TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo
de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar Extensión Puerto Ordaz

Puerto Ordaz, 28 de junio de 2017
Años: 206º y 157º

ASUNTO PRINCIPAL : FP11-L-2016-000464
ASUNTO : FP11-L-2016-000464

I. Narrativa
1.1. De las partes y sus apoderados judiciales

DEMANDANTE: ciudadano DANNY GENOVEVO MARCANO, venezolano, mayor de edad y titulare de la Cédula de Identidad Nº V-5.911.284;
APODERADAOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: Ciudadanos FREDY IBARRA URABAC, FRED NIELS IBARRA y MILAGROS BETANCOURT, Abogados en ejercicio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 92.519, 92.520 y 225.827, respectivamente.
PARTE DEMANDADA PRINCIPAL: la sociedad mercantil CORPORACIÓN DE SERVICIOS PATRIOTICOS SOCIALES, C. A.
PARTE DEMANDADA SOLIDARIA: la ALCALDÍA SOCIALISTA BOLIVARIANA DE CARONÍ.
APODERADAOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA PRINCIPAL Y SOLIDARIA: Ciudadanos ISKANDER REYES, BETZAIDA RODRÍGUEZ, ANDERSON TORRES, JAIRO MARTÍNEZ, JOSE GIL, JULIO ROJAS, OSTAIRE ALCALÁ, LIDIA VIVES, CARMEN ACUÑA, CARMEN SUÁREZ, JHOANNA DI FELICE, BELKIS FIGUEROA, YENI FANNOUN, WILLIAN GARCIA, DAVID LÓPEZ, LUIS MILLÁN, ALCIDES SÁNCHEZ, YILDA ACEVEDO, SORY HERNÁNDEZ y MARTIN SÁNCHEZ, Abogados en ejercicio e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 85.617, 124.682, 87.330, 124.960, 99.186, 44.025, 81.198, 107.290, 124.964, 107.606, 110.164, 119.233, 99.467, 64.471, 57.789, 112.910, 3.755, 98.914, 100.326 y 45.340, respectivamente;
MOTIVO: RECLAMO POR PROVISIONES DE ROPA DE TRABAJO AÑOS 2012 AL 2015 RESPECTIVAMENTE.

1.2. De las actuaciones de las partes y del Tribunal

En fecha 13 de diciembre de 2016, es recibido en la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Coordinación Laboral del Estado Bolívar Extensión Puerto Ordaz, demanda por RECLAMO POR PROVISIONES DE ROPA DE TRABAJO AÑOS 2012 AL 2015 RESPECTIVAMENTE, incoada por el ciudadano DANNY GENOVEVO MARCANO, venezolano, mayor de edad y titulare de la Cédula de Identidad Nº V-5.911.284, en contra de la sociedad mercantil CORPORACIÓN DE SERVICIOS PATRIOTICOS SOCIALES, C. A. y solidariamente a la ALCALDÍA SOCIALISTA BOLIVARIANA DE CARONÍ.

En fecha 15 de diciembre de 2016, el Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar Extensión Territorial Puerto Ordaz le da entrada y se reserva su admisión, de conformidad con el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; en fecha 20de diciembre de 2016, admite la pretensión contenida en la demanda y convocó a la audiencia preliminar, iniciándose la misma por ante el Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar Extensión Territorial Puerto Ordaz, en fecha 15 de mayo de 2017, culminando el mismo día; ordenándose en consecuencia la incorporación de las pruebas de las partes al expediente.

En fecha 25 de mayo de 2017, el Tribunal Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar Extensión Puerto Ordaz, deja constancia que la demandada de autos presento escrito de contestación de la demanda previsto en el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, remitiendo el presente expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos en virtud de haber declarado concluida la audiencia Preliminar; a los fines que se sirva distribuir entre los Juzgados de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, para su admisión y evacuación.

En fecha 05 de junio de 2017, este Tribunal le da entrada a la presente causa, se aboca al conocimiento de la presente causa y en fecha 12 de junio de 2017 admite pruebas, y fija fecha para que tenga lugar la audiencia publica de juicio, para el día 21 de junio de 2017.

Habiéndose realizado la audiencia de juicio, este Tribunal, siendo la oportunidad para dictar sentencia en esta causa y cumplidas las fases procesales de rigor, de conformidad con lo establecido en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, procede a emitir su pronunciamiento con base a las siguientes consideraciones:

II. Motiva
2.1. De los alegatos de la parte actora

Alega en su escrito libelar los siguientes puntos:

Como primer punto, la prescripción, señalando que el trabajador ciudadano DANNY GENOVEVO MARCANO, venezolano, mayor de edad y titulare de la Cédula de Identidad Nº V-5.911.284, es trabajador activo de la sociedad mercantil CORPORACIÓN DE SERVICIOS PATRIOTICOS SOCIALES, C. A., por lo tanto esta en el momento de interponer la pretensión para logara su acción por cuanto no ha transcurrido el tiempo previsto por el Decreto Nº 8938, de fecha 30 de abril de 2012, con vigencia a partir del 07 de mayo de 2012, con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y Trabajadoras, articulo 52.

Como segundo punto que el ciudadano DANNY GENOVEVO MARCANO, venezolano, mayor de edad y titulare de la Cédula de Identidad Nº V-5.911.284, inicio sus labores en la sociedad mercantil CORPORACIÓN DE SERVICIOS PATRIOTICOS SOCIALES, C. A. el día 24 de julio de 2011, devengando un salario mensual de Bs. 59.626,20 y una jornada de trabajo comprendido de 07:00 a.m. a 03:00 p.m. y de 03:00 p.m. a 11:00 p.m. y de 11:00 p.m. a 07:00 a.m., teniendo dos días libres a la semana.

Como tercer punto señala que en fecha 01 de diciembre del año 2015, siendo las 08:50 a. m., fue recibido por presidencia de la sociedad mercantil CORPORACIÓN DE SERVICIOS PATRIOTICOS SOCIALES, C. A., escrito dirigido al presidente de dicho ente ciudadano Néstor Petit, constante de 06 folios, donde dentro de otras cosas señalan que han sostenido reuniones a lo largo de mas de tres años con la presidencia, dirección de recursos humanos y consultoría jurídica de ese ente corporativo, para buscar la solución legal a las condiciones de trabajo por cuanto desde el año 2012, debe la empresa demandada la dotaciones de uniformes tales como jeans, camisas de jeans, gorras, botas de seguridad, paños, mascarillas, termos de agua, etc., lo que asciende a la cantidad de Bs. 501.360 para cada trabajador por cada año, que multiplicado por cuatro da la cantidad de Bs. 2.005.440,00.

Como cuarto punto, alega que la sociedad mercantil CORPORACIÓN DE SERVICIOS PATRIOTICOS SOCIALES, C. A. es un ente descentralizado y que tiene personalidad jurídica, de acuerdo alas previsiones de la Ley Orgánica de la Administración Publica referida a los entes descentralizados, puede contratar con entes del estado y particulares para lograr sus objetivo, en tal sentido puede someter a licitaciones publicas los contratos de servicio que presta, o en caso de emergencia a través de las excepciones previstas en la ley celebrar las contrataciones que requiera para el beneficio de la ciudadanía. Así mismo señala que los contratos que suscriban el presidente de dicho ente tiene plena eficacia jurídica y de allí su cumplimiento, en el caso que nos ocupa el presidente de dicho ente conjuntamente con el asesor legal suscribieron en fecha 17 de agosto de 2016 un acta denominada Minuta de Reunión donde propone entre otras cosas: ofrece a pagar la cantidad de Bs. 160.000, 00 por dotación correspondiente a los años 2012 al 2015 como pago único de la misma, aduce que el mismo es perfectamente legal y que el presidente de la sociedad mercantil CORPORACIÓN DE SERVICIOS PATRIOTICOS SOCIALES, C. A. haya suscrito dicho acuerdo con los trabajadores para proveerlos de su ropa de trabajo, es una manera de cumplir con los trabajadores, de manera que el patrono esta obligado a pagara cada trabajador la cantidad de Bs. 160.000,00 por dicho concepto.

2.2. De los alegatos de la demandada

Alega en su contestación como punto previo que el actor de la presente demanda ciudadano DANNY GENOVEVO MARCANO, venezolano, mayor de edad y titulare de la Cédula de Identidad Nº V-5.911.284, no establece una concatenación precisa acerca de los hechos y el derecho pretendido, sino que en el introito del libelo demanda señalar una serie de argumentos sin sentido, no teniendo relación alguna su narrativa con el petitorio y vagamente alega que la legalidad de su solicitud de pago por concepto de provisión de ropa de trabajo en los periodos comprendidos desde el año 2012 al 2015 parte de un acta denominada minuta de reunión de fecha 17/08/2016, cuyo contenido interpreta en el sentido que la sociedad mercantil CORPORACIÓN DE SERVICIOS PATRIOTICOS SOCIALES, C. A. convino como forma de cumplir con ese compromiso.

Señala que en consecuencia de ello, no puede la sociedad mercantil CORPORACIÓN DE SERVICIOS PATRIOTICOS SOCIALES, C. A. plantear una correcta defensa de sus hechos e intereses, razón por la cual es violatoria del derecho a la defensa y la garantía del debido proceso, asegurado en los tratados y pactos internacionales en materia de Derechos Humanos suscritos y ratificados por la República Bolivariana de Venezuela.

Aduce que la pretensión del actor parte de la legalidad de su solicitud por el pago por concepto de provisión de ropa de trabajo en los periodos comprendidos desde el año 2012 al 2015, de un acta denominada minuta de reunión, de fecha 17/08/2016, cuyo contenido interpreta el actor que la sociedad mercantil CORPORACIÓN DE SERVICIOS PATRIOTICOS SOCIALES, C. A. convino como forma de cumplir con este compromiso de provisión de ropa de trabajo, al respecto se aclara que el instrumento al que hace referencia la entidad de trabajo es que realizo una propuesta de Bs. 160.000,00 a la cual los trabajadores de dicha entidad realizo una contraoferta de Bs. 300.000,00, así las cosas también señala que la sociedad mercantil CORPORACIÓN DE SERVICIOS PATRIOTICOS SOCIALES, C. A. no cuenta con una Convención Colectiva aprobada y en vigencia, por lo que no es procedente la solicitud de un pago equivalente a indemnización.

Alega que la solicitud por el pago por concepto de provisión de ropa de trabajo en los periodos comprendidos desde el año 2012 al 2015, de un acta denominada minuta de reunión, de fecha 17/08/2016, por la cantidad de Bs. 160.000,00, al contrastarlo con lo que estatuye la norma contenida en el articulo 105 numeral 4º de la LOTTT, se evidencia una no correspondencia, ya que califica a este beneficio social de provisión de ropa de trabajo como de carácter no remunerativo, no pudiendo en consecuencia solicitar la correspondiente dotación en términos dinerarios o indemnizatorios, en segundo lugar, la razón que postula en cuanto que al cumplimiento de lo solicitado, la justifica en el contenido del acta acuerdo a que hace mención en el libelo de la demanda, lo que evidencia una no correspondencia, puesto que en primer lugar es una minuta de acta de reunión en la sociedad mercantil CORPORACIÓN DE SERVICIOS PATRIOTICOS SOCIALES, C. A. ofertó una cantidad y el actor contra oferto y en relación a esa contra oferta se iba a hacer una evaluación.

Señala que la sociedad mercantil CORPORACIÓN DE SERVICIOS PATRIOTICOS SOCIALES, C. A. depende financieramente para su funcionamiento de los aportes del presupuesto anual del Municipio Caroní del Estado Bolívar en estricto acatamiento a los artículos 8, 49 y 56 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público, así como también del articulo 11 de la Ley Orgánica del Régimen Presupuestario, lo cual trae como consecuencia que el presidente de la sociedad mercantil CORPORACIÓN DE SERVICIOS PATRIOTICOS SOCIALES, C. A. no puede comprometer a la empresa Municipal sin cumplir con una serie de pasos establecidos en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, tales como la aprobación del Consejo Municipal, Alcalde, Sindicatura Municipal entre otros, situación que resulta determinante para asumir nuevos compromisos vencido el 31 de diciembre de cada año fiscal.

Aduce finalmente, que el presidente de la sociedad mercantil CORPORACIÓN DE SERVICIOS PATRIOTICOS SOCIALES, C. A. solo podía elevar la solicitud ante la Alcaldía de Caroní.

2.3. De los fundamentos de la decisión

De las alegaciones efectuadas por las partes, se extrae que la demandante reclama únicamente el pago del concepto referido a la provisión de ropa de trabajo. Por su parte, la demandada rechazó la procedencia del concepto reclamado, por no tener basamento legal.

En cuanto a la distribución de la carga de la prueba en materia laboral, ésta se fija de acuerdo con la forma en la que el demandado dé contestación a la demanda, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 135 ejusdem. En tal sentido, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia Nº 1916, de fecha 25/11/2008 estableció lo siguiente:

“(...) De conformidad con el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en el proceso laboral el demandado tiene la carga de probar todos aquellos alegatos nuevos que le sirvan de fundamento para rechazar las pretensiones del actor, y el régimen de distribución de la carga de la prueba en materia laboral, conocido en la doctrina como “el principio de la inversión de la carga de la prueba”, se distingue del principio procesal civil ordinario establecido en los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, respecto del cual, corresponde al demandante alegar y probar los hechos constitutivos de su acción; con esta forma de establecer la carga de la prueba en los juicios laborales, no se infringe de modo alguno el principio general, debido a que la finalidad principal es proteger al trabajador de la desigualdad económica en que se encuentra frente al patrono, pues es éste quien dispone de todos los elementos fundamentales que demuestran la prestación de servicio, de no ser así, se generaría en el trabajador accionante una situación de indefensión.

En consecuencia, en el proceso laboral, dependiendo de cómo el accionado dé contestación a la demanda, se fijará la distribución de la carga de la prueba, y por tanto, estará el actor eximido de probar sus alegatos en los siguientes casos: 1) cuando en la contestación de la demanda el accionado admita la prestación de un servicio personal, aun cuando el demandado no la califique como relación laboral -presunción iuris tantum establecida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo; 2) cuando el demandado no rechace la existencia de la relación laboral, se modificará la distribución de la carga de la prueba en lo que se refiere a todos los restantes alegatos contenidos en el libelo que tengan conexión con la relación laboral, por tanto, es el demandado quien debe probar, por tener en su poder las pruebas idóneas sobre el salario que percibía el trabajador, el tiempo de servicio, vacaciones pagadas, utilidades, entre otros conceptos laborales, que ha pagado tales beneficios. Igualmente, se tendrán por admitidos aquellos hechos alegados por la parte accionante en su libelo, que el demandado no niegue o rechace expresamente en su contestación, o cuando no haya fundamentado el motivo del rechazo, aunado al hecho de que tampoco haya aportado a los autos en la oportunidad legal, alguna prueba capaz de desvirtuar los alegatos del actor, es decir, el demandado tendrá la carga de desvirtuar en la fase probatoria, aquellos hechos sobre los cuales no hubiese realizado en la contestación el fundamentado rechazo, de lo contrario, el Juez deberá tenerlos como admitidos.

Cuando la parte actora tenga la carga de probar la existencia de la prestación personal del servicio, en virtud de que la parte demandada negare y rechazare que el actor le hubiese prestado servicios personales, y durante el período probatorio el demandante demuestre plenamente la prestación personal del servicio, el Tribunal debe aplicar la presunción legal contenida en el artículo 65 de la Ley Orgánica del Trabajo y declarar demostrada la existencia de la relación de trabajo, al tiempo que se consideran admitidos por la demandada los demás hechos alegados por el actor, que fueron negados en forma pura y simple en la contestación, en aplicación de los artículos 72 y 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y de la jurisprudencia de la Sala de Casación Social de este Tribunal Supremo de Justicia, pues en relación con las alegaciones del trabajador relativas a: preaviso, indemnización de antigüedad, compensación por transferencia, prestación de antigüedad, indemnización por despido, vacaciones, utilidades, intereses sobre prestaciones sociales, entre otras, si el patrono niega y rechaza las mismas en forma pura y simple, no demuestra nada que le favorezca y la petición del trabajador no es contraria a derecho, se debe considerar que ha incurrido en confesión ficta sobre estos particulares, conforme al referido artículo 135 eiusdem.

Sin embargo, no todos los alegatos y rechazos que se expongan en la contestación deberán recibir idéntico tratamiento, porque la adecuada o suficiente precisión en el rechazo o en la exposición de las razones y fundamentos de las defensas, en relación con la carga de la prueba o el riesgo de no aportarla, dependerá de la naturaleza y circunstancias de cada asunto y resultará del examen que de las mismas deberá hacer el tribunal, labor esta en la cual hará uso de las presunciones establecidas a favor del trabajador, pero de la que no puede eximirse con sólo indicar que por efecto de declararse la existencia de la relación de trabajo alegada, se tendrán por admitidos todos los hechos y pedimentos planteados con fundamento y por derivación de ella, aun cuando se los hubiere rechazado expresa y precisamente y se trate de rechazos o negativas que se agotan en sí mismas, como son las opuestas a condiciones distintas o exorbitantes de las legales.

Igualmente, la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, establece en su artículo 10 que la regla de valoración de las pruebas es el de la sana crítica conforme al cual, los juzgadores tienen libertad para apreciar las pruebas de acuerdo con la experiencia y las reglas de la lógica, que sean aplicables al caso, siendo que la valoración de los medios probatorios por la sana crítica se aplica en la jurisdicción laboral a todo tipo de medio probatorio, aun cuando tenga asignada una tarifa legal en otras leyes, como ocurre por ejemplo con la prueba de instrumento público y privado (1.359 y 1.363 del Código Civil).(…)” (Cursivas, negrillas y subrayados añadidos).

Como consecuencia entonces, debe este Juzgador aplicar el fundamento consolidado en el ámbito jurisprudencial y acogido en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En este sentido, dados los términos en que resultó trabada la litis, de conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; como quiera que la naturaleza de lo reclamado atiende a un concepto de carácter extraordinario generado en la relación de trabajo, corresponde a la parte demandante demostrar la procedencia del mismo.

Para ello, entra este Juzgador a la valoración de las pruebas que fueron aportadas a los autos por las partes, a los fines de determinar cuáles de los hechos controvertidos en el proceso han sido demostrados, teniendo en cuenta las reglas sobre valoración de pruebas, previstas la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y lo hace de la siguiente manera:

Pruebas de la parte actora:

En su escrito de promoción de pruebas, la actora promovió un conjunto de medios, de los cuales, en la oportunidad de celebrarse la audiencia de juicio, se evacuaron los siguientes:

1) Pruebas de Exhibición referida a que la parte demandada exhiba: 1) Recibos de pago con sello húmedo de la Dirección de Recursos Humanos de la Corporación de Servicios patrióticos Sociales; 2) Acta denominada minuta de reunión de fecha 17/08/2016; y 3) Los estatutos sociales de la sociedad mercantil CORPORACIÓN DE SERVICIOS PATRIOTICOS SOCIALES, C. A. la parte demandada manifestó que no exhibe los documentos del particular 1) toda vez que admitió la existencia de la relación de trabajo; en cuanto a los documentos señalados como 2) y 3) exhibió y consignó copia de los mismos. La parte actora promovente no objetó la exhibición ni la documentación consignada a tales efectos.

En cuanto a la exhibición de la documental referida a: 1) Recibos de pago con sello húmedo de la Dirección de Recursos Humanos de la Corporación de Servicios patrióticos Sociales; el actor la promovió para demostrar la existencia de la relación laboral. Ahora bien, como quiera que la parte demandada admitió la existencia de la relación laboral, esta prueba resulta inconducente, toda vez que versa en un hecho no controvertido. Así las cosas, este Tribunal no le otorga valor probatorio a este medio y lo desecha del presente análisis. Así se establece.

En cuanto a la exhibición de las documentales referidas a: 2) Acta denominada minuta de reunión de fecha 17/08/2016; y 3) Los estatutos sociales de la sociedad mercantil CORPORACIÓN DE SERVICIOS PATRIOTICOS SOCIALES, C. A., encuentra este despacho que la parte actora promovió este medio para demostrar con el primer documento la obligación de pago por parte de la empresa demandada y con el segundo, el carácter que ostenta el representante de la empresa para representarla y suscribir obligaciones en su nombre.

Pues bien, especial mención y análisis merece esta documental, toda vez que constituye el fundamento de la pretensión hecha valer por la parte actora. En primer término, en ese documento no se establece a qué dotación se refiere. Ha manifestado el demandante que es con relación a la dotación de ropa de trabajo, empero –se insiste- el instrumento no indica a qué dotación de refieren las partes para los años 2012-2016. En segundo lugar, el documento tampoco hace referencia al basamento legal sobre la mencionada “dotación”, tampoco ha sido invocado o demostrado por la parte actora, la existencia de una contratación individual o colectiva que beneficie al demandante con el concepto sobre el cual basa su reclamo. En tercer lugar, aún cuando se han detectado los dos fallos anteriores, de no existir éstos, resulta que el documento tampoco señala en forma expresa qué trabajadores o categoría de trabajadores de la demandada se encuentra vinculados al mismo, ya que la “dotación” –de lo que fuera que se trate-, estaría ligada por razones lógicas a la naturaleza del servicio, por lo cual, solo una categoría de cargos serían acreedores de ella. Esto último, no permite determinar que el trabajador demandante sea beneficiario del concepto que reclama. Por las razones expresadas, este Tribunal no le otorga valor probatorio a este medio de prueba y lo desecha del presente análisis. Así se establece.

En Sentencia Nº 0365 del 20/04/2010, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia estableció:

“Precisado lo anterior, es menester destacar que, sobre los días de descanso y días feriados trabajados y no cancelados, así como las horas extraordinarias, la Sala ha establecido que, cuando se han alegado condiciones o acreencias distintas o que exceden de las legales, o especiales circunstancias de hecho como horas extras o días feriados trabajados, corresponde la carga de la prueba a la parte actora, ello, aún cuando opere la admisión de los hechos”. (Cursivas y negrillas añadidas).

Aunado a ello en Sentencia Nº 1046 del 04/10/2010, también expresó:

“De conformidad con la doctrina reiterada de la Sala, corresponde a la parte actora la carga de la prueba en cuanto a la procedencia de los conceptos de carácter extraordinario, vale decir, que superen el límite de lo establecido por la legislación laboral, tales como operativos especiales, actividades realizadas los días de descanso, horas extras, bono nocturno, días feriados, entre otros, por lo que el demandante debe traer a las actas los soportes de sus pedimentos. Ahora bien, dado que la ciudadana Eleonora Guart Durán, no presentó medio de prueba alguno que soporte su reclamo, forzoso es para la Sala desestimar su procedencia Así se decide”. (Cursivas y negrillas añadidas).

Una vez analizados los medios probatorios promovidos; acogiéndose este despacho a la doctrina judicial citada; y tratándose el reclamo del actor, de un concepto extraordinario cuya carga probatoria no satisfizo en este proceso, debe forzosamente este Tribunal tener que declarar sin lugar la pretensión contenida en la demanda, por ser manifiestamente improcedente. Así se decide.

III. DISPOSITIVA

Por las razones precedentemente expuestas, este JUZGADO QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO DEL CIRCUITO JUDICIAL LABORAL DEL ESTADO BOLIVAR EXTENSIÓN TERRITORIAL PUERTO ORDAZ, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana Venezuela y por autoridad de la ley, declara:

PRIMERO: SIN LUGAR la pretensión por RECLAMO POR PROVISIONES DE ROPA DE TRABAJO AÑOS 2012 AL 2015 RESPECTIVAMENTE, incoada por el ciudadano DANNY GENOVEVO MARCANO, venezolano, mayor de edad y titulare de la Cédula de Identidad Nº V-5.911.284, en contra de la CORPORACIÓN DE SERVICIOS PATRIOTICOS SOCIALES, C. A. y solidariamente la ALCALDÍA SOCIALISTA BOLIVARIANA DE CARONÍ.; y

SEGUNDO: Dada la naturaleza del presente fallo, no hay especial condenatoria en costas. ASI EXPRESAMENTE SE DECIDE.

Se ordena la notificación de la Sindico Procurador del estado Bolívar de conformidad con lo establecido en el artículo 155 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Líbrese oficio.

La presente decisión se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 2, 26, 49 y 257 Constitucionales, artículos 5, 6, 10, 11, 72, 135, 151, 158 y 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, artículos 92, 121, 131 y 142 de la Ley Orgánica del Trabajo, de los Trabajadores y las Trabajadoras y los artículos 12, 15, 242 y 243 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión en este Tribunal, de conformidad con lo previsto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, aplicado por expresa remisión del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Quinto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, a los veintiocho (28) días del mes de junio del dos mil diecisiete (2017). Años: 206° de la Independencia y 157° de la Federación.

El Juez 5º de juicio del Trabajo,

Dr. Paolo Conrado Amenta Rivero.
La Secretaria de Sala,

Abg. Yuritzza Parra.

En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado en el auto que antecede y se publicó la anterior decisión, siendo las diez y veintidós minutos de la mañana (10:22 a.m.). Conste.-

La Secretaria de Sala,

Abg. Yuritzza Parra.
PCAR/jb.