TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY

San Felipe, 07 de diciembre de 2021
Años: 211° y 162°

EXPEDIENTE Nº 6566

PARTE DEMANDANTE Ciudadano ELYS PASTOR BRANDT SOTO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 11.654.267 y con domicilio en la avenida 10, esquina de la calle 10, sector Pozo Nuevo, Chivacoa, Municipio Bruzual, Estado Yaracuy.

ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ, Inpreabogado N° 48.847

PARTE DEMANDADA LOS MEJORES QUESOS DE CHIVACOA C.A.

APODERADAS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA SUHAIL ANAYANTZY HERNANDEZ ALVARADO y DAYANA LEAL CORDERO, Inpreabogados N° 81.067 y 89.921 respectivamente.

MOTIVO DESALOJO DE INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL) (SUSPENSIÓN DE LA CAUSA).

Este Tribunal actuando como Director del Proceso luego de revisión minuciosa de las actas procesales del presente expediente se observa que en fecha 13 de octubre de 2021 se admitieron las pruebas promovidas por las partes intervinientes del proceso y del mencionado auto de admisión de pruebas se desprende que se admitió la prueba de informe promovida por la parte demandada de autos, de conformidad con lo establecido en el artículo 433 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se ordenó oficiar a la entidad bancaria Banco Provincial, con sede en el Municipio Bruzual del Estado Yaracuy, librándose oficio correspondiente bajo el N° 0.109/2021, de fecha 13 de octubre de 2021. Ahora bien, se evidencia de autos que a la presente fecha no consta la resulta del oficio antes mencionado.

A TALES EFECTOS, ES IMPORTANTE ACOTAR QUE:

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra expresamente que el Estado garantizará una Justicia sin formalismos o reposiciones inútiles, haciendo énfasis que no se sacrificará la Justicia por la omisión de formalismos no esenciales. A su vez, también indica que el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la Justicia.
Es así como la prueba viene a ser uno de los actos esenciales del proceso, ya que su finalidad es llevar al Juzgador(a) al convencimiento de la verdad, es decir, a los hechos controvertidos en el mismo aunque sea procesal. De ahí que el operador de justicia debe valorar jurídicamente los hechos, circunscribiéndose únicamente a lo alegado y probado por las partes, a los fines de que el operador de justicia deba asentar el fundamento de su decisión, es por lo que una vez promovida y admitida las pruebas, las mismas deberán ser apreciadas por el Juez(a) en la decisión definitiva, expresándose en forma motivada si las aprecia o las desechas.
Ahora bien, del examen de las actas procesales del presente expediente se constata que hasta la fecha no consta en autos la resulta de la prueba de informe dirigida a la entidad bancaria Banco Provincial, con sede en el Municipio Bruzual del Estado Yaracuy, la cual fue admitida por este Tribunal en tiempo útil ya señalado, es decir, existe prueba pendiente por evacuar, por lo que se debe garantizar lo señalado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 49 que consagra el derecho al debido proceso, como el instrumento constitucionalmente legítimo para el resguardo de los derechos fundamentales, siendo el Estado el garante de ejercer la función jurisdiccional, lo que caracteriza la función pública del proceso.
De tal manera, que una vez admitido e iniciado el proceso, éste no es un asunto de exclusividad de las partes, pues al ejercitarse la función jurisdiccional se está en presencia del interés público, así lo establece el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, cuando señala que el Juzgador(a) es el director del proceso y por ende le corresponde impulsar el mismo tendente a obtener la mayor cercanía posible de la averiguación de la verdad material de los hechos.
Concatenado con lo anterior la función rectora del Juez(a) del proceso y aunado al principio procesal de inmediación para la mejor búsqueda de la verdad material, deben los jueces hacer cumplir los autos, tal como lo establece el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil que señala: …” Los Jueces cumplirán y harán cumplir las sentencias, autos y decretos dictados en ejercicio de sus atribuciones legales…”
En este sentido, la Sala Constitucional del Máximo Tribunal del País, en sentencia de Amparo Constitucional, fecha 22 de junio de 2001, ponencia del Magistrado Iván Rincón Urdaneta, exp. Nº 01-0892, expreso lo siguiente:
“…De tal modo que, en el presente caso, si el Tribunal de la causa, una vez admitida la prueba promovida por el demandante, ordenó a la Entidad de Ahorro y Préstamo Fondo Común informar “sobre las cantidades que le fueron depositadas al trabajador demandante durante los años 1994 y 1995” y si visto que, concluido el lapso probatorio, dicho organismo no cumplió con lo solicitado por el órgano jurisdiccional, correspondía a éste hacer cumplir lo ordenado, bien mediante un auto para mejor proveer, conforme al citado artículo 401 del Código de Procedimiento Civil, o por cualquier otro medio legal que, como director del proceso, haga valer su autoridad judicial para que no quedara ilusorio el mandato emitido mediante el auto cuestionado, en acatamiento de la celeridad procesal, y por cuanto el proceso no se encontraba paralizado o suspendido ni por voluntad de las partes ni por algún motivo legal...” (Negritas del Tribunal).
De lo anterior se desprende que efectivamente el Juez(a) tiene el deber como director del proceso, de conducir el juicio hasta su fin, debido que dentro de las funciones establecidas de los jueces, es actuar de forma protagónica para la realización de la justicia, por lo tanto, no puede postrarse, ni adoptar una actitud inerte o estática, sino asumir la posición activa que le exige el propio Texto Fundamental, en su condición de garante de la actuación circunstanciada de la Ley, imponiéndole el deber constitucional de hacer valer los principios asociados al valor de la justicia, indistintamente del proceso de que se trate.
Ahora bien, visto que la presente causa se encuentra en etapa de fijar audiencia o debate oral y de la revisión minuciosa de la misma quedó demostrado que no consta en autos la resulta de la evacuación de la prueba de informe dirigida a la entidad bancaria Banco Provincial, con sede en el Municipio Bruzual del Estado Yaracuy, en consecuencia, en resguardo del legítimo derecho a la defensa, al debido proceso y de obtener una tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 49 numeral 1, 26 y 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así como el deber que tiene el Juez o Jueza de impulsar el desarrollo del proceso, de ejercer una recta, eficaz y sana aplicación en la administración de justicia, quien decide como directora del proceso y con el fin de obtener la mayor cercanía posible a la verdad material de los hechos y con la finalidad de que no quede ilusorio el mandato emitido por este Juzgado mediante auto de admisión de pruebas de fecha 13 de octubre de 2021 con la celeridad procesal que se amerita, ya que es permisible al Juez(a) ordenar de oficio la práctica de las diligencias que considere pertinentes y necesarias para el esclarecimiento de la controversia; este Juzgado acuerda ratificar el oficio emitido a la entidad bancaria Banco Provincial, con sede en el Municipio Bruzual del Estado Yaracuy, signado con el N° 0.109/2021 de fecha 13 de octubre de 2021 y emanado de este Juzgado, a los fines de que dicha entidad cumpla con lo solicitado por este órgano jurisdiccional, dejándose establecido igualmente que se fijara audiencia o debate oral, una vez conste en autos la resulta de la referida prueba. Y ASÍ SE DECIDE.
Por las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley,

DECLARA,

PRIMERO: SE SUSPENDE LA PRESENTE CAUSA y se deja establecido que se fijara audiencia o debate oral, una vez conste en autos la resulta de la prueba de informe admitida por este Juzgado en fecha 13 de octubre de 2021, correspondiente al oficio remitido a la entidad bancaria Banco Provincial, con sede en el Municipio Bruzual del Estado Yaracuy, signado con el Nº 0.109/2021, de fecha 13 de octubre de 2021 y emanado de este Juzgado.

SEGUNDO: SE ORDENA la ratificación de la prueba de informe admitida por este Juzgado en fecha 13 de octubre de 2021, correspondiente al oficio remitido a la entidad bancaria Banco Provincial, con sede en el Municipio Bruzual del Estado Yaracuy, signado con el Nº 0.109/2021, de fecha 13 de octubre de 2021 y emanado de este Juzgado. Líbrese oficio.

TERCERO: NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS dada la naturaleza del fallo.

PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE, INCLUSO EN LA PÁGINA WEB OFICIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA WWW.TSJ.GOB.VE, ASÍ COMO EN LA PÁGINA WWW.YARACUY.SCC.ORG.VE, SEGÚN RESOLUCIÓN N° 05-2020, DE FECHA 05 DE OCTUBRE DE 2020, EMANADA DE LA SALA DE CASACIÓN CIVIL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA.

Dado, firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy. En San Felipe, a los siete (07) días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021). Años: 211° Independencia y 162° Federación.
La Jueza,

WENDY YÁNEZ RODRÍGUEZ

El Secretario Temporal,

LUIS CRUZ

En esta misma fecha y siendo las doce y diez minutos de la tarde (12:10 p.m.), se publicó y registró la anterior decisión.

El Secretario Temporal,

LUIS CRUZ