TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY.

San Felipe, 17 de julio de 2018.
Años: 208º y 159º

EXPEDIENTE: N° 2.618-18.

PARTE DEMANDANTE: Ciudadanos GAINZA MENDOZA ELVIA KARINA y PEREIRA ARRAIZ GUIDO RAFAEL, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédula de identidad números 22.302.535 y 17.256.882 respectivamente, de este domicilio.

ABOGADA ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE: DOMINGUEZ DOMINGUEZ LENYMAR ZAHIRA Inpreabogado N° 238.938.

MOTIVO: DIVORCIO 185-A.

El presente procedimiento se inicia por solicitud de DIVORCIO, fundamentada en el artículo 185-A, del Código Civil vigente, presentada por los ciudadanos GAINZA MENDOZA ELVIA KARINA, y PEREIRA ARRAIZ GUIDO RAFAEL, arriba identificados, debidamente asistidos por la abogada DOMINGUEZ DOMINGUEZ LENYMAR ZAHIRA Inpreabogado N° 238.938, solicitando sea declarada con lugar su solicitud de divorcio y en consecuencia, disuelto en vinculo matrimonial contraído entre ellos.
Del escrito presentado, los solicitantes exponen que en fecha 21 de diciembre de 2015, contrajeron matrimonio civil por ante el Registro Civil del Municipio Cocorote del Estado Yaracuy, y para constatarlo presenta copia debidamente certificada del Acta de Matrimonio signada con el N° 141, que corre inserta a los folios 4 y 5, y sus vueltos, del expediente. Que fijaron su domicilio conyugal en el Conjunto Residencial calle 26 entre 5 y 6 avenida, sector Simón Bolívar, municipio Independencia, estado Yaracuy, que durante la unión no adquirieron bienes muebles e inmuebles que liquidar, ni procrearon hijos. Sigue narrando que debido a las desavenencias y dificultades insuperables surgidas en el curso de 2 años de vida conyugal, de mutuo y amistoso acuerdo deciden suspender la vida en común desde hace 2 años, por lo que de conformidad con lo establecido en el artículo 185-A del Código Civil vigente, y la Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 136 de fecha 30 de marzo de 2017 piden sea declarado el divorcio. Finalmente piden al Tribunal que sea admitida la solicitud, sustanciada y declarada con lugar, conforme a derecho.
Luego de distribuida la solicitud fue recibida en fecha 19 de junio de 2018, y por auto de fecha 22 de junio de 2018, se admite y se ordena citar a la Fiscal Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy.
En fecha 27 de junio de 2018; el Alguacil del Tribunal consignó boleta de citación debidamente firmada por la Fiscal Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, tal como consta a los folios 8 y 9 de este expediente.
Al folio 10 de la causa, cursa diligencia presentada por la abogada CEDEÑO GARCIA EUNICE ADELYN, en su carácter de Fiscal Séptima Provisoria del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, mediante la cual donde emitió favorablemente para la disolución del vínculo conyugal en referencia.
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra expresamente que el Estado garantizará una Justicia sin formalismos o reposiciones inútiles, haciendo énfasis que no se sacrificará la Justicia por la omisión de formalismos no esenciales. A su vez, también indica que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Por lo que este Tribunal actuando de conformidad con lo previsto en los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 60 del Código de Procedimiento Civil, pasa a examinar su competencia para conocer y decidir el asunto y al efecto observa:
La competencia viene a ser la autorización que tiene cada Juez (a) o Tribunal de entender un determinado asunto en razón de la naturaleza de las cosas, objeto del conocimiento o de las personas interesadas. Por ello, el Profesor Mattirolo, expresó que la “competencia es la medida como se distribuye la jurisdicción entre las diversas autoridades judiciales”.
La competencia, en términos generales, es la medida o porción de jurisdicción que tiene asignada el juez o jueza, planteando la separación de las funciones entre los distintos órganos internos del poder judicial, los cuales necesariamente se pluralizan para funcionar simultáneamente y evitar la concentración en un sólo lugar de la administración de justicia, existiendo para ello tres criterios: primero: el objetivo, atinente a la naturaleza de las causas y del derecho sustancial tutelado; segundo: el funcional, que atiende a la función del Tribunal y tercero: el territorial, que disemina los Tribunales en la geografía nacional.
Ahora bien, encontrándose este Juzgado competente para decidir la presente solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 754 del Código de Procedimiento Civil, tal como lo señalan los solicitantes en su escrito, manifestando como su último domicilio conyugal el Conjunto Residencial calle 26 entre 5 y 6 avenida, sector Simón Bolívar, municipio Independencia, estado Yaracuy, tal como consta al folio 1 y su vuelto del presente expediente, esta Juzgadora procede a realizar las siguientes consideraciones.
Los solicitantes para fundamentar su petición, consignaron y para constatarlo presentan copia debidamente certificada del Acta de Matrimonio signada con el N° 141, expedida por el Registro Civil del Municipio Cocorote del Estado Yaracuy, que anexan a la solicitud y que corre inserta a los folios 4 y 5, y sus vueltos del expediente, de la cual se evidencia indubitablemente que, las partes, celebraron el matrimonio civil, previo cumplimiento de las formalidades correspondientes.
En cuanto a la referida acta de matrimonio, por tratarse de copia certificada de documento público (por haber sido inscrito y autorizado ante el Registro Civil, esto es, ante un funcionario con competencia para darle fe pública), contra el cual no fue ejercido medio de impugnación alguno, se le asigna pleno valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 1357 del Código Civil Venezolano, el cual reza:
“...Instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado...”

La Jurisprudencia a éste respecto ha seguido las enseñanzas del Jurista Feo, quien expresa que todas las corporaciones, autoridades o funcionarios, tienen señalados por la Ley sus respectivas atribuciones, dentro de su jurisdicción, las que llevan el carácter de autenticidad. Tales actos tienen que entrar en la categoría de Instrumentos Públicos, para que la Ley sea cumplida y tenga sus efectos. Partiendo de este concepto, y de conformidad con lo establecido en los artículos 1359 y 1360 del Código Civil Venezolano, el documento público hace plena fe, tanto para las partes como para los terceros.
Así lo establece el artículo 1357 del Código Civil Venezolano y tenemos que en el presente caso el documento público fue traído al proceso junto al libelo de la demanda en copia fotostática certificada, por lo que el mismo conserva todo su valor y se comprueba que la legitimidad de las partes está demostrada con el acta de matrimonio antes valorada; la misma conserva todo su valor probatorio. Y así de declara.
Por otra parte, establece el artículo 185-A del Código Civil:
“Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio.
(Omissis)
Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud.
El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la duodécima audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados.
Si el otro cónyuge no compareciere personalmente o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente.”.

Ahora bien, expresa el dispositivo de la sentencia Nº 136, de fecha 30 de Marzo de 2017, mediante la cual realiza una interpretación constitucional del artículo 185-A del Código Civil, estableciendo con carácter vinculante que las causales de divorcio contenidas en el prenombrado artículo no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá divorciarse al señalar:
“Cuando uno de los cónyuges manifieste la incompatibilidad de caracteres o el desafecto para con el esposo o la esposa, el procedimiento de divorcio no requiere de un contradictorio, ya que es suficiente el deseo de no seguir en matrimonio por parte del cónyuge solicitante para que se decrete el divorcio, en armonía con los preceptos constitucionales y las sentencias vinculantes supra desarrolladas, pues es evidente que el libre desarrollo de la personalidad como parte del derecho a la libertad, definen un espacio de autonomía individual, de inmunidad, frente al poder estatal, cuya interdicción sólo procede bajo causas especificas”.
(…)
“Entonces, cuando la causal de divorcio verse sobre el desamor, el desafecto o la incompatibilidad de caracteres, el procedimiento a seguir será el de la jurisdicción voluntaria, establecido en los artículos del 895 al 902 del código de procedimiento civil, ordenando la citación del otro cónyuge (quien deberá comparecer representado o debidamente asistido de abogado) y del Fiscal del Ministerio Público, pues una vez expresada en los términos descritos la voluntad de disolver la unión matrimonial” “…debe tener como efecto la disolución del vinculo…” así lo refleja la sentencia 1070/2016 supra transcrita de la sala constitucional, procedimiento en el cual fue suprimida la articulación probatoria, ya que tal manifestación no puede depender de la valoración subjetiva que haga el juez de la entidad de la razón del solicitante”.

Por tanto, de la revisión de las actas procesales que conforman el presente expediente se evidencia que los cónyuges en su escrito libelar manifestaron que por desavenencias y dificultades insuperables ocurridas dentro de la relación existente, así como está demostrada la legitimidad de las partes con la mencionada Acta de Matrimonio Civil, expedida por ante la Oficina de Registro Civil del Municipio Cocorote del Estado Yaracuy, tal como se evidencia del Acta de Matrimonio N° 141, convenido entre los cónyuges, ciudadanos GAINZA MENDOZA ELVIA KARINA y PEREIRA ARRAIZ GUIDO RAFAEL, ya identificados up supra, y que corre inserta a los folios 4 y 5, y sus vueltos del caso que nos ocupa, ya valorada, este Juzgado procede a declarar la procedencia de la disolución del vinculo matrimonial contraído entre los ciudadanos up supra identificados, tal como quedará plasmado en la dispositiva de la misma.
No existe objeción alguna por parte de la Fiscal Séptimo del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, tal como se desprende de la diligencia contentiva de la opinión favorable, cursante en autos, folio 10 de la causa. El tribunal no hace pronunciamiento alguno sobre los bienes adquiridos, en virtud que las parte manifestaron no haberlos adquiridos.
Por tanto, esta Juzgadora considera que en el presente procedimiento se cumplieron todos y cada uno de los trámites procesales requeridos por el Legislador para su procedencia. Así se establece.
D E C I S I Ó N

Por todos los fundamentos expuestos, este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley,
DECLARA:

PRIMERO: CON LUGAR la SOLICITUD DE DIVORCIO 185-A, incoada por los ciudadanos GAINZA MENDOZA ELVIA KARINA y PEREIRA ARRAIZ GUIDO RAFAEL, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédula de identidad números 22.302.535 y 17.256.882 respectivamente, asistidos de la abogada DOMINGUEZ DOMINGUEZ LENYMAR ZAHIRA Inpreabogado N° 238.938, en consecuencia, se DECRETA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL, que los unía y contraído entre ellos, en fecha 21 de diciembre de 2015; ante la Oficina de Registro Civil del Municipio Cocorote del Estado Yaracuy, tal como se evidencia del Acta de Matrimonio N° 141, que anexan a la solicitud, y que corre inserta a los folios 4 y 5, y sus vueltos de este expediente.

SEGUNDO: Una vez quede firme la presente decisión, se ordena participar lo conducente al Registro Civil del Municipio Cocorote y al Registro Principal, ambos del Estado Yaracuy, todo conforme al artículo 98 de la Ley Orgánica del Registro Civil, en concordancia, con lo establecido en el artículo 507 del Código Civil. Líbrense oficios en la oportunidad legal correspondiente.

TERCERO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, dada la Naturaleza de la presente decisión.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIAS CERTIFICADAS.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, a los diecisiete (17) días del mes de julio de dos mil dieciocho (2018). Años: 208º de la Independencia y 159º de la Federación.
La Jueza Temporal,

Abg. María Elena Camacaro
La Secretaria Temporal,

Abg. Mayairy Y. Rangel O.

En esta misma fecha, y siendo las doce y diez de la tarde (12:10 p. m.), se publicó y registró la anterior decisión.

La Secretaria Temporal,

Abg. Mayairy Y. Rangel O.