REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
DE LA REGIÓN GUAYANA CON COMPETENCIA EN LAS
CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES DE LOS ESTADOS
AMAZONAS, BOLÍVAR Y DELTA AMACURO.
Ciudad Bolívar, 13 de enero de 2020.
209º y 160º
ASUNTO: FP02-U-2017-000007 SENTENCIA Nº PJ0662020000001
Mediante escrito de fecha 15 de mayo de 2017, interpuesto ante la Unidad de Recepción de Documentos por los Abogados Ramón Darío Sosa y Valeria Romero Jimenez, venezolanos, titulares de las cédulas de identidad Nros 12.050.490 y 21.00.865, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 62.722 y 258.781, quienes en representación judicial de la empresa CORPORACION ALUMINICA CORPAL, C.A., ejercieron Recurso Contencioso Tributario de nulidad Conjuntamente con Amparo Cautelar y Solicitud de Suspensión de Efectos contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución Culminatoria del Sumario Administrativo Nº SNAT/INTI/GRTI/RG/STIPO/AS/2017/01, dictada en fecha 06 de marzo de 2017, emitida por la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT)
En fecha 16 de mayo de 2017, este Tribunal le dio entrada al presente Recurso Contencioso Tributario (folio 128), y se ordenó notificar a los ciudadanos procuradora y Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, así como a la Gerencia Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT ).
En fecha 17 de mayo de 2017, se dictó Sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva N° PJ0662017000027, mediante la cual se admitió parcialmente el Recurso Contencioso Tributaria y se declaró procedente la Petición de Amparo Constitucional Cautelar (folios 129 al 138).
En fecha 18 de mayo de 2017 se libraron las correspondientes notificaciones a las partes informándoles de la entrada en el archivo de este Tribunal del presente recurso (folios 139 al 156).
En fecha 23 de mayo de 2017, el Abogado Ramón Darío Sosa en su condición de apoderado judicial de la contribuyente CORPORACION ALUMINICA CORPAL, C.A., mediante diligencia se dio por notificado de la sentencia N° PJ0662017000027 de fecha 17 de mayo de 2017, así mismo solicito la expedición de copias certificadas respectivas para la práctica de las notificaciones correspondientes (folios 157 y 158).
En fecha 24 de mayo de 2017, se dictó auto mediante el cual se acordó la expedición de las copias solicitadas por el apoderado judicial de la contribuyente CORPORACION ALUMINICA CORPAL. C.A. (folios 159).
Estando las partes a derecho y siendo la oportunidad procesal para la admisión, en fecha 29 de noviembre de 2017, este Tribunal dictó Sentencia Interlocutoria Nº PJ0662017000073 mediante la cual se ADMITIÓ el presente Recurso Contencioso Tributario, de igual forma se ordenó la notificación del Gerente Regional de Tributos Internos de la Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) (folio 194 al 197).
En fecha 29 de noviembre de 2018, la abogada Sergimar Flores, venezolana, mayor de edad, actuando en representación de la Administración Tributaria Nacional, consignó escrito de promoción de Pruebas correspondiente en el presente asunto (folios 226 al 230).
En fecha 03 de diciembre de 2018 se dictó auto mediante el cual el Abogado José G. Navas R. en su carácter de Juez Superior Provisorio se aboco al conocimiento y decisión del presente recurso (Folio 231)
En fecha 14 de diciembre de 2018 este Tribunal dicto Sentencia Interlocutoria N° PJ00662018000055 mediante la cual se admitieron las pruebas promovidas por las partes en el presente Recurso Contencioso Tributario (folios 233).
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 26 consagra el principio de la Tutela Judicial Efectiva, en la cual toda persona tiene el derecho de acceder a los órganos de administración de justicia (en este caso en sede judicial), cuyo interés material es la restitución de un derecho que el considera ha sido violado a través de un acto administrativo; al activar el órgano jurisdiccional, la acción se justifica a través del impulso procesal, cuya finalidad persigue la satisfacción de su pretensión jurídica. Este se puede bifurcar en dos sentidos diferentes a saber: El impulso que ha de dar el juez en razón de un deber impuesto por la ley, y el que pesa sobre la parte en razón del su interés, el cual se denomina instancia.
Ahora bien, la demora imputable al recurrente hace presumir que la pretensión jurídica ha sido satisfecha; en razón de esta circunstancia, el operador de justicia a los efectos de salvaguardar los principios de eficiencia, eficacia, economía y celeridad procesal, debe verificar los medios de extinción de la instancia contenidas en la norma adjetiva para declarar la consumación de la perención o el decaimiento de la pretensión jurídica, en virtud de la manifiesta pérdida de interés procesal.
En el mismo orden de ideas, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal en Sentencia N° 1483 de fecha 29-10-2013, señala lo siguiente:
“(…) El derecho al acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta con la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el impulso del proceso. De esta manera, el requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia (Vid. Sentencia de esta Sala N° 416/2009).
Al respecto, la Sala ha señalado que el interés procesal surge de la necesidad que tiene un particular, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de que a través de la Administración de Justicia, el Estado le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Vid. Sentencia de esta Sala N° 686/2002).
Por ello, el interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y ha de mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Así que, ante la constatación de esa falta de interés, la extinción de la acción puede declararse de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional (Vid. Sentencia de esta Sala N° 256/2001).”
En el caso a quo, la inactividad de las partes se ha manifestado desde la fase del lapso probatorio, en virtud de ello, la evaluación procederá en base a la institución de la Perención de la instancia, la cual es entendida como la extinción del proceso debido a la paralización durante un año o más, sin la realización de acto de impulso procesal, representando el correctivo que el legislador ha encontrado a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso.
Al respecto, resulta primordial realizar algunas precisiones sobre la institución de la perención. Así, la doctrina, al analizar el tema de la perención, comienza por revisar algunos principios generales sobre “el impulso procesal”, considerado éste como aquella actividad que tiende a hacer avanzar el proceso a través de cada uno de los momentos de tiempo: trámites, períodos, fases que lo componen. (Vid. Sentencia RC-000183 25-05-2010 Sala de Casación Civil Caso: Despunta, C.A.)
De tal manera que, la perención sólo se produce por la inactividad de las partes, es decir, por la no realización de algún acto de procedimiento al cual estén obligadas las partes por disposición expresa de ley, se trata de una actitud negativa u omisiva de las partes, que debiendo realizar los actos de procedimiento no los realizan; pero, si la actuación procesal compete al juez, su inactividad no pudiera producir la perención.
En resumen, se puede concluir que para que se configure el supuesto de perención, se debe verificar la concurrencia de un elemento subjetivo representado en la conducta omisiva imputable a las partes por actos que la ley le impone cumplir, en la forma y bajo las condiciones que la misma les señale; y un elemento objetivo representado en el transcurso del tiempo establecido en la norma, en este caso 1 año. Corresponde a este juzgado evaluar las circunstancias del mismo:
MOTIVACION PARA DECIDIR
Pese a que la representación de la Administración Tributaria, dio impulso hasta la fase de Admisión de Prueba en fecha 14 de Diciembre de 2018, y hasta la presente fecha han transcurrido 1 año y Veintinueve (29) días, observa este juzgador la inactividad de la recurrente CORPORACIÓN ALUMÍNICA CORPAL, C.A., quien a través de la interposición del escrito contentivo del Recurso Contencioso Tributario, accionó a este órgano jurisdiccional solicitando la Tutela de un Derecho que consideró violado por la actuación de la Administración Tributaria Nacional. De acuerdo a los elementos que rielan en autos, se observa que la representación judicial del contribuyente efectuó su última actuación procesal el día 23 de mayo de 2017, en diligencia expresando: “(…) me doy por notificado y solicito se expidan las copias respectivas y pongo a la orden del alguacil los medios necesarios para la práctica del mismo. (…)”; producto de la misma, en fecha 24 de mayo de 2017, este Tribunal se pronunció acordando lo peticionado.
Desde esa oportunidad hasta la presente fecha ha transcurrido el lapso de Dos años (02) siete (07) meses y Veinte (20) días, sin que las partes hayan acudido nuevamente a este Tribunal a dar impulso para la continuación del presente recurso, lo que hace presumir a este Juzgado que ya no hay interés de la parte recurrente en la prosecución de la causa; razonamiento éste que se funda en el derecho de acceso a la jurisdicción, el cual se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso, cuya pretensión jurídica persigue la tutela judicial de un derecho que la parte actora considera ha sido vulnerado.
En tal sentido, establece el artículo 272 del vigente Código Orgánico Tributario, lo siguiente:
“Artículo 272.- La instancia se extinguirá por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento. La inactividad del Juez, después de vista la causa, no producirá la perención.” (Resaltado de este Tribunal).
Del análisis de la norma transcrita, se deduce con claridad que la perención de la instancia opera de pleno derecho por la inactividad de las partes durante el transcurso de un año y quienes tengan interés personal, legítimo y directo pueden proponer nuevamente la demanda conforme a los supuestos y mediante los mecanismos legalmente establecidos.
Al respecto, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en reiteradas oportunidades ha señalado (Sentencia N° 0347, de fecha 28/02/2007, ponencia: Magistrada EVELYN MARRERO ORTIZ, y Sentencia N° 01934, de fecha 26/10/2004, ponencia: Magistrado HADEL MOSTAFA PAOLINI), que para que opere la perención basta, que la causa haya permanecido paralizada por más de un año, debiendo contarse dicho término a partir de la fecha en que se haya efectuado el último acto de procedimiento, cumplido el cual, el Tribunal podrá sin más trámites, declarar consumada la perención de oficio o a instancia de parte. Se trata así, del simple cumplimento de una condición objetiva, independiente por tanto de la voluntad de las partes, es decir, no atribuible a motivos que le son imputables, y consistente en el solo transcurso del tiempo de inactividad para la procedencia de la perención. Así se decide.-
Atendiendo a los razonamientos anteriores, considera este Tribunal, que la sentencia de perención constituye una sentencia definitiva formal, la cual no tiene efectos declarativos respecto al objeto de la controversia, ya que sólo decreta la extinción del proceso en que se cumplió la condición objetiva antes señalada.
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con Competencia en las Circunscripciones Judiciales de los Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, en nombre de La Republica Bolivariana De Venezuela y por Autoridad de la Ley Declara: CONSUMADA DE PLENO DERECHO LA PERENCIÓN, y en consecuencia se extingue el proceso en el presente Recurso Contencioso Tributario interpuesto por la representación judicial de la recurrente CORPORACION ALUMINICA CORPAL, C.A., contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución Nº SNAT/INTI/GRTI/RG/STIPO/AS/2017/01, dictada en fecha 06 de marzo de 2017.
Publíquese, regístrese y notifíquese a las partes.
Se imprimen dos ejemplares a un mismo tenor, el primero a los fines de la publicación del presente fallo, el segundo para que repose en original en el respectivo copiador.
Cúmplase.-
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con Competencia en las Circunscripciones Judiciales de los Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, en Ciudad Bolívar, a los Trece (13) días del mes de Enero de Dos mil Veinte (2020) Años 209° de la Independencia y 160° de la Federación.-
EL JUEZ SUPERIOR PROVISORIO
ABG. JOSE G. NAVAS R.
LA SECRETARIA
ABG. MAIRA A. LEZAMA R.
En el día de hoy, Trece de Enero del año Dos mil Veinte, siendo las Dos y Treinta minutos post meridiem (2:30 p.m.), se publicó la Sentencia Nº PJ0662020000001.
LA SECRETARIA
ABG. MAIRA A. LEZAMA R.
JGNR/Malr/fdcvs
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