REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY

San Felipe, 18 de julio de 2017
Años: 207º y 158º

EXPEDIENTE Nº 2.460-17.



PARTE DEMANDANTE





ABOGADA ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE Ciudadano EDUARDO DAVID MIGLIORE LÓPEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 12.317.486, de este domicilio.


MODESTO RAMÓN LÓPEZ SÁNCHEZ, Inpreabogado N° 189.766.

MOTIVO RECTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO.


Por recibida mediante distribución en fecha 14 de julio de 2017, solicitud de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE MATRIMONIO, suscrita y presentada por el ciudadano EDUARDO DAVID MIGLIORE LÓPEZ, debidamente asistido del abogado en ejercicio MODESTO RAMÓN LÓPEZ SÁNCHEZ, Inpreabogado N° 189.766, contentivo de un (1) folio útil y ocho (8) anexos; ordenándose darle entrada por auto de esta misma fecha, asignándole el Nº 2.460-17 de la nomenclatura interna de este Juzgado.
De la revisión del escrito libelar se desprende que la parte demandante expone: que del Acta de Matrimonio de sus padres, por error involuntario, quedó registrado el nombre de su padre como IGNACIO MIGLIORI, por ante la oficina de Registro Civil de San Felipe, estado Yaracuy, bajo el N° 20, folio 26 y vuelto, frente 27, del año 1960; siendo nombre y apellidos ciertos, IGNAZIO MIGLIORE, por lo que de conformidad a la Ley piden la rectificación de dicha Acta de Matrimonio, en cuanto al nombre del padre del solicitante.

AL RESPECTO EL TRIBUNAL OBSERVA:

La demanda judicial es el acto de iniciación del proceso mediante el cual una persona que afirma la existencia de una voluntad concreta de la ley a su favor, se dirige al órgano del estado (Juez o Jueza) para obtener la aplicación de dicha voluntad. La demanda es el primer acto del proceso (“nemo iudex sine actore”), es decir, la primera forma de la actividad de la parte en un proceso consiste en demandar.
La jurisprudencia define la demanda como “toda petición que contiene un interés cuya satisfacción se pretende obtener del órgano jurisdiccional autorizado. Pero en el sentido procesal estricto se define como el acto procesal por el cual el actor ejercita una acción, solicitando del Tribunal protección, declaración o constitución de una situación jurídica”.
Mientras tanto, los requisitos formales de la demanda se encuentran consagrados en artículo 340 del Código de Procedimiento Civil y específicamente el ordinal 6º establece:

6º “Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquéllos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo.”

En tal sentido, el Juez(a) está facultado para proveer la revisión del libelo de la demanda con respecto a sus anexos, en el caso concreto, la parte actora debe acompañar necesariamente su demanda con el o los instrumentos necesarios en el cual fundamente la pretensión.
Al respecto, el autor Parilli Oswaldo, en su obra Actuación de las Partes en el Proceso Civil Ordinario, señala:

“…la necesidad de presentar junto con el libelo de la demanda, el instrumento en que se fundamenta la misma, pues la pretensión del actor constituye el núcleo del proceso que servirá para que el demandado esboce sus argumentos en contra de lo expuesto en el libelo de la demanda. Si no hay instrumento fundamental en un proceso, se menoscaba el derecho a la defensa del demandado y la doctrina ha estimado que ésta es la motivación del legislador para exigir la presentación del instrumento fundamental y es la causa que impone al actor la obligatoriedad de acompañar al libelo de la demanda los instrumentos que considere fundamentales para que su acción prospere y si no lo hace, la demanda debería ser declara inadmisible por falta de fundamento. Sin embargo, hay excepciones para la presentación de este instrumento fundamental, cuando la ley permite que se acciones sin presentarlo junto con la demanda, pero con el deber de señalar la oficina o el lugar donde se encuentran esos instrumentos que sustentan su pretensión. También el actor podrá invocar que los instrumentos acompañados al libelo de la demanda no son los fundamentales, sino otro que luego acompañe o, de la misma manera, el Juez podrá considerar esta situación si el instrumento es presentado con posterioridad a la introducción del libelo y que sea consignado en los lapsos legales.
(…) obligatoriamente deben acompañarse como instrumentos fundamentales, los relativos a las acciones de ejecución de hipoteca, reivindicación, ejecución de prenda, los que atañen al procedimiento por intimación o por vía ejecutiva, ejecución de créditos fiscales, en los juicios de deslinde, rectificaciones de actas del Estado Civil de las personas, por señalar algunos, o cuando la demanda se fundamente, por ejemplo, en planos topográficos o de estructuras en que necesariamente debe demostrarse de dónde se origina la pretensión. Corresponderá al Juez determinar cuál instrumento deba presentarse con el libelo de la demanda, en su condición de rector del proceso y con la permisividad que le confiere la Ley de ordenar subsanar para admitir la demanda, además de la facultad establecida en el artículo 514 del Código de Procedimiento Civil, sin que necesariamente sea el instrumento fundamental, cuya calificación podrá darse en la sentencia.”

Por otra parte, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 0449, de fecha 11 de mayo de 2004, caso: Manuel Paradas, contra C.A. Venezolana de Televisión, bajo la ponencia de la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, Exp. Nº 99-15500 estableció lo siguiente:
“… la obligación de acompañar al libelo los documentos de los cuales se derive inmediatamente el derecho reclamado,…, se relaciona no sólo con la necesidad de permitir al juez determinar claramente la pretensión del demandante, sino también con la posibilidad que el demandado pueda ejercer adecuadamente los mecanismos más idóneos en defensa de sus derechos…”

De acuerdo con la norma transcrita, lo señalado por el autor Parilli Oswaldo y el criterio esgrimido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, se observa que la parte demandante al momento de sustentar su petición, acompañó al escrito de demanda, en copias fotostáticas y copias certificadas del Acta de Matrimonio llevada por el Registro Civil del municipio San Felipe de los ciudadanos IGNACIO MIGLORI ADAMO y BENICIA MERCEDES LÓPEZ PÉREZ, y de la copia fotostática de Acta de Nacimiento del ciudadano EDUARDO DAVID MIGLIORE LÓPEZ, y copias fotostáticas y certificadas del Acta de Defunción del ciudadano IGNACIO MIGLIORE ADAMO, llevada por ante el Registro Principal del estado Carabobo; sin embargo, aprecia esta Juzgadora, que a los fines de determinar los hechos narrados en el libelo de demanda y así poder identificar correctamente el nombre del ciudadano IGNACIO MIGLIORE; quien pretende realizar la rectificación deberá consignar medios probatorios suficientes, que hagan demostrar los hechos alegados por él, ya que lo traído como anexos junto al libelo de demanda, no genera la certeza correcta en cuanto a los hechos esgrimidos; es por lo que este Tribunal insta a la parte accionante, a consignar a los autos medios probatorios suficientes, que hagan demostrar los hechos alegados en el libelo de demanda, tal como lo establece el ordinal 6º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECIDE.

DECLARA;


PRIMERO: SE INSTA A LA PARTE DEMANDANTE, ciudadano EDUARDO DAVID MIGLIORE LÓPEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 12.317.486, a que consigne a los autos medios probatorios suficientes, que hagan demostrar los hechos alegados en el libelo de demanda, respecto al nombre del padre del solicitante ciudadano IGNACIO MIGLIORI

SEGUNDO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS dada la naturaleza del presente fallo.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy. En San Felipe a los dieciocho (18) días del mes de julio del año dos mil diecisiete (2017). Años: 207º Independencia y 158º Federación.
La Jueza Temporal,

Abg. María Elena Camacaro
La Secretaria Temporal,

Abg. Mayairy Rangel.
En esta misma fecha y siendo las diez y veinte minutos de la mañana (10:20 a.m.), se publicó y registró la anterior decisión.
La Secretaria Temporal,
Abg. Mayairy Rangel.