TSJ Regiones - Decisión

República Bolivariana de Venezuela

Juzgado SEGUNDO de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy

San Felipe, veintidós (22) de marzo de 2017.
206° y 158°

ASUNTO Nº: UP11-N-2017-000008
SOLICITANTE: COBERTURAS ASFALTICAS VENEZOLANAS C. A.

APODERADO JUDICIAL: LUIS EDUARDO DOMINGUEZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 20.918.

TERCER INTERVINIENTE: PABLO ANTONIO OROPEZA, titular de la cedula de identidad Nº V-10.856.137.

ACTO RECURRIDO: PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 1376/2015 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE DE 2015, EMANADA DE LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO YARACUY, EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO Nº 057-2015-01-00552.

MOTIVO: RECURSO DE NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO CONJUNTAMENTE CON AMPARO CAUTELAR.

Visto el anterior escrito de subsanación contentivo del Recurso de Nulidad de Acto Administrativo conjuntamente con Amparo Cautelar incoado por la empresa COBERTURAS ASFALTICAS VENEZOLANAS, C.A, contra la Providencia Administrativa Nº 1376/2015 de fecha 27-11-2015, dictada en el expediente signado con el Nº 057-2015-01-00552 emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Yaracuy mediante la cual declaró: SIN LUGAR la solicitud de Autorización para Despedir incoada al ciudadano Pablo Antonio Oropeza, titular de la cédula de identidad Nº V-10.856.137, por lo que a tenor de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, pasa éste Tribunal a pronunciarse acerca de la admisibilidad o no del acto administrativo, la cual se realiza en los términos siguientes:
Capítulo I
De la competencia
La Jurisdicción Contencioso Administrativa quedó prevista en el artículo 259 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al establecer en el marco del estado social de derecho y de justicia, el principio de universalidad y control judicial sobre toda acción u omisión que la administración pública exteriorice en el desempeño de sus funciones y en la que tanto administrados como órganos y entes políticos territoriales pueden accionar.
En ese sentido, el ordinal 3 del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y con los ordinales 1 y 4 del artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y el criterio vinculante sentado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia mediante su sentencia número 955/2010 de fecha 23 de septiembre de 2010, orientan la Jurisdicción Contenciosa Administrativa Laboral, es por lo que, este Juzgado de forma impretermitible se declara competente por la materia para conocer del presente recurso contencioso administrativo de nulidad. Así se declara

Capítulo II
De la naturaleza del acto administrativo atacado de nulidad.
La Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos aprobada en Gaceta Oficial Extraordinaria de la República de Venezuela Nº 2.818 de fecha 01-07-1981 en su artículo 7º prevé “Se entiende por acto administrativo, a los fines de esta Ley, toda declaración de carácter general o particular emitida de acuerdo con las formalidades y requisitos establecidos en la Ley, por los órganos de la administración pública”.
Cónsono con lo antes expuesto, por un lado el artículo 85 de la Ley in comento concede herramientas discrecionales al administrado para ejercer recursos administrativos contra todo acto administrativo que ponga fin a un procedimiento, imposibilite su continuación, cause indefensión prejuzgue como definitivo, de la misma manera, cuando dicho acto administrativo cause lesiones a derechos subjetivos o intereses legítimos, personales y directos; y por el otro, una vez dictado el acto administrativo con las mismas características del artículo mencionado en este párrafo el justiciable puede a las luces del ordinal 3 del artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa presentar acción de nulidad de contra el acto administrativo, por lo que deben excluirse, de las acciones de nulidad los actos administrativos de mero trámite (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nº 3255 de fecha 13 de diciembre de 2002, caso de César Augusto Mirabal Mata y otros).
En ese sentido, en el caso de marras el recurrente ataca de nulidad la Providencia Administrativa Nº 1376/2015 de fecha 27 de noviembre de 2015, dictada en el expediente signado con el Nº 057-2015-01-00552 emanada de la Inspectoría del Trabajo del Estado Yaracuy mediante la cual declaró: SIN LUGAR la solicitud de Autorización para Despedir incoada al ciudadano Pablo Antonio Oropeza, titular de la cédula de identidad Nº V-10.856.137, caracterizando un acto administrativo definitivo que causó estado, por ende, puede ser objeto de estudio y revisión mediante el ejercicio del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad. Así se establece.
Capítulo III
De los requisitos procesales de admisibilidad.
A fin de verificar la admisibilidad del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad conjuntamente con Amparo Cautelar, este Tribunal debe observar en primer término el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 33º de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en segundo lugar, que la acción planteada no esté incursa en las causales de acciones aparentes contenidas en la sentencia Nº 776 de fecha 18-01-2001 proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y en tercer lugar, que la acto administrativo que se ataca de nulidad no se trate de un acto administrativo primigenio. (Vid. Sentencia Nº 1709 de fecha 24-10-2007 dictada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia)
Ahora bien, luego de la revisión y estudio efectuado al escrito recursivo, se desprende que la demanda cumple con los extremos del artículo 33º de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y no se encuentre inmersa en alguna de las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 35 ejusdem, por lo que, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, en uso de sus atribuciones, lo ADMITE cuanto ha lugar en derecho.
En virtud de lo antes expuesto, de conformidad con lo consagrado en el artículo 78 eiusdem, se ordena notificar mediante oficios a la Inspectoría del Trabajo en el Estado Yaracuy, así como a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía General de la República Bolivariana de Venezuela, igualmente, a fin de garantizar el derecho a la defensa de la parte solicitante del procedimiento administrativo se ordena notificar mediante Boleta de Notificación al tercero interesado ciudadano: PABLO ANTONIO OROPEZA, titular de la cédula de identidad Nº V-10.856.137, en la dirección de la recurrente, todo ello a los fines de fijar la oportunidad para que tenga lugar la Audiencia de Juicio de conformidad con lo previsto en el artículo 82 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la cual se fijará por auto separado, una vez que conste en autos la certificación del Secretario de la última de las notificaciones ordenadas, otorgándole el lapso de Tres (03) días continuos del término de la distancia. Líbrese oficios, los cuales deben ser practicados mediante notificación por correo certificado con acuse de recibo e indicación del número de guía del envió de la correspondencia, para el control y seguimiento, con el propósito de materializar la garantía y principio constitucional de la celeridad procesal, siendo elegida por el justiciable la organización prestadora del servicio de encomienda y siendo obligatorio de la Unidad de Alguacilazgo indicar el número de guía e indicación en el sobre de notificación que los actos de notificaciones serán conforme a la modalidad aquí indicada. Así se ordena.
A tenor de lo establecido en el artículo 79 de la antes referida Ley Organiza de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se ordena requerirle a la Inspectora Jefe de la Inspectoria del Trabajo supra señalada, que se sirva remitir a este juzgador dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes a que conste en auto su notificación, el expediente administrativo Nro. 057-2015-01-00552.
Se hace del conocimiento a la parte recurrente, que debe consignar mediante diligencia, ante este Tribunal, tres (03) juegos de copias fotostáticas del libelo de la demanda y de la presente actuación, a los fines de librar la boleta de notificación y los oficios a los organismos respectivos.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy en San Felipe a los veintidós (22) días del mes de Marzo del año 2017. Años: 206º y 158º.
El Juez Temporal,

Abg. Rubén E. Arrieta Alvarado
La Secretaria;

Abg. Zaida Carolina Hernández.

En la misma fecha se cumplió con lo ordenado, siendo las tres de la tarde (3:00 P.M.).

La Secretaria;

Abg. Zaida Carolina Hernández.
ASUNTO: UP11-N-2017-000008
Pieza única/ REAA/LC/ZCH*