal modo que, en el presente caso, si el Tribunal de la causa, una vez admitida la prueba promovida por el demandante, ordenó a la Entidad de Ahorro y Préstamo Fondo Común informar “sobre las cantidades que le fueron depositadas al trabajador demandante durante los años 1994 y 1995” y si visto que, concluido el lapso probatorio, dicho organismo no cumplió con lo solicitado por el órgano jurisdiccional, correspondía a éste hacer cumplir lo ordenado, bien mediante un auto para mejor proveer, conforme al citado artículo 401 del Código de Procedimiento Civil, o por cualquier otro medio legal que, como director del proceso, haga valer su autoridad judicial para que no quedara ilusorio el mandato emitido mediante el auto cuestionado, en acatamiento de la celeridad procesal, y por cuanto el proceso no se encontraba paralizado o suspendido ni por voluntad de las partes ni por algún motivo legal...” (Negritas del Tribunal).

De lo anterior se desprende que efectivamente el juez(a) tiene el deber como director del proceso, de conducir el juicio hasta su fin, debido que dentro de las funciones establecidas de los jueces, es actuar de forma protagónica para la realización de la justicia, por lo tanto, no puede postrarse, ni adoptar una actitud inerte o estática, sino asumir la posición activa que le exige el propio Texto Fundamental, en su condición de garante de la actuación circunstanciada de la Ley, imponiéndole el deber constitucional de hacer valer los principios asociados al valor de la justicia, indistintamente del proceso de que se trate.
Ahora bien, visto que la presente causa se encuentra en etapa de dictar sentencia y de la revisión minuciosa de la misma quedó demostrado que no consta en autos la resulta de la evacuación de la prueba de informe del CMDNNA-CMPNNA, admitida en fecha 8 de marzo de 2016 y solicitada a través de oficio signado con el número 0.104/2016, en consecuencia, en resguardo del legítimo derecho a la defensa, al debido proceso y de obtener una tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 49 numeral 1, 26 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el deber que tiene el Juez o Jueza de impulsar el desarrollo del proceso, de ejercer una recta, eficaz y sana aplicación en la administración de justicia, quien decide como directora del proceso y con el fin de obtener la mayor cercanía posible a la verdad material de los hechos y con la finalidad de que no quede ilusorio el mandato emitido por este Juzgado mediante auto de admisión de pruebas de fecha 8 de marzo de 2016 (folio 403) con la celeridad procesal que se amerita, ya que es permisible al Juez(a) ordenar de oficio la práctica de las diligencias que considere pertinentes y necesarias para el esclarecimiento de la controversia; este Juzgado acuerda ratificar el oficio emitido al CMDNNA-CMPNNA, a los fines de que dicho organismo cumpla con lo solicitado por este órgano jurisdiccional, dejándose establecido igualmente que se dictará la respectiva sentencia en la presente causa, una vez conste en autos la resulta de la referida prueba. Y ASÍ SE DECIDE.
Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley,

DECLARA,

PRIMERO: SE SUSPENDE LA PRESENTE CAUSA y se deja establecido que la sentencia definitiva se dictará una vez conste en autos la resulta de la prueba de informes antes mencionada.

SEGUNDO: SE ORDENA la ratificación de la prueba de informe admitida en auto de fecha 8 de marzo de 2016, correspondiente a oficio remitido al CMDNNA-CMPNNA, signado con el Nº 0.104 /2016 de la misma fecha. Líbrense oficio.

TERCERO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS dada la naturaleza del fallo.

CUARTO: DE CONFORMIDAD con el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil se ordena la notificación de la presente sentencia a las partes intervinientes del proceso. Líbrense boletas de notificación.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy. En San Felipe, a los ocho (8) días del mes de agosto del año dos mil diecisiete (2017). Años: 207° Independencia y 158° Federación.
La Jueza,

Abg. WENDY YÁNEZ RODRÍGUEZ

La Secretaria Temporal,

Abg. DINORAH MENDOZA

En esta misma fecha y siendo las tres de la tarde (3:00 p.m.), se publicó y registró la anterior decisión y se libro oficio bajo el Nº 0.384/2017.

La Secretaria Temporal,

Abg. DINORAH MENDOZA