TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN FELIPE, INDEPENDENCIA Y COCOROTE DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY.
San Felipe, 04 de febrero de 2019.
Años: 208º y 159º.

EXPEDIENTE: N° 2.651-18.

PARTE DEMANDANTE: Ciudadanos RODRÍGUEZ DE DELGADO BUENAVENTURA MARLENE y DELGADO SANTAMARÍA CARLOS JULIO, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-5.335.631 y V-4.393.557 respectivamente, domiciliados la primera en la avenida Ravell, residencias Caña Dulce, edificio Trapiche, piso 3, apartamento B7, municipio San Felipe, estado Yaracuy y el segundo en la avenida 10 entre calles 15 y 16, municipio San Felipe, estado Yaracuy.

ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE: MELÉNDEZ SALIH JARNY ZABDY, Inpreabogado N° 168.923.

MOTIVO: DIVORCIO 185-A.

Se inicia el presente procedimiento de DIVORCIO 185-A, mediante solicitud suscrita por los ciudadanos RODRÍGUEZ DE DELGADO BUENAVENTURA MARLENE y DELGADO SANTAMARÍA CARLOS JULIO, identificados en autos, debidamente asistidos por el abogado MELÉNDEZ SALIH JARNY ZABDY, Inpreabogado N° 168.923; en la que solicitan a este Tribunal se decrete la disolución del vínculo matrimonial existente entre ellos.
Alegan los solicitantes, que en fecha 06 de febrero de 1995, contrajeron matrimonio civil, por ante la Primera Autoridad Civil de la Parroquia San Juan del Municipio Libertador del Distrito Federal, Caracas, según se constata en acta de matrimonio signada con el N° 34 y que anexan a la solicitud, inserta al folio 4, y su vuelto, de la presente causa, señalan además haber fijado como su ultimo domicilio conyugal en la avenida Ravell, residencias Caña Dulce, edificio Trapiche, piso 3, apartamento B7, municipio San Felipe, estado Yaracuy, que no procrearon hijos, ni adquirieron bienes que liquidar; siguen narrando e indican que han permanecido separados por más de cinco (5) años, específicamente desde del año 2.006, sin que haya habido reconciliación alguna, lo que constituye una ruptura prolongada de la vida en común, supuesto establecido en el artículo 185-A del Código Civil; que por tales motivo solicitan el divorcio con fundamento en el señalado artículo, de igual forma solicitaron se les expidan copias certificadas de la sentencia.
La presente demanda fue recibida por distribución en fecha 27 de noviembre de 2018, y en fecha 4 de diciembre de 2018, se admite la misma, ordenándose a su vez la citación de la Fiscal Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, consta a los folios 6, 7 y su vuelto de la causa.
En fecha 10 de enero de 2019, el Alguacil consignó boleta de citación debidamente firmada por la Fiscal Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, tal como consta a los folios 8 y 9, de este expediente.
Al folio 10 del presente expediente, se dicto auto por este Tribunal, donde la Jueza Suplente se aboco a la presente causa.
En fecha 15 de enero de 2019, cursa diligencia suscrita y presentada por el abogado HERNÁNDEZ ZUÑIGA JEAN CARLOS, en su carácter de Fiscal Auxiliar Interino de la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, donde emitió opinión favorable para la disolución del vínculo conyugal, consta al folio 11 de la causa.
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra expresamente que el Estado garantizará una Justicia sin formalismos o reposiciones inútiles, haciendo énfasis que no se sacrificará la Justicia por la omisión de formalismos no esenciales. A su vez, también indica que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Por lo que este Tribunal actuando de conformidad con lo previsto en los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 60 del Código de Procedimiento Civil, pasa a examinar su competencia para conocer y decidir el asunto y al efecto observa:
La Competencia viene a ser la autorización que tiene cada Juez (a) o Tribunal de entender un determinado asunto en razón de la naturaleza de las cosas, objeto del conocimiento o de las personas interesadas. Por ello, el Profesor Mattirolo, expresó que la “competencia es la medida como se distribuye la jurisdicción entre las diversas autoridades judiciales”.
La competencia, en términos generales, es la medida o porción de jurisdicción que tiene asignada el juez o jueza, planteando la separación de las funciones entre los distintos órganos internos del poder judicial, los cuales necesariamente se pluralizan para funcionar simultáneamente y evitar la concentración en un sólo lugar de la administración de justicia, existiendo para ello tres criterios: primero: el objetivo, atinente a la naturaleza de las causas y del derecho sustancial tutelado; segundo: el funcional, que atiende a la función del Tribunal y tercero: el territorial, que disemina los Tribunales en la geografía nacional.
Ahora bien, encontrándose este Juzgado competente para decidir la presente solicitud, de conformidad con lo establecido en el artículo 754 del Código de Procedimiento Civil, tal como lo señalan los solicitantes en su escrito, manifestando como su último domicilio conyugal en la avenida Ravell, residencias Caña Dulce, edificio Trapiche, piso 3, apartamento B7, municipio San Felipe, estado Yaracuy, tal como consta al folio 1 del presente expediente, esta Juzgadora procede a realizar las siguientes consideraciones.
Los solicitantes para fundamentar su petición, consignaron copias certificadas del acta de matrimonio, expedida por la Jefatura Civil de La Parroquia San Juan Municipio Libertador de Distrito Federal, Caracas, tal como se evidencia del Acta de Matrimonio N° 34, de fecha 6 de febrero de 1995, que anexan a la solicitud, y que corre inserta al folio 4 y su vuelto, de la presente causa, de la cual se evidencia indubitablemente que, las partes celebraron el matrimonio civil, previo cumplimiento de las formalidades correspondientes.
En cuanto a la referida acta de matrimonio, por tratarse de copias certificadas de documentos públicos (por haber sido inscrito y autorizado ante el Registro Civil, esto es, ante un funcionario con competencia para darle fe pública), contra el cual no fue ejercido medio de impugnación alguno, se le asigna pleno valor probatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 1357 del Código Civil Venezolano, el cual reza:
“...Instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para darle fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado...”.

La Jurisprudencia a éste respecto ha seguido las enseñanzas del Jurista Feo, quien expresa que todas las corporaciones, autoridades o funcionarios, tienen señalados por la Ley sus respectivas atribuciones, dentro de su jurisdicción, las que llevan el carácter de autenticidad. Tales actos tienen que entrar en la categoría de Instrumentos Públicos, para que la Ley sea cumplida y tenga sus efectos. Partiendo de este concepto, y de conformidad con lo establecido en los artículos 1359 y 1360 del Código Civil Venezolano, el documento público hace plena fe, tanto para las partes como para los terceros.
Así lo establece el artículo 1357 del Código Civil Venezolano y tenemos que en el presente caso el acta de matrimonio fue traída al proceso en copias certificadas, por lo que la misma conserva todo su valor y se comprueba que la legitimidad de las partes está demostrada con el acta antes valorada, la misma conserva todo su valor probatorio, ya que ninguna de las partes utilizó medio alguno para desvirtuarlas, tal como lo establece el Código de Procedimiento Civil en su artículo 429. Y así de declara.
Por otra parte, establece el artículo 185-A del Código Civil:
“Cuando los cónyuges han permanecido separados de hecho por más de cinco (5) años, cualquiera de ellos podrá solicitar el divorcio, alegando ruptura prolongada de la vida en común.
Con la solicitud deberá acompañar copia certificada de la partida de matrimonio.
(Omissis)
Admitida la solicitud, el Juez librará sendas boletas de citación al otro cónyuge y al Fiscal del Ministerio Público, enviándoles además, copia de la solicitud.
El otro cónyuge deberá comparecer personalmente ante el Juez en la tercera audiencia después de citado. Si reconociere el hecho y si el Fiscal del Ministerio Público no hiciere oposición dentro de las diez audiencias siguientes, el Juez declarará el divorcio en la duodécima audiencia siguiente a la comparecencia de los interesados.
Si el otro cónyuge no compareciere personalmente o si al comparecer negare el hecho, o si el Fiscal del Ministerio Público lo objetare, se declarará terminado el procedimiento y se ordenará el archivo del expediente.”.(Cursivas del Tribunal).
Por tanto, se evidencia de la revisión de las actas procesales que conforman la solicitud efectuada, que la legitimidad de las partes está demostrada con la mencionada Acta de Matrimonio Civil, llevada por ante la Jefatura Civil de La Parroquia San Juan Municipio Libertador de distrito Federal, Caracas, hoy en día el Registro Civil La Parroquia San Juan Municipio Libertador de Distrito Federal, Caracas, convenido entre los cónyuges, ciudadanos RODRÍGUEZ DE DELGADO BUENAVENTURA MARLENE y DELGADO SANTAMARÍA CARLOS JULIO, ya identificados up supra, debidamente valoradas, esta Juzgadora procede a declarar la procedencia de la disolución del vinculo matrimonial contraído entre los ciudadanos, up supra identificados, tal como quedará plasmado en la dispositiva de la misma. No existe objeción alguna por parte de la Fiscal Séptima del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, tal como se desprende de la diligencia contentiva de la opinión favorable, cursante al folio 11 de la causa. El Tribunal no hace pronunciamiento expreso en cuanto a bienes de liquidación por motivo de la unión conyugal, por cuanto en el escrito libelar los solicitantes manifestaron no haberlos adquiridos.
Por tanto, esta Juzgadora considera que en el presente procedimiento se cumplieron todos y cada uno de los trámites procesales requeridos por el Legislador para su procedencia. Así se establece.
Por todos los fundamentos expuestos, este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley,
DECLARA:
PRIMERO: CON LUGAR la SOLICITUD DE DIVORCIO 185-A, efectuada por los ciudadanos RODRÍGUEZ DE DELGADO BUENAVENTURA MARLENE y DELGADO SANTAMARÍA CARLOS JULIO, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. V-5.335.631 y V-4.393.557 respectivamente, domiciliados la primera en la avenida Ravell, residencias Caña Dulce, edificio Trapiche, piso 3, apartamento B7, municipio San Felipe, estado Yaracuy y el segundo en la avenida 10 entre calles 15 y 16, municipio San Felipe, estado Yaracuy, asistidos del abogado MELÉNDEZ SALIH JARNY ZABDY, Inpreabogado N° 168.923; en consecuencia, se DECRETA DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL, que los unía y contraído entre ellos, en fecha 06 de febrero de 1995, ante el Registro Civil La Parroquia San Juan Municipio Libertador de Distrito Federal, Caracas, según se constata en acta de matrimonio signada con el N° 34 y que anexan a la solicitud, inserta al folio 4 y su vuelto, del presente expediente.
SEGUNDO: Una vez quede firme la presente decisión, se ordena participar lo conducente al Registro Civil La Parroquia San Juan Municipio Libertador y al Registro Principal, ambos del Distrito Federal, Caracas, todo conforme al artículo 98 de la Ley Orgánica del Registro Civil, en concordancia, con lo establecido en el artículo 507 del Código Civil. Líbrense oficios en la oportunidad legal correspondiente.
TERCERO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS, dada la Naturaleza de la presente decisión.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIAS CERTIFICADAS.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho de este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, a los cuatro (04) día del mes de febrero de dos mil diecinueve (2019). Años 208º de la Independencia y 159º de la Federación.
La Jueza Suplente,

Abg. Feliliana del Valle Palacio Vargas
La Secretaria Temporal,

Abg. Odalyz del Milagro Lugo M.
En esta misma fecha, y siendo las diez de la mañana (10:00 a. m.), se dictó y publicó la anterior decisión.
La Secretaria Temporal,

Abg. Odalyz del Milagro Lugo M.