TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO, BANCARIO Y MARÍTIMO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR
COMPETENCIA CIVIL
De las partes, sus apoderados y de la causa

PARTE DEMANDANTE: José Jesús Amaro Peña, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 10.926.213, abogado en ejercicio, inscrito en el IPSA bajo el Nº 64.255, quien actúa bajo su propio nombre y representación.
PARTE DEMANDADA: Centro Medico Profesional Puerto Ordaz, C.A., domiciliada en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, y debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, en fecha 27/5/2003, bajo el Nº 35, Tomo 15-A-Pro; y Clínica Puerto Ordaz, C.A., debidamente inscrita por ante el Registro de Comercio que llevo el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 07/8/1978, bajo el Nº. 2.516, folios vuelto del 10 al 21, Tomo 31; posteriormente reformada por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, en fecha 18/2/2011, bajo el Nº 22, Tomo 17-A REGMERPRIBO.
APODERADO JUDICIAL DEL DEMANDADO: Eliecer Calzadilla Álvarez, abogado, inscrito en el IPSA bajo el Nº 8.468.
CAUSA: Cobro de Honorarios Profesionales, curso ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y Transito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar (apelación)
EXPEDIENTE: Nº 21-5796
Se encuentran en esta Alzada las presentes actuaciones provenientes del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y Transito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en virtud del auto de fecha 16/12/2020, (F.61, P2), que oyó en ambos efectos la apelación ejercida en fecha 15/12/2020 realizada mediante escritos por el abogado José Amaro (Fs. 56-59, P2), actor en la presente causa quien actúa en su propio nombre y representación, contra la decisión dictada en fecha 05/3/2020, (Fs. 3-23,P2), por el Juzgado de la causa, que DECLARÓ: “...INADMISIBLE la pretensión de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales incoada por el Abogado JOSE JESUS AMARO PEÑA, ya identificado al inicio de este fallo, contra el CENTRO MEDICO PROFESIONAL PUERTO ORDAZ, C.A., y solidariamente contra la CLINICA PUERTO ORDAZ, C.A..”
Este Tribunal Superior en atención a la apelación interpuesta procede a dictar el fallo respectivo previa las siguientes consideraciones:

CAPITULO PRIMERO
Síntesis de la controversia

Presentó demanda el abogado José Jesús Amaro, parte actora, actuando en su propio nombre y representación, en fecha 14/3/2018 (Fs. 1-10, P1) en la cual señaló entre otras cosas que la sociedad mercantil Centro Medico Profesional Puerto Ordaz, C.A., contrato sus servicios como abogado, a los fines de que le representara y defendiera sus derechos en el juicio de cumplimiento de contrato de opción a compra, que presento el ciudadano Rene Ravelo Hurtado en contra de la sociedad mercantil Centro Medico Profesional Puerto Ordaz, C.A. y la reconvención interpuesta por la sociedad mercantil Centro Medico Profesional Puerto Ordaz, C.A. contra Rene Ravelo Hurtado, por motivo de resolución del contrato de opción a compra venta. Señaló que se evidencia del expediente Nº 16268-2007, que el Juzgado Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar en fecha 09/12/2014, dicto sentencia definitivamente firme, en los juicios anteriormente descritos, al declarar SIN LUGAR la demanda por cumplimiento de un contrato de venta calificado como opción a compra venta por las partes, interpuesta por el ciudadano Rene Ravelo Hurtado contra la sociedad mercantil Centro Medico Profesional Puerto Ordaz, C.A., al declarar CON LUGAR la reconvención propuesta por la sociedad mercantil Centro Medico Profesional Puerto Ordaz, C.A., contra Rene Ravelo Hurtado y se declara resuelto el contrato de venta privado suscrito en el año 2003 por las partes sobre los locales identificados con los Nros. P1-07 y P1-08. Asimismo, en el aparte denominado “La importancia de los servicios y la cuantía del asunto” indicó que los consultorios identificados con los Nros. P1-07 y P1-08 del Centro Medico Profesional Puerto Ordaz, fueron vendidos a Rene Ravelo en fecha septiembre de 2003, por el precio de cuarenta y cuatro millones ciento ochenta y nueve mil doscientos cincuenta bolívares (Bs. 44.189.250,00 Bs) y cincuenta y dos millones novecientos cuarenta y siete mil trescientos bolívares (Bs. 52 .947.300,00 Bs), menos un 5% de descuento y todo esto daba un total de noventa y dos millones doscientos setenta y nueve mil setecientos veintidós bolívares con 50/100 céntimos (Bs. 92.279.722,50 Bs), esgrimió que el dólar oficial para la fecha de septiembre del 2003 su precio era de Bs. 1600,00, que dividido el precio de la venta de los inmuebles entre el dólar oficial da Bs 92.279.722,50/1600,00= 57.674,82 dólares americanos. Además, indicó que se tomaba la fecha de la venta de los consultorios según consta en el contrato de opción a compra, Rene Ravelo pago (Bs. 92.279.722,50 Bs) por el precio de los inmuebles, así también, hizo mención en cuanto al dólar paralelo, indicando que si bien es ilegal, es una referencia monetaria, por lo que hizo indico que el dólar paralelo para la fecha septiembre del 2003, era de Bs. 1600,00, que su precio era igual al del dólar oficial, queriendo dar a demostrar con ello que para la fecha de la demanda el monto demandado era una suma considerable y con esa suma se podía comprar bienes y servicio, y que de haber resultado perdidosa la clínica, le hubiese ocasionado una perdida muy grande. Continuo sus alegatos expresando que el centro médico profesional Puerto Ordaz, C.A. resulto victorioso en el proceso, la clínica se quedó como propietaria de los dos consultorios, se quedó con los puestos de estacionamiento del centro médico profesional y recupero los consultorios. Adema, reintegro a Rene Ravelo en el año 2017 la suma de ochenta y dos mil quinientos sesenta y seis bolívares (82.567,00 Bs), no pago intereses, indexación monetaria, costas y costos procesales. Asimismo, hizo saber el profesional de derecho que a su decir entre el Centro Medico Profesional Puerto Ordaz, C.A. y la Clínica Puerto Ordaz existe una unidad económica o grupo de empresas por cuanto las juntas directivas de ambas sociedades mercantiles las integran las mismas personas, de igual manera ambas empresas tienen el mismo domicilio fiscal. En virtud de lo antes expuesto es por lo que solicitó al tribunal que ordenara la intimación de sus honorarios profesionales a la sociedad mercantil Centro Medico Profesional Puerto Ordaz, para que le cancelara la suma de un billón doscientos veinte mil treinta millones de bolívares (1.220.030.000.000,00 Bs) por concepto de honorarios profesionales. De igual manera, demando solidariamente a la sociedad mercantil Clínica Puerto Ordaz, C.A., para que le cancelara la suma de un billón doscientos veinte mil treinta millones de bolívares (1.220.030.000.000,00 Bs.) por concepto de honorarios profesionales.
Acompañó recaudos con el libelo de demanda.
El tribunal de Instancia admitió la presente acción mediante auto de fecha 25/4/2018. (F.163, P1)
En fecha 19/7/2018 el abogado Eliecer Calzadilla Álvarez en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Centro Medico Profesional Puerto Ordaz, C.A., presento escrito de contestación a la demanda en los siguientes términos (Fs. 172-181, P1):
“De manera que estamos en la primera etapa del proceso en la que se discute el derecho del abogado demandante a cobrar o no los honorarios profesionales. En ejercicio de ese derecho IMPUGNO FORMALMENTE EL DERECHO A COBRAR HONORARIOS PROFESIONALES DEL ABOGADO JOSE AMARO PEÑA INTIMADOS O DEMANDADOS EN ESTE PROCESO (…)
Niego y rechazo la afirmación conjetural que hace el demandante bajo el título ´II La importación de los servicios y la cuantía del asunto´, en cuanto a lo que hubiera ocurrido si la demanda incoada por RENE RAVELO HURTADO hubiese sido declarada con lugar (…) El hecho es que la demanda de Rene Ravelo fue declarada sin lugar, en consecuencia, niego y rechazo la especulación del demandante respecto al ´efecto domino´ que hubiera ocurrido con todos los propietarios de los consultorios y los puestos de estacionamiento del CENTRO MEDICO PROFESIONAL PUERTO ORDAZ, y niego y rechazo, la conjetura de ´que los paciente y clientes no hubieran tenido donde estacionarse´ porque eso no está en la esfera de los hechos.
Niego y rechazo que el mi poderdante, el Centro Medico Profesional Puerto Ordaz, se “quedo con (Bs. 92.279.723,50) que para el 2003 era equivalente a 57.674,82 dólares Americanos (…) niego y rechazo que mi poderdante ´se quedo (…) con dos consultorios médicos y con los puestos de estacionamiento y le pago (…)a RENE RAVELO el equivalente a un dólar americano´ (…) Niego y Rechazo que Centro Medico Profesional Puerto Ordaz, haya tenido un claro beneficio económico en el juicio 16.268 de la nomenclatura de este Tribunal que termino con sentencia definitivamente firme (…)
Niego y Rechazo que la ´Clínica´ se haya quedado como propietaria de los consultorios; que se haya quedado todos los puestos de estacionamiento del Centro Medico Profesional Puerto Ordaz, y niego y rechazo que haya recuperado los consultorios ´a precio de gallina flaca´.
Niego y rechazo que el Centro Medico Profesional Puerto Ordaz, C.A. a los efectos de esta demanda, sea Unidad Económica con Clínica Puerto Ordaz, C.A., y niego y rechazo que el Centro Medico Puerto Ordaz, C.A. sea una empresa con grandes activos que tenga ´3 torres o edificios que conforman el centro médico profesional Puerto Ordaz… que maneja grandes sumas de dinero diariamente´
Niego y rechazo que el demandante haya invertido dinero en el juicio.
Niego y rechazo que mi poderdante le adeude cantidad alguna al demandante y niego y rechazo que mi poderdante deba pagarle UN BILLO DOSCIENTOS VEINTE MIL TREINTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 1.220.030.000.000,00) al demandante.
…Omissis…
Ciudadana Juez, de la lectura del Libelo de demanda que contiene la pretensión de cobro de honorarios del Dr. José Amaro Peña y de las normas de orden publico transcritas, en especial el artículo 22 de la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos se evidencia que la demanda tiene su causa petendi o causa de pedir fundamentada en el llamado dólar paralelo cuando lo toma como centro referencial en tres párrafos importantes de su libelo (…) Es obvio Ciudadana Juez, que los servicios profesionales de abogado que prestó mi cliente, Centro Medico Profesional Puerto Ordaz, los fijó el demandante, como el mismo dice, ´en base al dólar paralelo´.
…Omissis…
Ciudadana Juez, de los autos y del propio texto de la demanda se desprende que el juicio del que pretende derivar los honorarios el demandante que cursó en este Tribunal en el expediente N° 16.268 concluyo por sentencia firme dictada por el Juez Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar el 9 de Diciembre de 2014, es decir que de conformidad con el articulo 1.982 transcrito el tiempo de prescripción se consumó con exceso y prescribió la acción para cobrar los honorarios.

Así también, fue presentado el 19/7/2018 escrito de contestación a la demanda (Fs. 186-188, P1), por el abogado Eliecer Calzadilla, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Clínica Puerto Ordaz, C.A., en el cual negó y rechazo los siguientes terminos:
- Que el actor tenga derecho alguno a intimar o a cobrarle solidariamente honorarios profesionales de abogado a mi cliente CLINICA PUERTO ORDAZ por sus servicios profesionales desempeñados en el juicio de RENE RAVELO HURTADO contra Centro Medico Profesional, C.A. El demandante jamás fue contratado para atender en este proceso a Clínica Puerto Ordaz, C.A.
- Que el demandante JOSE AMARO PEÑA sea trabajador dependiente asalariado de Clínica Puerto Ordaz, C.A. o de Centro Medico Profesional, C.A.
- Que Clínica Puerto Ordaz, C.A., adeude al demandante suma alguna por el caso que cursa en este expediente.
Continuó exponiendo que de los autos y del propio texto de la demanda se desprende que el juicio del que pretende derivar los honorarios el demandante que cursó en este Tribunal en el expediente N° 16.268 concluyó por sentencia firme dictada por el Juez Superior Accidental en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la circunscripción Judicial del Estado Bolívar el 9/12/2014, que de conformidad con el artículo 1.982 del Código Civil el tiempo de prescripción se consumó.
Opuso como defensa perentoria la excepción de falta de cualidad de la codemandada Clínica Puerto Ordaz, C.A., para sostener este juicio incoado por el abogado José Amaro Peña. Finalmente indico que la causa petendi del demandante estaba vertebrada sobre un ilícito jurídico que afecta el orden publico cual es la referencia a lo que el demandante denomina el dólar paralelo como referencia para la determinación y cobro de honorarios, ya que en varios párrafos explica y fundamenta su demanda de cobro, inaudito e inconcebible, alude al dólar paralelo y al dólar americano como referencia necesaria a la hora de cobrar sus servicios.
Mediante auto de fecha 16/11/2018 el juez Manuel Cortez se abocó al conocimiento de la causa. (F. 213, P1)
En fecha 13/12/2018 presentó escrito de pruebas el abogado José Amaro. (Fs. 219-224, P1)
Mediante escrito de fecha 17/12/2018 el abogado Eliecer Calzadilla en su condición de apoderado judicial de la sociedad mercantil Centro Medico Profesional Puerto Ordaz, C.A., promovió pruebas. (Fs. 315-320, P1)
El tribunal de instancia mediante auto de fecha 17/1/2019 se pronunció en cuanto a las pruebas presentas por la parte intimante y por la parte intimada. (F. 322, P1)
Escrito de informes presentado por el actor en fecha 17/5/2019 (Fs. 365-369, P1)
Mediante auto de fecha 01/10/2019 la jueza Maye Andreina Carvajal se abocó al conocimiento de la presente causa (F. 379, P1)
En fecha 05/3/2020 el Tribunal de instancia dicto sentencia en la presente causa en la cual declaro: “…INADMISIBLE la pretensión de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales incoada por el Abogado JOSE JESUS AMARO PEÑA, ya identificado al inicio de este fallo, contra el CENTRO MEDICO PROFESIONAL PUERTO ORDAZ, C.A., y solidariamente contra la CLINICA PUERTO ORDAZ, C.A…” (Fs. 3-23, P2)
Mediante escrito consignado en fecha 15/12/2022 por al abogado José Amaro ejerció recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Tribunal de Instancia en fecha 05/3/2020. (Fs. 58-59, P2)
El tribunal de la causa mediante auto de fecha 16/12/2020 oyó la apelación ejercida en ambos efectos. (F. 61, P2)
CAPITULO SEGUNDO
Actuaciones celebradas en esta Alzada.

Por auto de fecha 29/01/2021 este Juzgado Superior, dio entrada a las presentes actuaciones y fijó los lapsos correspondientes. (F. 63, P2)
Mediante escrito recibido en fecha 11/02/2021 el abogado José Amaro, actuando en su propio nombre y representación, presento escrito de promoción de pruebas, (Fs. 64-68, P2). Asimismo, el profesional del derecho Eliecer Calzadilla formulo oposición a dichas pruebas, mediante escrito consignado en fecha 01/03/2021 (Fs. 70-71, P2). A través de auto de fecha 02/3/2021 este Juzgado Superior declaró con lugar la oposición a las pruebas de la actora presentada por el apoderado judicial de la parte demandada y en consecuencia inadmisible la ordalía promovida por el actor. (Fs. 91-92, P2).
Por otro lado, ambas partes mediante escritos consignados en fecha 04/03/2021 presentaron informes a la causa (Fs. 97-110, P2). Luego el apoderado judicial de la parte demandada consigno escrito de observaciones en fecha 15/3/2021. (Fs. 112-118, P2)
Mediante auto de fecha 16/3/2021 esta Alzada fijó el lapso para dictar sentencia en la presente causa. (F. 119, P2) dicho acto fue diferido mediante auto de fecha 17/5/2021 (F. 120, P2)
CAPITULO TERCERO
Mérito de la Controversia

El eje central del asunto versa sobre la apelación ejercida por la parte intimante-recurrente en contra de la sentencia dictada el 05/3/2020 por el tribunal a quo que declaro Inadmisible la pretensión de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales, para lo cual esta Alzada analizara si en efecto es inadmisible la pretensión en base a los motivos expuestos por el tribunal de instancia o existe algún otro vicio que impida su admisibilidad o por el contrario debe ser admitida.

CAPITULO CUARTO
Argumentos para Decidir

Quien aquí suscribe, establece como punto previo el hecho de la inadmisibilidad peticionada por la demandada y declarada por el tribunal de primera instancia, la cual se sustentó en el alegato de violación por parte de la normativa invocada por el actor, ya que en base a eso se declaró que la demanda es ilícita y por lo tanto, eso la hace inadmisible.
La Sala de Casación Civil del Máximo Tribunal al referirse al acceso a la justicia estableció que se vincula estrechamente con la admisibilidad de la demanda en sentencia Nº 28 del 13/02/2017, donde esgrimió al respecto:

“En este orden de ideas, estima la Sala pertinente realizar las siguientes reflexiones: la justicia y el acceso a ella mediante el proceso, se encuentra garantizado en el artículo 257 de la Carta Política, según el cual: “…el proceso constituye una herramienta para realizar la justicia…” con este postulado constitucional se materializa la tutela judicial efectiva que a su vez la ejercita el justiciable cuando tiene la posibilidad de acceder a un proceso, vale decir, tiene acceso a la jurisdicción.

Ahora bien, ese derecho de acceso a la justicia se encuentra íntimamente vinculado con el tema de la admisibilidad de la pretensión, lo que, en consecuencia, determina que deben evitarse obstáculos que impidan ese acceso.”

Así tenemos, que dentro de la Sistemática que compone la Tutela Judicial Efectiva (Art. 26 CRBV) dentro del orden constitucional tenemos, tenemos el acceso a la justicia, desarrollándose al respecto el llamado Principio Pro Actione, señalando al respecto la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de fecha 29/09/2021, en el expediente Nº AA20-C-2020-000138, que:
“Se delata, en la única denuncia expuesta por el formalizante, el menoscabo del derecho a la defensa y el acceso a la justicia, así como el principio pro actione, por cuanto la recurrida declaró inadmisible la acción, mal interpretando y por ende desnaturalizando mi pretensión al decidir que había reclamado mis honorarios y costos procesales en dólares americanos.
Sobre el principio pro actione esta Sala se ha pronunciado entre otras en sentencia N° 357 del 10 de agosto de 2010, expediente 2010-139, en la que quedó expresado lo siguiente:
“…En este sentido cabe señalar, lo que ha expresado la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en torno al conocido principio pro actione:
“...Igualmente, debe destacarse que el alcance del principio pro actione, debe entenderse como que las condiciones y requisitos de acceso a la justicia no deben imposibilitar o frustrar injustificadamente el ejercicio de la acción a través de la cual se deduce la pretensión, toda vez que “(…) el propio derecho a la tutela judicial efectiva garantiza la posibilidad de ejercicio eficiente de los medios de defensa, así como una interpretación de los mecanismos procesales relativos a la admisibilidad que favorezca el acceso a los ciudadanos a los órganos de justicia”

La misma Sala, en decisión del 15/04/2009 dictada en el expediente Nº AA20-C-2008-000655, se refirió a los presupuestos procesales y al principio de conducción judicial, indicando que:

“Adicionalmente, señaló que el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil es un artículo limitativo de la “garantía de instar en justicia”, que debe ser interpretado restrictivamente y que consagra tres causas específicas de inadmisibilidad de la demanda, …
A este respecto es necesario señalar lo siguiente:
El artículo 341 del Código de Procedimiento Civil establece:
“Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto del Tribunal que niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación inmediatamente, en ambos efectos”.
…omissis…
Adicionalmente, el artículo 11 de nuestra ley procesal civil es del tenor siguiente:
“En materia civil el Juez no puede iniciar el proceso sin previa demanda de parte, pero puede proceder de oficio cuando la ley lo autorice, o cuando en resguardo del orden público o de las buenas costumbres, sea necesario dictar alguna providencia legal aunque no la soliciten las partes…”

Ahora bien, el Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión (artículo 14 del Código de Procedimiento Civil). Esto es lo que conocemos como el principio de conducción judicial, principio este que concatenado con lo dispuesto en el artículo 11 antes señalado, le permite al juez revisar, sin que se requiera el impulso de las partes, los vicios en la satisfacción de los presupuestos procesales, así como también le permite al juez actuar de oficio …
Es necesario que estén dados todos los presupuestos procesales para que nazca la obligación del juez de ejercer su función jurisdiccional y pueda resolver el caso planteado.
Por ello, tanto las partes como el Juez, están autorizados para controlar la válida instauración del proceso y verificar así el cumplimiento de los llamados presupuestos procesales, advirtiendo los vicios en que haya incurrido el demandante respecto a la satisfacción de los mismos.
En el mismo sentido se pronunció la Sala Constitucional de este máximo tribunal, en sentencia N° 779, del 10 de abril del 2002, caso: Materiales MCL, C.A., expediente 01-0464, en la que estableció:
“…Al efecto, esta Sala considera necesario precisar que, de acuerdo con el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, el juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión, a menos que la causa esté en suspenso por algún motivo legal. No obstante, este principio ya se anticipa en el artículo 11 eiusdem, donde como excepción al principio del impulso procesal, se permite actuar al Juez de oficio cuando la ley lo autorice o cuando en resguardo del orden público o de las buenas costumbres sea necesario dictar alguna providencia legal, aunque no lo soliciten las partes.
Ahora bien, la aplicación del principio de la conducción judicial al proceso no se limita a la sola formal condición del proceso en el sucederse de las diferentes etapas del mismo, sino que él encuentra aplicación provechosa en la labor que debe realizar el juez para evidenciar, sin que se requiera la prestancia de parte, los vicios en la satisfacción de los presupuestos procesales, o cuando evidencie, también de oficio, …. Todos estos actos están íntimamente ligados a la conducción del proceso, ya que si no se satisfacen los presupuestos procesales no nace la obligación en el juez de prestar la función jurisdiccional para resolver la controversia propuesta.
En tal sentido, considera esta Sala que si nuestro ordenamiento jurídico establece que la relación jurídica procesal debe constituirse válidamente satisfaciendo las formalidades que la ley determina, sólo después de que se haya depurado el proceso de cualquier vicio que afecte la válida constitución de la relación procesal o la haga inexistente, es que nace para el órgano jurisdiccional la obligación de conocer y resolver el fondo de la controversia. Por ello, para verificar el cumplimiento de los llamados presupuestos procesales, tanto las partes como el Juez, están autorizados para controlar la válida instauración del proceso, advirtiendo los vicios en que haya incurrido el demandante respecto a la satisfacción de los presupuestos procesales…

Dicho lo anterior, es menester señalar que el juez de la recurrida actuó conforme a derecho, por cuanto forma parte de la activad oficiosa del juez, revisar en cualquier estado y grado del proceso la conformidad en los requisitos de admisión de la demanda y declarar la inadmisibilidad de la misma, por cualquiera de los motivos establecidos en la ley, …, pues el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad constituye materia de orden público.”

Traídas como referencias los extractos de las anteriores sentencias tenemos que el Derecho de Acción es un derecho constitucional contemplado en el artículo 26 del Texto Constitucional, el cual debe ser tutelado por el Estado a través de los órganos que administramos justicia, y dentro de los principios que rigen el mismo tenemos el principio pro actione, entendiendo por este el conjunto de condiciones y requisitos que tratan con amplitud el trámite de la acción, a fin de poder dilucidar así las pretensiones de los justiciables. No obstante, ello nuestro ordenamiento a su vez, trae normas de orden legal que van adecuadas a la norma marco (constitucional), pues la regla trae excepciones que en este caso han sido desarrolladas en el Código de Procedimiento Civil en el artículo 341 del mismo, que debe ser interpretada de forma restrictiva, es decir, no pueden aplicarse sino a los casos que específicamente el supuesto de hecho se adecue perfectamente a la disposición legal en comento.
En este mismo de orden de ideas, el ordenamiento civil vigente preceptúa en los artículos 11 (principio de conducción judicial) y 14 (juez director del proceso); que el administrador de Justicia no funge como un convidado de piedra al proceso, pues aunque el ordenamiento civil gire bajo el principio dispositivo, hay normas que permiten actuar al juez de forma oficiosa, bajo la formación del proceso, cuando realiza el análisis de la admisibilidad de la demanda, pues como lo ha dicho bien el Tribunal Supremo de Justicia, dicha actividad constituye materia de orden público; por lo tanto, el juez puede examinar la valida instauración del proceso y el cumplimiento de los llamados presupuestos procesales antes de admitir cualquier demanda o incluso el curso del proceso.
De forma que, ante la declaratoria de inadmisibilidad decretada por el tribunal de instancia, que a su vez fue opuesta por la demandada, esta Superioridad hace las siguientes consideraciones al respecto:
En cuanto a las causales de inadmisibilidad de la demanda, la Sala Constitucional del más Alto Tribunal del País, en sentencia dictada el 18/05/2001, en el expediente Nº 00-2055, estableció entre otras cosas, que:
“4) Dentro de la clasificación anterior (la del número 3), puede aislarse otra categoría, más específica, de causales de inadmisibilidad de la acción, y es que ella se utilice para violar el orden público o infringir las buenas costumbres.
…omissis…”

En relación al mismo tema, en sentencia dictada el 01/08/2018, por la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia en el expediente Nº AA20-C-2018-000071, se emitió pronunciamiento en cuanto a las causales de inadmisibilidad de las demandas, estableciendo:
“Ahora bien, se precisa, que los casos en los cuales el juez puede inadmitir la demanda son los establecidos taxativamente en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, en el cual se señala, lo siguiente:
“Artículo 341.- Presentada la demanda, el Tribunal la admitirá si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la Ley. En caso contrario, negará su admisión expresando los motivos de la negativa. Del auto del Tribunal que niegue la admisión de la demanda, se oirá apelación inmediatamente, en ambos efectos”. (Negrillas de la Sala).

En éste sentido, es preciso traer a colación la sentencia de esta Sala N° 342, de fecha 23 de mayo de 2012, expediente N° 2011-000698, en el caso de la ciudadana Nilza Carrero y otra contra César Emilio Carrero Murillo, en la cual se ratificó el criterio que establece los presupuestos bajo los cuales puede declarase la inadmisibilidad de la demanda, vale decir, los taxativamente previsto en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, señalándose al respecto, lo siguiente:
“…En relación con la interpretación del artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, esta la Sala ha sostenido, entre otras, en sentencia Nº RC-333, de fecha 11 de octubre de 2000, Exp. Nº 1999-191; reiterada mediante fallo N° RC-564, del 1° de agosto de 2006, Exp. Nº 2006-227, caso: Beltrán Alberto Angarita Garvett y otra, contra El Caney C.A. y otra, lo siguiente:
‘La Sala, para resolver observa:
El artículo 341 del Código de Procedimiento Civil prevé:
(…Omissis…)
Dentro de la normativa transcrita, priva, sin duda alguna, la regla general, de que los Tribunales cuya jurisdicción, en grado de su competencia material y cuantía, sea utilizada por los ciudadanos a objeto de hacer valer judicialmente sus derechos, deben admitir la demanda, siempre que no sea contraria a las buenas costumbres o a la ley, ello puede interpretarse de la disposición legislativa cuando expresa “…el Tribunal la admitirá…”; bajo estas premisas legales no le está dado al juez determinar causal o motivación distinta al orden establecido para negar la admisión in limine de la demanda, quedando legalmente autorizado para ello, siempre y cuando, dicha declaratoria se funde en que la pretensión sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley. Fuera de estos supuestos, en principio, el juez no puede negarse a admitir la demanda.
(…Omissis…)
Ante la diatriba surgida, entre la regla general de admisión de la demanda y los presupuestos legales del caso en particular, centrados en la determinación legislativa subrayada anteriormente por la Sala, se hace necesario entrar a determinar someramente, la materia acerca de la admisibilidad o no de una demanda y la procedencia o no de ésta.
En este sentido, la doctrina autoral patria ha considerado:
‘Con respecto a esta facultad que el nuevo Código atribuye a los jueces, estimo conveniente observar, entre otros comentarios, que dicha facultad no es otra cosa que una aplicación, en materia de introducción de la causa, del principio del impulso procesal de oficio al que se refiere el artículo 11 del Código que comento, que inviste al juez del papel de director del proceso. Además, estimo que la apreciación que ahora deben hacer los jueces para determinar si una demanda es o no admisible, para ellos (sic) implica la carga de examinar los presupuestos fundamentales que debe llenar toda demanda como inicio del proceso. En efecto, a mi entender, los jueces pueden, in limine litis, negarse a admitir las demandas que se funden en la derogación de normas declaradas de orden público o porque la Ley prohibida la acción como el caso de las deudas de juego (artículo 1801 (sic) del Código Civil), porque su violación, la Ley la declara nula y sin ningún valor por atentar contra el orden público.”
(…Omissis…)
Se desprende de lo anteriormente expuesto, que con relación a la admisión de la demanda, no le está dado al juez determinar causal o motivación distinta al orden establecido para negársela, quedando legalmente autorizado para ello, siempre y cuando, dicha declaratoria se funde en que la pretensión sea contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la ley.
En este mismo orden de ideas, se considera pertinente citar, el criterio sobre el principio pro actione por estar vinculado al tema de la admisibilidad de la demanda, que en abundante jurisprudencia ha establecido la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, entre otras, en la sentencia Nº 1.064 del 19 de septiembre de 2000, caso: C.A. Cervecería Regional, en la cual se expresó lo siguiente:
“...Igualmente, debe destacarse que el alcance del principio pro actione, debe entenderse como que las condiciones y requisitos de acceso a la justicia no deben imposibilitar o frustrar injustificadamente el ejercicio de la acción a través de la cual se deduce la pretensión, toda vez que ‘(…) el propio derecho a la tutela judicial efectiva garantiza la posibilidad de ejercicio eficiente de los medios de defensa, así como una interpretación de los mecanismos procesales relativos a la admisibilidad que favorezca el acceso a los ciudadanos a los órganos de justicia’
(...Omissis...)

Asimismo en sentencia de vieja data (N°. 1764 de fecha 25/9/2001) la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, determinó que:
‘…omissis…
De lo expuesto se colige que el Juez Constitucional, cuando examina el libelo de demanda y analiza el caso, debe ser en extremo cuidadoso, limitándose a analizar la procedencia de las causales que, de manera taxativa, contiene la ley respectiva, esto es, si en el caso concreto, sometido a su conocimiento, puede ser subsumido en alguna de ellas, sin que, al realizar tal operación, quede algún margen de duda, pues en tales casos debe abstenerse de declarar la inadmisibilidad en atención al principio de interpretación más favorable a la admisión de la acción, garantizando con acertada preferencia el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción; a que se inicie el proceso en el cual hará valer su pretensión; a acudir a los órganos de administración de justicia, elementos que conforman, entre otros, el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
La invención o creación de causales de inadmisibilidad distintas a las señaladas por la ley, o su interpretación de forma extensiva, producto de la creación del juez frente al conocimiento de un específico caso, debe ser considerado excepcional y aceptable sólo bajo ciertas y seguras interpretaciones, por ser limitativa del derecho de acción. …’. (Sentencia No. 184 del 26 de julio de 2001)…” (Negrillas del texto y de la Sala).

Del criterio citado, se desprende claramente, que los extremos previstos en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil fueron en modo alguno establecidos con la finalidad de comprometer el derecho a accionar que poseen los justiciables, de allí que tales acusaciones de inadmisibilidad como en el caso de marras debe de estar señalado por la ley, por su interpretación de forma extensiva, producto de la creación del juez frente al conocimiento de un específico caso, la cual es excepcional y aceptables sólo bajo está interpretación, por ser limitativa del derecho de acción.”

Igualmente, en decisión dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 13/08/2001, en el expediente Nº 00-2587, se indicó sobre el tema del orden público:

“Ahora bien, en el caso de la presente consulta, la accionante ha consignado diligencias mediante las cuales ratifica lo igualmente alegado en la acción de amparo constitucional donde llama la atención de esta Sala en cuanto a la existencia de un supuesto fraude procesal en la actuación de la supuesta agraviante que dio origen a la presente acción de amparo constitucional. En tal sentido, es de notar que cuando se trate de violaciones de orden público, como es el caso del fraude procesal, las mismas pueden ser alegadas en cualquier estado y grado de la causa. Incluso, tal como lo estableció la sentencia del 9 de marzo de 2000 (Caso: José Alberto Quevedo), en lo que respecta a una violación de orden público el juez, de oficio, puede resolver y tomar decisiones. Al respecto, la sentencia citada establece:

“… Cuando los afectados por las decisiones han sido partes en el juicio donde se constatan los hechos contrarios al orden público, y ellos son generadores de esos hechos, el derecho a la defensa y al debido proceso no se les está cercenando si de oficio el juez cumpliera con la función tuitiva del orden público, ya que es la actitud procesal de las partes la que con su proceder denota la lesión al orden público, entendido éste como el “...Conjunto de condiciones fundamentales de vida social instituidas en una comunidad jurídica, las cuales, por afectar centralmente a la organización de ésta, no pueden ser alteradas por la voluntad de los individuos...” (Diccionario Jurídico Venezolano D & F, pág. 57). La ineficacia de esas condiciones fundamentales generaría el caos social”. (Subrayado de la Sala para esta ocasión).”

En el mismo sentido, en sentencia de la Sala de Casación Civil dictada el 03/12/2001, en el expediente Nº AA20-C-2001-000079, esgrimió en cuanto al orden público, que:

“…en la decisión del 10 de agosto de 2000, en el juicio de Inversiones y Construcciones U.S.A. C.A., contra Corporación 2150 C.A., expediente nº.99-340, cuando sobre el punto se estableció:
…Omissis…
En lo referente al concepto de orden público, esta Sala, elaboró su doctrina sobre el concepto de orden público, con apoyo en la opinión de Emilio Betti, así:
“…Que el concepto de orden público representa una noción que cristaliza todas aquellas normas de interés público que exigen observancia incondicional, y que no son derogables por disposición privada. La indicación de estos signos característicos del concepto de orden público, esto es, la necesidad de la observancia incondicional de sus normas, y su consiguiente indisponibilidad por los particulares, permite descubrir con razonable margen de acierto, cuándo se está o no en el caso de infracción de una norma de orden público.
(…Omissis…)
A estos propósitos es imprescindible tener en cuenta que si el concepto de orden público tiende a hacer triunfar el interés general de la sociedad y del Estado frente al particular del individuo, para asegurar la vigencia y finalidad de determinadas instituciones de rango eminente, nada que pueda hacer o dejar de hacer un particular y aun una autoridad, puede tener la virtud de subsanar o de convalidar la contravención que menoscabe aquel interés, lo que equivaldría a dejar en manos de los particulares o autoridades, la ejecución de voluntades de Ley que demandan perentorio acatamiento”(G.F. Nº 119. V. I., 3ª etapa, pág. 902 y S. Sentencia de fecha 24 de febrero de 1983) (Subrayado y negritas de la Sala).”
(Negrillas de esta Alzada)

Por otra parte, la misma Sala Constitucional del Máximo Tribunal, en sentencia Nº 727 dictada el 27/07/2004, donde señalo con respecto a lo que debe entenderse por las normas en que se interesa el orden público:

"… las normas en que está interesado el orden público son aquellas que exigen una observancia incondicional y no son derogables por disposición privada. Asimismo, ha establecido que `…la alteración de los trámites esenciales del procedimiento quebranta el concepto de orden público, cuya finalidad tiende a hacer triunfar el interés general dela sociedad y del estado sobre los intereses particulares del individuo, por lo que su violación acarrea la nulidad...".

Expuesto lo anterior, se precisa traer a colación el contenido del artículo 318 del Texto Constitucional que señala:
“Las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el Banco Central de Venezuela. El objeto fundamental del Banco Central de Venezuela es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria. La unidad monetaria de la República Bolivariana de Venezuela es el bolívar…
El Banco Central de Venezuela es persona jurídica de derecho público con autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia. El Banco Central de Venezuela ejercerá sus funciones en coordinación con la política económica general, para alcanzar los objetivos superiores del Estado y la Nación.
Para el adecuado cumplimiento de su objetivo, el Banco Central de Venezuela tendrá entre sus funciones las de formular y ejecutar la política monetaria, participar en el diseño y ejecutar la política cambiaria, regular la moneda, el crédito y las tasas de intereses, administrar las reservas internacionales, y todas aquellas que establezca la Ley.”

Con relación a la norma constitucional antes citada, la Máxima Interprete de la Constitución, -Sala Constitucional-, señaló en sentencia dictada el 04/12/2012 en el expediente Nº AA50-T-2005-2089/06-1128/07-0446, que:

“Tales consideraciones, son incluso aplicables desde una perspectiva meramente económica del derecho, en la que se propugne en términos generales la “eficiencia del sistema”, ya que una variable fundamental en el ordenamiento constitucional vigente, es que tanto el modelo o sistema monetario y cambiario, no sólo debe estar en coordinación con la política económica general, sino que debe responder a los objetivos “superiores del Estado y la Nación” -artículo 318-.”

Con lo cual se evidencia de forma clara, que el modelo o sistema monetario fijado en el País, y el cual se rige bajo las directrices que fije el órgano encargado, en este caso es el Banco Central, obedecen a objetivos que van más allá de los intereses particulares, como lo son los del Estado y la Nación; por lo tanto, debe considerarse que lo dispuesto por ello afecta a la colectividad, trayendo con ello repercusión en lo que conocemos por normas de orden público.

Al hilo de lo anterior, se precisa citar el contenido del artículo 7 de Nuestra Carta Magna, que señala:

“La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución”.
Con ocasión de todo lo antes explanado, tenemos que la Constitución como norma marco, las disposiciones allí contenidas son de interés y para el cumplimiento de la colectividad, pues van más allá de un interés particular.
Ahora bien, visto todo lo anterior, tenemos que el tribunal declaro la inadmisiblidad de la pretensión del actor basado en que no cumplía con los presupuestos procesales de admisibilidad previstos en el artículo 341 de la Ley Adjetiva Civil.
Planteado los criterios jurisprudenciales relativos al tema (acceso a la justicia, principio pro actione, presupuestos procesales, principio de conducción judicial, orden público, sistema monetario nacional), así como las disposiciones de orden constitucional (art. 7, 26, 49 y 318) y legal (arts.11, 14, 341 C.P.C), podemos decir que todos las personas y órganos públicos estamos supeditados a la Constitución como norma suprema, y ésta es la que fija las bases del ordenamiento jurídico, a partir de allí el resto debe estar acorde con los valores y principios fijados en ella. Siguiendo este norte en mi condición de juzgadora, debo adecuar mi actuar como administradora de justicia conforme lo dispone el Texto Marco y el resto del ordenamiento jurídico, prevaleciendo la norma constitucional por encima de cualesquiera otra, no obstante, en atención al derecho de acción que es una de las expresiones del estado de Derecho, el mismo aun en su mayor amplitud, tiene limitaciones fijadas por el ordenamiento jurídico que son perfectamente constitucionales y legales, como lo dispone el artículo 341 de la Ley Procesal Civil, que permiten al juez también conforme a los artículos 11 y 14 eiusdem actuar en resguardo del orden público, definición perfectamente desarrollada por el Máximo Tribunal de País en diferentes sentencia, como las referidas supra. Igualmente, se observó que las normas del sistema monetario nacional (artículo 318 CRBV) involucran normas de orden público, que establece entre otros que los parámetros y demás reglas de carácter monetario de la Nación se rigen por lo que disponga el Banco Central de Venezuela, entre ellos la política cambiaria.
Traspolando todo lo anteriormente señalado, a lo que indico la actora en su libelo de demanda, y señalado por el tribunal a quo en su decisión como fundamento de la inadmisiblidad, puede hacerse especial énfasis a lo que la accionante menciono en el punto II, que intitulo “La importancia de los servicios y la cuantía del asunto” “El dólar paralelo si bien es ilegal y ha causado mucho daño a nuestra economía, es una referencia monetaria histórica lamentablemente para todos nosotros, los precios de los bienes y servicios se han fijado en base al dólar paralelo. El dólar paralelo para la fecha septiembre del 2003, su precio era de Bs. 1600,00, su precio era igual que el dólar oficial, para esa época nuestra economía estaba fuerte y el bolívar tenia poder adquisitivo”. Posteriormente, en otro subtitulo denominado “El éxito obtenido y la importancia del caso”,
Ahora bien, en relación a su pretensión señalo el intimante que: “… es por lo que pido al Tribunal ordene la INTIMACION de mis HONORARIOS PROFESIONALES a la Sociedad Mercantil la CENTRO MEDICO PROFESIONAL PUERTO ORDAZ C.A …; para que convenga o en su defecto sea compelido por el Tribunal en cancelarme la suma de UN BILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL TREINTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 1.220.030.000.000,00), por concepto de Honorarios Profesionales que formalmente ESTIMO; o en su defecto sea compelido por el Tribunal en el pago de los mismos; sin perjuicio de ejercer su derecho a la retasa que le concede la Ley de Abogados; suma esta de UN BILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL TREINTA MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 1.220.030.000.000,00), que solicitó al Tribunal que para la oportunidad de dictarse la sentencia definitiva se sirva ordenar calcular la indexación o corrección monetaria de la suma condenada pagar mediante una experticia complementaria del fallo, de conformidad con la tasa de inflación fijada por el Banco Central de Venezuela … igualmente solicito al Tribunal se sirva condenar a la parte intimada, la Sociedad Mercantil CENTRO MEDICO PROFESIONAL PUERTO ORDAZ, C.A., a cancelarme a la parte intimante, JOSE JESUS AMARO PEÑA, los intereses moratorios de la sumas de dinero condenadas a pagar, dicho cálculo se realizara mediante una experticia complementaria del fallo”. Demandó igualmente de forma solidaria a la sociedad mercantil CLINICA PUERTO ORDAZ COMPAÑÍA ANONIMA (CLINICA PUERTO ORDAZ C.A) por los mismos conceptos indicados supra.

Siguiendo con la idea de lo antes expuesta, la intimante estima e íntima sus honorarios judiciales según los montos antes indicado, los cuales obedecen al cumplimiento de una serie de parámetros que son fijados por el Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano en su artículo 40, que establece: “Para la determinación del monto de los honorarios, el abogado deberá basar sus consideraciones en las siguientes circunstancias:

1.- La importancia de los servicios.
2.- La cuantía del asunto.
3.- El éxito obtenido y la importancia del caso.
4.- La novedad o dificultad de los problemas jurídicos discutidos.
5.- Su especialidad, experiencia y reputación profesional.
6.- La situación económica del patrocinado, tomando en consideración que la pobreza obliga a cobrar honorarios menores o ningunos.
7.- La posibilidad de que el abogado pueda ser impedido de patrocinar otros asuntos, o que pueda verse obligado a estar en desacuerdo con otros representados, defendidos o terceros.
8.- Si los servicios profesionales son eventuales o fijos y permanentes.”
9.- La responsabilidad que se deriva para el abogado en relación con el asunto.
10.- El tiempo requerido en el patrocinio.
11.- El grado de participación del abogado en el estudio, planteamiento y desarrollo del asunto.
12.- Si el abogado ha procedido como consejero del patrocinado o como apoderado.
13.- El lugar de la prestación de los servicios, o sea, si ha incurrido o no fuera del domicilio del abogado.”

De manera que, visto la anterior se tiene que la actora no fundamenta su pretensión de forma directa en una pretensión contraria al orden público; sin embargo, algunos de los parámetros que toma para poder determinar el monto de sus honorarios, -como ya se indicó, el artículo 40 del Código de Ética Profesional del Abogado Venezolano-, que al final es el objeto de su pretensión, el cobro de una suma determinada por concepto de sus servicios profesionales, obedece a tomar en consideración los siguientes aspectos: la importancia de los servicios, la cuantía del asunto y el éxito obtenido y la importancia del caso; y al presentar los mismos en su escrito de demanda hizo alusión al dólar paralelo, tomando a éste como referencia para determinar el valor adquisitivo de aquel momento, el cual es ilegal; en base a lo explanado en el cuerpo de este fallo, ya que la base para cualquier cálculo en monedas extrajeras debe tomarse como referencia son los parámetros que fije para ello el órgano oficial encargado, como lo es el Banco Central de Venezuela; por ende, puede concluirse que la pretensión exigida por la parte intimante se encuentra sustentada en parámetros (la importancia de los servicios, la cuantía del asunto y el éxito obtenido y la importancia del caso) que se basan en un tipo de cambio no aceptado en la Republica, por ir en detrimento del orden público. Así se determina.

Por todas las razones antes expuestas, es por lo que resulta forzoso para este Tribunal Superior declarar sin lugar el recurso de apelación ejercido por el abogado José Jesús Amaro Peña, actuando en su propio nombre y representación, en contra del fallo emitido por el tribunal a quo en fecha 05/3/2020; y en consecuencia, se confirmará la decisión dictada por el tribunal de instancia, declarándose inadmisible la pretensión de estimación e intimación de horarios profesionales incoada por el apelante. Así se dispondrá en el dispositivo de este fallo.
CAPITULO QUINTO
Decisión

Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y Marítimo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara:
PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por el abogado José Jesús Amaro Peña, actuando en su propio nombre y representación, en contra del fallo emitido el 05/3/2020 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.
SEGUNDO: se CONFIRMA la sentencia recurrida, en los términos aquí expuestos.
TERCERO: INADMISIBLE la pretensión de Estimación e Intimación de Honorarios Profesionales incoada por el abogado José Jesús Amaro Peña, actuando en su propio nombre y representación, en contra de del Centro Medico Profesional Puerto Ordaz, C.A y solidariamente contra la Clínica Puerto Ordaz C.A, todos plenamente identificados, en base a los motivos indicados en esta sentencia.
CUARTO: Se condena en costas a la parte recurrente de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil.
QUINTO: Se ordena notificar a las partes de la presente decisión conforme a los artículos 233 y 251 del Código de Procedimiento Civil. Líbrense boletas de notificación.
Publíquese, regístrese, notifíquese, déjese copia certificada de esta decisión y oportunamente remítase al tribunal de origen.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, Bancario y Marítimo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en Puerto Ordaz, a los doce (12) días del mes de agosto de dos mil veintidós (2022). Años 211º de la Independencia y 163º de la Federación.
La Jueza,
Dubravka Vivas M, La Secretaria,
Yngrid Guevara,
En esta misma fecha se publicó la anterior decisión, siendo las dos de la tarde (02:00 pm), previo anuncio de Ley.
La Secretaria,
Yngrid Guevara

DVM/yg/jl
Exp Nº 21-5796