REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR
EXTENSIÓN TERRITORIAL PUERTO ORDAZ
Puerto Ordaz, viernes trece (13) de enero del dos mil diecisiete (2017)
206º y 157º
ASUNTO: FP11-N-2012-000288
I
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS
PARTE RECURRENTE: Sociedad Mercantil C.V.G. BAUXILUM, C.A., denominada anteriormente C.V.G. INTERAMERICANA DE ALUMINA, C.A. (CVG INTERALUMINA), cuyo cambio de denominación consta en Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, el día dos (2) de junio de 1.994, anotado bajo el Nº 33, Tomo C Nº 114, folios 147 al 160 vuelto, empresa resultante de la fusión de CVG BAUXITA VENEZOLANA, C.A. (CVG BAUXIVEN), con la empresa C.V.G. INTERAMERICANA DE ALUMINA, C.A. (CVG INTERALUMINA), según consta de documento inscrito en la Oficina de Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, en fecha veintitrés (23) de marzo de mil novecientos noventa y cuatro (1994), bajo el Nº 55, Tomo C Nº 111, siendo su última modificación estatutaria la inscrita por ante dicha oficina, en fecha veintiocho de mayo (2004) ajo el Nº 63 Tomo 21-A-Pro.
APODERADOS JUDICIALES: Ciudadanos LICETTE MORALES, MARIA BORGES, ALEXANDER SALAZAR, SILVIA OVIEDO, ROCIO PLAZ LUGO, OSCAR DE DIOS MARQUEZ, ELOYDIS GARCIA, ZADDY RIVAS, MARTIN BARRIOS, SHEILA MORENO, MARIELA DE LOS ANGELES CABRERA RODRIGUEZ, abogados en el ejercicio, inscritos en el INPREABOGADO bajo los Nros. 63.992, 53.862, 62.445, 66.566, 28.707, 29.121, 94.173, 65.552, 92.915, 33.985, 69.477, respectivamente.
CAUSA: RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD contra el Acto Administrativo de efectos particulares CERTIFICACION contenida en Oficio Nº 0045-12, de fecha diecisiete (17) de febrero de dos mil doce (2012) emanada del INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES, DIRESAT BOLÍVAR Y AMAZONAS.
II
ANTECEDENTES
En fecha doce (12) de noviembre del año dos mil doce (2012) fue presentado escrito contentivo de las actuaciones relativas al RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, propuesto por la empresa C.V.G. BAUXILUM, C.A., representada judicialmente por su co-apoderada judicial ciudadana MARIELA CABRERA, anteriormente identificada, contra el Acto Administrativo de efectos particulares CERTIFICACION contenida en Oficio Nº 0045-12 de fecha diecisiete (17) de febrero de dos mil doce (2012) emanada del INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES, DIRESAT BOLÍVAR Y AMAZONAS.
Mediante decisión de fecha veinte (20) de noviembre de dos mil doce (2012), este Tribunal Superior se declaró competente para conocer de la presente causa, y admite el presente RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, ordenando notificar mediante oficio al Director de la DIRESAT BOLIVAR Y AMAZONAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL), al Presidente de dicho instituto, a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a la FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, y al ciudadano JOSE ROJAS CASTRO, titular de la cédula de identidad Nº 5.557.154, en su condición de beneficiario del Acto Administrativo impugnado en nulidad.
En fecha diecinueve (19) de diciembre de dos mil doce (2012), se recibió diligencia presentada por el ciudadano ZADDY RIVAS SALAZAR, en su carácter de co-apoderado judicial de la empresa recurrente, en la cual solicita cuatro (04) juegos de copias certificadas del expediente, a fin de practicar las notificaciones ordenadas.
En fecha veintidós (22) de marzo de dos mil trece (2013), este Tribunal Superior dio por recibida la comisión proveniente del Juzgado del Municipio Cedeño del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Caicara del Orinoco, de la cual se evidencia la notificación negativa efectuada por el Alguacil de ese Tribunal, con respecto al ciudadano JOSE ROJAS CASTRO, beneficiario del acto administrativo impugnado.
En fecha diecisiete (17) de abril de dos mil trece (2013), la ciudadana Secretaria del Tribunal certificó las actuaciones del acto del Alguacil que procedió a la notificación (positiva) que se le hiciera al Director de la DIRESAT BOLIVAR Y AMAZONAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL).
Por auto de fecha once (11) de junio de dos mil trece (2013), deja constancia este Tribunal Superior de la recepción del oficio Nº OV-00304-2013, emanado del INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL), por el cual remite copia certificada del expediente administrativo que guarda relación con la presente causa.
En fecha dos (02) de julio de dos mil trece (2013), este Tribunal Superior dio por recibida la comisión proveniente del Juzgado Cuadragésimo Cuarto (44º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, de la cual se evidencia que en fecha veinticuatro (24) de abril de dos mil trece (2013), fue consignada de forma positiva por el Alguacil de ese Tribunal, las notificaciones ordenadas a la Fiscal General de la República y al Presidente del INPSASEL; y en fecha cuatro (4) de junio de dos mil trece (2013), fue consignada de forma positiva la notificación ordenada a la Procuraduría General de la República.
En fecha cinco (05) de agosto de dos mil trece (2013), se dio por recibido el oficio Nº GGL/OROBA Nº 868, emanado de la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA, GERENCIA GENERAL DE LITIGIO, mediante el cual da acuse de recibo a oficio NºTS2/462/2012, librado por este Juzgado.
En fecha dieciséis (16) de septiembre de dos mil trece (2013), este Tribunal Superior dio por recibida la comisión proveniente del Juzgado del Municipio Cedeño del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Caicara del Orinoco, de la cual se evidencia la notificación negativa efectuada por el Alguacil de ese Tribunal, al ciudadano JOSE ROJAS CASTRO, beneficiario del acto administrativo impugnado.
En fecha diecisiete (17) de septiembre de dos mil trece (2013), vista las resultas negativas de las notificaciones efectuadas en la persona de JOSE ROJAS CASTRO, parte beneficiaria del acto administrativo impugnado, este tribunal en aras de garantizar el derecho a la defensa, evitar reposiciones inútiles y retardos indebidos, ordenó la notificación de la parte actora a fin de que suministre un nuevo domicilio procesal en que pueda efectuarse la notificación del referido ciudadano.
En fecha nueve (09) de octubre de dos mil trece (2013), la ciudadana Secretaria del Tribunal certificó las actuaciones del acto del Alguacil que procedió a la notificación (positiva) que se le hiciera a la representación de la empresa C.V.G BAUXILUM, C.A.
Mediante diligencia de fecha treinta (30) de octubre de dos mil trece (2013), el ciudadano ZADDY RIVAS SALAZAR, en su carácter de co-apoderada judicial de la parte actora, y en base al requerimiento efectuado por este Tribunal, señaló dirección del ciudadano JOSE ROJAS CASTRO, ordenándose librar nueva boleta de notificación a los fines de la prosecución del proceso, por auto de fecha treinta (30) de octubre de ese mismo año.
En fecha diecisiete (17) de marzo de dos mil catorce (2014), este Tribunal Superior dio por recibida la comisión proveniente del Juzgado del Municipio Cedeño del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Caicara del Orinoco, de la cual se evidencia la notificación negativa efectuada por el Alguacil de ese Tribunal, al ciudadano JOSE ROJAS CASTRO, beneficiario del acto administrativo impugnado.
En fecha veinte (20) de marzo de dos mil catorce (2014), como consecuencia de las resultas negativas de la notificación efectuada al ciudadano JOSE ROJAS CASTRO, este Tribunal Superior ordena mediante oficio, solicitar al SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), el ultimo domicilio de el ciudadano identificado ut supra, a los fines que, constando en autos las respectivas resultas, este despacho ordene materializar la notificación de la misma para la prosecución de la causa.
Por auto de fecha catorce (14) de abril de dos mil catorce (2014), deja constancia este Tribunal Superior de la recepción del oficio contentivo de un (1) folio útil sin anexos, expedido por el SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT), ordenándose librar en ese mismo acto, boleta de notificación al ciudadano JOSE ROJAS CASTRO, en la dirección indicada en el oficio a los fines de la prosecución de la causa.
En fecha veintiséis (26) de junio de dos mil catorce (2014), dio por recibida la comisión proveniente del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, sede Puerto Ayacucho, de la cual se evidencia la notificación negativa efectuada por el Alguacil de ese Tribunal, al ciudadano JOSE ROJAS CASTRO, beneficiario del acto administrativo cuestionado.
Por auto de fecha treinta (30) de junio de dos mil catorce (2014), se ordenó librar cartel de emplazamiento al ciudadano JOSE ROJAS CASTRO, para ser publicado en el Diario de Guayana; y asimismo, se ordenó notificar a la empresa CVG BAUXILUM, C.A., para imponerla de la obligación a que se contrae el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
En fecha diecisiete (17) de septiembre de dos mil catorce (2014), se recibió comunicación signada con el Nº F16NNCAAT-104-2014, suscrita por el ciudadano SIMON ANTONIO AMUNDARAY ROJAS, en su condición de FISCAL AUXILIAR DECIMO SEXTO A NIVEL NACIONAL CON COMPETENCIA EN MATERIA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA Y TRIBUTARIA, mediante el cual presenta informe de Opinión Fiscal, en relación a la presente causa.
En fecha veintinueve (29) de septiembre de dos mil catorce (2014), la ciudadana Secretaria del Tribunal certificó las actuaciones del acto del Alguacil que procedió a la notificación (positiva) que se le hiciera a la representación de la empresa C.V.G BAUXILUM, C.A.
Mediante decisión interlocutoria de fecha trece (13) de noviembre de dos mil catorce (2014), este Tribunal Superior dejó sin efecto el auto y cartel de emplazamiento, librados en fecha treinta (30) de junio de dos mil catorce (2014), ordenando por auto del día cinco (5) de mayo de dos mil quince (2015), la notificación de la empresa C.V.G. BAUXILUM, C.A., para hacer de su conocimiento de la decisión dictada, y de la necesidad de darle continuidad a la causa.
Por diligencia de fecha diez (10) de junio de dos mil quince (2015), la abogada en ejercicio ORIANA JOSE PINO MARRERO, inscrita en el INPREABOGADO bajo el número 183.401, en su condición de apoderada judicial de la empresa recurrente C.V.G. BAUXILUM, C.A., presentó diligencia que cursa al folio doscientos seis (206) de la primera pieza del expediente, mediante la cual consignó instrumento poder que acredita su representación, y solicitó la notificación por carteles del ciudadano JOSE ROJAS CASTRO, lo cual fue acordado por auto de fecha once (11) de junio de dos mil quince (2015).
En fecha diecisiete (17) de junio de dos mil quince (2015), la referida ciudadana ORIANA PINO, ya identificada, presentó diligencia que corre inserta al folio doscientos veinte (220) de la primera pieza del expediente, mediante la cual Desiste del presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, procediendo este Tribunal Superior a negar su homologación, por decisión de fecha treinta (30) de junio de dos mil quince (2015).
Por auto de fecha tres (03) de diciembre de dos mil quince (2015), este tribunal ratifica el contenido del auto de fecha once (11) de junio de dos mil quince (2015), y se insta a la parte recurrente a darle el debido impulso a la causa y así evitar dilaciones en el proceso.
En fecha diez (10) de agosto de dos mil dieciséis (2016), este Tribunal Superior ante la falta de impulso procesal necesario para la prosecución del proceso, ordena librar boleta de notificación a la empresa C.V.G BAUXILUM C.A, a los fines de hacer de su conocimiento el contenido del auto citado ut supra y de la necesidad de darle continuidad a la causa.
En fecha ocho (08) de diciembre de dos mil dieciséis (2016), la ciudadana Secretaria del Tribunal certificó las actuaciones del acto del Alguacil que procedió a la notificación (positiva) que se le hiciera a la representación de la empresa C.V.G BAUXILUM, C.A.
Efectuado el recuento de las actuaciones procesales relevantes ocurridas en este expediente, procede este Tribunal Superior a verificar si en el caso sub examine se verificó de pleno derecho la perención de la instancia, para lo cual hace las siguientes consideraciones:
III
Punto Previo Único
DE LA PERENCION DE LA INSTANCIA
La Perención de la Instancia es una institución procesal de orden público, que debe ser declarada aún de oficio por el Juez de la Causa, y que ha sido considerada por la doctrina y jurisprudencia patrias, como un medio de terminación del proceso bajo la presunción de abandono o pérdida de interés en el juicio, fundamentado en la falta de impulso procesal por parte de los sujetos de la relación jurídica, al no instar diligentemente el procedimiento, manteniéndolo paralizado por el tiempo determinado en la Ley.
En este sentido, el procesalita ARISTIDES RENGEL ROMBERG, en su obra Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, define la figura de la perención así:
“En nuestro derecho, la perención es la extinción del proceso por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes.
Esta definición destaca:
Para que la perención se produzca, requiérase la inactividad de las partes. La inactividad está referida a la no realización de ningún acto de procedimiento. Es una actitud negativa y omisiva de las partes, que debiendo realizar los actos de procedimiento, no los realizan; pero no del Juez, porque si la inactividad del Juez puede producir la perención, ello equivaldría a dejar al arbitro de los órganos del Estado la extinción del proceso.
La actividad del juez –dice Chiovenda- basta para mantener en vida el proceso, pero su inactividad no basta para hacerlo desaparecer, cuando durante su inactividad las partes no están obligadas a cumplir acto de desarrollo del proceso.
La perención se encuentra así determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad, que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del juez; y, finalmente, una condición temporal, de la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año (…)” (Rengel Romberg, Aristides, Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Tomo II, pp. 372-373, Editorial Arte, Caracas, 1.994).
En este orden, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha asumido un criterio interpretativo con respecto a la institución de la Perención de la Instancia, el cual fue desarrollado mediante decisión Nº 2673 del catorce (14) de diciembre del año dos mil uno (2001), en la cual precisó la Sala acerca de la mencionada institución, lo siguiente:
“(Omissis...) Con la reforma del Código de Procedimiento Civil realizada en el año 1986, la figura de la perención fue objeto de varias modificaciones recogidas en sus normas, y fue así como la consagración expresa de que no producirá perención, la inactividad del juez después de vista la causa, establecido en el artículo 267 eiusdem, fue adoptada por la Sala Político Administrativa de la entonces Corte Suprema de Justicia e, inclusive, del hoy Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con el dispositivo contenido en el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, para aplicarlo a los procedimientos que por ante dicha Sala cursaban.
Siendo así, estima esta Sala que en el proceso administrativo, al igual que ocurre en el proceso ordinario, mientras las partes estén legalmente facultadas para impulsar el curso del juicio, mediante actuaciones tendientes a lograr el desarrollo o la continuidad de la relación procesal, la perención de la instancia ha de transcurrir, aun en aquellos casos en que el proceso se hallase detenido a la espera de una actuación que corresponde exclusivamente al juez.
Sin embargo, considera esta Sala que distinta es la situación cuando no pueden las partes realizar actuación alguna encaminada a impulsar el proceso, puesto que su intervención en el mismo ha cesado, no teniendo en lo adelante la obligación legal de realizar actos de procedimiento. Tal situación ocurre en el proceso administrativo con la presentación de informes que, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, constituye la última actuación de las partes en relación con la controversia, puesto que, cuando estos han sido presentados y el tribunal dice vistos, el juicio entra en etapa de sentencia y ningún otro sujeto procesal distinto del juez, tiene la posibilidad de actuar. En otras palabras, cuando en el proceso administrativo es vista la causa, las partes ya no pueden realizar actos de procedimiento, por lo que resultaría un desacierto sancionarlas con la perención de la instancia, por una inacción no imputable a las mismas, resultando elemental que si el legislador confina la última actuación de las partes al acto de informes, no podría al mismo tiempo requerirles actuaciones posteriores a este.
...(omissis)...
En efecto, esta Sala Constitucional, en ejercicio de su labor interpretativa de la Constitución, se pronunció sobre la imposibilidad de declarar la perención de la instancia ante la inactividad del órgano jurisdiccional después de vista la causa, cuando no cumpliera con su obligación de sentenciar en los términos señalados en las leyes, paralizando con ello la causa, pues, sólo cuando la paralización sea incumbencia de las partes, podrá ocurrir la perención, razón por la cual debe considerarse que la sentencia recurrida se ha apartado abiertamente de la interpretación mencionada, en perjuicio de los derechos constitucionales de las compañías recurrentes a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva. Asimismo, tal como fue expresado anteriormente, en salvaguarda de quienes tuvieren causas paralizadas pendientes de decisión ante esta Sala y otros tribunales de la República, en protección del derecho a la tutela judicial efectiva y del principio de la confianza legítima, esta Sala Constitucional determinó que el juez podrá declarar, de oficio o a instancia de parte, la extinción de la acción, previa notificación del actor, para que concurriese en el término fijado para ello, a desvirtuar la presunción de abandono que, hasta ese momento, revelara su inactividad en obtener una decisión que pusiera fin al proceso (...).” (Cursiva, negrita y subrayado de esta Alzada).
De lo anterior se deduce, que la perención de la instancia sanciona la inactividad de las partes, siempre y cuando éstas estén legalmente facultadas para impulsar el curso del juicio y no lo hagan, aún en aquellos casos que el proceso se encuentre paralizado en espera de una actuación que corresponda únicamente al juez, salvo en los asuntos en que el Tribunal haya dicho “vistos” y el juicio entre en etapa de sentencia.
En este orden de ideas, es importante para esta Juzgadora destacar el contenido del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, y el contenido del artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que a continuación se transcriben:
Código de Procedimiento Civil
“Artículo 267. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
(…omissis…)”. (Subrayado del Tribunal).
Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
“Artículo 41. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria”.
De las referidas normas se deduce que toda instancia se extingue por el transcurso de un (01) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, a menos que el impulso del proceso corresponda hacerlo al Juez o Jueza, por estar en la obligación de pronunciarse sobre la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia o la admisión de pruebas; así mismo, dispone la norma contenida en el artículo 267 comentado, que después de vista la causa por el Juez, no opera la perención, la cual, conviene acotar, opera de pleno derecho, no es renunciable por las partes y puede ser declarada de oficio por el Tribunal, una vez consumada, tal como lo dispone el artículo 269, ejusdem, aplicable a este procedimiento por disposición del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
A mayor abundamiento, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 01511 dictada en fecha dieciséis (16) de noviembre del año dos mil once (2011), en el caso PROSEGUROS, S.A., contra el silencio administrativo en que incurrió el “MINISTRO DEL PODER POPULAR PARA LAS FINANZAS” (hoy Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas), estableció:
“La perención de la instancia es un mecanismo anómalo de terminación del proceso, en el sentido de que el pronunciamiento dictado por el operador de justicia que declare la perención, no produce cosa juzgada material, pudiendo el accionante interponer nuevamente la acción en similares términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines.
Se constituye entonces el referido instituto procesal como un mecanismo legal diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales.
En ese sentido, la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.447, de fecha 16 de junio de 2010 (reimpresa por error material en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 del 22 de junio de 2010), estableció la figura de la perención en su artículo 41, en los siguientes términos:
“Artículo 41. Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes, salvo que el acto procesal siguiente le corresponda al Juez o Jueza, tal como la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
Declarada la perención, podrá interponerse la acción inmediatamente después de la declaratoria”.
La disposición antes transcrita, prevé como supuesto el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes para declarar la perención de la instancia, estableciéndose de forma expresa excepciones a tal declaratoria, específicamente en aquellos casos en los cuales corresponda al Juez emitir pronunciamiento, a saber: la admisión de la demanda, la fijación de la audiencia y la admisión de pruebas.
(Omissis…)
Con fundamento en las razones de hecho y de derecho antes esbozadas, es evidente para esta Sala que ha transcurrido más tiempo del lapso de un (1) año previsto en el artículo antes transcrito, por lo tanto se impone declarar que en el presente caso se ha visto consumada la perención y, por ende, extinguida la instancia. Así se decide” (Cursivas, negrillas y subrayados del Tribunal).
Así pues, aplicando las disposiciones y los criterios jurisprudenciales antes transcritos al caso concreto, y de un estudio pormenorizado de las actas procesales, se observa con meridiana claridad que desde el día diecisiete (17) de junio del año dos mil quince (2015), cuando la representación judicial de la parte actora consignó diligencia a los fines de DESISTIR del presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, hasta el día de hoy, trece (13) de enero del año dos mil diecisiete (2017), transcurrió exactamente un (1) año, seis (06) meses y veintisiete (27) días, sin que conste alguna actuación o diligencia por parte de la recurrente de autos, orientada a impulsar el proceso.
Lo anterior permite concluir a este Tribunal Superior, que la parte recurrente en nulidad ha mantenido una posición totalmente pasiva a lo largo de este procedimiento, denotando con ello un manifiesto desinterés en la consecución de la causa bajo estudio, toda vez que ha dejado de realizar actuaciones en el expediente que impulsen la actividad procesal, al punto que desde el diecisiete (17) de junio del año dos mil quince (2015), hasta el presente, no ha consignado ninguna diligencia tendiente a lograr el desarrollo o la continuidad del presente litigio, el cual se encuentra en fase de notificación del ciudadano JOSE ROJAS CASTRO, en su condición de beneficiario del Acto Administrativo recurrido en nulidad.
En consecuencia, al constatarse dentro del periodo anteriormente señalado, el transcurso de más de un (01) año sin actividad procesal, se demuestra falta de interés Procesal del recurrente, por lo que opera de pleno derecho la Perención de la Instancia, por cuanto se ha superado con creces el lapso de un (01) año al cual se contrae la norma procesal prevista en el Artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, sin que la parte actora en nulidad haya realizado actuación alguna a los fines de impulsar el presente procedimiento; resultando forzoso para éste Tribunal Superior, declarar la Perención de la Instancia en la presente causa. Así se decide.-
IV
DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos precedentemente establecidos, este Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en la ciudad de Puerto Ordaz, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara:
UNICO: La PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, del RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, propuesto por la empresa C.V.G. BAUXILUM, C.A., representada judicialmente por el ciudadana MARIELA CABRERA, abogada en ejercicio, inscrita en el INPREABOGADO bajo el número 69.477, contra el Acto Administrativo de efectos particulares CERTIFICACION contenida en el Oficio Nº 0045-12 de fecha diecisiete (17) de febrero de dos mil doce (2012), emanada del INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL), DIRESAT BOLÍVAR Y AMAZONAS, y como consecuencia de ello, EXTINGUIDA LA INSTANCIA.
Se ordena notificar a la parte recurrente de la presente decisión. Líbrese Boleta.
De conformidad con el artículo 86 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se ordena la notificación de la presente sentencia, con copia certificada de la misma, a la Procuradora General de la República, transcurrido el lapso de ocho (8) días hábiles, contados a partir de la consignación en el expediente de la respectiva constancia, se tiene por notificada, y una vez notificada la parte recurrente, se inicia el lapso para la interposición del recurso de apelación. Líbrese oficio.
La presente decisión está fundamentada en los artículos 2, 19, 26, 27, 49, ordinal 1° y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los artículos 12, 15, 242, 243, 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, y en los artículos 31 y 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Regístrese, publíquese, déjese copia certificada de esta decisión y remítase el expediente al Tribunal de la causa.
Dada, firmada y sellada en la sede del Despacho del Tribunal Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en Puerto Ordaz, Municipio Caroní, a los trece (13) días del mes de enero de dos mil diecisiete (2017). Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.-
LA JUEZA SUPERIOR SEGUNDA,
ABOG. MERCEDES SANCHEZ RODRIGUEZ.
LA SECRETARIA DE SALA,
ABG. MARIA ALVAREZ
PUBLICADA EN EL DIA DE SU FECHA, PREVIO ANUNCIO DE LEY A LAS NUEVE Y VEINTIDOS MINUTOS DE LA MAÑANA (09:22 a.m.)
LA SECRETARIA DE SALA,
ABG. MARIA ALVAREZ
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