TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY.
San Felipe, siete (07) de julio de 2017
Años: 207° y 158°

EXPEDIENTE: N° 14.719

MOTIVO: NULIDAD DE CONTRATO PRIVADO.

PARTE DEMANDANTE: Ciudadano PEDRO JOSÈ LUGO RABÀN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 11.653.323, domiciliado en la Calle la ciudad de San Felipe estado Yaracuy.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: Abogado PEDRO JOSÈ CARDENAS PEÑA, Inpreabogado Nº 101.979.
PARTE DEMANDADA: Ciudadano CARLOS JULIO RODRÌGUEZ RABÀN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 7.539.823, con domicilio procesal en la Avenida Roma izquierda con Avenida Londres, Frente a la Avenida Santiago de León, la California Norte, Casa S/N, Municipio Sucre, Parroquia Petare, estado Miranda.
Vencido como se encuentra el lapso de abocamiento en la presente causa, y estando dentro del lapso establecido en el artículo 10 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal hace las siguientes consideraciones:
Recibido el 17 de marzo de 2016, mediante distribución por el Juzgado Segundo De Primera Instancia En Lo Civil, Mercantil Y Tránsito De La Circunscripción Judicial Del Estado Yaracuy, demanda de NULIDAD DE CONTRATO PRIVADO, intentado por el ciudadano PEDRO JOSÉ LUGO RABÁN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 11.653.323, asistido por el abogado PEDRO JOSÉ CARDENAS PEÑA, Inpreabogado Nº 101.979, contra el ciudadano CARLOS JULIO RODRÍGUEZ RABÁN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 7.539.823.
El 17 de marzo de 2016, el abogado WILFRED ASDRUBAL CASANOVA ARAQUE, en su carácter de Juez Provisorio del Juzgado segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción Judicial, se inhibió para conocer de la presente causa. (Folio 11).
Cursa al folio 12, del 29 de marzo de 2016, auto dictado por el Tribunal mediante el cual se ordenó remitir el presente asunto al Juez Distribuidor para que proceda a distribuir la presente causa.
El 31 de marzo de 2016, se distribuyó el presente asunto, al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción Judicial, recibida por este Tribunal el 01 de abril de 2016. (Folio 13).
Cursan del folio 14 al folio 17, del 06 de abril de 2016, auto dictado por este Tribunal donde se admite la demanda y se ordena la citación del demandado, para la práctica de la citación ordenada, se comisionó suficientemente a un Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Se libró oficio N° 120/2016.
Cursa al folio 18, del 07 de abril de 2016, diligencia presentada el ciudadano PEDRO JOSÉ LUGO RABÁN, asistido por el abogado PEDRO JOSÉ CARDENAS PEÑA, mediante la cual consignó los emolumentos para la práctica de la citación ordenada en el auto de admisión, asimismo, solicitó se le expida 02 juegos de copias certificadas del expediente. Dejando constancia el alguacil de este Juzgado de los emolumentos consignados, folio 19.
El 12 de abril de 2016, se dicto auto mediante el cual se acordó expedir previa certificación por secretaria 02 juegos de copias del expediente, para ser entregadas al ciudadano PEDRO JOSÉ LUGO RABÁN. (Folio 20).
El 20 de abril de 2016, el secretario de este Despacho deja constancia de la entrega de 02 juegos de copias certificadas al ciudadano PEDRO JOSÉ LUGO RABÁN. (Folio 21).
Cursan del folio 22 al folio 39, del 21 de junio de 2016, auto donde se recibió y se ordenó darle entrada y agregarlo al expediente respectivo, oficio N° 133/2016, proveniente del Juez Provisorio del Juzgado segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de esta Circunscripción Judicial, contentivo de la incidencia de inhibición, expediente Nª 6.367 de la nomenclatura interna del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito del estado Yaracuy.
Cursa al folio 40, del 26 de junio de 2017, auto dictado por el Tribunal donde se aboca al conocimiento de la causa el abogado Eduardo José Chirinos.

RATIO DECIDENDI
(Razones para decidir)

Los procesos son una serie de actos coordinados para el logro de un fin determinado, y en sentido procesal, es el camino a seguir para resolver las controversias que se llevan a los estrados judiciales. El objeto del mismo es la pretensión procesal o petición que formula el demandante al juez o jueza para que dicte una resolución que, con autoridad de cosa juzgada, ponga fin de una manera definitiva e irrevocable al litigio planteado.
Siendo así, la sentencia definitiva pronunciada por el juez o jueza constituye el modo normal de terminación del proceso, sin embargo, existen otros modos de llegar a esta etapa, los cuales son excepcionales o especiales por su esencia como la transacción, conciliación, desistimiento, convenimiento o perención.
Es criterio jurisprudencial dictado por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 09 de noviembre de 2010, expediente N° 2005-4749 partes: Edgar Tomás Meléndez interpone demanda contra las sociedades mercantiles Sistema Hidráulico Yacambú Quibor, C.A., y Dell Aqua, C.A., caso: enfermedad profesional; a la que este Juzgador se acoge, que la perención de la instancia es un mecanismo anómalo de terminación del proceso, en el sentido de que el pronunciamiento dictado por el operador de justicia que declare la perención, no produce cosa juzgada material.
Por otra parte define la doctrina venezolana que el fundamento de la perención es la presunción iuris et de iure de abandono de la instancia, por la inactividad de las partes por el tiempo establecido en la ley. La razón de la misma es que el Estado, después de un periodo de inactividad prolongado, entiende librar a los propios órganos de administración de justicia de la necesidad de proveer las demandas y de todas las obligaciones derivadas de la relación procesal. La perención tiene por efecto la extinción de la instancia, es decir, la anulación del proceso, dejando viva la acción, pudiendo el accionante interponer nuevamente la acción en similares términos en que fue propuesta anteriormente, siempre que se encuentre dentro del lapso legal establecido a tales fines.
Así pues, se constituye entonces el referido instituto procesal como un mecanismo legal diseñado con el propósito de evitar que los procesos se perpetúen y los órganos de administración de justicia deban procurar la composición de causas en las cuales no existe interés de los sujetos procesales.
En tal sentido el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, reza lo siguiente: “...Toda instancia se extingue por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”.
Lo significativo de la perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. La función de la perención, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad cuando no mide interés impulsivo de las partes contendientes, pues para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor de la carrera procesal.
Consecuentemente a este fin, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo.
Asimismo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 853, de fecha 5 de mayo de 2006, caso: Gobernación del Estado Anzoátegui, citada en fecha 04 de marzo de 2011, expediente N° 10-1029, caso: BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. contra la empresa Inversiones 431.799, C.A. y los ciudadanos Juan Carlos Cabrera y Olga María Troconis Atencio, bajo la ponencia de la Magistrada LUISA ESTELA MORALES LAMUÑO, indico lo siguiente: Que “(…) la declaratoria de perención opera de pleno derecho, y puede ser dictada de oficio o a petición de parte, sin que se entienda en esta frase que existe en cabeza del juzgador un margen de discrecionalidad para el decreto de la misma…”.
Por otra parte, en sentencia Nº 713 del 8 de mayo de 2008 de la Sala antes mencionada, citada en fecha 04 de marzo de 2011, expediente N° 10-1029, caso: BANESCO BANCO UNIVERSAL, C.A. contra la empresa Inversiones 431.799, C.A. y los ciudadanos Juan Carlos Cabrera y Olga María Troconis Atencio, bajo la ponencia de la mencionada Magistrada, se señaló:

“(…) ‘La perención de la instancia constituye una sanción contra el litigante negligente, que se produce con motivo de un estado de inactividad de la causa. Por mandato del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, se verifica de pleno derecho, no es renunciable por las partes y, puede ser declarada de oficio por el tribunal. Se trata de evitar que los juicios permanezcan sin impulso procesal de manera indefinida; disminuyéndose los casos de paralización de las causas durante largos períodos, favoreciendo así la celeridad procesal’. (Sentencia N° 1828 del 10 de octubre de 2007).
Como se puede apreciar, ha sido criterio reiterado de esta Sala Constitucional, que la perención opera de pleno derecho, y debe ser declarada por el tribunal, incluso de oficio.
Así las cosas, no le queda algún tipo de duda a este órgano jurisdiccional, que una vez constatados los supuestos de hecho previstos en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, -en cualquiera de sus numerales-, independientemente del estado y grado de la causa, ha de declararse la perención de la causa como consecuencia jurídica allí establecida, no siendo óbice para ello, el que no hubiese sido solicitado por las partes (…)”.

Ahora bien, tomando en cuenta las citas transcritas anteriormente y tal como se observa en el presente expediente, donde la última actuación considerada de impulso válido para continuar el curso de ley de la causa y por ende para interrumpir la perención anual, fue el 07 de abril de 2016 (folio 18), donde la parte actora consignó los emolumentos para la citación del demandado de autos y desde esa oportunidad han transcurrido un (01) año y tres (03) meses, sin que la parte haya acudido a impulsar la causa, y para los efectos procedimentales se traduce en una DISCONTINUIDAD MATERIAL DE LA INSTANCIA, que consiste en una sanción a las partes que por negligencia o descuido, hayan abandonado el juicio por un lapso determinado; es por lo que este Tribunal de conformidad con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, debe declarar de oficio la perención en el presente juicio, como así se hará saber de forma clara, precisa y positiva en el dispositivo del presente fallo y así se decide.
Por los razonamientos anteriormente explanados, a la luz del artículo 321 del Código de Procedimiento Civil los Jueces deben procurar acogerse a la doctrina casacionista establecida en casos análogos para defender la integridad de la legislación y la uniformidad de la jurisprudencia, este operador de justicia considera perfectamente aplicable al caso bajo estudio los criterios jurisprudenciales in comento, por lo que inexorablemente este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley de conformidad con el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil:

DECLARA:

PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio de NULIDAD DE CONTRATO PRIVADO, intentado por el ciudadano PEDRO JOSÉ LUGO RABÁN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 11.653.323, asistido por el abogado PEDRO JOSÉ CARDENAS PEÑA, Inpreabogado Nº 101.979, contra el ciudadano CARLOS JULIO RODRÍGUEZ RABÁN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 7.539.823.
SEGUNDO: En consecuencia extinguida la instancia imponiéndose a la parte actora la sanción establecida en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil, que impide el nuevo planteamiento de la demanda por un plazo de noventa (90) días continuos a partir de la firmeza del presente fallo.
TERCERO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS conforme a lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. En San Felipe, a los siete (07) días del mes de julio del año dos mil diecisiete (2017). Años: 207° Independencia y 158° Federación.
El Juez,

Abg. EDUARDO J. CHIRINOS CH.
El Secretario,

Abg. ELVYN J. QUIROGA BAUDIN.
En esta misma fecha y siendo las diez de la mañana (10:00 a.m.) se publicó y registró la anterior decisión.
El Secretario,

Abg. ELVYN J. QUIROGA BAUDIN.

EJCH/EQ/AG*
Exp. N° 14.719