TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE LO CONTENCIOSO TRIBUTARIO
DE LA REGIÓN GUAYANA CON COMPETENCIA EN LAS
CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES DE LOS ESTADOS
AMAZONAS, BOLÍVAR Y DELTA AMACURO.

Ciudad Bolívar, 24 de Noviembre de 2021.
211º y 162º

ASUNTO: FP02-U-2008-000032 SENTENCIA Nº PJ0662021000020

El presente proceso se dio inicio mediante oficio N° GRTI/RG/DJT/2008/1059, de fecha 24 de marzo de 2008, fue remitido a este Juzgado por el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), Recurso Contencioso Tributario, ejercicio de forma subsidiaria a Recurso Jerárquico, interpuesto ante este mismo órgano, por el ciudadano Alejandro J. Valladares T, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 6.362.751, actuando en su carácter de Gerente General de la contribuyente LICORERIA LA CAÑA, C.A, asistido por el ciudadano Humberto Carreño, venezolano, mayor de edad, civilmente hábil, titular de la cédula de identidad N° 8.940.376, inscrito en el Colegio de Contadores Público bajo el N° 17.572, contra la Resolución N° GRTI/RG/DJT/2008/065, emitida por la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

En fecha 26 de marzo de 2008, este Tribunal le dio entrada al presente Recurso Contencioso Tributario (folio 86), y se ordenó notificar a los ciudadanos, Procurador y Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, así como a la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y al contribuyente LICORERIA LA CAÑA, C.A. (Folios 87 al 99).

En fecha 25 de junio de 2008, el alguacil de este Tribunal consignó oficio N° 351-2008 dirigido al Fiscal General de la República, la cual fue debidamente practicada. (Folios 100 y 101).

En fecha 26 de junio de 2008, el alguacil de este Tribunal consignó oficio N° 352-2008 dirigido al Gerente Regional de Tributos Internos del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), la cual fue debidamente practicada. (Folios 103 y 104).
En fecha 05 de Febrero de 2019, el Alguacil de este Tribunal dejo constancia de haber enviado por el correo de la DEM el oficio N° 349-2008 dirigido al Juez del Juzgado Distribuidor del Municipio Caroní del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, contentivo del oficio de notificación dirigido a la ciudadana Procuradora General de la República Bolivariana de Venezuela y la Boleta de notificación dirigida al contribuyente LICORERIA LA CAÑA, C.A. (Folios 105 y 109)
En fecha 3 e noviembre de 2014, se recibió comisión N° 027-14, remitida mediante oficio N° 0860-14 de fecha 8 de octubre de 2014, por el Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de medidas del Municipio Caroní del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, mediante la cual remiten sin cumplir la notificación del contribuyente LICORERIA LA CAÑA. C.A. (Folios 224 al 236)
En fecha 05 de noviembre de 2014, se dicto acta mediante la cual este órgano jurisdiccional como garante de una justicia expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones, conforme a lo establecido en el artículo 26 de nuestra carta magna se acordó la notificación por cartel de la recurrente, teniéndose como domicilio en la presente causa la sede de este Tribunal (Folios 237)
En fecha 25 de septiembre de 2019, el abogado José G. Navas R, se aboca al conocimiento y decisión de la presente causa, en su condición de Juez Provisorio. (Folio 263)
Nuestra Constitución Nacional, en su artículo 26 consagra el principio de la Tutela Judicial Efectiva en la cual toda persona tiene el derecho de acceder a los órganos de Administración de justicia, cuyo interés, material es la restitución de un derecho que el considere a sido violado a través de un acto administrativo emanado en este caso de la Administración Tributaria Nacional; al activar el órgano jurisdiccional, la acción se justifica a través del impulso procesal, cuya finalidad percibe la satisfacción de su pretensión jurídica. Este se puede bifurcar en dos sentidos: el impulso que ha de dar el juez en razón de un deber impuesto por la Ley, como garante del proceso, y el que pesa sobre la parte en razón de su interés, el cual se denomina instancia.
Ahora bien, la demora imputable al recurrente hace presumir que la pretensión jurídica ha sido satisfecha: en razón de esta circunstancia, el operador de justicia a los efectos de salvaguardar los principios de eficiencia, eficacia, economía y celeridad procesal; y por cuanto al proceso judicial constituye un instrumento fundamental para que opere la justicia, tal como señala el artículo 257 de la Constitución Nacional; en tal sentido, corresponde a este juridiscente verificar si a operado los medio de extinción de la instancia contenido en las normas adjetivas para declarar la consumación de la perención o el decaimiento de la pretensión jurídica, en virtud de la manifiesta perdida de interés procesal.
En este sentido, la Sala Constitucional de este Máximo tribunal en sentencia N° 416 de fecha 28 de abril de 2009, señala lo siguiente:

“(…) el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proporción de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que le reconozca un derecho y se evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia Nº 686 del 2 de abril de 2022, caso “MT1(Arv) Carlos José Moncada”).
El interés proceso ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta sala Nº 256 del 1 de junio de 2001, caso: “Fran Valero Gonzalez y Milena Portillo Manosalva de Valero”).
En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia”
Hay que destacar que el tiempo de un año sin el impulso procesal hace presumir a este Tribunal que no hay interés de la parte en la admisión o sentencia de la causa; los razonamientos del fallo consisten en el derecho de acceso a la jurisdicción, el cual se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso, considerándose este como aquella actividad que tiende a hacer avanzar el proceso a través de cada uno de los momentos de tiempo: tramites, periodos, fases que lo componen (Vid. Sentencia RC-000183 25 de mayo de 2010 Sala de Casación Civil, caso: Despunta, C.A.).
De tal manera que, el Decaimiento del interés procesal, al igual que la Perención, solo se produce por la inactividad de las partes, es decir, por la no realización de algún acto de procedimiento al igual estén obligadas las partes por disposición expresa de la Ley, de tratarse de una actitud negativa u omisiva de las partes, las cuales estando en el deber de realizar los actos de procedimiento no los ejecutan; pero, si la actuación procesal comete al Juez, no pudiera producir la extinción por el Decaimiento.
En resumen, se puede concluir que para que se configure el supuesto Decaimiento del Interés Procesal, se debe verificar la concurrencia de un elemento subjetivo representado en la conducta omisiva imputable a las partes por actos que la Ley le impone cumplir, en a forma y bajo las condiciones que las mismas le señale; y un elemento objetivo representado en el transcurso del tiempo establecido en la norma, en este caso 1 año. Corresponde a esta instancia judicial evaluar las circunstancias del mismo tomando en consideración los lineamientos establecidos por la Sala Plena del TSJ en resolución N° 001-202 de fecha 20 de marzo de 2020 relativa a la suspensión de las actividades de despacho con ocasión a la pandemia covid-19; acatando las normas de bioseguridad ordenadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), y las Resoluciones 2020-0002, 2020-0003, 2020-00004, 2020-0005, 2020-00006, 2020-0007, con ocasión a la pandemia del covid-19; así como también la Resolución N° 2020-0008 de fecha 1 de octubre de 2020, que establece las condiciones para el reinicio de las actividades judiciales.
En el caso a quo, observa este Juzgador, que se trata de un Recurso Contencioso Tributario subsidiario interpuesto ante la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria SENIAT por el contribuyente LICORERIA LA CAÑA, C.A. y posteriormente remitido ante este Juzgado en fecha 25 de marzo de 2008, procediéndose como en efecto se hizo a practicar las notificaciones de Ley a las partes correspondientes y siendo infructuosa la notificación del contribuyente LICORERIA LA CAÑA, C.A., por lo cual se ordenó su notificación mediante cartel en la sede de este Tribunal y se fijo el mismo en fecha 24 de noviembre de 2014 cumpliéndose los 10 días señalados por el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil el día 24 de noviembre de 2014, desde esa fecha y hasta el momento que este Juzgador se aboca a conocer el caso transcurrieron 6 año y 3 meses, sin haber acto alguno de impulso procesal de las partes, tiempo suficiente que rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión; lo cual denota una ausencia de interés en obtener la continuación del proceso; en consecuencia se declara la Perdida de Interés procesal por abandono de trámite, lo cual trae como efecto el Decaimiento de la Pretensión Jurídica contenida en el Recurso Contencioso Tributario. Así se decide.
En mérito de lo anteriormente expuesto, este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con Competencia en las Circunscripciones Judiciales de los Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: La Perdida de Interés Procesal por abandono de Trámite, en el Recurso de Nulidad interpuesto contra la Resolución N° SNAT/GR/DRAAT/2017-0315 de fecha 31 de mayo de 2017.
Se ORDENA la notificación de la presente decisión, a los ciudadanos Fiscal y Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela, al contribuyente LICORERIA LA CAÑA, C.A, y al Gerente Regional de Tributos Internos Región Guayana del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).
Se ADVIERTE a las partes que, de conformidad con el único aparte del artículo 205 del Código Orgánico Tributario de fecha 29 de enero de 2020, esta sentencia no admite apelación.
Publíquese, regístrese y emítase dos (02) ejemplares del mismo tenor de la presente decisión, a los fines de dar cumplimiento a las notificaciones ordenadas y que repose en el copiador de Sentencias. Cúmplase.-
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Guayana con Competencia en las Circunscripciones Judiciales de los Estados Amazonas, Bolívar y Delta Amacuro, en Ciudad Bolívar, a los Veinticuatro (24) día del mes de noviembre de Dos mil Veintiuno (2021). Años: 211° de la Independencia y 162° de la Federación.
EL JUEZ SUPERIOR PROVISORIO
ABG. JOSE G. NAVAS R

LA SECRETARIA SUPLENTE
ABG. ARELIS C. BECERRA A.
La anterior sentencia se publicó en su fecha, siendo las Once y Veintisiete minutos (11:27 a.m) de la Mañana.
LA SECRETARIA SUPLENTE
ABG. ARELIS C. BECERRA A

JGNR/Acba/fdcs.-.