REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY
San Felipe, 20 de marzo de 2017
Años: 206º y 158º
EXPEDIENTE Nº 2.403-17
PARTE DEMANDANTE
APODERADA JUDICIAL DE
LA PARTE DEMANDANTE Ciudadana: GRACIELA ORTEGA de OCHOA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.065.185, con domicilio en Guacara, estado Carabobo.
ANA LUCY USECHE CARRILLO, Inpreabogado N° 181.687.
MOTIVO RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO.
Por recibida mediante distribución en fecha 16 de marzo de 2017, demanda de RECTIFICACIÓN DE ACTA DE NACIMIENTO, suscrita y presentada por la abogada ANA LUCY USECHE CARRILLO, apoderada judicial de la ciudadana GRACIELA ORTEGA de OCHOA, contentivo de un (1) folio útil y cuatro (4) anexos; ordenándose darle entrada por auto de esta misma fecha, asignándole el Nº 2.403-17 de la nomenclatura interna de este Juzgado.
De la revisión del escrito libelar se desprende que la parte demandante expone: Que tal como consta en Documento emanado de la Dirección de Dactiloscopia y Archivo Central, Departamento de Datos Filiatorios de Valencia, estado Carabobo, nació en San Felipe, estado Yaracuy, el día 28 de junio de mil novecientos sesenta (1960), siendo la madre la ciudadana DIONICIA ORTEGA; señala la parte actora que en su partida de nacimiento está descrito el nombre de su madre como MARÍA ORTEGA y en su partida de nacimiento aparece como DIONICIA ORTEGA, tal como consta en anexo consignado junto al libelo de demanda, es por lo que solicitan al Tribunal la Rectificación de la Partida de Nacimiento de la ciudadana GRACIELA ORTEGA de OCHOA, en lo que respecta al nombre de la madre ciudadana DIONICIA ORTEGA.
AL RESPECTO EL TRIBUNAL OBSERVA:
La demanda judicial es el acto de iniciación del proceso mediante el cual una persona que afirma la existencia de una voluntad concreta de la ley a su favor, se dirige al órgano del estado (Juez o Jueza) para obtener la aplicación de dicha voluntad. La demanda es el primer acto del proceso (“nemo iudex sine actore”), es decir, la primera forma de la actividad de la parte en un proceso consiste en demandar.
La jurisprudencia define la demanda como “toda petición que contiene un interés cuya satisfacción se pretende obtener del órgano jurisdiccional autorizado. Pero en el sentido procesal estricto se define como el acto procesal por el cual el actor ejercita una acción, solicitando del Tribunal protección, declaración o constitución de una situación jurídica”.
Mientras tanto, los requisitos formales de la demanda se encuentran consagrados en artículo 340 del Código de Procedimiento Civil y específicamente el ordinal 6º establece:
6º “Los instrumentos en que se fundamente la pretensión, esto es, aquéllos de los cuales se derive inmediatamente el derecho deducido, los cuales deberán producirse con el libelo.”
En tal sentido, el Juez(a) está facultado para proveer la revisión del libelo de la demanda con respecto a sus anexos, en el caso concreto, la parte actora debe acompañar necesariamente su demanda con el o los instrumentos necesarios en el cual fundamente la pretensión.
Al respecto, el autor Parilli Oswaldo, en su obra Actuación de las Partes en el Proceso Civil Ordinario, señala:
“…la necesidad de presentar junto con el libelo de la demanda, el instrumento en que se fundamenta la misma, pues la pretensión del actor constituye el núcleo del proceso que servirá para que el demandado esboce sus argumentos en contra de lo expuesto en el libelo de la demanda. Si no hay instrumento fundamental en un proceso, se menoscaba el derecho a la defensa del demandado y la doctrina ha estimado que ésta es la motivación del legislador para exigir la presentación del instrumento fundamental y es la causa que impone al actor la obligatoriedad de acompañar al libelo de la demanda los instrumentos que considere fundamentales para que su acción prospere y si no lo hace, la demanda debería ser declara inadmisible por falta de fundamento. Sin embargo, hay excepciones para la presentación de este instrumento fundamental, cuando la ley permite que se acciones sin presentarlo junto con la demanda, pero con el deber de señalar la oficina o el lugar donde se encuentran esos instrumentos que sustentan su pretensión. También el actor podrá invocar que los instrumentos acompañados al libelo de la demanda no son los fundamentales, sino otro que luego acompañe o, de la misma manera, el Juez podrá considerar esta situación si el instrumento es presentado con posterioridad a la introducción del libelo y que sea consignado en los lapsos legales.
(…) obligatoriamente deben acompañarse como instrumentos fundamentales, los relativos a las acciones de ejecución de hipoteca, reivindicación, ejecución de prenda, los que atañen al procedimiento por intimación o por vía ejecutiva, ejecución de créditos fiscales, en los juicios de deslinde, rectificaciones de actas del Estado Civil de las personas, por señalar algunos, o cuando la demanda se fundamente, por ejemplo, en planos topográficos o de estructuras en que necesariamente debe demostrarse de dónde se origina la pretensión. Corresponderá al Juez determinar cuál instrumento deba presentarse con el libelo de la demanda, en su condición de rector del proceso y con la permisividad que le confiere la Ley de ordenar subsanar para admitir la demanda, además de la facultad establecida en el artículo 514 del Código de Procedimiento Civil, sin que necesariamente sea el instrumento fundamental, cuya calificación podrá darse en la sentencia.”
Por otra parte, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 0449, de fecha 11 de mayo de 2004, caso: Manuel Paradas, contra C.A. Venezolana de Televisión, bajo la ponencia de la Magistrada Yolanda Jaimes Guerrero, Exp. Nº 99-15500 estableció lo siguiente:
“… la obligación de acompañar al libelo los documentos de los cuales se derive inmediatamente el derecho reclamado,…, se relaciona no sólo con la necesidad de permitir al juez determinar claramente la pretensión del demandante, sino también con la posibilidad que el demandado pueda ejercer adecuadamente los mecanismos más idóneos en defensa de sus derechos…”
De acuerdo con la norma transcrita, lo señalado por el autor Parilli Oswaldo y el criterio esgrimido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, se observa que la parte demandante al momento de sustentar su petición, acompañó al escrito de demanda, Poder Especial otorgado a la abogada ANA LUCY USECHE CARRILLO, junto a copia fotostática simple de cédulas de identidad de los otorgantes; copia fotostática simple de la demandante; Datos Filiatorios de la ciudadana GRACIELA ORTEGA de OCHOA; y Partida de Nacimiento de la ciudadana DIONICIA ORTEGA; sin embargo, aprecia esta Juzgadora, que a los fines de determinar los hechos narrados en el libelo de demanda y así poder identificar el error que consta en la Partida de Nacimiento de la ciudadana de quien se pretende realizar la rectificación deberá consignar la solicitante medios probatorios suficientes, que hagan demostrar los hechos alegados por ella, ya que lo traído como anexos junto al libelo de demanda, no genera la certeza correcta en cuanto a los hechos esgrimidos; es por lo que este Tribunal insta a la parte accionante, a consignar a los autos medios probatorios suficientes, que hagan demostrar los hechos alegados en el libelo de demanda, tal como lo establece el ordinal 6º del artículo 340 del Código de Procedimiento Civil. Y ASÍ SE DECIDE.
DECLARA;
PRIMERO: SE INSTA A LA PARTE DEMANDANTE, abogada ANA LUCY USECHE CARRILLO, Inpreabogado N° 181.687, apoderada judicial de la ciudadana GRACIELA ORTEGA de OCHOA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.065.185, a que consigne a los autos medios probatorios suficientes, que hagan demostrar los hechos alegados en el libelo de demanda, respecto al error del nombre de la madre de la accionante.
SEGUNDO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS dada la naturaleza del presente fallo.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA
Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy. En San Felipe a los veinte (20) días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017). Años: 206º Independencia y 158º Federación.
La Jueza Temporal,
Abg. María Elena Camacaro
La Secretaria,
Abg. Gloria González
En esta misma fecha y siendo las diez y quince minutos de la mañana (10:15 a.m.), se publicó y registró la anterior decisión.
La Secretaria,
Abg. Gloria González
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