TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE MEDIACIÓN Y SUSTANCIACIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR. SEDE CIUDAD BOLÍVAR

Ciudad Bolívar, 25 de abril de 2018.
207° y 158º

ASUNTO: FP02-J-2017-000815
RESOLUCIÓN Nº PJ0832018000162

“JURISDICCIÓN VOLUNTARIA”

Parte Solicitante: Ciudadana: MARITZA DEL CARMEN BRITO BOGARÍN, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nro. V-10.045.306.

Abogados Asistentes de la parte Solicitante:
Ciudadanas: ELISA MERCEDES VICENTTY, Abogado en ejercicio, de este domicilio e inscrita en el I.P.S.A, bajo el Nro 182.633.

Parte No Solicitante: Ciudadano: RAMÓN ANTONIO RODRÍGUEZ PINTO, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la Cédula de Identidad Nº V-8.878.498, domiciliado actualmente en la siguiente dirección: Calle Los Caribes con calle Bolivia. Casa Nº 44. Sector La Sabanita. Parroquia La Sabanita, Ciudad Bolívar. Municipio Autónomo Heres del estado Bolívar.

Motivo: DIVORCIO (DESAMOR, DESAFECTO e INCOMPATIBILIDAD)

PRIMERA
ACTUACIONES DE LA PARTE SOLICITANTE
Se inicia el procedimiento mediante el cual en fecha 18 de diciembre de 2017, la ciudadana: MARITZA DEL CARMEN BRITO BOGARÍN, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nro. V-10.045.306, debidamente asistida por las ciudadanas: ELISA MERCEDES VICENTTY, Abogado en ejercicio, de este domicilio e inscrita en el I.P.S.A, bajo el Nro 182.633, interpuso ante este Tribunal, solicitud de DIVORCIO fundamentada en las causales de POR DESAMOR, DESAFECTO E INCOMPATIBILIDAD DE CARACTERES, contra el ciudadano: RAMÓN ANTONIO RODRÍGUEZ PINTO, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la Cédula de Identidad Nº V-8.878.498, domiciliado actualmente en la siguiente dirección: Calle Los Caribes con calle Bolivia. Casa Nº 44. Sector La Sabanita. Parroquia La Sabanita, Ciudad Bolívar. Municipio Autónomo Heres del estado Bolívar.

En fecha 09 de enero de 2018, este Tribunal, admitió la solicitud presentada, por no ser contraria al orden público, a la moral pública, a las buenas costumbres y a ninguna disposición expresa del ordenamiento jurídico.

En fecha 15 de febrero de 2018, el Ciudadano Alguacil adscrito a este Tribunal, consignó boleta de notificación debidamente firmada por la Fiscal Séptima del Ministerio Público con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

En fecha 21 de marzo de 2018, el Ciudadano Alguacil adscrito a este Tribunal, consignó boleta de notificación debidamente firmada por la Parte Demandada en la presente causa.

SEGUNDA
DE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL.
Que la competencia de este Tribunal de Protección, la determina la residencia habitual de los niño (s) y/o adolescente (s): (Identidad omitida, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la LOPNNA),, para el momento de la presentación de la solicitud, la cual está situada en esta ciudad, de conformidad con lo previsto en los artículos 453 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con lo previsto en el artículos 177 Parágrafo Segundo, literal “L” de la citada ley.

DE LOS HECHOS CONTENIDOS EN LA SOLICITUD.
Alega la Solicitante: MARITZA DEL CARMEN BRITO BOGARÍN, que en fecha 02 de abril de 1992, contrajo Matrimonio Civil con el ciudadano: RAMÓN ANTONIO RODRÍGUEZ PINTO, por ante el Registro Civil del Municipio Heres del estado Bolívar, tal como se evidencia en el Acta de Matrimonio Nº 95. Libro I. Tomo I del Registro Civil de Matrimonios llevado por ese Despacho durante el año 1992.

Que luego de la celebración del matrimonio, fijaron de mutuo acuerdo domicilio conyugal en la siguiente dirección: Urbanización Las Beatrices. Manzana 11. Casa Nº 36. Parroquia La Sabanita. Ciudad Bolívar. Municipio Autónomo Heres del estado Bolívar, siendo su último domicilio conyugal en la dirección: Calle Los Caribes con calle Bolivia. Casa Nº 44. Sector La Sabanita. Parroquia La Sabanita, Ciudad Bolívar. Municipio Autónomo Heres del estado Bolívar.

Que de dicha unión matrimonial procrearon dos (02) hijos, que llevan por nombres: (Identidad omitida, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la LOPNNA),, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-21.578.469 y (Identidad omitida, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la LOPNNA),, actualmente cuenta con diecisiete (17) años de edad, (nacido en fecha 02/09/2000) e identificado con el Acta de Nacimiento expedida por ante el Registro Civil del Municipio Heres. Parroquia Catedral del estado Bolívar, según Acta Nº 1715, de fecha 26 de septiembre de 2000, Libro 4. Tomo 1. Folio 216 del Registro Civil de Nacimientos llevados por esa Autoridad durante el año 2000 y titular de la Cédula de Identidad Nº V-27.596.639.

Alega la cónyuge: “Nuestro matrimonio en principio fue armonioso y estuvo basado en el respeto, la tolerancia, el afecto mutuo y la comprensión, cumpliendo cabalmente cada uno con nuestras obligaciones conyugales, pero es el caso que desde hace varios años han surgido entre nosotros desavenencias, diferencias irreconciliables y un distanciamiento insalvable, que han provocado un profundo desafecto como pareja y la desaparición de todo rasgo de amor, cariño y buenos sentimientos, aunque por necesidad nos mantenemos en la misma vivienda común.
Así manifiesto mi expresa decisión de poner fin a la relación matrimonial que aun sostengo legalmente con mi cónyuge, RODRÍGUEZ PINTO RAMÓN ANTONIO, pues nuestra incompatibilidad de caracteres y desafecto es insuperable y conforme mi consciente y responsable convicción no es posible nuestra reconciliación o recomposición de los afectos, siendo contrario al constitucional derecho al libre desenvolvimiento de mi personalidad y a mi derecho a la dignidad como ser humano estar obligada a permanecer en unión conyugal con mi actual esposo. Por meros formalismos legales cuando no se siente estima y se expresa constante indiferencia, apatía y alejamiento emocional, con una disminución total de interés por el otro y un incumplimiento evidente de los deberes maritales.
En consecuencia, dado el desafecto e incompatibilidades explicadas, sin duda, se justifica, bajo la nueva doctrina del divorcio solución y la jurisprudencia patria vigente, la presente solicitud de divorcio”. (Cursiva del Tribunal).

Situaciones que conllevaron a la circunstancia real y cierta de existir entre ellos un verdadero desafecto, desamor e incompatibilidad de caracteres, por diferencias surgidas en la vida conyugal, existiendo una ruptura de la relación matrimonial.

Que ante tal situación, no hay razón alguna para sostener el caso de que existe entre el cónyuge y la presentante un verdadero desafecto, desamor e incompatibilidad, por las diferencias surgidas en la vida conyugal que conllevaron a la ruptura de la relación matrimonial, razón por la cual solicitó bajo el libre consentimiento, por existir tales circunstancias de forma permanente, al considerar su voluntad y profundo deseo de no seguir unido en matrimonio con su cónyuge antes identificado, por la existencia de su parte del desamor, desafecto e incompatibilidad hacia su cónyuge y por lo tanto solicitó sea declarado el divorcio que le une con el prenombrado ciudadano.

Con respecto a las Instituciones Familiares, indicó que la Patria Potestad, se ejercerá de acuerdo a lo establecido en el artículo 349 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, correspondiendo al padre y a la madre de manera conjunta en interés y beneficio del hijo.

Que la Responsabilidad de Crianza, se ejercerá de conformidad con lo establecido en el artículo 359 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, correspondiendo al padre y a la madre ejercerla de manera conjunta en interés y beneficio de su hijo.

Que la Custodia, de conformidad con lo establecido en el artículo 359 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, le quede atribuida a la madre, de manera individual y separada.

Que la Obligación de Manutención, de acuerdo a lo previsto en los artículos 365, 369 y 456 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, será fijad por este Juzgado, conforme a lo ofertado por el Solicitante y dentro de los parámetros de Ley.

Que el Régimen de Convivencia, de acuerdo a lo previsto en los artículos 365, 369 y 456 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, parte actora Solicita que sea establecido el Régimen de Convivencia Familiar Abierto, por este mismo Tribunal, fundamentándose en sus máximas de experiencias y dentro de los parámetros de Ley.

Que fundamenta la solicitud en el artículo 177 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con el artículo 185 del Código Civil y basado en la sentencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nº 1070 del año 2014, conjuntamente con la sentencia Nº 136 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 30/03/2017.
Por su parte, en fecha 17 de abril de 2018, se celebra la AUDIENCIA DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, en la cual la parte Solicitante le concede el derecho a su abogado exponiendo oralmente sus alegatos, quien manifestó: “Es el caso ciudadana que mi representada ciudadana MARITZA DEL CARMEN BRITO BOGARIN, que de la unión matrimonial procrearon dos hijos que llevan por nombres JAVIER ANTONIO RODRIGUEZ BRITO, mayor de edad y un adolescente de nombre (Identidad omitida, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la LOPNNA),quien nació el día 02 de SEPTIEMBRE del año 2000, quien cuenta con diecisiete (17) años de edad respectivamente, habiendo entre ellos una separación de hecho, ya que hasta la presente fecha viven en el mismo techo bajo, ya que se acabó el amor de ambas partes existiendo los malo tratos por parte del demandado RAMON ANTONIO RODRIGUEZ PINTO, ya que por parte de mi representada se produjo el Desamor y Desafecto lo que originó Incompatibilidad de Caracteres, siendo una ruptura prolongada, sin que existir reconciliación entre ellos”. Es Todo. En relación a las INSTITUCIONES FAMILIARES, de conformidad con los artículos 349, 351, 357 y 359 de la LOPNNA, 1º) La Patria Potestad será compartida por ambos padres. 2º) La Responsabilidad de Crianza será compartida por ambos padres, mientras que la custodia será ejercida de manera exclusiva por la madre. 3º) Con respecto a la Convivencia Familiar y a la Obligación de Manutención solicita que el Tribunal la fije en sentencia definitiva.” Se deja constancia que NO compareció el ciudadano RAMON ANTONIO RODRIGUEZ PINTO. Del mismo modo, se deja constancia que no compareció el adolescente: (Identidad omitida, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la LOPNNA),, de diecisiete (17) años de edad, (nacido en fecha 02/09/2000), no se pudo escuchar su opinión, por cuanto no lo trajeron a esta audiencia, ya que su opinión es una garantía del artículo 80 de la LOPNNA.
Es importante destacar que la manifestación de voluntad de uno cualesquiera de los cónyuges al deseo de poner fin a la relación matrimonial por la invocación expresa de la incompatibilidad de caracteres o el desafecto, tal como ocurrió en el caso planteado, pues en el libelo se afirma “…hasta el punto de hacerse imposible la vida en común por una incompatibilidad manifiesta en nuestros caracteres…”.
“La sentencia del Alto Tribunal Sala Constitucional con la concepción actual del divorcio, la cual se fundamenta en el desafecto y la incompatibilidad de caracteres, tal como fue desarrollado por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, y plasmada en sentencia N° 1070 del 9 de diciembre de 2016, en la solicitud de avocamiento realizada por el ciudadano Hugo Armando Carvajal Barrios, de la siguiente manera:
“…Por lo tanto, el matrimonio se erige como la voluntad de las partes, nacida del afecto, para lograr los fines de la vida en pareja y durante su lapso de vida constituir el pilar fundamental de la sociedad organizada: la familia.
A este respecto tenemos pues que al momento en el cual perece el afecto la relación matrimonial pasa a ser apática con un alejamiento sentimental que causa infelicidad entre los cónyuges, por ende, al existir una falta de afecto, entendida como desafecto, será muy difícil, prácticamente imposible, que los cónyuges cumplan con sus deberes maritales. En consecuencia, considera esta Sala que con la manifestación de incompatibilidad o desafecto para con el otro cónyuge apareja la posibilidad del divorcio en las demandas presentadas a tenor de lo dispuesto en el artículo 185 y 185-A, que conforme al criterio vinculante de esta Sala no precisa de un contradictorio, ya que se alega y demuestra el profundo deseo de no seguir unido en matrimonio por parte del cónyuge-demandante, como manifestación de un sentimiento intrínseco de la persona, que difiere de las demandas de divorcio contenciosas. Entonces, cuando la causal de divorcio verse sobre el desamor, el desafecto o la incompatibilidad de caracteres, el procedimiento a seguir será el de la jurisdicción voluntaria, establecido en los artículos del 895 al 902 del Código de Procedimiento Civil, ordenando la citación del otro cónyuge (quien deberá comparecer representado o debidamente asistido de abogado) y del Fiscal del Ministerio Público, pues una vez expresada en los términos descritos la voluntad de disolver la unión matrimonial “…debe tener como efecto la disolución del vínculo…”. Así lo refleja la sentencia 1070/2016 supra transcrita de la Sala Constitucional, procedimiento en el cual fue suprimida la articulación probatoria, ya que tal manifestación no puede depender de la valoración subjetiva que haga el Juez de la entidad de la razón del solicitante. (Subrayado de este Tribunal)

Ahora bien, en este acto la Ciudadana Jueza se ausenta por un espacio de 15 minutos para tomar decisión en la presente causa. Vencido dicho tiempo se incorpora la Jueza a la Audiencia dejándose constancia que se encuentran presente todas las partes. Realiza pronunciamiento en los siguientes términos: Que del análisis de las consideraciones que preceden y de los hechos planteados en la solicitud, en relación con la disposición legal invocada, se dan los supuestos que configuran una ruptura prolongada por desafecto y desamor, en razón de lo cual, a juicio de la sentenciadora, cumplidas las previsiones de la norma, se estima procedente la pretensión y Así se Decide. En por razonamientos entes expuestos, el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar. Extensión Ciudad Bolívar, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: CON LUGAR, el DIVORCIO por DESAFECTO Y DESAMOR, de los ciudadanos: MARITZA DEL CARMEN BRITO BOGARÍN, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nro. V-10.045.306 y RAMÓN ANTONIO RODRÍGUEZ PINTO, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la Cédula de Identidad Nº V-8.878.498, tal como lo establece la Sala Constitucional en su Sentencia Nro. 1070 del año 2016 y en consecuencia, declara disuelto el vínculo matrimonial que habían contraído en fecha 02 de abril de 1992, por ante el Registro Civil del Municipio Heres del estado Bolívar, tal como se evidencia en el Acta de Matrimonio Nº 95. Libro I. Tomo I del Registro Civil de Matrimonios llevado por ese Despacho durante el año 1992. (Negrilla de este Tribunal) Así se decide.
Con relación a las INSTITUCIONES FAMILIARES, el Tribunal se pronunciara en la definitiva del fallo. Así se decide.
La mujer no podrá usar en lo adelante el apellido del que fue su esposo y ambos quedan libres para contraer nuevas nupcias.

Estando dentro de la oportunidad para publicar por escrito la sentencia completa, este Tribunal observa:

En el caso sub iudice, se trata de una solicitud de divorcio fundamentada en las causales de desamor, desafecto e incompatibilidad de caracteres.

En cuanto a las solicitudes de divorcio fundamentadas en las causales de desafecto y/o la incompatibilidad de caracteres, mediante sentencia No. 1070 fecha 09 de diciembre de 2016, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, estableció lo siguiente:

“Por lo tanto, el matrimonio se erige como la voluntad de las partes, nacida del afecto, para lograr los fines de la vida en pareja y durante su lapso de vida constituir el pilar fundamental de la sociedad organizada: la familia.
(…omissis…)
En este sentido, al momento en el cual perece el afecto y cariño ocurre el nacimiento del desafecto, el cual es definido por la Real Academia Española como la falta de estima por algo o alguien a quien se muestra desvío o indiferencia.

Dicho desafecto consiste en la pérdida gradual del apego sentimental, habiendo de una disminución del interés por el otro, que conlleva a una sensación creciente de apatía, indiferencia y de alejamiento emocional, lo que con el tiempo lleva a que los sentimientos positivos que existían hacia el o la cónyuge cambien a sentimientos negativos o neutrales.
(…omissis…)
A este respecto tenemos pues que al momento en el cual perece el afecto la relación matrimonial pasa a ser apática con un alejamiento sentimental que causa infelicidad entre los cónyuges, por ende, al existir una falta de afecto, entendida como desafecto, será muy difícil, prácticamente imposible, que los cónyuges cumplan con sus deberes maritales.

De la misma forma, durante la unión matrimonial puede surgir la incompatibilidad de caracteres entre los cónyuges, la cual consiste en una intolerancia de alguno de los cónyuges para con su pareja, siendo exteriorizada en diversas formas lo que genera una permanente aversión que hace imposible la vida en común.

De modo pues que tales situaciones no se pueden encasillar a las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil, tal y como se estableció en la sentencia n° 693/2015, ya que al ser sentimientos intrínsecos de alguno de los cónyuges, estos pueden nacer o perecer de forma inesperada sin que exista un motivo específico.

Es evidente entonces, que cuando aparece el fenómeno del desafecto o la incompatibilidad entre los cónyuges, resulta fracturado y acabado, de hecho, el vinculo matrimonial, por cuanto ya no existe el sentimiento afectuoso que originó dicha unión, más sin embargo, esto no implica que, desde el punto de vista jurídico se haya roto la unión matrimonial.

Por lo tanto y en razón de encontrarse, de hecho, roto tal vínculo que originó el contrato de matrimonio, este no debe de seguir surtiendo efectos en el mundo jurídico, motivo por el cual no se puede someter a un procedimiento controversial al cónyuge que alegue o haga evidenciar el desafecto o la incompatibilidad de caracteres en su demanda de divorcio, pues esta Sala estando en franca sintonía con el respeto a los derechos constitucionales relativos a la libertad y el libre desenvolvimiento de la personalidad, desarrollados en la sentencia 693/2015, estableció la posibilidad de que la ruptura jurídica del vínculo matrimonial se pueda generar por causas no previstas en la legislación patria, es decir, que el desafecto y la incompatibilidad de caracteres, creadores de disfunciones en el matrimonio y la familia, siendo esta la base fundamental para el desarrollo de la sociedad, pueden ser alegados con el fin de obtener una sentencia que disuelva el vínculo jurídico que une a los cónyuges, para así lograr el desenvolvimiento efectivo de los principios, valores y derechos constitucionales que rigen la materia, así como la protección familia y de los hijos –si es el caso- habidos durante esa unión matrimonial en la cual se produjo el desafecto o la incompatibilidad señalada.

Por ello, a los fines de la protección familiar debe entenderse el divorcio como una solución al conflicto marital surgido entre los cónyuges, con el propósito de aligerar la carga emocional de la familia. (Subrayado añadido).

En este sentido, con respecto al procedimiento aplicable a las solicitudes de divorcio por las causales de desamor, desafecto e incompatibilidad de caracteres, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Sentencia No. RC.000136, de fecha 30 de marzo de 2017, estableció el siguiente criterio:
“En ese orden de ideas, esta Sala de Casación Civil acoge los criterios doctrinales y jurisprudenciales antes citados, especialmente la sentencia N° 1070 dictada con carácter vinculante por la Sala Constitucional en fecha 9 de diciembre de 2016, y concluye que cualquiera de los cónyuges que así lo desee, podrá demandar el divorcio por las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil, o por cualquier otro motivo, como la incompatibilidad de caracteres o desafecto, sin que quepa la posibilidad de que manifestada la ruptura matrimonial de hecho, se obligue a alguno de los cónyuges a mantener el vínculo jurídico cuando éste ya no lo desea, pues de lo contrario, se verían lesionados derechos constitucionales como el libre desenvolvimiento de la personalidad, la de adquirir un estado civil distinto, el de constituir legalmente una familia, y otros derechos sociales que son intrínsecos a la persona.

Asimismo, procede esta Sala a determinar el procedimiento de divorcio, por separación de cuerpos y Separación de hecho por más de 5 años, desafecto y/o incompatibilidad de caracteres (Artículo 185-A del Código Civil); a seguir por el cónyuge interesado en obtener una sentencia con esa finalidad, en los siguientes casos:
(…omissis…)
Cuando uno de los cónyuges manifieste la incompatibilidad de caracteres o el desafecto para con el esposo o la esposa, el procedimiento de divorcio no requiere de un contradictorio, ya que es suficiente el deseo de no seguir en matrimonio por parte del cónyuge solicitante para que se decrete el divorcio, en armonía con los preceptos constitucionales y las sentencias vinculantes supra desarrolladas, pues es evidente que el libre desarrollo de la personalidad como parte del derecho a la libertad, definen un espacio de autonomía individual, de inmunidad, frente al poder estatal, cuya interdicción sólo procede bajo causas específicas.

Entonces, cuando la causal de divorcio verse sobre el desamor, el desafecto o la incompatibilidad de caracteres, el procedimiento a seguir será el de la jurisdicción voluntaria, establecido en los artículos del 895 al 902 del Código de Procedimiento Civil, ordenando la citación del otro cónyuge (quien deberá comparecer representado o debidamente asistido de abogado) y del Fiscal del Ministerio Público, pues una vez expresada en los términos descritos la voluntad de disolver la unión matrimonial “…debe tener como efecto la disolución del vínculo…”. Así lo refleja la sentencia 1070/2016 supra transcrita de la Sala Constitucional, procedimiento en el cual fue suprimida la articulación probatoria, ya que tal manifestación no puede depender de la valoración subjetiva que haga el Juez de la entidad de la razón del solicitante.

Por último, ratifica esta Sala, que el fin que deben perseguir los tribunales, es producir como jueces naturales conforme lo dispone el artículo 49 de la Carta Política, una decisión que entienda el divorcio como una solución al conflicto marital surgido entre los cónyuges, con el propósito de la protección familiar y de aligerar la carga emocional de la misma. Cabe destacar que no obstante el procedimiento apropiado para tramitar la solicitud de divorcio que en este punto se ha abordado, sin lugar a dudas que la correspondiente decisión proferida por el tribunal causará cosa juzgada material a tenor de lo previsto en el artículo 273 del Código de Procedimiento Civil, sería un absurdo considerar que toda la interpretación progresiva de carácter constitucional (vinculante) dada a la institución del divorcio en aras –entre otros aspectos- de materializar en él un procedimiento célere, breve y expedito pudiera sacrificar la fuerza de cosa juzgada material.

Por ello, una vez expresada en los términos descritos la voluntad de disolver la unión matrimonial, “…debe tener como efecto la disolución del vínculo…” máxime si cualquier posible discusión en cuanto a una eventual reconciliación estaría –como ocurre en el sub iudice- fuera de contexto por ser ajena a las defensas que se plantearen, sin condicionantes probatorios, pues no existe prueba del sentimiento de desafecto ya que ello no está vinculada a condiciones ni a hechos comprobables; por el contrario, debe depender de la libre manifestación de voluntad del cónyuge de disolver el vínculo por la terminación del afecto, lo cual es más acorde con las exigencias constitucionales del libre consentimiento que impone el derecho de libre desarrollo de la personalidad y sin que el procedimiento pretenda invadir la esfera privada del cónyuge solicitante y sin cuestionar el libre desarrollo de su personalidad, pues las relaciones conyugales se establecen para vivir manteniendo el vínculo afectivo, por lo que a través del procedimiento de jurisdicción voluntaria el Juez cuenta un amplio margen de discrecionalidad para acordar la demanda y sus pretensiones y de conformidad al artículo 11 del Código ritual, pueda, en casos excepcionales de duda, requerir alguna prueba que considere indispensable, sin permitírsele al Juez inmiscuirse en el libre desarrollo de la personalidad del individuo al valorar los motivos por los cuales el Solicitante adoptó la decisión. El trámite es estrictamente objetivo y nada invasivo de la esfera individual del o la solicitante.”

Ahora bien, con respecto al procedimiento aplicable a las solicitudes de divorcio fundamentadas en las causales no taxativas de desamor, desafecto o incompatibilidad de caracteres, se debe tomar en cuenta lo previsto en el artículo 178 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que establece lo siguiente:

“Artículo 178. Atribuciones.
Los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes conocen de los distintos asuntos y recursos de carácter contencioso conforme al procedimiento ordinario previsto en esta Ley, aunque en otras leyes los mismos tengan pautado un procedimiento especial. Los asuntos de jurisdicción voluntaria se tramitan conforme al procedimiento de jurisdicción voluntaria contemplado en esta Ley, aunque en otras leyes tengan pautado un procedimiento especial…” (Negrita y subrayado añadido).

De la norma transcrita y de los citados criterios Jurisprudenciales se colige, que en aquellas solicitudes de divorcio por las causales de desamor, desafecto e incompatibilidad de caracteres, donde uno o ambos cónyuges sean adolescentes o tengan uno o varios hijos o hijas que no hayan alcanzado la mayoridad, serán de la competencia de los Tribunales de Protección y deberán ser tramitadas por el Procedimiento de Jurisdicción voluntaria previsto en los artículos 511 y siguientes de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, por constituir un fuero atrayente conforme a lo previsto en los artículos 177 Parágrafo Segundo, literal “L”, 178 y 453 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

En este sentido, en el presente caso, por existir unos hijos que no ha alcanzado la mayoridad, este Tribunal se considera competente para conocer y decidir la solicitud de divorcio presentada.

TERCERA
DE LAS PRUEBAS, ANÁLISIS Y VALORACIÓN

En cuanto a las PRUEBAS producidas, la parte Solicitante promovió:

1.- Copia certificada del Acta de Matrimonio de los ciudadanos MARITZA DEL CARMEN BRITO BOGARÍN y RAMÓN ANTONIO RODRÍGUEZ PINTO, expedida por el Registro Civil del Municipio Heres del estado Bolívar, tal como se evidencia en el Acta de Matrimonio Nº 95. Libro I. Tomo I del Registro Civil de Matrimonios llevado por ese Despacho durante el año 1992, cursante al folio ocho (08) del expediente y con la que se pretendía probar el vínculo matrimonial existente entre ellos; este Tribunal, por tratarse de un documento público le da pleno valor probatorio, considerando que los hechos que se pretendían probar se demuestran a través de dicha documental y la tiene como fidedigna y la aprecia con valor de documento público autentico que ha sido autorizado por funcionario público competente, de conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 77 de la Ley Orgánica de Registro Civil, en concordancia con los artículo 1.357 y 1359 del Código Civil. Y así se declara.

2.- Copia simple de la Cédula de Identidad del ciudadano JAVIER ANTONIO RODRÍGUEZ BRITO, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-21.578.469, donde se demuestra que os datos de identificación son fidedignos, cursante al folio siete (07) del expediente.

3.- Copia certificada del Acta de Nacimiento del adolescente (Identidad omitida, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la LOPNNA),, actualmente cuenta con diecisiete (17) años de edad, (nacido en fecha 02/09/2000) e identificado con el Acta de Nacimiento expedida por ante el Registro Civil del Municipio Heres. Parroquia Catedral del estado Bolívar, según Acta Nº 1715, de fecha 26 de septiembre de 2000, Libro 4. Tomo 1. Folio 216 del Registro Civil de Nacimientos llevados por esa Autoridad durante el año 2000 y titular de la Cédula de Identidad Nº V-27.596.639, cursante al folio diez (10) del expediente, mediante la cual se pretendía probar la minoridad de la adolescente y que aparece reconocido como hijo por los ciudadanos: MARITZA DEL CARMEN BRITO BOGARÍN y RAMÓN ANTONIO RODRÍGUEZ PINTO, son quienes tienen atribuida la titularidad de la patria potestad de la hija considerando que los hechos que se pretendían probar se demuestran a través de dichas documentales. En este sentido, queda demostrado el vínculo existente entre ellos; este Tribunal las tiene como fidedigna y la aprecia con valor de documento público auténtico que ha sido autorizado por funcionario público competente, de conformidad con lo establecido en los artículos 11 y 77 de la Ley Orgánica de Registro Civil, en concordancia con los artículo 1.357 y 1359 del Código Civil. Y así se declara.

En el caso bajo análisis, la parte Actora, solicitó el divorcio alegando motivos de desamor, desafecto e incompatibilidad de caracteres, lo cual evidencia que se encuentra roto de hecho el vínculo que originó el contrato de matrimonio, por lo que el Tribunal considera que este no debe de seguir surtiendo efectos en el mundo jurídico, con el fin de garantizar los derechos constitucionales relativos a la libertad y el libre desenvolvimiento de la personalidad, conforme a los Criterios Jurisprudenciales transcritos, razón por la cual, este Tribunal, considera que la solicitud de divorcio debe prosperar y así debe ser decidido en el dispositivo del fallo.

En cuanto a la interpretación y aplicación del interés superior del hijo SERGIO ANDRÉS RODRÍGUEZ BRITO, de la opinión emitida y de los hechos alegados y probados en autos, este Tribunal, no escuchó la opinión del referido adolescente, por cuanto el mismo no compareció a la audiencia, de conformidad con los artículos 8 y 80 LOPNNA.

CUARTA
DE LA DECISIÓN
Por las consideraciones antes señaladas, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, sede Ciudad Bolívar, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR, la solicitud de DIVORCIO fundamentada en los motivos de POR DESAMOR, DESAFECTO E INCOMPATIBILIDAD DE CARACTERES realizada por la ciudadana: MARITZA DEL CARMEN BRITO BOGARÍN, venezolana, mayor de edad, civilmente hábil, de este domicilio y titular de la Cédula de Identidad Nro. V-10.045.306, contra el ciudadano: RAMÓN ANTONIO RODRÍGUEZ PINTO, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la Cédula de Identidad Nº V-8.878.498. Así se Decide.

En consecuencia, queda DISUELTO POR DIVORCIO, el vínculo matrimonial que habían contraído los prenombrados cónyuges, en fecha 02 de abril de 1992, por ante el Registro Civil del Municipio Heres del estado Bolívar, tal como se evidencia en el Acta de Matrimonio Nº 95. Libro I. Tomo I del Registro Civil de Matrimonios llevado por ese Despacho durante el año 1992. Así se Decide.

En tal sentido, en relación a las Instituciones Familiares, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 347, 351, 359 y 360 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, este Tribunal establece:

La Patria Potestad del hijo, procreado durante el matrimonio, la tendrán ambos Padres.

La Responsabilidad de Crianza del hijo será ejercida de manera conjunta por ambos padres, mientras que su custodia se atribuye judicialmente de manera Individual y separada, a la madre, ciudadana: MARITZA DEL CARMEN BRITO BOGARÍN.

Con respecto a la Obligación de Manutención, de acuerdo a lo previsto en los artículos 365, 369 y 456 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, el padre, ciudadano: RAMÓN ANTONIO RODRÍGUEZ PINTO, sufragará la suma equivalente a un salario mínimo, decretados por el Ejecutivo Nacional, que asciende a la cantidad de: Trescientos noventa y dos mil seiscientos cuarenta y seis bolívares con cuarenta y cuatro céntimos (Bs. 392.646,44), en forma mensual y consecutiva, por concepto de Obligación de Manutención. Asimismo, sufragará la suma equivalente a dos salarios mínimos, decretados por el Ejecutivo Nacional, que asciende a la cantidad de: Setecientos ochenta y cinco mil doscientos noventa y dos bolívares con ochenta y ocho céntimos (Bs. 785.292,88), para gastos escolares en el mes de AGOSTO, adicional a la mensualidad de obligación de manutención y sufragará la suma de: Setecientos ochenta y cinco mil doscientos noventa y dos bolívares con ochenta y ocho céntimos (Bs. 785.292,88), para gastos en Navidad en el mes de DICIEMBRE, adicional a la mensualidad de obligación de manutención, dichas sumas serán depositadas en una Cuenta de Ahorro, a nombre de la madre guardadora, aperturada en cualquier entidad bancaria establecida en la zona. En relación al área de Salud y Recreación, los padres cubrirán y se harán responsables del equivalente al cincuenta por ciento (50%) de los gastos que puedan surgir, se tiene como cierto y se ordena darle estricto cumplimiento. Así se Decide. Que las mismas deben sufrir un incremento progresivo de conformidad con los ingresos que obtenga el padre y demostrado fielmente por ante el Tribunal competente. “La Obligación de Manutención comprende todo lo relativo al sustento, vestido, habitación, educación, cultura, asistencia y atención médica, medicinas y deportes, requeridos por los hijos.…” Y así se establece.

Con respecto al Régimen de Convivencia Familiar, el Tribunal, cumpliendo con lo establecido en el artículo 387 de la LOPNNA, en aras de garantizar a que la hija tenga derecho a convivencia familiar con el padre y lograr una vida sana, el padre, ciudadano RAMÓN ANTONIO RODRÍGUEZ PINTO, podrá compartir con su hijo, siendo la comunicación de parte de los padres amistosa, por el bienestar del hijo sin más limitación que las que derivan del cumplimiento de las obligaciones escolares, en horas oportunas y convenientes y la madre, tiene la obligación de facilitar y permitir estas visitas. En cuanto a las festividades de Carnaval y Semana Santa, serán alternos, es decir, un Carnaval con el padre y siguiente año con la madre, de igual forma, para la Semana Santa, en el mismo orden serán los días o fiesta decembrina, un 24 de diciembre con el padre y el año siguiente con la madre y el 31 de diciembre con la madre y el año siguiente con el padre. El Día del Padre, lo pasará con el padre y el Día de Madre, lo pasará con la madre. la mitad del día; esta convivencia comprende cualquier otra forma de contacto, tales como: comunicaciones telefónicas, telegráficas, epistolares y computarizadas, el padre podrá conducir al hijo, a un lugar distinto al de su residencia, previa notificación dada a la madre, en cuanto a las vacaciones del mismo serán compartidas entre los padres; en lo que respecta a los viajes del adolescente, el padre y la madre pueden viajar con él, dentro o fuera del país, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 392 y siguientes de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y Así se Decide.

La mujer, ciudadana: MARITZA DEL CARMEN BRITO BOGARÍN, no podrá seguir usando, en lo sucesivo, el apellido del que fue su esposo, ciudadano: RAMÓN ANTONIO RODRÍGUEZ PINTO, así como nunca estuvo obligada a llevarlo, y ambos quedarán libres para contraer nuevas nupcias. Y así se decide.

En cuanto a los bienes de la comunidad conyugal, liquídese y divídase la comunidad de gananciales, si la hubiese, ante la Instancia Competente, o por demanda autónoma, conforme a lo previsto en los artículos 156 y 165 concordancia con el 173 del Código Civil. Así se decide.
Publíquese, regístrese y déjese copia de la presente Decisión.
Dada, firmada y sellada en el Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, sede Ciudad Bolívar, a los veinticinco días del mes de abril del año dos mil dieciocho. Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.

ABG. VERÓNICA JOSEFINA BARRETO.
Jueza Provisoria del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, sede Ciudad Bolívar.

ABG. YAQUELINE RODRÍGUEZ.
Secretaria del Circuito de Protección.

En esta fecha se registró y publicó la anterior decisión, previo anuncio de ley, a las diez y treinta minutos de la mañana (10:30 AM). Conste.

ABG. YAQUELINE RODRÍGUEZ.
Secretaria del Circuito de Protección