TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal de Primera Instancia de Juicio de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy
San Felipe, veintisiete de abril de dos mil dieciocho
208º y 159º

ASUNTO : UP11-V-2017-000888

PARTE DEMANDANTE: Ciudadana OLAMMY YSABEL ILARRAZA SALAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 15.482.938, domiciliada en la morita nueva calle 13, sector 2, casa N° 42, municipio Cocorote, estado Yaracuy.

BENEFICIARIO: El niño IDENTIDAD OMITIDA, nacido en fecha 07 de abril de 2007, quien se encuentra asistido por la ABG. ANDRELYS ALVAREZ, Defensora Pública Auxiliar Primera adscrita al Sistema Autónomo de la Defensa Pública de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy y con Competencia en Materia del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

PARTE DEMANDADA: Ciudadano BENIGNO WLADIMIR PINEDA ALVAREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 10.371.903, quien puede ser localizado en la Urbanización Luis Herrera Campins (la Morita Nueva ), avenida 6, calle 3, casa Nro. 30, municipio Cocorote, estado Yaracuy.

MOTIVO: OBLIGACION DE MANUTENCION (REVISION)

SINTESIS DEL CASO
Se inició el presente procedimiento de Revisión de Obligación de Manutención, incoado por la ciudadana OLAMMY YSABEL ILARRAZA SALAS, antes identificada, en su carácter de madre y representante legal del niño IDENTIDAD OMITIDA, quien se encuentra asistida por la abogada ANDRELYS ALVAREZ, Defensora Pública Auxiliar Primera con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, adscrita a la Unidad de Defensa de Defensa Pública de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, en contra del ciudadano BENIGNO WLADIMIR PINEDA ALVAREZ, igualmente identificado.
Alegó la parte actora, que la cantidad señalada por concepto de obligación de manutención en sentencia de fecha 01 de agosto de 2012, dictada por el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial, no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de sus hijos ya que no ayuda a satisfacer sus requerimientos básicos, referentes a alimentación, vestidos, que amerita cada día, lo cual actualmente está muy costoso, debido al alto costo de la vida y al elevado porcentaje de la inflación, por cuanto desde la fecha de la sentencia, el padre no le ha realizado aumento alguno a sus hijos, asimismo. También, pide sean fijadas las cuotas extras para gastos escolares y época decembrina, como complemento del quantum mensual alimentario.
Por último, pidió se sirviera revisar la Obligación de Manutención y se conmine al padre de su hijo a cancelar la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 200.000,00) mensuales por concepto de Obligación de manutención, los cuales deben ser descontados de la nómina del obligado y depositados en la cuenta corriente del Banco Provincial N° 01080078180100153985, a nombre de la madre de los niños. Para el mes de septiembre el padre debe aportar la cantidad de DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 2.000.000) los cuales deben ser descontados de la nómina del obligado y depositados en la cuenta corriente del Banco Provincial a nombre de la madre y en el mes de diciembre para gastos decembrinos deberá pasar la cantidad de DOS MILLONES DE BOLIVARES (BS. 2.000.000) como aguinaldos, que igualmente deben ser descontados y depositados, Con relación a los gastos médicos, medicinas y consultas médicas, así como cualquier otro concepto que genere la crianza del niño, que los progenitores los sufraguen en una proporción del cincuenta por ciento (50%) cada uno. Y que se oficie a la Oficina de Recursos Humanos de la Comandancia de la Policía del estado Yaracuy. Y que la demanda fuese admitida, sustanciada conforme a derecho y declarada con lugar en la definitiva. Y que se oficie.
Admitida la demanda en fecha 08 de noviembre de 2017, por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes adscrito a este Circuito Judicial, se ordenó notificar a la parte demandada, a los fines que conociese la oportunidad fijada para el inicio de la fase de mediación de la audiencia preliminar, y se ordena oficiar al JEFE DE RECURSOS HUMANOS DE LA COMANDANCIA DE POLICIA DEL ESTADO YARACUY, a fin de que emitan constancia de sueldo del demandado de autos.
A los folios 17 y 18 del expediente corre inserto constancia de sueldo del demandado de autos.
Notificada válidamente la parte demandada, se fijó por auto que riela al folio 22 del expediente, la oportunidad para llevar a cabo la realización de la fase de mediación de la audiencia preliminar en la presente causa, para el día 18 de diciembre de 2017, a las 11:30 a.m. posteriormente se reprogramo para el día 29-01-2018 a las 11:30am.
FASE DE MEDIACION DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR
En la oportunidad para la celebración de la Fase de Mediación de la Audiencia Preliminar, se hizo constar la presencia de la parte demandante, así como la comparecencia de la parte demandada, se ordenó oficiar a la Defensa Publica de este estado a fin de que designe Defensor Publico al demandado ciudadano BENIGNO WLADIMIR PINEDA ALVAREZ, se suspendió la audiencia en su fase de mediación.
Al folio 27 del expediente corre inserta diligencia de aceptación del Defensor público Cuarto abogado Omar Reverol, para prestarle asistencia al demandado de autos.
A los folios 31 y 32, corre inserto escrito de pruebas presentadas por la Abogada Blanca Hernández quien se encuentra asistiendo técnicamente a la ciudadana OLAMMY YSABEL ILARRAZA SALAS, parte demandante en el presente asunto.
Por auto que riela a folio 33 del expediente, se hizo del conocimiento de las partes que ha concluido la fase de mediación y que comenzaría a decursar el lapso previsto en el artículo 474 de la Ley Orgánica para la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, para que la parte demandante presentara su escrito de pruebas, y para que la parte demandada diera contestación a la demanda y presentara conjuntamente su escrito de promoción de pruebas. Por último, se fijó para el día 02 de marzo de 2018, a las 11:00 a.m. el inicio de la fase de sustanciación de la audiencia preliminar.
CONTESTACION DE LA DEMANDA Y PRESENTACION DE LAS PRUEBAS.
Vencido el lapso previsto en el artículo 474 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, la parte demandante presentó escrito de pruebas, y la parte demandada no dio contestación a la demanda, y presentó como pruebas documentos públicos.
FASE DE SUSTANCIACION DE LA AUDIENCIA PRELIMINAR
Cursa al folio 38 del expediente, diligencia suscrita y presentada por la parte actora asistido del Defensor Publico Cuarto Abg. Omar Reverol, donde consigna partidas de nacimiento del adolescente IDENTIDAD OMITIDA así como constancia de sueldo del demandado.
En la realización de la audiencia preliminar de la fase de sustanciación, se materializaron las pruebas presentadas en su oportunidad, se dio por concluida la audiencia preliminar en su fase de sustanciación, asimismo, se acordó la remisión del expediente al Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio.
AUDIENCIA DE JUICIO
Por auto de fecha 06 de abril de 2018, se hizo constar que fueron recibidas las presentes actuaciones en este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, a cargo de la Jueza abogada, EMIR JANDUME MORR NUÑEZ, asimismo, se fijó para el día 26 de abril de 2018, a las 11:30 a.m., la oportunidad para llevar a cabo la audiencia oral, pública y contradictoria de juicio, se acordó oír la opinión del niño de IDENTIDAD OMITIDA, conforme a lo establecido en los artículos 80 y 484 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Siendo la oportunidad para llevar a cabo la audiencia de juicio, se realizó la misma presidida por esta sentenciadora. Se dejó constancia de la comparecencia de la parte demandante, y demandada este último asistido por el Defensor Público Cuarto de este estado, OMAR REVEROL, y el Defensor Público Auxiliar Tercero abogado JULIO PUERTAS, quien representa al niño de autos. Se concedió el derecho de palabras a la parte demandante y demandada, luego a los Defensores Públicos Tercero y Cuarto de este estado, quienes realizaron una síntesis de sus alegatos y los soportes con los cuales los pretendía hacer valer, y procedieron a indicar las pruebas materializadas en la fase de sustanciación de la audiencia preliminar, pruebas éstas que el Tribunal declaró incorporadas. Concluida la incorporación y evacuación de pruebas se procedió a oír las conclusiones de las partes, para lo cual se le concedió el derecho de palabra a la parte demandante, demandada y luego al Defensor Público Tercero y Cuarto, quienes solicitaron se declarara CON LUGAR la presente demanda de Revisión de Obligación de Manutención. Vista las pruebas y lo expuesto por las partes, y por la Defensa Pública Tercera y Cuarta de este estado, esta sentenciadora dictó el dispositivo del fallo, declarando la demanda Con Lugar.
DE LAS PRUEBAS y SU VALORACION
Esta sentenciadora observa, que tal como lo establece el principio general, las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, y el juez no decide entre la simples y contrapuestas afirmaciones de las partes, sino conforme a los hechos acreditados en el juicio, y es por ello que los jueces deben analizar y juzgar todas y cada una de las pruebas que se hayan producido, aún aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál sea el criterio respecto de ellas, de conformidad a lo establecido en el artículo 450 literal “k” de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, referida a la valoración de las pruebas de conformidad con la libre convicción razonada, en concordancia con lo contenido en los artículos 506 y 509 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien conforme a este deber, quien suscribe procede a analizar las pruebas presentadas e incorporadas de la siguiente manera.
PRUEBAS PRESENTADAS POR LA PARTE DEMANDANTE:
PRIMERO: Copia certificada del Acta de Nacimiento del el niño IDENTIDAD OMITIDA nacido en fecha 28 de junio de 2007, según acta nro. 2654 de fecha 2007, emitida por el registro Civil del Municipio San Felipe, que cursa al folio 6 del expediente, de la que se evidencia la filiación materna y paterna del referido niño, y su minoridad, lo cual constituye el fuero atrayente por la materia de este Circuito Judicial, para conocer del presente asunto. Documento público no tachado que se valora conforme a la libre convicción razonada, y de conformidad con lo previsto en los artículos 1.357, 1.359 y 1.360 del Código Civil y 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 11 y 77 de la Ley Orgánica de Registro Civil. SEGUNDO: Copia fotostática simple de la sentencia dictada en fecha 01 de agosto de 2012, por el Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial, que cursa a los folios 7 y 8 del expediente, documento público al que se le da valor probatorio, al no ser impugnada por la parte demandada de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo previsto en los artículos 1.357, 1.359 y 1.360 del Código Civil, y la libre convicción razonada, donde se evidencia que existe una sentencia contentiva de una obligación de manutención fijada con antelación, motivo de la presente revisión. TERCERO: Constancia de estudio del niño IDENTIDAD OMITIDA, que cursa al folio 32 del expediente documento no impugnado en juicio que se valora conforme a las reglas de la sana critica y a la libre convicción razonada, mediante la cual se evidencia que el referido niño cursa estudios en la Escuela Primaria Bolivariana “CASCABEL”, que funciona en el municipio Independencia, del estado Yaracuy, en el 5to Grado, sección “A”, durante el año escolar 2017-2018
PRUEBAS PRESENTADAS POR LA PARTE DEMANDADA
PRIMERO: Copias certificadas de las actas de nacimiento del adolescente IDENTIDAD OMITIDA signadas con los números 839 y 1386-06, de los años 2002 y 2015, respectivamente, emitidas por el Registro Civil del Municipio San Felipe, del estado Yaracuy, de 16 y 01 años de edad, respectivamente, quienes son hijos del demandado de autos ciudadano BENIGNO PINEDA, plenamente identificado en autos y con la cual se demuestra sus cargas familiares. SEGUNDO: Copia certificada de la constancia de trabajo del ciudadano BENIGNO WLADIMIR PINEDA ALVAREZ. Emitida por la Dirección de Recursos Humanos de la Gobernación del estado Yaracuy, de fecha 24 de enero de 2018, la cual se valora de conformidad con la libre convicción razonada y sirve para demostrar la capacidad económica del obligado alimentario para la fecha de su emisión 24 de enero de 2018.
DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL PARA CONOCER DEL ASUNTO.
El presente asunto, se tramitó por el procedimiento establecido en el Capítulo IV del Título IV de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, como correspondía. Este Tribunal, es competente para conocer del presente asunto, por estar el niño de autos, residenciado en el estado Yaracuy, dirección de residencia que está dentro del ámbito de la competencia por el territorio de este Tribunal de Juicio, de conformidad con el artículo 177 literal “d” y 453 de la referida ley.
DEL DERECHO APLICABLE Y MOTIVOS PARA DECIDIR.
Alegó la parte actora, que la cantidad señalada por concepto de obligación de manutención en sentencia de fecha 01 de agosto de 2012, dictada por el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de esta Circunscripción Judicial, no es suficiente para cubrir las necesidades básicas de sus hijos ya que no ayuda a satisfacer sus requerimientos básicos, referentes a alimentación, vestidos, que amerita cada día, lo cual actualmente está muy costoso, debido al alto costo de la vida y al elevado porcentaje de la inflación, por cuanto desde la fecha de la sentencia, el padre no le ha realizado aumento alguno a sus hijos, asimismo. También, pide sean fijadas las cuotas extras para gastos escolares y época decembrina, como complemento del quantum mensual alimentario.
Por último, pidió se sirviera revisar la Obligación de Manutención y se conmine al padre de su hijo a cancelar la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 200.000,00) mensuales por concepto de Obligación de manutención, los cuales deben ser descontados de la nómina del obligado y depositados en la cuenta corriente del Banco Provincial N° 01080078180100153985, a nombre de la madre de los niños. Para el mes de septiembre el padre debe aportar la cantidad de DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 2.000.000) los cuales deben ser descontados de la nómina del obligado y depositados en la cuenta corriente del Banco Provincial a nombre de la madre y en el mes de diciembre para gastos decembrinos deberá pasar la cantidad de DOS MILLONES DE BOLIVARES (BS. 2.000.000) como aguinaldos, que igualmente deben ser descontados y depositados, Con relación a los gastos médicos, medicinas y consultas médicas, así como cualquier otro concepto que genere la crianza del niño, que los progenitores los sufraguen en una proporción del cincuenta por ciento (50%) cada uno. Y que se oficie a la Oficina de Recursos Humanos de la Comandancia de la Policía del estado Yaracuy. Y que la demanda fuese admitida, sustanciada conforme a derecho y declarada con lugar en la definitiva. Y que se oficie
HECHOS CONTROVERTIDOS
Quedaron controvertidos los hechos relevantes dirigidos a determinar si los supuestos conforme a los cuales se dictó la decisión objeto de revisión fueron modificados para aumentar el monto de la obligación de manutención que había sido establecida, mediante la fijación de un nuevo monto, alegado por la parte actora y no negado por la parte demandada al no existir contestación de la demanda.
El objeto de la pretensión es el aumento del monto de la obligación de manutención que se encuentra establecido al demandado, debido al alto costo de la vida y al aumento en los artículos de primera necesidad, así como los gastos de alimentos, lo cual hace insuficiente la cantidad fijada.
En el presente caso, el problema de relevancia jurídica se plantea en la necesidad de determinar dentro de los límites de la controversia, conforme a la pretensión propuesta por la parte demandante y las defensas o resistencia del obligado, el monto de la obligación de manutención que debe seguir cumpliendo el padre obligado y la procedencia o no de fijar un nuevo monto.
Para la solución del presente problema, es importante determinar dentro de los límites de la controversia:
1) si está o no probado el vínculo paterno filial entre el obligado demandado y la parte demandante, y si los beneficiarios de la obligación de manutención de la sentencia que se pretende revisar han alcanzado o no la mayoridad y padecen discapacidades físicas o mentales que le impiden proveer su propio sustento, o se encuentran cursando estudios que, por su naturaleza, le impide realizar trabajos remunerados, a los fines de determinar la existencia o no de la obligación de manutención del demandante y la competencia del tribunal.
2) si está o no fijado judicialmente el monto de la obligación de manutención mediante sentencia definitiva o ha sido acordado voluntariamente por las partes y homologado por el tribunal.
3) si los supuestos conforme a los cuales se dictó la decisión objeto de revisión sobre manutención fueron modificados.
Ahora bien, la obligación de manutención corresponde a los padres respecto de sus hijos o hijas que no hayan alcanzado la mayoridad, y es de obligatorio cumplimiento por disposición de la Ley, tal como lo establece el artículo 366 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Del artículo antes mencionado, se observa que la obligación de manutención es un efecto de la filiación, en consecuencia, basta la existencia del vínculo filial para que por disposición de la Ley, exista igualmente la obligación de manutención de los padres respecto de sus hijos que no hayan alcanzado la mayoridad.
Así mismo, el artículo 383 ejusdem, expresa:
“La obligación de manutención se extingue:
a) por muerte del obligado u obligada o del niño, niña o del adolescente beneficiario o beneficiaria de la misma;
b) por haber alcanzado la mayoridad el beneficiario o la beneficiaria de la misma, excepto que padezca discapacidades físicas o mentales que le impidan proveer su propio sustento, o cuando se encuentre cursando estudios que, por su naturaleza, le impidan realizar trabajos remunerados, caso en el cual la obligación puede extenderse hasta los veinticinco años de edad, previa aprobación judicial.”
En consecuencia, para que la parte actora pueda pedir la ejecución de la obligación de manutención del obligado, conforme a las reglas de la distribución de la carga de la prueba, debe probar:
1) Su minoridad y su vínculo paterno filial con el obligado, (Arts. 366 y 383 literal b de la L.O.P.N.N.A.) o; en este particular ha quedado suficientemente probado en autos con la partida de nacimiento del niño, ya analizada, la filiación paterna del mismo con el demandado de autos; en cuanto a:
2) Si ha alcanzado la mayoridad, además de su vínculo paterno filial con el obligado, que padezca discapacidades físicas o mentales que le impidan proveer su propio sustento, o que se encuentre cursando estudios que, por su naturaleza, le impidan realizar trabajos remunerados para que el Juez pueda extender la obligación de manutención hasta los veinticinco años (Arts. 366 y 383 literal b de la L.O.P.N.N.A.).
Desde el punto de vista jurídico, el fundamento legal de la revisión de sentencia de obligación de manutención, está previsto en el artículo 456, parágrafo tercero, de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece:
“… omissis.. Parágrafo Tercero: Cuando se modifiquen los supuestos conforme a los cuales se dictó sentencia sobre Responsabilidad de Crianza, Régimen de Convivencia Familiar u Obligación de Manutención, puede presentarse una nueva demanda de revisión y el juez o jueza decidirá lo conducente, siguiendo para ello el procedimiento previsto en el Capítulo IV del Título IV de esta Ley.”
En la citada norma, están establecidos los requisitos que deben darse para que proceda la revisión de sentencia de obligación de manutención:
A) Que se haya dictado una decisión sobre manutención o responsabilidad de Crianza (sentencia definitiva o interlocutoria con fuerza de definitiva, que hubiere homologado un convenimiento sobre esa materia).
B) Que esa decisión haya quedado definitivamente firme. Esta condición, aunque no aparezca señalada en forma expresa en el citado artículo 456, debe ser tomada en consideración por el Tribunal, ya que para solicitar la revisión de una decisión sobre manutención o responsabilidad de Crianza, es menester que haya quedado definitivamente firme.
En consecuencia, solo es posible solicitar la revisión de una sentencia o convenimiento homologado sobre manutención o responsabilidad de Crianza, cuando no quede recurso alguno contra ella, ya que si la decisión hubiese sido apelada y el Tribunal Superior la hubiese modificado, o revocado, la sentencia revisable sería la de segunda instancia y no la del juez de la causa.
C) Que se hayan modificado los supuestos conforme a los cuales se dictó la decisión objeto de revisión.
Los supuestos que sirven de base al Tribunal para dictar una decisión sobre manutención son muchísimos, sin embargo, la juzgadora considera que uno de los principales supuestos que pueden verse modificados son los señalados en el encabezamiento del artículo 369 ejusdem, en los cuales se destacan la necesidad e interés superior del niño, niña o del adolescente y la capacidad económica del obligado.
La capacidad económica del obligado podrá variar por diversas causas:
El nacimiento de nuevos hijos del obligado de manutención (disminución de ingresos), terminación de la relación laboral del obligado trabajador, formación de una nueva familia del obligado, (nueva carga familiar), aumento del salario del obligado por ascenso en el trabajo (aumento de ingresos), extinción de la obligación de manutención del obligado, por haber alcanzado la mayoridad el beneficiario o beneficiaria de la misma, por ejercer de manera individual y plena la custodia de los hijos o hijas por quienes habían sido condenados a pagar el monto de la obligación de manutención mediante sentencia judicial o por cualquier otro supuesto que se haya modificado en la sentencia objeto de revisión.
En el caso de personas que no tengan dependencia de trabajo, también pueden modificarse los supuestos de una sentencia, cuando varíe la capacidad del obligado o por cualquier otra causa debidamente comprobada.
D) Que la revisión se solicite a instancia de parte. (Demandante o demandado, el juez de oficio no puede revisar la decisión).
E) Que la solicitud se tramite por el procedimiento contenido en capítulo IV, es decir, se siga del procedimiento ordinario previsto en los artículos 450 y siguientes de la citada ley.
Ahora bien, establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 76, entre los deberes de los padres para con sus hijos, el deber de mantenerlos y asistirlos, al consagrar expresamente que:
“,…El padre y la madre tienen el deber compartido e irrenunciable de criar, formar, educar, mantener y asistir a sus hijos o hijas…La ley establecerá las medidas necesarias y adecuadas para garantizar la efectividad de la obligación alimentaría.”

La Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y del Adolescentes en su artículo 365, establece el contenido de la obligación de manutención.
“La obligación de manutención comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación cultura, asistencia y atención medica, medicinas, recreación y deporte requeridos por el niño, niña y adolescente.

De la letra de estos artículos se desprende que no son solo alimentos sino una variedad de aportes los que debe suministrar el obligado en manutención, a su hijo, y cuya cobertura será tomada en cuenta al momento de establecer el monto de la Revisión de la Obligación de Manutención, asimismo, se debe tomar en cuenta que dicha obligación es compartida, y que no solo corresponde a uno o a otro padre exclusivamente, sino que es deber compartido e irrenunciable de ambos progenitores, el velar por sus hijos y por su normal desarrollo.
La misma Ley en su artículo 369 establece los elementos que deben tomarse en cuenta para su determinación:
“Para la determinación de la obligación de manutención el Juez o Jueza debe tomar en cuenta: la necesidad e interés del niño, niña o adolescente que la requiera, la capacidad económica del obligado u obligada, el principio de unidad de la filiación, la equidad de género en las relaciones familiares y el reconocimiento del trabajo del hogar como actividad económica que genera valor agregado y produce riqueza y bienestar social..., podrá preverse el aumento automático de dicha cantidad…”.
Ha querido el legislador que la obligación de manutención sea el producto de un análisis de varios elementos, conjugando las condiciones del requirente y el requerido, por ello ordena tomar en cuenta las necesidades de los hijos y la capacidad de los progenitores, no discrimina entre padre y madre sobre la obligación sino que los equipara y reconoce y da valor de aporte, tanto al trabajo remunerado, bien sea dependiente o independiente de los padres, así como al trabajo del hogar desplegado por quien tenga la custodia del hijo y que debe tomarse en cuenta a la hora de establecer proporciones en los montos, que en el caso de autos actualmente es la madre quien ostenta la custodia del niño.
Acoge esta juzgadora el principio de equidad de género, reconociendo que el trabajo del hogar es un valor agregado que aporta la madre del niño en su cuido y crianza y que esta juzgadora valora como aporte sustancial a la manutención de él y así se declara.
De las actas procesales se puede evidenciar sobre la necesidad del niño, de recibir aportes para su manutención dado que por su corta edad y estar cursando estudios que, por su naturaleza, le impiden realizar trabajos remunerados, por lo que se encuentran imposibilitados de proveerse por sí mismos a su manutención y siendo descendiente directo del demandado, se tiene por probada tal necesidad y así se declara.
Determinado que el demandado, fue debidamente notificado de la presente demanda de Revisión de la Obligación de Manutención, incoada en su contra, asimismo, el accionado presentó pruebas, y no contestó la demanda.
Aunado a que lo peticionado por la parte demandante se circunscribe a la necesidad de revisar el quantum de manutención, y las bonificaciones extras fijadas en beneficio de su hijo, así como la forma de pago de la misma, este Tribunal de juicio lo determinará en pro de garantizar los derechos constitucionales y legales del adolescente de autos.
Ahora bien, lo que debe ser dilucidado en el presente asunto, es la necesidad de aumentar o no la obligación de manutención, así como sus bonificaciones extras, para el niño, ante esa situación, el único elemento que sustente el argumento del aumento, sería la existencia del hecho notorio de la inflación, ya que ha transcurrido más de cinco (05) años desde el establecimiento anterior de la obligación de manutención.
La petición de la Demandante, persigue se aumente la obligación de manutención al monto de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 200.000,00) mensuales. Con relación a los gastos médicos, medicinas y consultas médicas, así como cualquier otro concepto que genere la crianza del niño, que los progenitores los sufraguen en una proporción del cincuenta por ciento (50%) cada uno. De igual modo, para cubrir los gastos de uniformes y útiles escolares, se establezca el monto de DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 2.000.000,00) y para sufragar los gastos decembrinos, se establezca la suma de DOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 2.000.000,00), y que la demanda fuese admitida, sustanciada conforme a derecho y declarada con lugar en la definitiva.
Por Ley pueden obligarse a los padres, a cubrir las necesidades económicas de sus hijos, no que sean descontados porcentajes arbitrarios del sueldo, vacaciones, aguinaldos, u otros beneficios laborales. Determina el Tribunal, que ha sido probado por parte de la parte actora, la existencia de un hijo, pero no ha sido probado, que las cantidades solicitadas, sean las que realmente cubren las necesidades de él, esto fuera del hecho notorio de la existencia de la inflación; es cierto que no puede obviarse por este Tribunal, el hecho público y notorio, que ocurre en nuestro país, como lo es la inflación existente, la cual hace, que cada día sea más elevado el costo de la vida, porque la cantidad de CUATROCIENTOS BOLIVARES (Bs. 400,00) mensuales a razón de DOSCIENTOS BOLIVARES (Bs. 200.000,00) quincenales, así como la cantidad de SEISCIENTOS BOLIVARES (600,00), para la adquisición de útiles escolares y uniformes, y MIL DOSCIENTOS (1.200.000) para gastos decembrinos, asimismo, los progenitores debían sufragar los gastos de vestido y calzado, médicos y medicinas, que generen la crianza del niño, y los montos debían ser depositados en una cuenta de ahorros aperturada para tal fin, no son suficientes para un hijo que no vive con su padre, por lo que debe fijarse el quantum en manutención en base al salario mínimo urbano nacional.
En conclusión, y relación de todas pruebas apreciadas anteriormente, a juicio de quien decide, ha quedado plenamente establecido en la presente causa, que se dictó sentencia de homologación, donde fue establecido, el monto de la obligación de manutención a favor del niño.
Que el progenitor, no probó elementos que lo favorecieran, y este Tribunal así lo hace constar.
Que los supuestos conforme a los que el referido monto de la obligación de manutención fue establecido, a favor del hijo, quedaron modificados, en virtud del hecho público y notorio del aumento de la cesta básica, teniendo la parte demandante que cubrir los aumentos generados en artículos de primera necesidad, así como gastos de alimentación médicos, medicinas ropa, calzados y asuntos escolares, es por ello que este tribunal para la fijación del nuevo monto tomará en cuenta los supuestos establecidos en el artículo 369 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes especialmente los referidos a la necesidad e interés del niño de autos, y la capacidad económica del obligado.
En consecuencia, este Tribunal debe aumentar el monto de la obligación de manutención que se había establecido a favor del niño, en virtud del alto costo de la vida y el aumento en los artículos de primera necesidad, así como gastos de alimentación, ropa, calzado y lo referente a la educación, ya que la misma fue establecida tomando en cuenta la existencia del hijo entre el actor y la parte demandada, y a su vez, que el monto establecido fue fijado tomando en cuenta la situación inflacionaria existente para el año 2012, lo cual hace inminente la necesidad de establecer un monto de obligación de manutención que resguarde el derecho del beneficiario de autos, así como del obligado actor, tomando en cuenta su capacidad económica y cargas familiares.
Sin embargo, conforme a las reglas de la distribución de la carga de la prueba, se observa que la parte demandada no logró desvirtuar con alguna prueba que lo favoreciera, los hechos alegados por la parte actora en la demanda, relativos a la modificación de los supuestos conforme a los cuales se dictó la anterior sentencia.
Por tal motivo, este tribunal deberá declarar PROCEDENTE la pretensión de Revisión de la Sentencia de Obligación de manutención, contenida en la demanda intentada por la ciudadana OLAMMY YSABEL ILARRAZA SALAS, por tener que fijarse el nuevo monto mensual de la obligación de manutención en la presente sentencia, debido a la modificación de los supuestos de la sentencia que se está revisando, por lo tanto, este tribunal deberá aumentar mediante el presente fallo, todos los montos fijados en la sentencia objeto de revisión.
A los fines de determinar el nuevo monto de la Obligación de Manutención este Tribunal toma como base la necesidad e interés superior del hijo, la capacidad económica del obligado alimentario, el principio de unidad de filiación, la equidad de género en las relaciones familiares y el reconocimiento del trabajo del hogar como actividad económica que genera valor agregado y produce riqueza y bienestar social, de conformidad con lo previsto en el artículo 369 de la Ley Orgánica Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
En cuanto a la interpretación y aplicación del interés superior del niño de autos, para determinar el monto de la obligación de manutención, el Tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, considera que no es otro que garantizarles su disfrute pleno y efectivo del Derecho de manutención, en la forma prevista en el articulo 365 ejusdem, a los fines de asegurarle su desarrollo integral como miembro de la familia e integrante de la sociedad, y como persona en desarrollo.
Con respecto a la capacidad económica del obligado, este tribunal observa que consta en autos que el demandado presta sus servicios para la Gobernación del estado Yaracuy, desempeñando el cargo de COMISIONADO AGREGADO, adscrito a la DIRECCION DE POLICIA, del Ejecutivo Regional, en tal sentido de conformidad con lo previsto en el artículo 369 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; y teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 8 ejusdem, referente al principio del interés superior, consagrado en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el cual a criterio de esta sentenciadora en el presente juicio no es otro que garantizársele al hijo equitativamente su disfrute pleno y efectivo del derecho de manutención.
En conclusión, existiendo plena prueba de la relación paterno filial, siendo que en el artículo 76 constitucional establece el deber de los padres de suministrar la asistencia y el sustento a sus hijos, y existiendo en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y de Adolescentes en los artículos 30, 365 y siguientes, todo un cúmulo inalienable de derechos, a recibir y gozar efectivamente de la obligación de manutención, con todos los atributos inherentes a ella, y habiendo sido garantizado el acceso a la justicia y el fundamental derecho a la defensa, se procede a dictar sentencia.
DECISIÓN
En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por Autoridad de la Ley y de conformidad con las disposiciones contenidas en los Artículos 76 Constitucional en concordancia con lo contenido en los artículos 8, 30, 365, 369 de la LOPNNA declara PRIMERO: CON LUGAR la presente demanda de REVISION DE OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN, presentada por la ciudadana OLAMMY YSABEL ILARRAZA SALAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 15.482.938, domiciliada en la morita nueva calle 13, sector 2, casa Nro 42, Municipio Cocorote, estado Yaracuy, en su condición de madre y representante legal del niño IDENTIDAD OMITIDA quien se encuentra asistido por ABG. ANDRELYS ALVAREZ, Defensora Pública Auxiliar Primera adscrita al Sistema Autónomo de la Defensa Pública de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy y con Competencia en Materia del Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en contra del ciudadano BENIGNO WLADIMIR PINEDA ALVAREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 10.371.903, domiciliado en la Urbanización Luis Herrera Campins (la morita nueva), avenida 6, calle 3, casa Nro. 30, municipio Cocorote, estado Yaracuy. En consecuencia, se actualiza el monto por concepto de obligación de manutención, en virtud de lo cual este Tribunal dispone: SEGUNDO: Que el padre pasará como obligación de manutención para su hijo la cantidad de DOSCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 200.000,00), mensuales los cuales serán descontados y depositados dentro de los cinco (5) primeros días de cada mes, en la cuenta corriente del Banco Provincial Nº 01080078180100153985 a nombre de la madre del niño, dicha revisión de la obligación comenzará a regir a partir del mes de abril del presente año. TERCERO: Igualmente el padre aportará por concepto de útiles y uniformes escolares, la suma de DOS MILLONES BOLIVARES (Bs. 2.000.000,00), los cuales serán descontados y depositados dentro de la primera (1era) quincena del mes de septiembre de cada año, y en el mes de diciembre, por concepto de aguinaldos el monto de DOS MILLON DE BOLIVARES (Bs. 2.000.000,00), que se descontaran y depositarán la primera quincena del referido mes en la cuenta corriente antes indicada para tal fin. Igualmente deberá depositarse el bono por juguete que otorga la institución a los hijos de sus trabajadores. CUARTO: Con relación a los gastos para cubrir lo referido a consultas médicas, medicinas, y cualquier extra que se presente con respecto al niño de autos, serán cubiertos por mitad entre ambos progenitores, previo presupuesto y presentación de facturas. QUINTO: En caso de ser incrementado el salario mínimo nacional, se deberá realizar el incremento automático y proporcional de la obligación de manutención y de las cuotas extras fijadas, de conformidad con el último aparte del artículo 369 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Juicio del Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en San Felipe, a los veintisiete (27) días del mes de abril del año 2018. Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.
La Jueza,

Abg. EMIR MORR NUÑEZ
La Secretaria,

Abg. ANGELICA MEDINA

En la misma fecha se publicó, registró y agregó la anterior sentencia siendo las 3:30.pm, se cumplió con lo ordenado y la secretaria deja expresa constancia de ello.

La Secretaria,

Abg. ANGELICA MEDINA