TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO
CIVIL, MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MONAGAS. MATURIN, VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.
207° y 158°
Exp. N° 33.897
DEMANDANTE: RONGZAN ZHENG, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 14.230.501, de este domicilio.
ABOGADO ASISTENTE: DENNYS ALBERTO GONZALEZ VASQUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 11.175.224, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 87.767, de este domicilio.
DEMANDADO: SILVIO CELESTINO BONILLA, venezolano, titular de la cédula de identidad N° 4.024.790, de este domiiclio,
DEFENSOR JUDICIAL: MAXIMO BURGUILLOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 4.372.926, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 51.129, de este domicilio.
MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES
De la revisión minuciosa de las actas procesales que conforman el presente expediente, el Tribunal observó lo siguientes:
Que en fecha 27 de noviembre del 2.015, se admite la demanda, de COBRO DE BOLIVARES ( VIA INTIMACION) intentado por el ciudadano RONGZAN ZHENG, CONTRA SILVIO CELESTINO BONILLA.
En fecha 07 de JUNIO del 2.016, se designa como defensor judicial al profesional del derecho ciudadano MAXIMO BURGUILLOS, supra identificado.
Seguidamente en fecha 16 DE JUNIO DEL 2.016, el Alguacil de este Juzgado Consigna boleta de notificación donde el ciudadano MAXIMO BURGUILLOS, firma la boleta de notificación, cursa al folio 35, del presente expediente.
Posteriormente en fecha 21 DE JUNIO del 2.016, el profesional del derecho ciudadano MAXIMO BURGUILLOS, consigna diligencia donde acepta el cargo y jura cumplirlo fielmente.
En fecha 30 DE JUNIO del 2.016, el abogado DENNYS ALBERTO GONZALEZ VASQUEZ, solicita la citación del defensor judicial.
Este Tribunal en fecha 07 DE JULIO del 2.016, acuerda la citación del defensor judicial ciudadano MAXIMO BURGUILLOS, supra identificado.
La ciudadana MILAGROS MARIN VALDIVIEZO, en su condición de alguacil de este juzgado, en fecha 17 de enero del 2.017, consigna recibo de citación donde firma el profesional del derecho MAXIMO BURGUILLOS, supra identificado.
En fecha 03 de abril del 2017, ese Tribunal declara la PERENCION DE LA INSTANCIA en el presente proceso.
Luego en fecha 18 de abril del presente año, el profesional del derecho DENNYS ALBERO GONZALEZ VASQUEZ, actuando en este acto en su condición de apoderado judicial de la parte demandante apela del fallo dictado en fecha 03 de abril del 2017.
Seguidamente en fecha 20 de abril del 2017, este Juzgado oye apelación en ambos efectos y acuerda remitir el presente expediente al Tribunal de alzada mediante oficio N° 0840-16.906.
En fecha 02 de mayo del 2017, el presente expediente fue recibido por el Tribunal de alzada en el cual le dio entrada y acordó el décimo día de despacho para la presentación del al conclusiones escritas de conformidad con el articulo 517 del Código de Procedimiento Civil.
Posteriormente en fecha 04 de julio del 2017, el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado Monagas, dicto el fallo correspondiente ordenando que se le conceda el lapso a que se contrae el articulo 652 del la Ley adjetiva vigente.
En fecha 01 de agosto del 2017, recibido como fue el presente expediente proveniente del Tribunal de alzada se le concedió al defensor judicial ciudadano MAXIMO BURGUILLOS, un lapso de cinco día de despachos siguientes al día primero de agosto del 2017, para que de contestación a la presente demanda.

Ahora bien, el derecho de defensa en el proceso, contemplado como derecho fundamental en el articulo 49 constitucional, se desarrolla legalmente mediante varias instituciones, siendo dos de ellas la de la defensoría y la de la necesidad de la doble instancia ( la cual admite excepciones).
La institución de la defensoría se divide en pública, destinada a otorgar asistencia técnica integral a los imputados en el proceso penal que no contraten defensores particulares; y en privada, la cual opera en el proceso de naturaleza CIVIL, bajo diversas figuras como la del defensor de quien goza de la declaratoria de justicia gratuita, o como la del defensor ad litem.
Esta última clase de defensoría ( ad litem) persigue un doble propósito: 1) Que el demandado que no puede ser citado o intimado personalmente, sea emplazado, formándose así la relación jurídica procesal que permite el proceso válido. Desde esta vertiente, la defensa obre incluso en beneficio del actor, ya que permite que el proceso pueda avanzar y se dicte la sentencia de fondo.
2) Que el demandado que no ha sido emplazado o citado, se defiende, así no lo haga personalmente.
Debido a ese doble fin, el defensor no obre como un mandatario del demandado, sino como un especial auxiliar de justicia, que por no pertenecer a la defensa Pública, debe percibir del demandado sus honorarios, así como las litis expensas, tal como lo señala el articulo 226 del vigente Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, como tal función auxiliar no la presta el abogado defensor gratuitamente ( a menos que la ley así lo ordene) como lo hace el artículo 180 del Código de Procedimiento Civil, si éste no localizare al demandado para que le facilite las litis expensas o sus honorarios, tales gastos los sufragará el demandante –quien se beneficia a su vez de la institución- quien podrá recuperarlos de los bienes del defendido, si éstos existen.

Ahora bien, la función del defensor ad litem, en beneficio del demandado, es el de defenderlo, que el accionado pueda ejercer su derecho de defensa, lo cual supone que se oído en su oportunidad legal. De allí, que el defensor ad litem debe de consignar ante el Tribunal los medios de pruebas donde muestra que ha realizado los medio para comunicarse con el demandado para poder defenderlo y no para que desmejore su derecho de defensa.
Pero debe esta Juzgado, en aras a delinear las relaciones del derecho de defensa y la función del defensor ad litem, proceder a analizar, como debe encarar tal función el defensor, a fin de cumplir con ella cabalmente.
En este sentido, éste Tribunal considera que es un deber del defensor ad litem, de ser posible, contactar personalmente a su defendido, para que éste le aporte las informaciones que le permitan defenderlo, así como lo medios de prueba con que cuente, y las observaciones sobre la prueba producida por el demandante.
El que la defensa es plena y no una ficción, se deduce del propio texto legal ( articulo 226 del Código de Procedimiento Civil), que prevé el suministro de las litis expensas para el defensor, lo que significa que él no se va a limitar a contestar la demanda, sino que realizará otras actuaciones necesarias ( probatorias, etc.) a favor del demandado.
Lo expuesto denota que para que el defensor cumpla con su labor, es necesario, que de ser posible, entre en contacto personal con el defendido, a fin de preparar la defensa.
Para tal logro no basa que el defensor envié telegramas al defendido, participándole su nombramiento, sino para cumplir con el deber que juró cumplir fielmente, debe ir en su búsqueda, sobre todo si conoce la dirección donde localizarlo.
A juicio de este Tribunal, la lectura del artículo 225 del Código de Procedimiento Civil, apuntala lo que señala la Sala Constitución del Tribunal Supremo de Justicia, destaca como forma de ejercicio de la función de defensor ad litem. En efecto, dicha norma dispone que el Tribunal al hacer el nombramiento del defensor dará preferencia en igualdad de circunstancias a los parientes y amigos del demandado o a su apoderado, si no tuviere, oyendo cualquier indicación del cónyuge presente, si lo hubiere y quisiere hacerla.
Cuando el legislador toma en cuenta que para la designación se prefiere a los apoderados, a los parientes y amigos del demandado, y se oiga a su cónyuge (si se tratare de persona natural, casada) lo que se está significando es que el defensor a nombrarse debe tener interés en la defensa, debido a sus nexos con el defendido, lo que demuestra que es la defensa plena la razón de la institución.
Con fundamento en las anteriores razones, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, como se evidencia que no consta en autos las diligencia efectuada por el defensor judicial para ponerse en contacto con el demandado e igualmente el defensor judicial no dio contestación en el lapso indicado por este Juzgado dejando indefenso a la parte demanda, es por lo que este tribunal acuerda REPONER la causa al estado de designar nuevo defensor el cual el Tribunal lo hace en este acto designar defensor judicial a la parte demandada, cuya designación recae en el ciudadano JONATHAN CARDOZO, venezolano, mayor de edad, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 258.592, teléfono 0414-3947942, a los fines de que comparezca por ante este Tribunal al segundo día de Despacho siguiente a su notificación y manifieste su aceptación o excusa y en el primero de los casos preste el juramento de Ley. Librese Boleta.
LA JUEZA,

ABG. MARY ROSA VIVENES VIVENES,
LA SECRETARIA,

En esta misma fecha siendo las 10:20 A.m., se dicto y publico la anterior sentencia. Conste.
La Stria,
Exp. N° 33.897