TSJ Regiones - Decisión

ASUNTO : UP11-V-2016-000709

PARTE DEMANDANTE: Ciudadana “datos omitidos”.

BENEFICIARIOS: El adolescente “Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA”, y los niños “Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA” y “Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA”, asistidos por la abogada YAMILET NORELIS MORGADO BEAMONT, Defensora Pública Segunda con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy.

PARTE DEMANDADA: Ciudadano “datos omitidos”.

MOTIVO: OBLIGACION DE MANUTENCION (REVISION)

SINTESIS DEL CASO
Se inició el presente procedimiento de Obligación de Manutención (Revisión), incoado por la ciudadana “datos omitidos”, en su condición de madre del adolescente “Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA”, y de los niños “Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA” y “Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA”, asistidos por la abogada YAMILET NORELIS MORGADO BEAMONT, Defensora Pública Segunda con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, en contra del ciudadano “datos omitidos”.
Alegó la parte actora, que solicita la Revisión de la Obligación de Manutención, fijada mediante sentencia de homologación dictada en fecha 29 de enero de 2013, por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial, vista la inflación que vive el país, así como los diversos incrementos aumentos salariales, que se han dado en el presente año, es por lo que solicita la revisión de la Obligación de manutención y se sirva establecer en la cantidad de OCHO MIL BOLIVARES (Bs. 8.000,00) mensuales. En el mes de septiembre de cada año, para cubrir gastos de útiles y uniformes escolares la suma de TREINTA MIL BOLIVARES (Bs. 30.000,00), mas el beneficio de útiles escolares que otorga la institución a cada hijo de sus trabajadores, y en el mes de diciembre de cada año, por concepto de gastos de vestidos y calzado del día 24 de diciembre, el monto de SETENTA MIL BOLIVARES (Bs. 70.000,00). De igual modo, pide que el bono de juguetes de sus hijos, le sea depositado en una cuenta de ahorros signada con el N° 01020303100104030113 del Banco de Venezuela.
Por último, que los gastos relativos a consultas médicas, medicamentos y otros gastos extras que genere la crianza de sus hijos, se continué cubriendo en partes iguales, previa presentación de facturas y récipes médicos a nombre de sus hijos, y que la presente causa fuese admitida, sustanciada conforme a derecho y declarada con lugar en la definitiva.
Admitida la demanda, por auto de fecha 3 de octubre de 2016, por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, se ordenó notificar al demandado de autos, para que conociera la oportunidad fijada para el inicio de la Fase de Mediación de la Audiencia Preliminar.
Notificada válidamente la parte demandada, se fijó por auto de fecha 16 de noviembre de 2016, la oportunidad para llevar a cabo la realización de la fase de mediación de audiencia preliminar en la presente causa, para el día 24 de noviembre de 2016, a las 11:30 a.m.
FASE DE MEDIACION
Por auto de fecha 28 de noviembre de 2016, se difirió la celebración de la fase de mediación de la audiencia preliminar para el día 13 de enero de 2017, a las 10:00 a.m., visto que en fecha 24 de noviembre de 2016, no hubo despacho, conforme a la resolución N° 24/2016 emanada por la Coordinación de este Circuito Judicial.
Siendo la oportunidad para la celebración de la fase de mediación de la audiencia preliminar, se aboco al conocimiento de la causa el abogado Frank Santander, se dejó constancia de la comparecencia la parte demandante, y que no compareció la parte demandada ni por sí ni por medio de apoderado judicial, por lo que no fue posible llegar a acuerdo alguno relativo a la Revisión de la Obligación de Manutención. Se dio por concluida la Fase de Mediación de la Audiencia Preliminar.
Por autos que rielan a los folios 27 y 28 del expediente, se fijó para el día 27 de enero de 2017, a las 10:30 a.m., la oportunidad para el inicio de la fase de sustanciación de la audiencia preliminar, asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que comenzaría a decursar el lapso establecido en el artículo 474 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, para que la parte demandante presentara su escrito de pruebas y para que la parte demandada diera contestación a la demanda y presentara conjuntamente su escrito de promoción de pruebas.
CONTESTACION DE LA DEMANDA y PRESENTACION DE LAS PRUEBAS
En fecha 13 de enero de 2017, se hizo constar que vencido el lapso previsto en el artículo 474 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la parte demandante no presentó escrito de pruebas y la parte demandada no contestó la demanda y no presentó escrito de promoción de pruebas en la presente causa.
FASE DE SUSTANCIACION
En fecha 10 de febrero de 2017, se libró oficio al Jefe de Recursos Humanos de la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), ubicada en la avenida Los Jabillos, Edif. FONTUR, Sabana Grande, Caracas.
Cursa a los folios 44 y 45 del expediente, constancia de sueldo del obligado alimentario, expedida por la Gerente de Recursos Humanos de la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), de fecha 15 de febrero de 2017, mediante la cual remiten la capacidad económica del obligado alimentario.
A los folios 46 y 47 del expediente, riela obligación de manutención provisional dictada en fecha 13 de marzo de 2017, mediante la cual se estableció al ciudadano “datos omitidos”, que debía aportar la cantidad mensual de VEINTE MIL BOLIVARES (Bs. 20.000,00), asimismo, la suma de TREINTA MIL BOLIVARES (Bs. 30.000,00) para cubrir gastos de útiles y uniformes escolares, adicionalmente deberá depositarse en la cuenta aperturada para tal fin, lo que le corresponda al padre de bono por útiles escolares por cada hijo que da la institución y el monto de OCHENTA MIL BOLIVARES (Bs. 80.000,00) para sufragar gastos decembrinos, adicionalmente se ordenó descontar lo relativo al bono de juguetes y que fuese depositado en la cuenta de ahorros a nombre de la progenitora, y descontar lo que pudiere corresponder por concepto de las 36 mensualidades en caso de despido y las cuotas adicionales que se causaren durante ese lapso conforme a la Ley Especial Juvenil. En fecha 15 de marzo de 2007, se acordó oficiar al Gerente de Recursos Humanos de la Fundación Fondo nacional de Transporte Urbano (FONTUR), para que diera cumplimiento a lo ordenado en la referida sentencia.
En la realización de la audiencia de sustanciación, así como en sus prolongaciones, se materializaron las pruebas presentadas en su oportunidad, se declaró concluida la audiencia preliminar, y se remitió el expediente al Tribunal de Juicio.
AUDIENCIA DE JUICIO
En fecha 22 de marzo de 2017, fueron recibidas las presentes actuaciones por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, a cargo de la Jueza abogada EMIR MORR NUÑEZ, asimismo, se fijó para el día 21 de abril de 2017, a las 11:30 a.m., la oportunidad para llevar a cabo audiencia oral, pública y contradictoria de juicio. Se hizo del conocimiento de las partes, que debían comparecer acompañadas del adolescente y de los niños de autos, a fin que emitieran su opinión de conformidad a lo establecido en los artículos 80 y 484 de la LOPNNA.
Siendo la oportunidad para llevar a cabo la audiencia de juicio, se realizó la misma presidida por esta sentenciadora. Se dejó constancia de la comparecencia de la parte demandante, de la Defensora Pública Segunda de este estado, quien le presta asistencia técnica. Así mismo, se hizo constar la no comparecencia de la parte demandada, ni por si ni por medio de apoderado judicial. Se concedió el derecho de palabra a la parte demandante, luego a la Defensora Pública Segunda de este estado, quien realizó una síntesis de los alegatos y los soportes con los cuales los pretendía hacer valer. Seguidamente propuso las pruebas materializadas en la Fase de Sustanciación de la Audiencia Preliminar. El Tribunal declaró incorporadas las referidas pruebas. Concluida la incorporación y evacuación de pruebas se procedió a oír las conclusiones de las partes. Se dejó constancia de que se oyó la opinión del adolescente y de los niños de autos, por actas separadas en el Despacho de la jueza. Visto lo manifestado por la parte demandante, por la Defensora Pública Segunda de este estado, asimismo, vistas las pruebas incorporadas, esta sentenciadora dictó el dispositivo del fallo, declarando la demanda Con Lugar.
DE LAS PRUEBAS y SU VALORACION
Esta sentenciadora observa, que tal como lo establece el principio general, las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, y el juez no decide entre la simples y contrapuestas afirmaciones de las partes, sino conforme a los hechos acreditados en el juicio, y es por ello que los jueces deben analizar y juzgar todas y cada una de las pruebas que se hayan producido, aún aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál sea el criterio respecto de ellas, de conformidad con los artículos 506 y 509 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el literal “K” del artículo 450 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, referida a la valoración de las pruebas conforme a la libre convicción razonada. Ahora bien conforme a este deber, quien suscribe procede a analizar las pruebas presentadas e incorporadas de la siguiente manera.
PRUEBAS PRESENTADAS POR LA PARTE DEMANDANTE:
PRUEBAS DOCUMENTALES:
PRIMERO: Copia certificada del acta de nacimiento del adolescente “Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA”, signada con el N° 374, del año 2004, expedida por la Comisión de Registro Civil y Electoral, del municipio Bruzual del estado Yaracuy, que cursa al folio 7 del expediente, documento público de conformidad con los artículos 11 y 77 de la Ley Orgánica de Registro Civil, en concordancia, con los artículos 1359 y 1360 del Código Civil, y 429 del Código de Procedimiento Civil, y la libre convicción razonada, al cual se le da pleno valor probatorio; con respecto a la existencia del vínculo filial entre el adolescente con el demandado y su minoridad, lo cual le da la competencia a este tribunal para conocer del presente asunto. SEGUNDO: Copia certificada del acta de nacimiento de la niña “Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA”, signada con el N° 65, del año 2009, expedida por la Comisión de Registro Civil y Electoral, del municipio Bruzual del estado Yaracuy, que cursa al folio 9 del expediente, documento público de conformidad con los artículos 11 y 77 de la Ley Orgánica de Registro Civil, en concordancia, con los artículos 1359 y 1360 del Código Civil, y 429 del Código de Procedimiento Civil, y la libre convicción razonada, al cual se le da pleno valor probatorio; con respecto a la existencia del vínculo filial entre la niña con el demandado y su minoridad, lo cual le da la competencia a este tribunal para conocer del presente asunto. TERCERO: Copia certificada del acta de nacimiento de la niña “Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA”, signada con el N° 678, del año 2009, expedida por la Comisión de Registro Civil y Electoral, del municipio Bruzual del estado Yaracuy, que cursa al folio 11 del expediente, documento público de conformidad con los artículos 11 y 77 de la Ley Orgánica de Registro Civil, en concordancia, con los artículos 1359 y 1360 del Código Civil, y 429 del Código de Procedimiento Civil, y la libre convicción razonada, al cual se le da pleno valor probatorio; con respecto a la existencia del vínculo filial entre el niño con el demandado y su minoridad, lo cual le da la competencia a este tribunal para conocer del presente asunto. CUARTO: Constancia de inscripción del adolescente “Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA”, expedida por la Unidad Educativa Raúl Ramos Giménez, ubicada en Chivacoa, municipio Bruzual, del estado Yaracuy, que riela al folio 32 del expediente, documento no impugnado en juicio que se valora conforme a las reglas de la sana critica y a la libre convicción razonada, mediante el cual se evidencia que el referido adolescente fue inscrito para cursar el 1er año en esa institución, durante el periodo escolar 2016-2017. QUINTO: Constancia de estudio de la niña “Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA”, expedida por la Dirección de la Escuela Estadal Sila Mota de Rojas, que riela al folio 33 del expediente, documento no impugnado en juicio que se valora conforme a las reglas de la sana critica y a la libre convicción razonada, mediante el cual se evidencia que la referida niña cursa el 6to grado de educación básica en esa institución, durante el periodo escolar 2016-2017. SEXTO: Constancia de estudio de la niña “Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA”, expedida por la Dirección de la Escuela Estadal Sila Mota de Rojas, que riela al folio 34 del expediente, documento no impugnado en juicio que se valora conforme a las reglas de la sana critica y a la libre convicción razonada, mediante el cual se evidencia que la referida niña cursa el 4to grado de educación básica en esa institución, durante el periodo escolar 2016-2017. SEPTIMO: Copia fotostática de libreta de ahorros, perteneciente a la ciudadana “datos omitdios”, de la entidad bancaria Banco de Venezuela, signada con el N° 01020303100104030113, que riela al folio 35 del expediente, documento no impugnado en juicio que se valora conforme a las reglas de la sana critica, mediante la cual se evidencia que existe una cuenta de ahorros aperturada para hacer efectivo los depósitos por concepto de obligación de manutención. OCTAVO: Copia fotostática de la sentencia de homologación dictada en fecha 14 de diciembre de 2009, por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, que cursa a los folios del 12 al 14 del expediente, documento público al que se le da valor probatorio, al no ser impugnada por la parte demandada de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo previsto en los artículos 1.357, 1.359 y 1.360 del Código Civil, y la libre convicción razonada, con la que se demuestra que existe una sentencia fijada con antelación, motivo de la presente revisión.
PRUEBA DE INFORME:
ÚNICO: Constancia de sueldo del ciudadano “datos omitidos”, expedida por la Gerencia de Recursos Humanos de la Fundación Fondo Nacional de Transporte Urbano (FONTUR), que riela a los folios 44 y 45 del expediente, documento no impugnado en juicio, que se valora conforme a las reglas de la sana critica y a la libre convicción razonada, mediante el cual se evidencia la capacidad económica del demandado de autos, para la fecha 15 de febrero de 2017.
DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL PARA CONOCER DEL ASUNTO
El presente asunto, se tramitó por el procedimiento establecido en el Capítulo IV del Título IV de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, como correspondía. Este Tribunal, es competente para conocer del presente asunto, por estar el adolescente y los niños de autos, residenciados en el estado Yaracuy, dirección de residencia que está dentro del ámbito de la competencia por el territorio de este Tribunal de Juicio, de conformidad con el artículo 177 literal “d” de la referida ley.
DEL DERECHO APLICABLE Y MOTIVOS PARA DECIDIR
Alegó la parte actora, que solicita la Revisión de la Obligación de Manutención, fijada mediante sentencia de homologación dictada en fecha 29 de enero de 2013, por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial, vista la inflación que vive el país, así como los diversos incrementos aumentos salariales, que se han dado en el presente año, es por lo que solicita la revisión de la Obligación de manutención y se sirva establecer en la cantidad de OCHO MIL BOLIVARES (Bs. 8.000,00) mensuales. En el mes de septiembre de cada año, para cubrir gastos de útiles y uniformes escolares la suma de TREINTA MIL BOLIVARES (Bs. 30.000,00), y en el mes de diciembre de cada año, por concepto de gastos de vestidos y calzado del día 24 de diciembre, el monto de SETENTA MIL BOLIVARES (Bs. 70.000,00). De igual modo, pide que el bono de juguetes de sus hijos, le sea depositado en una cuenta de ahorros signada con el N° 01020303100104030113 del Banco de Venezuela.
Por último, que los gastos relativos a consultas médicas, medicamentos y otros gastos extras que genere la crianza de sus hijos, se continué cubriendo en partes iguales, previa presentación de facturas y récipes médicos a nombre de sus hijos, y que la presente causa fuese admitida, sustanciada conforme a derecho y declarada con lugar en la definitiva.
HECHOS CONTROVERTIDOS.
Quedaron controvertidos los hechos relevantes dirigidos a determinar si los supuestos conforme a los cuales se decidió la causa objeto de revisión fueron modificados para aumentar el monto de la obligación de manutención que había sido homologado, mediante la fijación de un nuevo monto, alegados por la parte actora y no negados por la parte demandada, por falta de contestación a la demanda.
El objeto de la pretensión es el aumento del monto de la obligación de manutención fijado por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y sustanciación adscrito a este Circuito Judicial, mediante decisión de fecha 14 de diciembre de 2009, mediante la fijación de un nuevo monto a favor del adolescente y de los niños de autos, debido al alto costo de la vida y al aumento en los artículos de primera necesidad, así como los gastos de alimentos, lo cual hace insuficiente la cantidad acordada con el padre de sus hijos, quienes no han alcanzado la mayoridad, y cursan estudios, por lo que se han modificado las condiciones en las cuales se fijó la decisión que se pretende revisar.
En el presente caso, el problema de relevancia jurídica se plantea en la necesidad de determinar dentro de los límites de la controversia, conforme a la pretensión propuesta por la parte demandante y las defensas o resistencia del obligado, el monto de la obligación de manutención que debe seguir cumpliendo el padre obligado y la procedencia o no de fijar un nuevo monto diferente fijado en la sentencia que se pretende revisar, dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial.
Para la solución del presente problema, es importante determinar dentro de los límites de la controversia:
1) Si está o no probado el vínculo paterno filial entre el adolescente, los niños de autos y la parte demandada, y si los beneficiarios de la obligación de manutención de la sentencia que se pretende revisar han alcanzado o no la mayoridad y padecen discapacidades físicas o mentales que le impide proveer su propio sustento, o se encuentra cursando estudios que, por su naturaleza, le impide realizar trabajos remunerados, a los fines de determinar la existencia o no de la obligación de manutención del demandante y la competencia del tribunal.
2) Si está o no fijado judicialmente el monto de la obligación de manutención mediante sentencia definitiva o ha sido acordado voluntariamente por las partes y homologado por el tribunal y,
3) Si los supuestos conforme a los cuales se dictó la decisión objeto de revisión sobre manutención fueron modificados.
Ahora bien, la obligación de manutención corresponde a los padres respecto de sus hijos o hijas que no hayan alcanzado la mayoridad, y es de obligatorio cumplimiento por disposición de la Ley, tal como lo establece el artículo 366 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes:
Del artículo antes mencionado, se observa que la obligación de manutención es un efecto de la filiación, en consecuencia, basta la existencia del vínculo filial para que por disposición de la Ley, exista igualmente la obligación de manutención de los padres respecto de sus hijos que no hayan alcanzado la mayoridad.
Así mismo, el artículo 383 ejusdem, expresa:
“La obligación de manutención se extingue:
a) por muerte del obligado u obligada o del niño, niña o del adolescente beneficiario o beneficiaria de la misma;
b) por haber alcanzado la mayoridad el beneficiario o la beneficiaria de la misma, excepto que padezca discapacidades físicas o mentales que le impidan proveer su propio sustento, o cuando se encuentre cursando estudios que, por su naturaleza, le impidan realizar trabajos remunerados, caso en el cual la obligación puede extenderse hasta los veinticinco años de edad, previa aprobación judicial.”
En consecuencia, para que la parte actora pueda pedir la ejecución de la obligación de manutención del obligado, conforme a las reglas de la distribución de la carga de la prueba, debe probar:
1) Su minoridad y su vínculo paterno filial con el obligado, (Arts. 366 y 383 literal b de la L.O.P.N.N.A.) o;
2) Si ha alcanzado la mayoridad, además de su vínculo paterno filial con el obligado, que padezca discapacidades físicas o mentales que le impidan proveer su propio sustento, o que se encuentre cursando estudios que, por su naturaleza, le impidan realizar trabajos remunerados para que el Juez pueda extender la obligación de manutención hasta los veinticinco años (Arts. 366 y 383 literal b de la L.O.P.N.N.A.).
Desde el punto de vista jurídico, el fundamento legal de la revisión de sentencia de obligación de manutención, está previsto en el artículo 456, parágrafo tercero, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece:
“… omissis.. Parágrafo Tercero: Cuando se modifiquen los supuestos conforme a los cuales se dictó sentencia sobre Responsabilidad de Crianza, Régimen de Convivencia Familiar u Obligación de Manutención, puede presentarse una nueva demanda de revisión y el juez o jueza decidirá lo conducente, siguiendo para ello el procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título IV de esta Ley.”
En la citada norma, están establecidos los requisitos que deben darse para que proceda la revisión de sentencia de obligación de manutención:
A) Que se haya dictado una decisión sobre manutención o responsabilidad de Crianza (sentencia definitiva o interlocutoria con fuerza de definitiva, que hubiere homologado un convenimiento sobre esa materia).
B) Que esa decisión haya quedado definitivamente firme. Esta condición, aunque no aparezca señalada en forma expresa en el citado artículo 456, debe ser tomada en consideración por el Tribunal, ya que para solicitar la revisión de una decisión sobre manutención o responsabilidad de Crianza, es menester que haya quedado definitivamente firme.
En consecuencia, solo es posible solicitar la revisión de una sentencia o convenimiento homologado sobre manutención o responsabilidad de Crianza, cuando no quede recurso alguno contra ella, ya que si la decisión hubiese sido apelada y el Tribunal Superior la hubiese modificado, o revocado, la sentencia revisable sería la de segunda instancia y no la del juez de la causa.
C) Que se hayan modificado los supuestos conforme a los cuales se dictó la decisión objeto de revisión.
Los supuestos que sirven de base al Tribunal para dictar una decisión sobre manutención son muchísimos, sin embargo, la juzgadora considera que uno de los principales supuestos que pueden verse modificados son los señalados en el encabezamiento del artículo 369 ejusdem, en los cuales se destacan la necesidad e interés superior del niño, niña o del adolescente y la capacidad económica del obligado.
La capacidad económica del obligado podrá variar por diversas causas:
El nacimiento de nuevos hijos del obligado de manutención (disminución de ingresos), terminación de la relación laboral del obligado trabajador, formación de una nueva familia del obligado, (nueva carga familiar), aumento del salario del obligado por ascenso en el trabajo (aumento de ingresos), extinción de la obligación de manutención del obligado, por haber alcanzado la mayoridad el beneficiario o beneficiaria de la misma, por ejercer de manera individual y plena la custodia de los hijos o hijas por quienes habían sido condenados a pagar el monto de la obligación de manutención mediante sentencia judicial o por cualquier otro supuesto que se haya modificado en la sentencia objeto de revisión.
En el caso de personas que no tengan dependencia de trabajo, también pueden modificarse los supuestos de una sentencia, cuando varíe la capacidad del obligado o por cualquier otra causa debidamente comprobada.
D) Que la revisión se solicite a instancia de parte. (Demandante o demandado, el juez de oficio no puede revisar la decisión).
E) Que la solicitud se tramite por el procedimiento contenido en capítulo IV, es decir, se siga del procedimiento ordinario previsto en los artículos 450 y siguientes de la citada ley.
Ahora bien, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su artículo 76, entre los deberes de los padres para con sus hijos, el deber de mantenerlos y asistirlos, al consagrar expresamente que:
“,…El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas…La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaría..”
La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y del Adolescentes (2007) en su artículo 365, establece el contenido de la obligación de manutención.
“La obligación de manutención comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación cultura, asistencia y atención médica, medicinas, recreación y deporte requeridos por el niño, niña y adolescente.”
De la letra de estos artículos se desprende que no son solo alimentos sino una variedad de aportes los que debe suministrar el obligado en manutención, a sus hijos, y cuya cobertura será tomada en cuenta al momento de establecer el monto de la Revisión de la Obligación de Manutención, asimismo, se debe tomar en cuenta que dicha obligación es compartida, y que no solo corresponde a uno o a otro padre exclusivamente, sino que es deber compartido e irrenunciable de ambos progenitores, el velar por sus hijos y por su normal desarrollo.
La misma Ley en su artículo 369 establece los elementos que deben tomarse en cuenta para su determinación:
“Para la determinación de la obligación de manutención el Juez o Jueza debe tomar en cuenta: la necesidad e interés del niño, niña o adolescente que la requiera, la capacidad económica del obligado u obligada, el principio de unidad de la filiación, la equidad de género en las relaciones familiares y el reconocimiento del trabajo del hogar como actividad económica que genera valor agregado y produce riqueza y bienestar social..., podrá preverse el aumento automático de dicha cantidad…”.
Ha querido el legislador que la obligación de manutención sea el producto de un análisis de varios elementos, conjugando las condiciones de los requirentes y el requerido, por ello ordena tomar en cuenta las necesidades de los hijos y la capacidad de los progenitores, no discrimina entre padre y madre sobre la obligación sino que los equipara y reconoce y da valor de aporte, tanto al trabajo remunerado, bien sea dependiente o independiente de los padres, así como al trabajo del hogar desplegado por quien tenga la custodia del hijo y que debe tomarse en cuenta a la hora de establecer proporciones en los montos, que en el caso de autos actualmente es la madre quien ostenta la custodia de los hijos.
Acoge esta juzgadora el principio de equidad de género, reconociendo que el trabajo del hogar es un valor agregado que aporta la madre del adolescente y niños en su cuido y crianza y que esta juzgadora valora como aporte sustancial a la manutención de ellos y así se declara.
De las actas procesales se puede evidenciar sobre la necesidad de los hijos, de recibir aportes para su manutención dado que por sus cortas edades y estar cursando estudios que, por su naturaleza, le impiden realizar trabajos remunerados, por lo que se encuentran imposibilitados de proveerse por sí mismos a su manutención y siendo descendientes directos del demandado, se tiene por probada tal necesidad y así se declara.
Determinado que el demandado, fue debidamente notificado de la presente demanda de Revisión de la Obligación de Manutención, incoada en su contra, asimismo, el accionado no presentó pruebas, y no contestó la demanda.
Aunado a que lo peticionado por la parte demandante se circunscribe a la necesidad de revisar el quantum de manutención, y las bonificaciones extras fijadas en beneficio de sus hijos, así como la forma de pago de la misma, este Tribunal de juicio lo determinará en pro de garantizar sus derechos constitucionales y legales.
Ahora bien, lo que debe ser dilucidado en el presente asunto, es la necesidad de aumentar o no la obligación de manutención, así como sus bonificaciones extras, ante esa situación, el único elemento que sustente el argumento del aumento, sería la existencia del hecho notorio de la inflación, ya que ha transcurrido más de siete (7) años desde el establecimiento originario de la obligación de manutención.
La petición de la Demandante, persigue se aumente la obligación de manutención al monto de OCHO MIL BOLIVARES (Bs. 8.000,00) mensuales. En el mes de septiembre de cada año, para cubrir gastos de útiles y uniformes escolares la suma de TREINTA MIL BOLIVARES (Bs. 30.000,00), mas el beneficio de útiles escolares que otorga la institución a cada hijo de sus trabajadores, y en el mes de diciembre de cada año, por concepto de gastos de vestidos y calzado del día 24 de diciembre, la cantidad de SETENTA MIL BOLIVARES (Bs. 70.000,00). De igual modo, pide que el bono de juguetes de sus hijos, le sea depositado en una cuenta de ahorros signada con el N° 01020303100104030113 del Banco de Venezuela.
Por último, que los gastos relativos a consultas médicas, medicamentos y otros gastos extras que genere la crianza de sus hijos, sean compartidos entre ambos, previa presentación de facturas y récipes médicos a nombre de sus hijos.
Por Ley pueden obligarse a los padres, a cubrir las necesidades económicas de sus hijos, no que sean descontados porcentajes arbitrarios del sueldo, vacaciones, aguinaldos, u otros beneficios laborales. Determina el Tribunal, que ha sido probado por parte de la ciudadana “datos omitidos”, la existencia de tres hijos, pero no ha sido probado, que las cantidades solicitadas, sean las que realmente cubren las necesidades de ellos, esto fuera del hecho notorio de la existencia de la inflación; es cierto que no puede obviarse por este Tribunal, el hecho público y notorio, que ocurre en nuestro país, como lo es la inflación existente, la cual hace, que cada día sea más elevado el costo de la vida, porque la cantidad de CUATROCIENTOS BOLIVARES (Bs. 400,00) mensuales, depositados de manera quincenal a razón de DOSCIENTOS BOLIVARES (Bs. 200,00) quincenales, asimismo, cubriría el cincuenta por ciento (50%) de las medicinas y gastos médicos y la progenitora entregaría los récipes médicos, por cuanto los niños están afiliados al Seguro Social. En cuanto a los uniformes y útiles escolares, debía depositar la cantidad de DOSCIENTOS BOLIVARES (Bs. 200,00) durante la segunda semana del mes de septiembre de cada año, y con respecto los gastos decembrinos debía comprar todos los estrenos de los días 24 y 31 de diciembre, durante la segunda semana del mes de diciembre de cada año, más los regalos con ocasión al 24 de diciembre. Los montos antes mencionados serían depositados por el padre en una cuenta de ahorros que ordenara abrir el Tribunal en una entidad bancaria que considerara pertinente, en ese sentido, la progenitora debía proveer el número de cuenta al padre, para que realizara los depósitos respectivos, dichos montos son insuficientes para tres hijos que no viven con su padre, y quedó demostrada su capacidad económica actual en el presente juicio con la constancia de trabajo que riela a los folios 44 y 45 del expediente, por lo que debe fijarse el quantum alimentario en base al salario que devenga el obligado en manutención, por ante FONTUR.
En conclusión, del examen y relación de todas pruebas apreciadas anteriormente, a juicio de quien decide, ha quedado plenamente establecido en la presente causa, que en fecha 14 de diciembre de 2009, el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y sustanciación de Protección de Niños y Adolescentes de esta Circunscripción judicial, dictó sentencia de homologación, donde fue acordado por las partes del presente asunto, el monto de la obligación de manutención a favor del adolescente y niños, lo cual quedo probado con la copia de la sentencia de homologación dictada por ese referido Tribunal.
Que los supuestos conforme el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y sustanciación de Protección de Niños Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción judicial, dictó sentencia en fecha 14 de diciembre de 2009, donde fue establecido por las partes, el monto de la obligación de manutención a favor del adolescente y niños de autos, quedaron modificados, en virtud del hecho público y notorio del aumento de la cesta básica, teniendo que la parte demandante cubrir los aumentos generados en artículos de primera necesidad, así como gastos de alimentación médicos, medicinas ropa, calzados y asuntos escolares, desde que se estableció la obligación de manutención hace mas de siete (7) años. Por lo que este Tribunal para la fijación del nuevo monto tomará en cuenta los supuestos establecidos en el artículo 369 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes especialmente los referidos a la necesidad e interés del adolescente y niños de autos, así como la capacidad económica del obligado.
En consecuencia, este Tribunal debe aumentar el monto de la obligación de manutención que se había homologado a favor del adolescente y niños, en virtud del alto costo de la vida y el aumento en los artículos de primera necesidad, así como gastos de alimentación, ropa, calzado, lo referente a la educación, y a su vez, que el monto establecido fue fijado tomando en cuenta la situación inflacionaria del País para el año 2009, lo cual hace inminente la necesidad de establecer un monto de obligación de manutención que resguarde el derecho de los beneficiarios de autos, así como del obligado actor, tomando en cuenta su capacidad económica y cargas familiares.
Sin embargo, conforme a las reglas de la distribución de la carga de la prueba, se observa que la parte demandada no logró desvirtuar con alguna prueba que lo favoreciera, los hechos alegados por la parte actora en la demanda, relativos a la modificación de los supuestos conforme a los cuales se estableció la obligación de manutención en el año 2009.
Por tal motivo, este tribunal deberá declarar PROCEDENTE la pretensión de Revisión de la Sentencia de homologación de Obligación de manutención, contenida en la demanda intentada por la ciudadana “datos omitidos”, por tener que fijarse el nuevo monto mensual de la obligación de manutención en la presente sentencia, debido a la modificación de los supuestos de la sentencia que se está revisando, por lo tanto, este tribunal deberá aumentar mediante el presente fallo, todos los montos fijados en la sentencia de homologación objeto de revisión.
A los fines de determinar el nuevo monto de la Obligación de manutención este Tribunal toma como base la necesidad e interés superior del adolescente y niños de autos, la capacidad económica del obligado alimentario, el principio de unidad de filiación, la equidad de género en las relaciones familiares y el reconocimiento del trabajo del hogar como actividad económica que genera valor agregado y produce riqueza y bienestar social, de conformidad con lo previsto en el artículo 369 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
En cuanto a la interpretación y aplicación del interés superior del adolescente y niños de autos, para determinar el monto de la obligación de manutención, el Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, considera que no es otro que garantizarle al adolescente y niños de autos su disfrute pleno y efectivo del Derecho de manutención, en la forma prevista en el articulo 365 ejusdem, a los fines de asegurarles su desarrollo integral como miembros de la familia e integrantes de la sociedad, y como personas en desarrollo.
En cuanto a la capacidad económica del Obligado, este Tribunal toma en consideración la constancia de salario del obligado de manutención, anteriormente valorada, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 8 ejusdem, referente al principio del interés superior del niño, se considera necesario determinar igualmente el interés superior del adolescente y niños de autos, el cual a criterio de esta sentenciadora en el presente juicio no es otro que garantizársele su disfrute pleno y efectivo del derecho de manutención, por estar plenamente demostrada su filiación con el ciudadano “datos omitidos”, mediante las partidas de nacimiento aportadas al proceso, teniendo como efecto la obligación de éste respecto de aquellos, sin necesidad de ninguna otra clase prueba, es decir, basta que se demuestre la filiación entre el obligado y sus hijos que no hayan alcanzado la mayoridad.
En conclusión, existiendo plena prueba de la relación paterno filial, siendo que en el artículo 76 constitucional establece el deber de los padres de suministrar la asistencia y el sustento a sus hijos, y existiendo en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y de Adolescentes en los artículos 30, 365 y siguientes, todo un cúmulo inalienable de derechos, a recibir y gozar efectivamente de la obligación de manutención, con todos los atributos inherentes a ella, y habiendo sido garantizado el acceso a la justicia y el fundamental derecho a la defensa, se procede a dictar sentencia.
DECISIÓN
En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por Autoridad de la Ley y de conformidad con las disposiciones contenidas en los Artículos 76 Constitucional en concordancia con lo contenido en los artículos 8, 30, 365 y 369 de la LOPNNA declara: PRIMERO: CON LUGAR la presente demanda de REVISION DE OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN, presentada por la ciudadana “datos omitidos”, en su condición de madre del adolescente “Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA”, y los niños “Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA” y “Identidad omitida de conformidad con el artículo 65 de la LOPNNA”, asistida por la abogada YAMILET NORELIS MORGADO BEAMONT, Defensora Pública Segunda con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, en contra del ciudadano “datos omitidos”. En consecuencia, este Tribunal dispone: SEGUNDO: Que el padre aportara como obligación de manutención para sus hijos la cantidad de CUARENTA MIL BOLIVARES (Bs. 40.000,00) mensuales, los cuales serán depositados dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, en la cuenta de ahorros que se encuentra aperturada por ante el Banco de Venezuela signada con la nomenclatura N° 01020303100104030113, a partir del mes de abril del presente año. TERCERO: Igualmente el padre aportará por concepto de útiles y uniformes escolares, la cantidad de SETENTA MIL BOLIVARES (Bs. 70.000,00), los cuales serán depositados en la cuenta de ahorro antes indicada, dentro de la primera (1era) quincena del mes de septiembre de cada año, más el beneficio de bonificación por útiles escolares que otorga la institución a cada hijo de sus trabajadores, y en el mes de diciembre, por concepto de aguinaldos deberá el progenitor depositar la cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL BOLIVARES (Bs. 150.000,00), la primera quincena del referido mes y año, en la cuenta de ahorros antes indicada, mas la bonificación por juguete que da la Institución a los hijos de sus trabajadores. CUARTO: Con relación a los gastos para cubrir lo referido a consultas médicas, medicamentos, y cualquier extra que se presente con respecto al adolescente y niños de autos, serán cubiertos por mitad entre ambos progenitores, previo presupuesto y presentación de facturas, en una proporción del cincuenta por ciento (50%). QUINTO: En caso de ser incrementado el salario del obligado, se deberá realizar el incremento automático y proporcional de la obligación de manutención y de las cuotas extra fijadas, de conformidad con el último aparte del artículo 369 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. SEXTO: Queda revocada la sentencia provisional dictada por el tribunal de Mediación y sustanciación en fecha 13-03-2017, por cuanto este fallo fija la definitiva. Ofíciese lo conducente a FONDUR.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Juicio del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en San Felipe, a los veinticuatro (24) días del mes de abril del año 2017. Años: 206º de la Independencia y 158º de la Federación.
La Jueza,

Abg. EMIR J. MORR N.

La Secretaria,

Abg. MEYRA MORLES

En la misma fecha se publicó, registró y agregó la anterior sentencia siendo las 3:13 p.m. y se cumplió con lo ordenado y la secretaria deja expresa constancia de ello.

La Secretaria,

Abg. MEYRA MORLES