TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS.
Maturín, Trece (13) de Noviembre de Dos Mil Diecisiete (2017).
207° y 158°

EXPEDIENTE: S2-CMTB-2017-00433.-
RESOLUCIÓN: S2-CMTB-2017-00453.-

A los fines de dar cumplimiento con lo establecido en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, se establece que en el presente Juicio intervienen como partes y apoderados las siguientes personas:
PARTE DEMANDANTE: JOSÉ RAFAEL DE ABREU DOS SANTOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº: 9.679.865, y de este domicilio.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: LUIS ENRIQUE SIMONPIETRI y MIGUEL ANGEL ZARAGOZA ALMEIDA, venezolanos, mayores de edad, con cédulas de identidad Nros. V-4.215.594 y V-9.284.026, respectivamente, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo los números: 15.419 y 32.090, respectivamente.
PARTE DEMANDADA: Sociedad Mercantil COMERCIAL ALCABALA DE MATURIN C.A, originalmente constituida e inscrita por ante el Registro de Comercio que llevaba el entonces Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas y Territorio Federal Delta Amacuro, en fecha 05 de febrero de 1963, bajo el Nº: 22, folios 23 al 27 y sus vtos, Tomo I, del libro de registro de comercio llevado por ese despacho durante el año 1963, habiéndose modificado sus estatutos en varias oportunidades, siendo la última de ellas la registrada en fecha: 04 de abril de 2011, bajo el Nº: 70, Tomo: 17-ARMMAT correspondiente al año 2011; representada por su presidenta ciudadana LIDIA MARTINS REYES, venezolana, titular de la cédulade identidad Nº: 5.545.562 y de este domicilio.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: LUIS MIGUEL LÓPEZ SERRANO, ENRIQUE MONTAÑO CHARBONE y JESÚS AQUILES SUAREZ RUIZ venezolano, mayores de edad, abogados en ejercicio, titulares de la cédula de identidad Nros: V-8.976.020, 9.281.078 y 4.623.251, respectivamente e inscritos por ante el Inpreabogado bajo los Nros: 44.988, 63.288 y 44.989, y de este domicilio.
MOTIVO: CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE COMPRA VENTA.

DETERMINACION PRELIMINAR DE LA CAUSA

Las actuaciones que constituyen el presente asunto, fueron remitidas a este Tribunal Superior Segundo, en fecha 21 de Septiembre de 2017, mediante oficio N° 247-2017, expediente signado con el N° 012413, nomenclatura interna del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Transito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial, en virtud de que la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia de la Magistrada MARISELA VELENTINA GODOY ESTABA, mediante decisión de fecha Veintidós (22) de Junio de 2017, casó de oficio la sentencia dictada por el Juzgado Superior remitente, de fecha Veintinueve (29) de Agosto de 2016, en consecuencia decretó la nulidad del fallo recurrido y ordena al Juzgado Superior a que corresponda, dicte un nuevo fallo sin incurrir en el vicio de forma verificado.
Siendo que en fecha Veintiséis (26) de Septiembre de 2017, se le dio entrada a la presente causa y fijándose el lapso correspondiente, para que soliciten la constitución de tribunal con asociados, si así lo consideraren conveniente y una vez vencido dicho lapso, por auto de fecha cuatro (04) de Octubre de 2017, este tribunal se reservó el lapso de (40) días para dictar sentencia, y llegada la oportunidad para dictaminar, se procede a hacerlo en base a los siguientes fundamentos, a saber:
El presente asunto fue conocido a instancia Superior con motivo del recurso de apelación cursante al folio setenta y dos (72) de la segunda pieza del expediente, interpuesto por el Abogado LUIS MIGUEL LOPEZ SERRANO, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 44.988, en su carácter de co-apoderado judicial de la parte demandada Sociedad Mercantil COMERCIAL ALCABALA DE MATURIN C.A, contra la sentencia de fecha seis (06) de Junio de 2016, emanada del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, que declaró CON LUGAR la demanda de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO de COMPRA-VENTA, incoado por el ciudadano JOSÉ RAFAEL DE ABREU DOS SANTOS, titular de la cédula de identidad Nº: 9.679.865.
DE LA DECISIÓN DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL
DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
“OMISIS… De la sentencia transcrita se evidencia, que el juez superior en su motivación resuelve como punto previo en lo referente a la falta de cualidad de la parte actora alegado por la contraparte en la contestación de la demanda, indicando que “del análisis del instrumento privado marcado con la letra “A”, e inserto al folio18…”, el cual consiste en la copia simple de un “Recibo” fechado 11 de agosto de 2014 (que vale acotar, constituye el instrumento fundamental de la acción) se desprendía “que las partes intervinientes son LIDIA MARTINS REYES, en representación de la sociedad mercantil ALCABALA DE MATURÍN C.A., como vendedor, y el ciudadano JOSÉ RAFAEL DE ABREU DOS SANTOS, en su carácter de presidente de la sociedad mercantil PARADA DE LOS SABORES C.A., como comprador, por lo que del mismo surge obligaciones para cada uno delos contratantes”, concluyendo el juez de alzada con base a lo anteriormente reseñado que quedaba en evidencia la cualidad del actor para intentar la acción.
De otro lado, más adelante en el fallo recurrido, el juez superior al realizar el análisis y valoración de las pruebas aportadas por las partes hace referencia al mismo documento privado (“Recibo” fechado 11 deagosto de 2014, el cual fue consignado nuevamente por la parte demandante en el lapso probatorio pero en su original), señalando que “el mencionado instrumento fue desconocido por la parte demandada en la contestación de la demanda, y mediante sentencia de fecha 25 de septiembre de 2015 proferida por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, el mismo fue declarado inadmisible; en consecuencia se tiene como desechado del proceso”, procediendo a no otorgarle valor probatorio alguno (insistimos, siendo este el documento fundamental de la demanda del cual se deduce el derecho que se invoca), para luego en el dispositivo del fallo declarar con lugar la demanda por cumplimiento de contrato de compra venta.
Ello así, considera esta Sala que lo establecido por el juez de alzada, resulta evidentemente contradictorio, toda vez que se sirve del documento denominado “Recibo” fechado 11 de agosto de 2014, para deducir la cualidad del actor para intentar la acción, documento en el cual el demandante funda su pretensión de cumplimiento del contrato pues de él deviene la celebración del supuesto negocio jurídico, estando el tantas veces mencionado “Recibo” desechado del proceso, toda vez que fue objeto de impugnación por la parte demandada desde la contestación a la demanda y declarado inadmisible por el juzgado superior que conoció la apelación de la admisión de la prueba, y al propio tiempo en el dispositivo del fallo declara con lugar la pretensión, siendo que tal pronunciamiento del ad quem en definitiva va en detrimento del derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva de la parte demandada, al no establecerse las consecuencias instauradas en los artículos 340 y 341 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 434 y 520 eiusdem, de lo cual queda en evidencia que tal situación conduce a un resultado diferente a lo decidido por la juez superior, generando una situación equiparable a la carencia absoluta de fundamentos que sustenten la sentencia recurrida, lo que evidencia la infracción del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil por incurrir en el vicio de inmotivación por contradicción en los motivos. Así se establece.
Como consecuencia de lo anterior, resulta imperioso para esta Sala señalar que el vicio endilgado a la sentencia recurrida -inmotivación por contradicción entre los motivos y el dispositivo- resulta determinante en el dispositivo del fallo, pues, el juez de alzada impide a las partes el control de la legalidad de la decisión, ya que existe una discrepancia entre la parte motiva y la dispositiva, por cuanto, como expresó esta Sala anteriormente, el juzgador al desechar el instrumento fundamental de la pretensión, que de acuerdo a la jurisprudencia de esta Sala, son aquellos de los cuales emana el derecho que se invoca y cuya presentación no ofrezca dificultad para que el demandado conozca los hechos en que el actor funda su pretensión y la prueba de la que intenta valerse (Vid. Sent. 081 del 25 de febrero de 2004, caso: Isabel Elena Álamo Ibarra y otra contra Inversiones Mariquita Pérez, C.A), erró al no establecer las consecuencias jurídicas que la ley otorga al cumplimiento del presupuesto procesal establecido en el artículo 340 ordinal 6° del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos 341, 434 y 520 iusdem, procediendo a pronunciarse sobre la cualidad del actor para intentar el juicio precisamente con fundamento a tal documento inexistente en el proceso, declarando luego en el dispositivo del fallo con lugar la pretensión sin tomar en cuenta que la prueba fundamental del derecho reclamado quedó sin efecto, razón por la que no tendría legitimidad la parte actora para interponer la acción, hecho que hace inejecutable la decisión proferida, pues tales dispositivos tienen efectos y consecuencias jurídicas distintas o excluyentes.
En consecuencia, estima la Sala que la juez superior no cumplió con el deber de sentenciar de manera expresa, positiva y precisa, lo que a todas luces genera la infracción del ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.
Por las razones antes expuestas, el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara: CASA DE OFICIO la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, en la ciudad de Maturín, en fecha 29 de noviembre de 2016. En consecuencia, se decreta la NULIDAD del fallo recurrido y SE ORDENA al tribunal superior que resulte competente, dicte nueva sentencia sin incurrir el vicio de forma referido.
DE LOS LÍMITES DE LA CONTROVERSIA
Corresponde a este Tribunal Superior Segundo, actuando como Juzgado de Reenvío, dictar sentencia en la presente causa con motivo del juicio por Cumplimiento de Contrato de compra venta, interpuesto ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, seguido por el ciudadano JOSÉ RAFAEL DE ABREU DOS SANTOS, titular de la cédula de identidad Nº: V-9.679.865, en contra de la Sociedad Mercantil COMERCIAL ALCABALA DE MATURIN C.A, originalmente constituida e inscrita por ante el Registro de Comercio que llevaba el entonces Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas y Territorio Federal Delta Amacuro, en fecha 05 de febrero de 1963, bajo el Nº: 22, folios 23 al 27 y sus vtos, Tomo I, del libro de registro de comercio llevado por ese despacho durante el año 1963, habiéndose modificado sus estatutos en varias oportunidades, siendo la última de ellas la registrada en fecha 04 de abril de 2011, bajo el Nº: 70, Tomo: 17-ARMMAT correspondiente al año 2011; representada por su presidenta ciudadana LIDIA MARTINS REYES, venezolana, titular de la cédula de identidad Nº: V-5.545.562, en cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fecha Veintidós (22) de Junio de 2017, que declaró la casación de oficio y en consecuencia la nulidad del fallo recurrido, ordenando a su vez, al juzgado superior a que corresponda, dicte un nuevo fallo sin incurrir en el vicio detectado.
Es pertinente remembrar referente al tema in comento que en el moderno procedimiento de casación venezolano, el Juez de reenvío queda limitado a las normas de Derecho que indique la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con el fin de salvaguardar la seguridad jurídica.
En aras de garantizar la tutela judicial efectiva a las partes, el Juez debe tener como norte los principios de veracidad y legalidad consagrados en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, en armonía con lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, norma fundamental de nuestro ordenamiento jurídico, que se pronuncia al consagrar en su artículo 26 lo siguiente: "Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela judicial efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles". Preservando en todo momento la Consolidación del Estado Democrático y social de Derecho y de Justicia como piedra angular y desideratúm máximo del Sistema Procesal Civil Venezolano.
Habiendo quedado nula la sentencia proferida por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Transito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial, este Tribunal Superior Segundo, pasa a decidir el fondo de la causa en base a las consideraciones siguientes:
Las apelaciones de sentencias definitivas otorgan a los jueces superiores competencia sobre todo el proceso ventilado en primera instancia, y por lo mismo tienen la obligación de revisar el expediente en todos sus aspectos para dictar la sentencia que resuelva sobre el litigio; en este contexto la doctrina patria, ha indicado que la apelación es el recurso que tienen las partes contra el gravamen causado por el fallo adverso a sus intereses, en efecto la Sala Civil de nuestro máximo Tribunal en sentencia de fecha 23-03-2004, bajo la ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, sentencia Nº RC-00236, Expediente 02-477 (caso: Euclides Rafael Páez Graffe y Luigi MuttiRenuci, contra Jaimary Bienes y Raices, C.A., en cuanto a las facultades del juez Superior, cuando conoce en alzada, señaló lo siguiente:
“…Ahora bien, el Juez Superior que conoce de un recurso de apelación oído en ambos efectos, adquiere el pleno conocimiento del asunto debatido, es decir, puede perfectamente realizar un nuevo análisis de todas y cada una de las actas que integran el expediente para así proceder a dictar su fallo, pudiendo revocar, confirmar o modificar la decisión del a quo…”.

De igual manera la Sala de Casación Civil de nuestro máximo tribunal de la República, en sentencia de fecha 04-03-2016, bajo la ponencia del Magistrado Francisco Ramón Velázquez Estévez, Expediente 2015-000636 reitera el criterio antes transcrito, estableciendo:
“Respecto a la labor del juez de alzada y su obligación de hacer un reexamen del asunto judicial debatido, esta S., entre otras en sentencia N° 515 de fecha 22 de septiembre de 2009, caso: Inversiones Alvamart, C.A., contra Edoval, C.A. y otra, en el expediente N° 08-613, expresó lo siguiente:
…Respecto a la apelación se ha indicado que es el remedio que tienen las partes contra el agravio o gravamen causado por el fallo adverso a sus intereses. Su objeto principal es provocar un nuevo examen de la controversia por parte del juez de alzada, quien adquiere plena jurisdicción para juzgar los hechos controvertidos y el derecho aplicable, con el propósito final de obtener una nueva decisión capaz de revocar o confirmar la apelada. (Sent. S.C.C. del 8-05-2009; caso: (Banco de Venezuela S.A. (Banco Universal), contra Centro Empresarial Nasa S.A.) (Cempresa).
De la misma manera, esta S. en sentencia de fecha 23 de marzo de 2004, caso: E.R.P.G. y L.M.R., contra J.B. y Raíces, C.A., señaló lo siguiente:
…Ahora bien, el J. Superior que conoce de un recurso de apelación oído en ambos efectos, adquiere el pleno conocimiento del asunto debatido, es decir, puede perfectamente realizar un nuevo análisis de todas y cada una de las actas que integran el expediente para así proceder a dictar su fallo, pudiendo revocar, confirmar o modificar la decisión del a quo…

De conformidad a las jurisprudencias anteriormente citadas, y siendo que la decisión recurrida fue oída en ambos efectos por tratarse de una apelación ejercida contra la sentencia definitiva, esta alzada tiene plena facultad para juzgar los hechos y aplicar el derecho, realizando un nuevo examen y análisis de la controversia, asimismo debe constatar que en la tramitación procesal no se hayan vulnerado normas de orden público, en cuyo caso, se debe declarar de oficio dicha violación.
En base a las aseveraciones anteriores, de la revisión exhaustiva de todas las actas procesales que conforman el presente expediente, y a los fines de garantizar los derechos fundamentales contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, relacionados al debido proceso y al derecho a la defensa, este Juzgado Superior Segundo procede a efectuar las siguientes observaciones:
DE LA PRETENSION:
Se inicia la presente acción por demanda de Cumplimiento de Contrato de Compra Venta de local comercial que incoara el ciudadano JOSÉ RAFAEL DE ABREU DOS SANTOS, titular de la cédula de identidad Nº: V-9.679.865 representada por sus abogados LUIS ENRIQUE SIMONPIETRI y MIGUEL ANGEL ZARAGOZA ALMEIDA inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo los números: 15.419 y 32.090, respectivamente, en contra de la Sociedad Mercantil COMERCIAL ALCABALA DE MATURIN C.A, originalmente constituida e inscrita por ante el Registro de Comercio que llevaba el entonces Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas y Territorio Federal Delta Amacuro, en fecha 05 de febrero de 1963, bajo el Nº: 22, folios 23al 27 y sus vtos, Tomo I, del libro de registro de comercio llevado por ese despacho durante 1963, habiéndose modificado sus estatutos en varias oportunidades, siendo la última de ellas la registrada enfecha: 04 de abril de 2011, bajo el Nº: 70, Tomo: 17-ARMMAT correspondiente al año 2011; representada por su presidenta ciudadana LIDIA MARTINS REYES, venezolana, titular de la cédulade identidad Nº: 5.545.562,por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del estado Monagas. En su escrito libelar expone:
“(...) Ciudadano Juez, en fecha 11 de Agosto del año 2014, suscribí en mi carácter de Presidente y en nombrede mi representada COMERCIAL PARADA DE LOS SABORES, C.A., (...), documento de convenio decompra venta, con la ciudadana LIDIA MARTINS REYES, quien actúa en su carácter de Presidente deCOMERCIAL LA ALCABALA C.A, el cual tiene como objeto la compra de un inmueble ubicado al final dela Avenida "Alirio Ugarte Pelayo", en el sitio conocido como crucero La Toscana-Miraflores, antesdenominado crucero Maturín- Caripito de la ciudad de Maturín, Municipio Maturín del Estado Monagas; ycomprende un local comercial techado de platabanda, paredes de bloques y piso de cemento el cual tienearrendado la también sociedad mercantil COMERCIAL PARADA DE LOS SABORES, C.A., supraidentificada y también representada por mi.-
Asimismo se expresa en dicho documento qu e, como aceptación del derecho de la preferencia ofertiva que mefue hecho para l adquisición del mismo, en el entendido que tengo la obligación de pagar en la oportunidad dela firma del documento de opción de compra venta, que deberá efectuarse en un plazo no mayor a cinco (05)días hábiles, contados desde el día que sea hecho efectivo el instrumento de pago (cheque) N° 22-84035749,por un monto de Quinientos Mil Bolívares (Bs.500.000,00) librado contra el BANCO EXTERIOR, la sumade SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 6.500.000,00) como inicial mediante un chequede gerencia. El precio total convenido es la suma de CATORCE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.14.000.000,00), el saldo restante será pagado en un plazo mínimo de setenta (60) días y máximo de noventa(90) días. Dicho instrumento fue sellado y suscrito por la referida ciudadana LIDIA MARTINS REYES, en sucarácter de Presidente del vendedor COMERCIAL LA ALCABALA C.A, y mi persona como aceptación.-
Ahora bien ciudadano Juez, el contrato que se había acordado realizar como punto previo a la traslación de lapropiedad en donde yo deba pagar la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs.6.500.000,00) no se realiza porque a la fecha en la cual debía hacerse, es decir, cinco días después del 11 deagosto de 2014, el documento de propiedad del vendedor no estaba perfeccionado ya que el mismodocumento fue registrado en la Oficina de registro Público del Segundo Circuito del Municipio Maturín delEstado Monagas, el 14 de octubre del año 2014, bajo el N° 2014.2136, Asiento Registral 1 del inmueblematriculado con el N° 387.14.7.710548, correspondiente al Libro del Folio Real del año 2014, por tanto malpodría el vendedor en cinco días producir un documento de opción de compra cuando adolecía del documentooriginario de propiedad debidamente regularizado.Visto los acontecimientos, insistí en la realización de la documentación respectiva, pero por la tardanza enciertos requisitos que el vendedor debía cumplir para la realización de tal documento, acordamos mutuamentevendedor y comprador realizar de una vez el documento definitivo de traslación de la propiedad e igualmenteacordamos realizarlo a mi nombre personal y así fue redactado por el vendedor, a quien en fecha 19 dediciembre de 2014 entregue cheque a su nombre y que más adelante identificare a los fines de que fuerancancelados los respectivos aranceles judiciales.
(...) El documento definitivo de traslación de la propiedad a mi favor, estaba fijado para ser otorgado el díamartes 23 de diciembre de 2014, de conformidad con el N° de trámite 387.2014.4.2172 llevado por esedespacho registral (...)
Este mismo día 23 de diciembre del 2014, puse a la vista del vendedor un cheque de gerencia N° 13042039,perteneciente a la cuenta N° 0105-0125-36-212504209 a la orden de LIDIA MAGALIS MARTINS REYES,de fecha 23 de diciembre de 2014, girado contra el Banco Mercantil, Banco Universal y por un monto deDOCE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs 12.000.000,00) y cheque personal N° 39-9886287, perteneciente ala cuenta N° 0115-0107-91-3000511811, a la orden de LIGIA MAGALIS MARTINS REYES, de fecha 23 de diciembre de 2014, girado contra el Banco Exterior, Banco Universal, y por un monto de UN MILLÓNQUINIENTOS MIL BOLÍVARES 8Bs. 1500.000,00), y no fue presentado en cheque de gerencia, por cuanto el mismo banco certificó en esa misma fecha (23/12/14) y en fecha posterior, es decir, el día 06 de enero del2015, que no poseía papel para la elaboración de cheques de gerencia.El vendedor se negó a firmar en esa misma fecha (23/12/2014) y en fe chas posteriores hasta que en fecha 15 de enero del 2015, la oficina de Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Maturín del Estado Monagas anuló dicho documento dejando constancia como: "Observaciones: EL VENDEDOR SE NEGÓ AFIRMAR".(...) En definitiva, existe por parte del vendedor y del comprador la manifestación de voluntad de vender y decomprar. Existe la fijación de un precio y se adelanta por parte del comprador una fracción de este precio quees recibida a satisfacción por el vendedor, identificándose el inmueble objeto del contrato.(...) Ahora bien, en el caso de autos, se realiza un documento que contiene por expresa declaración del vendedor, la aceptación de la oferta que se le hiciera al comprador de la venta del inmueble, oferta ésta que seencuentra pautada dentro del derecho que tiene el comprador por ser arrendatario del inmueble objeto de lanegociación. declarado por el vendedor que existe la oferta aceptada por el comprador en los términos que se hayan acordado, se ha producido el consentimiento de las partes en la venta, más aún cuando se ha fijado el precio, se ha adelantado parte de ese pago y se han establecido las condiciones que tienden a lamaterialización de la operación desde el punto de vista documental.
Desde este argumento podrá observar el Ciudadano Juez, que desde el momento en el cual el vendedor declara que ha recibido cancelación parcial del precio de manos del comprador, se ha acreditado que éste último optó por manifestar su voluntad de adquirir el bien objeto del convenio y por tanto las manifestaciones de voluntad realizadas de transferir la propiedad y de pagar el precio aparecen explícitas y configuran un contrato de compra-venta que por su naturaleza es consensual, ya que el comprador de manera inmediata hicieron uso de su facultad de optar por la compra, ante la manifestación de vender que hizo el vendedor, enatención al derecho de preferencia ofertiva de la cual goza el comprador.(...) Así pues, ha quedado demostrado de forma documental que el vendedor en la oportunidad debida, se negó a realizar la tradición legal, por lo que ante este hecho tenemos la posibilidad de exigir a la otra parte contratante, es decir, al vendedor el cumplimiento de sus obligaciones legales derivadas del contrato de venta,como lo es la realización de la tradición documental del inmueble que ha adquirido el comprador, por lo queestamos autorizados para exigirle judicialmente a el vendedor, proceder a otorgar el documento definitivo dela venta ante el registro correspondiente (...)
(...)Ahora bien, a pesar de que hemos intenta do arreglarnos de la mejor manera posible, ha sido imposible que el identificado vendedor en el convenio que nos ocupa y cuyo cumplimiento se reclama, proceda a darle cumplimiento voluntariamente a las obligaciones que asumió y cuyo incumplimiento ha sido señalado en ese escrito de demanda, como una obligación de dar que conllevan a la satisfacción de lo estipulado en el mismo.
Es por lo antes expresado que se nos impone exigir a la Ciudadana, LIDIA MAGALYS MARTINS REYES, en su carácter de presidente de la Sociedad Mercantil COMERCIAL ALCABALA DE MATURÍN, C.A, a cumplir las obligaciones contractuales que asumió en el contrato de compra venta del inmueble que se ha descrito en el texto de esta demanda y que fue celebrado en fecha 11 de agosto de 2014, y perfeccionado sus datos, medidas y demás características en el contenido del documento consignado por ante la Oficina de Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Maturín del Estado, de conformidad con el N° de Trámite N° 387.2014.4.2172, de fecha 23 de diciembre de 2014, siendo las obligaciones que debe cumplir el proceder a otorgar el documento definitivo de la venta ante el registro correspondiente, siendo en esta oportunidad que procederemos a entregar el monto que resta por pagar del precio acordado y en caso de negativa, que pedimos a este Juzgado que ordene que la sentencia favorable recaída al efecto y a su protocolización previa cancelación del resto del precio, sirva de documento acreditativo del traslado de la propiedad inmobiliaria a mi favor, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.920 ordinales 1 y 8 delCódigo Civil. (...)

DE LA SENTENCIA RECURRIDA
Se desprende de la sentencia de fecha Veintinueve (29) de Agosto de 2016 emanada del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Transito, Bancario y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial, lo siguiente:
“…En este sentido, una vez valoradas todas y cada una de las pruebas presentadas en la presente acción, elTribunal entra a decidir el fondo de la demanda y al respecto observa:El contrato es el instrumento por excelencia para que el hombre en sociedad pueda satisfacer sus necesidades.Constituye el acto jurídico de mayor aplicación hasta el punto de que sin su uso no se podría concebir larealización de la vida económica en las comunidades organizadas. Es por ello que el contrato es el actojurídico de contenido más diverso.Las circunstancias anotadas explican suficientemente el auge que en la vida moderna tiene el contratoinnominado, única figura capaz de contener y abarcar la diversidad de composiciones voluntarias quecaracterizan a la vida moderna.-El contrato constituye una de las principales fuentes de obligaciones, quizás la que engendra mayor númerode relaciones obligatorias. No hay duda de que es una figura desencadenante de derechos y deberes, decomportamientos y conductas.El artículo 1.159 del Código Civil reza:“Los contratos tienen fuerza de ley entre las partes. No pueden revocarse sino por mutuo consentimiento o porlas causas autorizadas por la Ley”. De igual manera el artículo 1.160 ejusdem, establece:“Los contratos deben ejecutarse de buena fe y obligan no solamente a cumplir lo expresado en ellos, sino a todas las consecuencias que se derivan de los mismos contratos, según la equidad, el uso o la ley”.
En este orden de ideas, conforme a los principios establecidos en el Código Civil, los contratos bilaterales seforman cuando se presta el consentimiento de las partes, manifestado por el concurso de la oferta y laaceptación, por lo que considera este Tribunal que en el contrato de opción de compra venta o promesabilateral de compraventa, se perfecciona inmediatamente la venta por existir en ese momento la aceptación dela oferta o el consentimiento reciproco de las partes en el objeto y el precio, es decir, que nace el compromisopara ambas partes, una de las cuales se obliga a vender y la otra a comprar, sin necesidad de la manifestaciónde nuevos consentimientos. Así, el efecto normal, ordinario y típico de una obligación es originar sucumplimiento; entendiéndose por cumplimiento de una obligación la correcta materializaciónde su ejecución,como imperativamente impone el artículo 1.264 del Código Civil, que establece:“Las obligaciones deben cumplirse exactamente como han sido contraídas…”
En sintonía con lo anterior, tenemos que la norma rectora de la acción de resolución o cumplimiento decualquier contrato, está prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, que es del tenor siguiente:“En el contrato bilateral, si una de las partes no ejecuta su obligación, la otra puede a su elección reclamarjudicialmente la ejecución del contrato o la resolución del mismo, con los daños y perjuicios en ambos casossi hubiere lugar a ello.”En todo proceso se deben revisar los hechos alegados en autos con las pruebas consignadas por las partes, eneste sentido hay que destacar que en el proceso civil las partes persiguen un fin determinado, que no es otroque la sentencia le sea favorable. Pero en el sistema dispositivo que lo rige, el Juez no puede llegar a laconvicción sobre el asunto litigioso por sus propios medios, sino que debe atenerse a lo alegado y probado enautos, tal como lo establece el Código de Procedimiento Civil Venezolano vigente, en su artículo 12. De ahíque las partes tengan la obligación, desde el punto de vista de sus intereses, de no solo afirmar los hechos enque se fundan sus pretensiones, sino también probarlos para no correr el riesgo de que por no haberconvencido al Juez de la verdad por ellas sostenidas, sus hechos alegados no sean tenidos como verdaderos enla sentencia y sufran el perjuicio de ser declarados perdedores. Esta necesidad de probar para vencer es lo quese llama la carga de la pruebas.
Este principio de la carga de la prueba, se encuentra expresamente consagrado no solo en el Código sustantivogeneral civil sino también en nuestro ordenamiento Jurídico Procesal Civil general, estableciendo lo siguiente:Artículo 506 del Código de Procedimiento Civil Venezolano vigente, por su parte establece:“Las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho.Quien pida la ejecución de unaobligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido libertado de ella, debe por su parte probar el pago o elhecho extintivo de la obligación...”Ahora bien, una vez que las pruebas son incorporadas al proceso, dejan de pertenecer a la parte que la produjoy son adquiridas para el proceso. Cada parte puede aprovecharse de ellas. Entonces una vez evacuada laprueba de cada litigante, su resultado no pertenece ya a la parte que la promovió, sino al proceso mismo, porvirtud del principio de adquisición procesal, y corresponde por tanto al Juez tenerlas en cuenta a fin dedeterminar la existencia del hecho a que se refieren, independientemente de cual de ellas haya sido lapromovente de la prueba.El artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente:“Los Jueces deben analizar todas cuantas pruebas se hayan producido, aún aquellas que a juicio no fuerenidóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cual sea el criterio del Juezrespecto a ellas”
Es por tal motivo que la ley impone al Juez el deber de sentenciar conforme a lo alegado y probado por laspartes y le prohíbe actuar de oficio, a menos que la propia ley lo autorice, y le impide, también, sacarelementos de convicción fuera del proceso.
Así las cosas, corresponde a la parte demandante la prueba de los hechos alegados en su libelo de la demandaa los fines de que su acción pueda prosperar, razón por la cual el Tribunal hurga el material aportado por laparte demandante, y le da pleno valor probatorio a la prueba documental consignada por ésta, sobre todo alinstrumento privado constituido por una recibo que riela al folio 18, donde se ve reflejada la relacióncontractual que nació entre la aquí demandada, Ciudadana LIDIA MARTINS REYES; en su carácter dePresidenta de la Sociedad Mercantil COMERCIAL LA ALCABALA C.A y el Ciudadano, Ciudadano JOSÉRAFAEL ABREU DOS SANTOS, en su carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil COMERCIALPARA DE LOS SABORES C.A, en el cual se evidencia la duración y términos en que debía llevarse latransacción, verificándose de autos, que el demandante cumplió con lo convenido en el documento tantasveces señalado, no pudiendo la parte demandada desvirtuar los hechos alegados en la presente acción,verificándose así el incumplimiento de la parte demandada, así como también la negativa de la misma afirmar el documento definitivo de compra venta, documento éste que llama poderosamente la atención de estesentenciador por cuanto el mismo fue redactado y visado por el Abogado LUÍS MIGUEL LÓPEZSERRANO; plenamente identificado en autos, quién funge como co-apoderado judicial de la CiudadanaLIGIA MAGALIS MARTÍNS, es decir, que la misma tenía pleno conocimiento del contenido del documentoen cuestión, el cual debía ser presentado ante la Oficina de Registro correspondiente en el lapso establecido,es por ello, que este Tribunal declara CON LUGAR la presente acción y así se declara.-III Enmérito a las anteriores consideraciones, este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LOCIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MONAGASADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, deconformidad con el artículo 12 y 506 del Código de Procedimiento Civil declara CON LUGAR la acción quepor CUMPLIMIENTO DE CONTRATO intentara el Ciudadano JOSÉ RAFAEL DE ABREI DOS SANTOScontra de la Sociedad Mercantil MERCIAL LA ALCABALA C.A, debidamente representada por laCiudadana LIDIA MARTINS REYES, previamente identificados, en consecuencia:• PRIMERO: Se obliga a la Sociedad Mercantil COMERCIAL ALCABALA DE MATURIN C.A,debidamente representada por su Presidenta Ciudadana LIDIA MAGALIS MARTINS REYES, a cumplir lasobligaciones contraídas en el documento de compra venta del inmueble plenamente identificado en autos, defecha 11 de agosto del año 2014, y otorgar el documento definitivo ante el registro correspondiente, previacancelación de la suma adeudada.-• SEGUNDO: En caso de negativa en el otorgamiento del documento definitivo de compraventa, la presente sentencia servirá de documento acreditativo del traslado de la propiedad inmobiliaria a favor del CiudadanoJOSÉ RAFAEL DE ABREU DOS SANTOS.-• TERCERO: Se condena en costas a la parte demandada sobre un 25% del monto estimado de la demanda, de conformidad con el artículo 274 de Código de Procedimiento Civil, por haber resultado vencida en el presente proceso.“…Como punto previo y para que sea decidido antes de la sentencia definitiva de conformidad con el artículo 361 del Código de Procedimiento Civil alega la falta de cualidad del actor para intentar la presente demanda de cumplimiento de contrato pues pretende que se cumpla con un supuesto contrato de compra venta contenido en un recibo donde quien aparece como supuesto comprador es la sociedad mercantil COMERCIAL PARADA DE LOS SABORES, C.A. (...) y pretende la parte actora en este proceso ciudadano JOSÉ RAFAEL DE ABREU DOS SANTOS que se le tenga como parte cuando éste es una persona distinta a la mencionada Sociedad Mercantil, alegando que esa negociación fue hecha por él en su propio nombre cuando es totalmente falso que mi representada haya tenido contrato alguno con JOSÉ RAFAEL DE ABREU DOS SANTOS ni mucho menos obligación de realizar traspaso de ningún bien al demandante, mal podría pretender que se le tenga por parte actora ni tener esa cualidad.-Mi representada no había pactado ninguna venta con el referido ciudadano, por ello es que mi representada no tenía ni tiene ninguna obligación de firmar el documento que el referido ciudadano había representado al Registro tal y como se desprende de la constancia de presentación del documento identificada como trámite N° 387.2014.4.2172. En ese sentido el propio actor en su libelo de demanda establece "... actuando en este acto en mi propio nombre y representación..." luego, inmediatamente expone "suscribí en mi carácter de Presidente y en nombrede mi representada COMERCIAL PÁRADA DE LOS SABORES, C.A..." del propio libelo de la demanda sedesprende que el Actor reconoce que la supuesta relación contractual que alega es con él en forma personal, lo que hace procedente la presente defensa de falta de cualidad del actor para intentar la presente demanda,pues el actor alega actuar en su propio nombre y representación y a la vez dispone que la supuesta relacióncontractual era con su representada.DE LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. En nombre de mi representada, niego, rechazo y contradigo en todas y cada una de sus partes, tanto en los hechos como en el derecho la infundada demanda que intentó el ciudadano JOSE RAFAEL DE ABREU DOS SANTOS. Niego, rechazo y contradigo, en forma expresa, que mi representada haya suscrito contrato alguno con JOSÉ RAFAEL DE ABREU DOS SANTOS, ni con ninguna otra persona natural o jurídica; Niego, rechazo y contradigo, en forma expresa, que mi representada hubieses suscrito " documento deconvenio de compra venta...", con el demandante ni con su representada.Niego, rechazo y contradigo en forma expresa, que mi representada hubi ese suscrito documento de conveniode compra venta con el demandante mucho menos que se haya pactado precio con este de CATORCEMILLONES DE BOLÍVARES SIN CÉNTIMOS (bs. Bs 14.000.000,00), ni que se tenía que otorgar opciónalguna en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles, ni que se haya establecido la suma de SEISMILLONES QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 6.500.000,00), como inicial ni que el saldo restante seríapagado un plazo mínimo de sesenta (60) días máximo de noventa (90) días:Niego, rechazo y contradigo, que mi representada no tenga perfeccionado su documento de propiedad delinmueble arrendado a la COMERCIAL PARADA DE LOS SABORES, C.A (...)(...) Niego, rechazo y contradigo, que mi representada haya acordado realizar operación alguna en formapersonal con el demandante JOSÉ RAFAEL DE ABREU DOS SANTOS;Niego, rechazo y contradigo en forma expresa que existía la obligació n por parte de COMERCIAL LAALCABALA DE MATURÍN, C.A, mi representada, de otorgar el documento definitivo de traslación de lapropiedad a favor del actor el día martes 23 de diciembre del 2014 (...)(...) Ciudadano Juez, lo cierto es que, la Sociedad Mercantil LA PARADA DE LOS SABORES, C.A; ofrecióa mi representada comprar el inmueble del cual es arrendatario de forma verbal y para ello entregó un chequepor la suma de QUINIENTOS MIL BOLÍVARES (Bs. 500.000,00) como garantía de cumplimiento de laventa, pero mi representada nunca aceptó darle en venta el inmueble que ocupa como arrendataria por cuantono hubo un acuerdo sobre el precio de ninguna venta definitivo, como consecuencia de ello no se habíaperfeccionando NINGUNA aceptación de la oferta realizada, fue mayor la sorpresa de la representante legalde COMERCIAL LA ALCABALA DE MATURÍN, C.A (...) cuando el Ciudadano JOSÉ RAFAEL DEABREU DOS SANTOS le notificó que tenía que firmar el documento de venta del inmueble que ocupa, comoarrendataria COMERCIAL LA PARADA DE LOS SABORES, C.A, en la Oficina de registro competente y asu nombre personal, no habiendo ninguna obligación con éste ni habiéndose establecido el precio de ventadefinitivo no había obligación alguna de transmitir la propiedad por el precio que unilateralmente fijó ydeterminó JOSÉ RAFAEL DE ABREU DOS SANTOS, pretendía este ciudadano que se le diera en venta uninmueble por un precio mucho menor al precio de venta del mercado, por ello no existió aceptación nuncasobre la supuesta venta.
Revisados como han sido tanto los alegatos de las partes, así como también el contenido de la sentencia que fuera objeto de apelación y acatamiento de la decisión de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, debe pronunciarse este Tribunal Superior Segundo y lo hace previas las consideraciones siguientes:
PUNTO PREVIO
De la revisión pormenorizada de las actas procesales que comprenden la presente causa, esta juzgadora observa que el ciudadano JOSÉ RAFAEL DE ABREU DOS SANTOS, titular de la cédula de identidad Nº: V-9.679.865, alega en su escrito libelar cursante a los folios uno (01) al diecisiete (17) de la primera pieza, particularmente en el capitulo "CONCLUSIÓN DE LAS ANTERIORES PREMISAS" solicita exigir a la ciudadana LIDIA MARTINS REYES, venezolana, titular de la cédula de identidad Nº: 5.545.562, en su carácter de presidenta de la Sociedad Mercantil Comercial Alcabala de Maturín, C.A, a: "...cumplir con las obligaciones contractuales que asumió en el contrato de compra venta en fecha 11 de agosto de 2014", mismo que consignó en copia fotostática conjuntamente con el libelo de demanda, marcada con letra (A) que reposa al folio dieciocho (18), por lo que estima este Tribunal que la referida prueba, es el documento fundamental de la demanda del cual se deduce el derecho que invoca el hoy demandante, ciudadano JOSÉ RAFAEL DE ABREU DOS SANTOS, titular de la cédula de identidad Nº: 9.679.865. Así se decide.-
En este orden de ideas, es necesario puntualizar que las Garantías Constitucionales adjetivas y el denominado "orden procesal" concurren en garantizar la tutela judicial efectiva mediante el derecho a la defensa y el debido proceso. Así, que en materia probatoria la Constitución de la República Bolivariana Venezuela en su artículo 49 ordinal 1, respalda el Acceso de la Prueba la cual constituye su piedra angular, pues un procedimiento epistémico válido requiere del acceso de los conocimientos e informaciones viables para formular conclusiones fiables.
Ahora bien, de la revisión de las actas procesales se aprecia:
Cursa en el cuaderno de apelación a los folios (88 al 93), sentencia interlocutoria de fecha 25/09/2015, dictada por este Juzgado Superior Segundo que declaró en su particular tercero: "Inadmisible el documento privado promovido en forma extemporánea por la parte demandante marcado “A” y acompañado a su escrito de promoción de pruebas consistente en recibo de pago de fecha 11 de Agosto de 2014".
Así las cosas, el demandante pretende que se declare el cumplimiento de contrato de compra-venta, mediante instrumento fundamental de la acción marcado con la letra (A) de fecha 11/08/2014, cursante al folio (18), siendo que el mismo perdió su valor, en virtud de haber quedado sin efecto, a la luz de lo sentenciado en fecha 25/09/2015, por este Juzgado de Alzada, por lo que no tendría legitimidad la parte actora para interponer tal acción y a su vez, la misma va en detrimento de los artículos 7, 340 ordinal 6, 341 y 434 del Código de Procedimiento Civil. Así decide.-
Para interpretar el alcance de los artículos anteriormente transcritos, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de fecha 25/11/2016, Exp. AA20-C-2016-000111, sentó el siguiente criterio:
“…En el caso del sistema probatorio civil venezolano, el Código Adjetivo de 1986, consagra diversas oportunidades de aportación procesal que no se corresponden con un capricho del Legislador, sino como verdadera garantía del derecho de la defensa en juicio. Una de ellos, es la producción, carga o aportación preclusiva del instrumento fundamental, establecida en el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, que establece como regla: Si el demandante no hubiere acompañado su demanda con los instrumentos en que se fundamente, no se le admitirán después…”. Fuera de las excepciones que consagra dicho artículo, es decir: : 1) Que se haya indicado la oficina o lugar en donde pueden ser encontrados; 2) Si es de fecha posterior a la demanda y 3) Si era un documento desconocido para el actor y tuvo noticias luego que propuso la acción, se presentarán dentro de los quince (15) días de promoción ordinaria o solicitar su compulsa a la oficina donde se encuentren; todo instrumento fundamental, debe acompañarse a la demanda y sólo en la demanda independientemente de su naturaleza pública, privada o administrativa, existiendo también una posibilidad por parte del demandado, ante la falta de presentación del actor, de oponer la cuestión previa (346.6 eiusdem) para pedir la subsanación.
Debiendo entenderse rationilegis, que el instrumento fundamental, es aquél del cual deriva directamente (prueba directa) la pretensión deducida (340.6 ibidem), que debe contener la invocación del derecho deducido, junto a la relación de los hechos como fundamento de la carga alegatoria, es decir, que pruebe la existencia de la pretensión, estando vinculado, conectado directamente a ésta, del cuales emana el derecho que se invoca, los cuales, sino se presentan junto con la demanda ni tampoco se hace uso de las excepciones que contempla el artículo supra referido, la actora pierde toda oportunidad para producir eficazmente estos documentos, siendo extemporánea su producción en cualquier otra oportunidad, incumplimiento de la carga y violación de la autorresponsabilidad. Tal carga in limine del demandado tiene su razón de ser en que la prueba fundamental va dirigida en su primer efecto al proceso para su admisión, pero trascendentalmente a la contraparte en su “derecho a conocer” el fundamento de la pretensión del actor, a su “publicidad”, “lealtad”; y además al “control” in limine de esa prueba” (principio de contradicción) y en definitiva, al fondo, al Juez, para su convicción; pero como expresa MICHELE SPINELLI (Las Pruebas Civiles. Ed EJEA. 1973, pág 95), en una primera parte la prueba: “…es practicada para convencer a la otra parte de su sinrazón…”, para que se convenza de la pretensión y no haga resistencia a la pretensión; vale decir, que con respecto a las pruebas fundamentales hay una inmediata “adquisición”, “publicidad” y surge también una inmediata “contradicción” en la contestación, sobre todo éste último punto que da derecho al excepcionado a “conocer” y fundamentar sus excepciones perentorias y por ende su derecho constitucional a la defensa, tal cual lo señala el tratadista y Magistrado Emérito JESÚS E. CABRERA ROMERO, siguiendo a BORJAS (Rev.de Derecho Probatorio. Ed Alva. Tomo II, pág 34): “…la carga de promover y producir el instrumento fundamental con el libelo, está ligada a garantizar al demandado el ejercicio de su derecho de defensa, lo que se le facilita mostrándole los documentos que existen sobre los hechos afirmados, meollo del supuesto de hecho de la norma…Omisis...
En relación con la obligación del demandante de acompañar el o los instrumentos fundamentales de los cuales se desprenda su derecho al escrito de la demanda, el Código de Procedimiento Civil, en sus artículos 434 y 435, establece: “...Artículo 434.- Si el demandante no hubiere acompañado su demanda con los instrumentos en que la fundamenta, no se le admitirán a menos que haya indicado en el libelo o el lugar donde se encuentren, o sean de fecha posterior, o que aparezca, si son anteriores, que no tuvo conocimiento de ellos.
En todos estos casos de excepción, si los instrumentos fueren privados, y en cualquier otro, siendo de esta especie, deberán producirse dentro de los quince días del lapso de promoción de pruebas, o anunciarse en él de donde deban compulsarse; después no se le admitirán otros. Artículo 435.- Los instrumentos públicos que no sea obligatorio presentar con la demanda, ya por no estar fundada en ellos la misma, ya por la excepción que hace el artículo 434, podrán producirse en todo tiempo, hasta los últimos informes.....”. (Subrayado de la Azada).
En relación con el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, la Sala en sentencia N° 744 de fecha 9 de diciembre de 2013, caso: Nelson David Figueroa contra Delta Supply, C.A., expediente N° 2012-000349, expresó lo siguiente:
“…Observa esta Sala, que el formalizante lo que pretende delatar es vicio de silencio de pruebas, específicamente del instrumento fundamental de la demandada (recibo de pago de 81.000$), que fue producido dentro del lapso de quince (15) días para promover pruebas, y que a juicio del recurrente, el juez de alzada debió analizar y dar pleno valor probatorio, porque de haberlo hecho otro sería el resultado del juicio, y no la inadmisibilidad de la demanda.
Al respecto, esta Sala evidencia de la lectura de las actas del expediente, que el actor no acompañó a la demanda el original del recibo de $ 81.000, sino una copia simple, y de conformidad con el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, si el demandante no hubiere acompañado su demanda con los instrumentos en que la fundamenta, no se le admitirán después, a menos que hayan indicado en el libelo la oficina o el lugar donde se encuentren, o sean de fecha posterior, o que aparezca, si son anteriores, que no tuvo conocimiento de ellos, y el demandante en ninguna parte del libelo de la demanda justificó la omisión de presentar el documento fundamental de la demanda, tampoco mencionó el lugar u oficina donde se encontraba dicho instrumento; no siendo aplicable al caso concreto los demás supuestos de excepción previstos en la mencionada norma, porque el recibo de pago es de fecha anterior a la demanda y el demandante tenía conocimiento de su existencia; por ello mal podía el juez de alzada dar pleno valor probatorio al original del referido recibo de $ 81.000, que fue producido por la actora en el lapso de promoción de pruebas, como en efecto ocurrió en este caso. (Subrayado de la Azada).
De la jurisprudencias patrias anteriormente señaladas, esta Juzgadora en aras de garantizar el debido proceso, en el caso "Sud iudice", observa que el Tribunal A quo, obvió el contenido del artículo 434 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el articulo 340 ordinal 6 y 341 de la misma ley adjetiva civil, por cuanto la parte actora no acompañó a su libelo de demanda los documentos o instrumentos del derecho que reclama, en virtud que el recibo de pago de fecha 11-08-2014, marcado “A” es un instrumento privado consignado en copia fotostática simple, declarado inadmisible por este Juzgado Superior Segundo, en su etapa procesal correspondiente. Así se decide.-
En consecuencia, este Juzgado Superior Segundo, en aplicación del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establecido como ha quedado que el demandante no acompañó el o los instrumentos fundamentales de la demanda a su escrito libelar, de conformidad con los artículos 434 en concordancia con los articulo 340 ordinal 6 y 341 todos del Código de Procedimiento Civil, a fin de garantizar una justicia expedita y evitando dilaciones indebidas o reposiciones inútiles, declara la Inadmisibilidad de la demanda por Cumplimiento de Contrato de compra venta. Así se decide.-
A razón de lo anteriormente expuesto, esta Superioridad Anula la decisión dictada en fecha seis (06) de Junio de 2016, emanada del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, y todas las actuaciones procesales ventiladas en el presente asunto. Y así se decide.-
DISPOSITIVA
Por todos las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas Administrando Justicia EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR, la apelación formulada por el abogado LUIS MIGUEL LOPEZ SERRANO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 44.988, apoderado de la parte demandada COMERCIAL ALCABALA DE MATURIN C.A, originalmente constituida e inscrita por ante el Registro de Comercio que llevaba el entonces Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas y Territorio Federal Delta Amacuro, en fecha 05 de febrero de 1963, bajo el Nº: 22, folios 23 al 27 y sus vtos, Tomo I, del libro de registro de comercio llevado por ese despacho durante 1963, habiéndose modificado sus estatutos en varias oportunidades, siendo la última de ellas la registrada en fecha: 04 de abril de 2011, bajo el Nº: 70, Tomo: 17-ARMMAT correspondiente al año 2011; representada por su presidenta ciudadana LIDIA MARTINS REYES, venezolana, titular de la cédula de identidad Nº: 5.545.562, en contra de la decisión de fecha seis (06) de Junio de Dos Mil Dieciseises (2016), dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y Transito de la Circunscripción Judicial del estado Monagas. SEGUNDO: INADMISIBLE la demanda por Cumplimiento de Contrato de compra venta, por no haber acompañado los instrumentos fundamentales de la acción, a su escrito libelar de conformidad con los artículos 434 en concordancia con los articulo 340 ordinal 6 y 341 todos del Código de Procedimiento Civil. TERCERO: En consecuencia de lo anteriormente expuesto, esta Superioridad ANULA la decisión dictada en fecha seis (06) de Junio de 2016, emanada del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, y todas las actuaciones procesales ventiladas en el presente asunto. CUARTO: NO HA LUGAR la condenatoria al pago de las costas procesales del recurso, dada la naturaleza del dispositivo del presente fallo.
Publíquese, regístrese, diarícese, ofíciese, déjese copia certificada y remítase el presente expediente a su Tribunal de origen en su debida oportunidad. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Segundo en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas. En Maturín a los Trece (13) días del mes de Noviembre del año Dos Mil Diecisiete (2017). Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.- Así se decide.-.
LA JUEZA PROVISORIA

ABG. MARISOL BAYEH BAYEH.
LA SECRETARIA

ABG/Msc.ANA DUARTE MENDOZA
En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, siendo las Tres y Veinte de la tarde (03:20 p.m.)

LA SECRETARIA

ABG/Msc.ANA DUARTE MENDOZA

Exp Nº S2-CMTB-2017-000433
MBB/AD/RG