TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY

San Felipe, 10 de marzo de 2017
Años: 206° y 158°

EXPEDIENTE N° 6374

PARTE DEMANDANTE Ciudadana HILDA JOSEFINA RIVAS BLANCO, venezolana, soltera, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 6.727.042 y con domicilio en la carretera panamericana, al lado de la cauchera Mi Tío, El Peñón, Parroquia Marín San Javier, Municipio San Felipe, estado Yaracuy.

ABOGADA ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE MIRNA JOSEFINA CAMACARO DE MORENO, Inpreabogado Nº 151.094.

MOTIVO RECONOCIMIENTO DE UNIÓN CONCUBINARIA (DECLINATORIA DE COMPETENCIA).

Recibida la presente demanda por distribución en fecha 3 de febrero de 2017, constante de un (1) folio útil y siete (7) anexos, contentiva de acción de RECONOCIMIENTO DE UNIÓN CONCUBINARIA interpuesta por la ciudadana HILDA JOSEFINA RIVAS BLANCO, ya identificada, inicialmente asistida por el abogado JARNY ZABDY MELÉNDEZ SALIH, Inpreabogado N° 168.923. De la revisión del escrito libelar se desprende que la parte demandante alega que inició una relación conyugal pública, libre, continua y estable con el De Cujus ISMAEL ANTONIO ESCOBAR BRICEÑO, quien en vida fuere venezolano, soltero, titular de la cédula de identidad Nº 12.286.734, desde el día 12 de marzo del año 2000 hasta la fecha del fallecimiento del De Cujus. Asimismo, señala la parte actora que durante su convivencia procrearon una hija que lleva por nombre ISMAILYN ROSNEILY ESCOBAR RIVAS, titular de la cédula de identidad Nº 28.498.357. Seguidamente fundamenta su acción en el artículo 77 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con las disposiciones 767 y 823 del Código Civil Venezolano Vigente. Por auto de fecha 10 de febrero de 2017 se le dio entrada a la presente demanda de Reconocimiento de Unión Concubinaria, asignándosele el Nº 6374 de la nomenclatura interna de este Tribunal y se dictó sentencia interlocutoria instando a la parte actora a consignar la identificación personal y el domicilio del o de los demandados de autos y copia certificada del acta de defunción del De Cujus ISMAEL ANTONIO ESCOBAR BRICEÑO, identificado en autos, tal como lo establece los ordinales 2º y 6º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil.
En fecha 8 de marzo de 2017, presenta escrito la parte actora ciudadana HILDA JOSEFINA RIVAS BLANCO, antes identificada, debidamente asistida por la abogada MIRNA JOSEFINA CAMACARO DE MORENO, Inpreabogado Nº 151.094, dándole cumplimiento a lo ordenado por este Juzgado y consigna acta de defunción del De Cujus ISMAEL ANTONIO ESCOBAR BRICEÑO, copia fotostática de la cédula de identidad del padre del De Cujus anteriormente mencionado, copia fotostática de las cédulas de identidad de los dos (2) hijos mayores de edad del De Cujus anteriormente mencionado y la partida de nacimiento de la hija menor de edad que procrearon durante la unión conyugal ciudadana ISMAILYN ROSNEILY ESCOBAR RIVAS.
AL RESPECTO ESTE TRIBUNAL OBSERVA:

El autor Humberto Bello Tabares en su obra Tutela Judicial Efectiva y Otras Garantías Procesales señala:

“El proceso judicial es concebido como un conjunto concatenado y coordinado de actos procesales realizados por los órganos jurisdiccionales que tienen como fin último la solución de conflictos mediante la aplicación de la Ley al caso concreto o especifico, de manera pacífica y coactiva, encontrándose informado por un conjunto de principios que orientan no sólo su tramitación, sino la forma de actuar o conducta de las partes, representantes judiciales y operadores de justicia”.

De lo transcrito, se puede apreciar que ciertamente el proceso judicial es el instrumento idóneo para la aplicación del derecho sustancial, donde se busca captar la realidad de lo acontecido y así poder el Juzgador(a) atender la necesidad de la justicia y que la verdad procesal sea el reflejo exacto de la realidad de lo acontecido.
En el caso que nos ocupa, la presente acción persigue el Reconocimiento de Unión Concubinaria entre los ciudadanos Hilda Josefina Rivas Blanco y el De Cujus Ismael Antonio Escobar Briceño, donde se observa que durante la mencionada unión procrearon una hija de nombre ISMAILYN ROSNEILY ESCOBAR RIVAS, nacida el once (11) de febrero del año 2001 y que para la fecha de interposición de la presente acción cuenta con dieciséis (16) años de edad; tal como se evidencia de copia certificada de partida de nacimiento número 94, del año 2003, emanada del Registro Civil del Municipio San Felipe del estado Yaracuy, inserta a los folios 22 al 23 del presente expediente.
Resulta oportuno señalar, que la función jurisdiccional debe coadyuvar a la dinámica social jurídicamente relevante para el colectivo, en consecuencia, es factible que existan cambios de criterio jurisprudencial que conlleven a la armonización de la realidad social y el sistema jurídico, como ocurre en el caso bajo estudio, en virtud del proceso de transformación del cual es objeto nuestra sociedad venezolana, producto de la construcción del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia establecido en el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Ahora bien, la Competencia viene a ser la autorización que tiene cada Juez (a) o Tribunal de entender un determinado asunto en razón de la naturaleza de las cosas, objeto del conocimiento o de las personas interesadas. Por ello, el Profesor Mattirolo expresó que la “competencia es la medida como se distribuye la jurisdicción entre las diversas autoridades judiciales”. A tales efectos, y por imperativo de la Ley, los artículos 28 y 29 del Código de Procedimiento Civil, se remiten a la competencia por la materia y el valor de la demanda. Estas disposiciones contienen una norma de carácter general que le indica al Juez o Jueza, la pauta o guía que debe seguir para determinar la competencia por la materia y por el valor de la demanda.
Por lo que esta Juzgadora advierte que el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil, dispone:

“La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute, y por las disposiciones legales que la regulan.”

Ahora bien, si bien es cierto que el anterior artículo nos señala lo referente a que la competencia por la materia se determina por su naturaleza, no es menos cierto que el contenido del artículo 60 del mismo cuerpo de leyes, señala:

“La incompetencia por la materia y por el territorio en los casos previstos en la última parte del artículo 47, se declarará aún de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso.” (Subrayado del Tribunal).

En tal sentido, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 7 de marzo de 2012, Caso: Alexandra Carreño Hernández, en expediente Nº AA10-L-2010-000138, estableció lo siguiente:

“Como es sabido, y se ha expresado reiteradamente, con ocasión a la entrada en vigor de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente, se generaron conflictos negativos de competencia entre órganos judiciales pertenecientes principalmente a la jurisdicción civil y a la de protección de niños, niñas y adolescentes; situación ésta, que progresivamente fue resolviéndose en la medida en que se fueron unificando los criterios al respecto, lo cual, no significa en modo alguno, que tales criterios abriguen una solución definitiva sobre la materia, pues ello sería tanto como concebir el sistema jurídico como un cuerpo de normas estáticas, invariables, en desconexión absoluta con una realidad social que está en permanente cambio, habida cuenta de la manifestación de sus contradicciones y, especialmente, en razón del proceso de transformación del cual hoy es objeto la sociedad venezolana, producto de la construcción del Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia; de allí que, el proceso constante de cambios de la realidad social, constituye uno de los factores que determina la necesidad permanente de revaloración del conjunto de normas jurídicas que rigen la convivencia social, en función de procurar al máximo su eficiencia y efectividad como instrumento no sólo regulador de dinámicas sociales, sino además como herramienta fundamental para provocar los cambios, esencialmente, aquellos que apuntan hacia la construcción de la felicidad social.
(…)
….Ahora bien, en cuanto al primer soporte teórico jurídico, estima conveniente la Sala expresar en esta oportunidad, que si bien es cierto que en atención a lo estatuido en el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil la competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute y por las disposiciones legales que la regulan, no es menos cierto que, tal principio admite la excepcionalidad del fuero subjetivo atrayente, sin que ello implique subvertir el carácter de orden público que posee la normativa destinada a regular la competencia, pues la excepción al aludido dispositivo legal, en el marco de la integralidad del ordenamiento jurídico positivo, no se presenta como una colisión, sino antes bien, como una complementariedad que obedece y responde a la expresa voluntad del constituyente patrio cuando en el artículo 78 de la Carta Magna contempló que el Estado, las familias y la sociedad asegurarán con prioridad absoluta la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, el Poder Judicial, en tanto rama del Poder Público Nacional, en ejercicio de las funciones conferidas le corresponde contribuir con la realización de los fines del Estado, lo cual, en el caso del tutelaje a los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes, inexorablemente deberá concretarse por conducto de los tribunales especializados, habida cuenta de la compleja y alta responsabilidad que significa brindarles el oportuno, íntegro y cabal amparo que presupone el interés superior de los niños, niñas y adolescentes…
(…)
…En consideración de lo precedentemente expuesto, la Sala Plena abandona el criterio jurisprudencial hasta ahora suscrito y, fundamentalmente, establecido a través de sentencia número 71 de fecha 25 de abril de 2008, consistente en atribuirle la competencia para conocer de las acciones mero declarativas de unión concubinaria, a la jurisdicción civil, toda vez que efectuado el razonamiento que antecede, arriba a la conclusión que en los procedimientos en que se solicita el reconocimiento judicial de la unión concubinaria, en la que se hayan procreados hijos, y mientras éstos sean menores de edad, la jurisdicción competente es la especial de protección de niños, niñas y adolescentes, habida cuenta que es la más capacitada para brindarle la debida protección a los sujetos en etapa de niñez o adolescencia. En consecuencia, el nuevo criterio que sobre esta materia adopta la Sala Plena, a los fines de garantizar el más idóneo, integral y cabal tutelaje a los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes, que se ven involucrados en juicios relacionados con solicitudes de reconocimiento judicial de uniones concubinarias, son los órganos judiciales pertenecientes a la jurisdicción especial de protección de niños, niñas y adolescentes. Así se decide.” (Subrayado del Tribunal).

Así pues, siendo que el criterio actual de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en lo referente a la determinación del Tribunal competente para pronunciarse frente a las acciones mero declarativas de uniones concubinarias, donde existan niños, niñas y adolescentes procreados durante la misma, corresponde a la jurisdicción especial de protección de niños, niñas y adolescentes y dado que se desprende de autos que durante la mencionada unión procrearon una hija de nombre ISMAILYN ROSNEILY ESCOBAR RIVAS, nacida el once (11) de febrero del año 2001 y que para la fecha de interposición de la presente acción cuenta con dieciséis (16) años de edad; tal como se evidencia de copia certificada de partida de nacimiento número 94, del año 2003, emanada del Registro Civil del Municipio San Felipe del estado Yaracuy, inserta a los folios 22 al 23 del presente expediente, gozando así del oportuno, íntegro y cabal amparo que presupone el interés superior de niño, niña y adolescente, es por lo que a todas luces es determinante la aplicabilidad de dicha sentencia al caso concreto; y a tales efectos, este Tribunal acoge dicho criterio de conformidad con lo establecido en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil y lo aplica, en miras de garantizar la especial tutela de la cual son objeto los niños, niñas y adolescentes a fin que se haga efectiva la observancia absoluta del derecho constitucional que les asiste de ser juzgados por sus jueces naturales, principalmente, considerando la integralidad de la formación de éstos, Y ASI SE ESTABLECE.
Por los argumentos antes expuestos, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley;

DECLARA

PRIMERO: LA INCOMPETENCIA DEL TRIBUNAL POR LA MATERIA para seguir conociendo de la presente demanda de RECONOCIMIENTO DE UNIÓN CONCUBINARIA interpuesta por la ciudadana HILDA JOSEFINA RIVAS BLANCO, antes identificada, por cuanto la misma corresponde al Circuito de Protección del Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, acotando el criterio emanado de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 7 de marzo de 2012, Caso: Alexandra Carreño Hernández, en expediente Nº AA10-L-2010-000138.

SEGUNDO: SE ORDENA remitir el presente expediente al mencionado Circuito a los fines que siga conociendo de la presente demanda, una vez quede firme la presente decisión, tal como lo establece el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil.

TERCERO: DADA LA NATURALEZA DEL PRESENTE FALLO no hay condenatoria en costas.

CUARTO: POR CUANTO LA DECISION salió dentro del lapso legal, no se requiere notificación de las partes.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. En San Felipe a los diez días (10) días del mes de marzo de dos mil diecisiete (2017). Años: 206° Independencia y 158° Federación.

La Jueza,

Abg. WENDY YÁNEZ RODRÍGUEZ

La Secretaria Temporal,

Abg. DINORAH MENDOZA
En esta misma fecha y siendo las dos de la tarde (2:00 p.m.) se publicó y registró la anterior decisión.
La Secretaria Temporal,

Abg. DINORAH MENDOZA