PODER JUDICIAL
TRIBUNAL PRIMERO DEL MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO CARONI DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR
PUERTO ORDAZ, 06 DE FEBRERO DE 2019
AÑOS: 208° Y 159°
Se abre el presente cuaderno de medidas, a fin de proveer sobre lo peticionado por la parte actora INMOBILIARIA RADI-DAF C.A., debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 01/03/2013, quedando inscrita bajo el Nro. 27 del Tomo 30-A REGMERPRIBO, a través de su co-apoderada judicial ciudadana MARYORI ROA, identificada en autos, contra la Sociedad Mercantil D LA CASA S.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Primero del Estado Bolívar, en fecha 29/08/1985, bajo el Nro. 60, Tomo A, Nro. 17, REGMERPRIBO, representada por su presidente la ciudadana CARRASCO DE MURATI LIA JOSEFINA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad bajo el Nro. V-5.550.035, parte demandada, en virtud del escrito de fecha 05/02/2019, en el cual solicita que de conformidad con los artículos 588 y 599, ordinal 7º del Código de Procedimiento Civil y 41 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regularización y Control de Arrendamiento para Uso Comercial, se decrete medida cautelar de secuestro sobre el inmueble objeto de litigio que se encuentra identificado en autos, para asegurar las resultas de su pretensión, por la existencia a su decir de un incumplimiento de las obligaciones contraídas entre las partes, debido a la falta de pago de los cánones de arrendamiento de los meses de SEPTIEMBRE y OCTUBRE de 2.018, lo cual asciende a su totalidad en la cantidad de MIL SESENTA BOLIVARES SOBERANOS (BSS. 1.060,00), como se desprende a su vez del libelo de demanda cursante en el cuaderno principal.
De seguidas el tribunal pasa a revisar si se encuentran llenos los requisitos de procedencia de la medida cautelar de secuestro solicitada por la parte actora los cuales están previstos en los artículos 585 del Código de Procedimiento Civil para las medidas cautelares en general y en el artículo 599 eiusdem para el secuestro en particular, previa las consideraciones siguientes:
Las condiciones de procedencia para decretar una medida cautelar de las denominadas por la doctrina como “típicas” previstas en el Artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, están contenidas en el artículo 585 eiusdem, las cuales son: el peligro de infructuosidad del fallo definido, conocido como “PERICULUM IN MORA” y la verosimilitud del derecho a proteger (presunción del buen derecho) que se conoce con la nominación latina de “FUMUS BONUS IURIS”.
El texto procesal exige en el señalado Artículo 585 que las medidas cautelares podrán ser decretadas por el Juez, sólo cuando exista el riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo y “siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”.
Por lo que para que pueda decretarse una medida cautelar de las previstas en el Artículo 588 eiusdem, debe darse concomitantemente las dos situaciones: 1) Que el derecho que se pretende proteger aparezca como serio, posible y fundamentalmente que tenga vinculación con la materia debatida en el juicio principal; y 2) Que el riesgo manifiesto de que pueda quedar o hacerse ilusoria la ejecución de la sentencia de ser favorable para el peticionante de la medida. En atención a tales requisitos, el solicitante de una medida cautelar debe llevar al órgano judicial, medios de pruebas que constituyan una presunción grave de las circunstancias anteriores, sobre los que la hagan procedente en cada caso en concreto.
En primer lugar, esta juzgadora en el sub-judice pasa a analizar Instrumento Poder en copia simple cursante a los folios 10 y 11 del cuaderno principal, otorgado por ante la Notaría Pública Primera de Puerto Ordaz, Municipio Caroní del Estado Bolívar, anotado bajo el Nro. 51, Tomo 105, de los Libros de Autenticaciones llevados por ante ese despacho notarial, donde queda en evidencia la representación legal que ejerce la ciudadana MARYORI ROA, identificada en autos, para actuar en nombre de la parte actora en el presente juicio.
Segundo, se observa a los folios 58 al 61 del cuaderno principal, un contrato de arrendamiento en original de forma privada, suscrito presuntamente por las partes de la presente causa; que da origen a las obligaciones discutidas en la controversia, salvo prueba en contrario. De acuerdo al contrato éste fue pactado por un periodo de un (01) año fijo contado a partir del 01/06/2018 al 30/05/2019. En la cláusula tercera del mencionado contrato las partes habrían pactado que el arrendatario demandado se obligaba a pagar puntualmente las mensualidades adelantadas dentro de los primeros cinco (5) días de cada mes y que la falta de pago de dos mensualidades daría derecho al demandante arrendador a demandar el desalojo del local. Este instrumento lo considera el sentenciador como medio probatorio del cual se extrae una presunción desvirtuable de que entre los accionantes y el demandado existe una relación arrendaticia a tiempo determinado sobre un local destinado a uso comercial, esto es lo que denomina la doctrina la presunción del buen derecho.
Ahora bien, la causa principal de la demanda por falta de pago es una hipótesis especial para que proceda la medida cautelar de secuestro que contempla el artículo 599 del código eiusdem, la cual implícitamente el legislador consideró como un elemento objetivo de peligro que aconseja el decreto de la medida. La mencionada norma conforme a la doctrina, se ha establecido que:
“…ocurre, sin embargo, que las causales de secuestro con el peligro de infructuosidad, está inserido en el supuesto normativo del ordinal correspondiente…La falta de pago ya presupone irresponsabilidad del demandado en cosa que concierne a la litis”. (Subrayado de este Tribunal).
Tercero, al folio 63 del cuaderno principal, consta en autos recibo de pago emanado de la parte actora de la presente causa, hasta los meses de JUNIO, JULIO y AGOSTO DE 2.018, con los cuales a priori y salvo prueba en contrario, queda en evidencia las obligaciones que hasta esa fecha ha cumplido la parte demandada.
Finalmente, se observa en los folios 78 al 84 del cuaderno principal, una comunicación dirigida al Ministerio del Poder Popular para Economía y Finanzas, Dirección de Arrendamiento Comercial, con una nota de recibo del 15/11/2018 a las 08:40 a.m. con un sello húmedo estampado en el margen superior derecho del Viceministerio de Comercio Interior. En el caso en concreto de la medida cautelar de Secuestro, aunado a los requisitos anteriores, el novedoso Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, establece en su artículo 41, numeral “I”, que queda taxativamente prohibido decretar este tipo de medidas en el caso de locales comerciales, sin la constancia en autos de haberse agotado la instancia administrativa correspondiente, que tendrá un lapso de 30 días continuos para pronunciarse y consumido este lapso, se considera agotada la instancia administrativa. Este documento hace presumir, salvo prueba en contrario, que la parte actora agotó la vía administrativa a que se refiere el artículo 41 letra I de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial puesto que el 15/12/2018 se habría agotado el lapso de 30 días continuos para que el organismo competente se pronunciará en torno a la solicitud de desalojo del inmueble.
Por las razones expuestas, este Tribunal constata que están dados los presupuestos concurrentes establecidos en los artículos invocados para que proceda el decreto de la medida cautelar de secuestro, que no son más que la presunción del buen derecho en relación a la demanda de DESALOJO DE LOCAL COMERCIAL (al evidenciarse la existencia de las obligaciones contraídas por las partes), así como el riesgo de hacerse ilusoria la ejecución del fallo de llegar a ser favorable a la parte demandante, previstos en el artículo 585 eiusdem, y la constancia expresa en autos de haberse agotado la vía administrativa conforme a lo establecido en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial en su artículo 41, numeral “I; por lo que al cumplirse los extremos de Ley hacen procedentes la medida cautelar de secuestro peticionada por la parte actora sobre el local comercial supra mencionado. Y así expresamente se declara.-
En mérito de todo lo antes expuesto, este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Caroní del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, actuando en nombre de la República y por autoridad de la Ley, de conformidad con los artículos 585, 599, ordinal 7º del Código de Procedimiento Civil y 41 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, DECRETA MEDIDA CAUTELAR DE SECUESTRO sobre el bien inmueble arrendado a la parte demandada Sociedad Mercantil D`LA CASA S.A., inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Primero del Estado Bolívar, en fecha 29/08/1985, bajo el Nro. 60, Tomo A, Nro. 17, REGMERPRIBO, representada por su presidente la ciudadana CARRASCO DE MURATI LIA JOSEFINA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad bajo el Nro. V-5.550.035, constituido por un (01) local comercial ubicado en el Centro Comercial EL TREBOL II, Planta Baja, Local Nro. 18, calle Guasipati con cruce el Palmar, Puerto Ordaz, Municipio Caroní del Estado Bolívar, el cual cuenta con un área aproximada de 36,39 MTS2 conforme a la cláusula primera del contrato de arrendamiento cursante en autos y consignado en el cuaderno principal del presente expediente. Asimismo y para la materialización de la presente medida de secuestro, este Tribunal fijará la fecha de la misma por auto separado y previo impulso de la parte actora interesada. Cúmplase.-
LA JUEZA PROVISORIA,
ABG. SORAYA A. CHARBONE P.
EL SECRETARIO TEMPORAL
ABG. JOSE ALEJANDRO SARACHE GOITIA
Sc/ Alejandro
Exp. 14.490
|
