TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO CARONÍ DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR.-
AÑOS: 208º Y 159º
PUERTO ORDAZ, 15 DE JUNIO DE 2018

Vista la diligencia de fecha 07/06/2018, suscrita por la ciudadana MEILING JARAMILLO BASTARDO, abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 106.592, en su carácter de co-apoderada judicial del BANCO CARONI C.A. BANCO UNIVERSAL, domiciliada en Ciudad Guayana, Municipio Caroní del Estado Bolívar, inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, en fecha 20 de Agosto de 1.981, bajo el Nº 17, Tomo A Nro. 17, Folios 73 al 149; posteriormente transformado en BANCO UNIVERSAL, según modificación inscrita en el Registro Mercantil acabado de citar, en fecha 15 de Agosto de 1.997, bajo el Nº 22, Tomo A Nro. 35, Folios 143 al 161; y ultima modificación inscrita en el mismo Registro Mercantil, en fecha 02/04/2012, bajo el Nro. 1, Tomo 39-A REGMERPRIBO del año 2012, en la cual se acordó la fusión por absorción del BANCO GUAYANA C.A., BANCO COMERCIAL, PARTE ACTORA en el presente expediente signado con el Nº 12.887 (nomenclatura interna de este despacho judicial) relativo al juicio de COBRO DE BOLIVARES POR EL PROCEDIMIENTO DE INTIMACION, incoado en contra de la Sociedad Mercantil STAND PRODUCCIONES C.A., representada por los ciudadanos JUAN CARLOS RIVAS MORENO Y DIANA HANNA DE MIRABAL, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad bajo los Nros. V-9.904.395 y V-13.334.594, respectivamente; y en contra de los referidos ciudadanos en su condición de fiadores solidarios de esa sociedad mercantil, JUAN CARLOS RIVAS MORENO Y DIANA HANNA DE MIRABAL (antes identificados) y el ciudadano ANGEL RAFAEL MIRABAL CARVAJAL, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad bajo el Nro. V-8.919.765, PARTES DEMANDADAS en la presente causa; mediante la cual solicita de este juzgado el abocamiento de este Tribunal, consigna copia fotostática simple de instrumento poder que acredita su representación legal y solicita copias simples del presente expediente; en consecuencia de lo anterior y en mi condición de Juez Suplente de este juzgado me ABOCO al conocimiento de la misma y en virtud de ello, se ordena agregar a los autos el instrumento poder consignado de conformidad con el artículo 107 del Código de Procedimiento Civil, para que surta sus efectos de ley respectivos, entendiéndose que las copias simples solicitadas no requieren de autorización ni decreto de la juez de este juzgado conforme al artículo 190 del código eiusdem, por la publicidad de los expedientes judiciales. Ahora bien, el Tribunal advierte que debe hacer pronunciamiento de oficio sobre la declaratoria de la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, para lo cual previamente observa:

El Código de Procedimiento Civil establece la institución denominada perención de la instancia. En este sentido, el Artículo 267 de dicho Código dispone: "Toda instancia se extingue por el transcurso de un año, sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes...”.

En su esencia, la disposición contenida en el Articulo 267 del Código de Procedimiento Civil, persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes) y conforme lo señala el Artículo 269 del Código eiusdem, tal sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por dichas partes. La perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra, que las partes o una de ellas actuó después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad. En efecto la referida disposición establece: “Articulo 269. La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declara en cualquiera de los casos del artículo 267 es apelable libremente”.

El tratadista Dr. Ricardo Henríquez La Roche, en materia de perención, sostiene: "…Un proceso puede extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes. Perención (de perimire, destruir) de la instancia es la extinción del proceso que se produce por su paralización durante un año, en el que no se realiza acto de impulso procesal alguno. La perención es el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso. (...)El fundamento del instituto de perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesario. Después de un período de inactividad procesal prolongado, el Estado entiende liberar a sus propios órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal…”.-

El autor patrio Rengel Romberg (1.995), en su obra "Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano", alude que la perención se encuentra determinada por tres condiciones, una objetiva, la inactividad se reduce a la falta de realización de actos procesales, otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del Juez y finalmente una condición temporal, relativa a la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año.

En sintonía con la doctrina anterior, la Jurisprudencia del Máximo Tribunal de la República, ha dejado establecido que la perención de la Instancia es el efecto procesal extintivo, causado por la inactividad de las partes durante los plazos determinado en los ordinales del Articulo 267 del Código de Procedimiento Civil y está concebida por el Legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aún de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo. Siendo entonces la perención materia de orden público, se causa por la misma inactividad de las partes durante el procedimiento, antes de que éste entre en la fase de sentencia, esto es, al día siguiente del vencimiento del término para presentar las observaciones a los informes, pues al verificarse de derecho, su efecto extintivo se expande a todos los actos procesales anteriores y posteriores a los informes, salvo aquellos a que se refiere el Articulo 270 del Código de Procedimiento Civil; es decir, que la perención no impide que se vuelva a proponer la demanda, ni extingue los efectos de las decisiones dictadas, ni las pruebas que resulten de autos, que como bien lo acota el Legislador, sólo extingue el proceso.

Sentadas las premisas anteriores, observa este Tribunal que en fecha 07/06/2018, la ciudadana MEILING JARAMILLO BASTARDO, abogada en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 106.592, en su carácter de apoderada judicial de la parte actora, comparece por ante este Juzgado y mediante diligencia solicita el abocamiento de este Tribunal, consigna copia fotostática simple de instrumento poder que acredita su representación legal y solicita copias simples del presente expediente. Ahora bien la jurisprudencia de nuestro más alto Tribunal, ha determinado que no todo acto de procedimiento de parte, impide la consumación de la perención, sino sólo aquél que contenga implícita la intención de impulsar el proceso. Así, por ejemplo, la solicitud de copias simples y certificadas así como la devolución de originales, en modo alguno constituyen manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación al proceso y por tanto, esos actos no son capaces de interrumpir la perención.

En el caso particular de la perención, debe tomarse en consideración que este instituto procesal opera de pleno derecho al cumplirse los presupuestos exigidos en la ley: el transcurso del tiempo sin impulso procesal de las partes y produce el efecto de extinguir el proceso a partir de que ésta se produce y no desde que es declarada por el juez, por tanto la declaratoria del juez sólo reconoce un hecho jurídico ya consumado, y sus efectos producidos. (Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia mediante sentencia de fecha 20 de diciembre de 2001 en el Exp. N° AA20-C-1951-000001).

Asimismo, dicha Sala de Casación Civil, mediante sentencia de fecha 23 de julio del año 2003, Exp. Nro. AA20-C-2001-000914, ha dejado sentado que:
“…En relación a la perención de la instancia, la Sala, en decisión de 2 de agosto de 2001, sentencia N° 217, expediente N° 00-535, juicio Luis Antonio Rojas Mora y otros contra Asociación Civil Simón Bolívar Los Frailejones, estableció el siguiente criterio:
Considera la Sala que el verdadero espíritu, propósito y razón de la institución procesal de la perención, es sancionar la inactividad de las partes con la extinción de la instancia; pero para ello es preciso que el impulso procesal dependa de ellas, pues si es el caso que la causa se encuentra paralizada porque el juez no ha cumplido con su deber de sentenciar dentro de los plazos legales, no se puede penar a las partes por la negligencia del juzgador.

En criterio de la Sala, dicho artículo debe ser interpretado en el sentido de que la perención procede cuando ha transcurrido más de un año sin que las partes hubiesen realizado acto de procedimiento que tiendan a impulsar el proceso, pero siempre que esos actos puedan ser efectivos para la prosecución del juicio, porque si es menester que el juez emita un pronunciamiento para que el litigio continúe, la renuencia del sentenciador en dictar la providencia que requiere para destrabar la causa, no puede ser atribuida a las partes. En otras palabras, no se puede castigar a los litigantes con la perención de la instancia si la inactividad en el juicio es imputable al juez…”. (Cursivas, Subrayado y Negritas por este Tribunal).

De modo pues que no existe ningún género de dudas, que la ÚNICA ACTIVIDAD capaz de evitar la perención, SON LAS ACTUACIONES DE IMPULSO PROCESAL DE LAS PARTES, entendiendo por estas, solamente aquellas que persigan la continuación de la causa y la realización del acto procesal inmediato siguiente. Por lo que deba determinarse que para que opere la perención anual, deban concurrir los siguientes requisitos:

1) Que haya transcurrido más de un (1) año sin que se realice ningún acto de “impulso procesal” en la causa.
2) Que esa inactividad sea atribuible exclusivamente a las partes, es decir que ninguna de las partes haya realizado actuaciones en el expediente, considerándose como actuaciones de “impulso procesal”, sólo aquellas que realmente persigan la realización del acto procesal inmediato siguiente en la causa, por lo que no se consideran actuaciones de “impulso procesal”, solicitudes que no persigan dicho fin, tales como: solicitudes de copias simples o certificadas, otorgamiento de poderes apud-acta, diligencias de “revisión” del expediente, devolución de originales y otras similares. No se consideran tampoco actos de “impulso procesal de las partes” las actuaciones del tribunal, concretamente aquellas que no guarden relación con el fondo de lo debatido, tales como el auto que acuerda las copias certificadas o la devolución de originales.

Por lo que, en la presente causa, desde el 09/02/2017, fecha en la cual este Tribunal ordena agregar a los autos las resultas emanadas del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) relacionadas con los datos migratorios de los demandados del presente juicio, constantes de doce (12) folios útiles; ha transcurrido hasta la presente fecha sobradamente más de un (01) año sin ningún acto de impulso procesal válido en la presente causa. De allí que, se pueda concluir que como lo afirma la doctrina y la jurisprudencia patria, es una obligación de las partes el impulso del proceso, no sólo por el interés legítimo que tienen sobre las causas que corren por ante los órganos de la Administración de la Justicia como lo es este honorable Tribunal, sino también porque el proceso puede extinguirse anormalmente no por actos, sino por omisión de las partes, en virtud de que la perención es el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso por más de un (1) año.

En vista de todos los razonamientos antes expuestos, deba indudablemente este TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO CARONÍ DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, de conformidad con lo establecido en los Artículos 12, 15, 242, 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declarar la PERENCION DE LA INSTANCIA en la presente causa de COBRO DE BOLIVARES POR EL PROCEDIMIENTO DE INTIMACION y en consecuencia EXTINGUIDO el proceso y así expresamente se decide. En consecuencia, se ordena la notificación de la parte actora de la presente decisión, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 233 del Cogido de Procedimiento Civil. Líbrese Boleta.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE DECISIÓN EN EL TRIBUNAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 248 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.-
LA JUEZ SUPLENTE
ABG. GRECIA MARCANO
EL SECRETARIO

ABG. WILLIAMS CARABALLO

Publicada en el mismo día de su fecha, previo anuncio de ley, siendo las dos y diez minutos de la tarde (02:10 p.m.).
EL SECRETARIO

ABG. WILLIAMS CARABALLO

GM/Wc/Alejandro

EXP. 12.887