TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL, DE TRÁNSITO, MARÍTIMO Y AERONÁUTICO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR.
PUERTO ORDAZ, 12 DE JUNIO DE 2023.
AÑOS: 213° Y 164°

Conforme está ordenado en el Cuaderno Principal, se abre el presente CUADERNO DE MEDIDAS en el juicio que por COBRO DE HONORARIOS PROFESIONALES, y sus anexos que la acompañan presentada por el ciudadano JUAN CARLOS QUIJADA HURTADO, Venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-6.507.766, inscrito en el I.P.S.A bajo el Nro. 43.989, actuando en su propio nombre y representación, contra el ciudadano JESUS ALFREDO VERGARA BETANCOURT, Venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V-10.046.217; la Sociedad Mercantil COMMVENSA, C.A., constituida y domiciliada en Puerto Ordaz, Municipio Caroní del Estado Bolívar, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, en fecha 01/03/2011, bajo el Nro. 2, Tomo 23-A REGMERPRIBO de los Libros de Registro de Comercio respectivos; la Sociedad Mercantil LMA AUTOMOTRIZ, C.A., constituida y domiciliada en Puerto Ordaz, Municipio Caroní del Estado Bolívar, e inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, en fecha 25/03/2013, bajo el Nro. 2, Tomo 44-A REGMERPRIBO de los Libros de Registro de Comercio respectivos; la Sociedad Mercantil ADUANACAR UNO, C.A., constituida y domiciliada en Puerto Ordaz, Municipio Caroní del Estado Bolívar e inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, en fecha 08/08/2006, bajo el Nro. 74, Tomo 41-A-Pro, de los Libros de Registro de Comercio respectivos, con posteriores modificaciones a sus estatutos sociales, siendo la última la contenida en el Acta de Asamblea General Extraordinaria de socios celebrada el 07/01/2011, la cual fue registrada en el referido Registro Mercantil Primero, en fecha 15/03/2011, bajo el Nro. 15, Tomo 27-A REGMERPRIBO; la Sociedad Mercantil SIDUTRADE N.V constituida y domiciliada en Curazao, el 31/07/2008, inscrita ante la Cámara de Comercio de Curazao con el Numero 105304, con dirección de la sociedad en World Trade Center Curazao, Business Unit, 4 piso, BC.IV.08,; la Sociedad Mercantil VERGARA GROUP METALS, C.A., constituida y domiciliada en Puerto Ordaz, Municipio Caroní del Estado Bolívar e inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, en fecha 11/05/2007, bajo el Nro. 80, Tomo 25-A-Pro de los Libros de Registro de Comercio respectivo, con posteriores modificaciones a su documento constitutivo estatuario, siendo la última reforma consta en el Acta de Asamblea de Accionistas celebrada el día 12/04/2011, la cual fue inscrita en el referido Registro Mercantil Primero, en fecha 08/06/2012, bajo el Nro. 21, Tomo 68-A REGMERPRIBO (Exp 38499); y la Sociedad Mercantil VG INGENIERIA, C.A., constituida y domiciliada en Puerto Ordaz, Municipio Caroní del Estado Bolívar, inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, en fecha 18/02/2020, bajo el Nro. 25, Tomo 19 de los Libros de Registro de Comercio; a los fines de proveer sobre la MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR solicitada en el escrito de demanda, pasa el Tribunal a realizan previamente las siguientes consideraciones:
Dentro de la esfera de contenido de la administración de justicia, se encuentra la potestad general cautelar del Juez, como parte integrante del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, consagrado en el artículo 26 de la Constitución. Sobre el poder cautelar del Juez, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 2531, de fecha 20/12/2006, estableció lo siguiente:
“…La potestad cautelar como garantía inherente al derecho a la tutela judicial efectiva, les confiere a los jueces la obligación de procurar las medidas necesarias para que la necesidad del proceso para obtener razón no se convierta en un daño para quien la tiene, dando así cumplimiento al contenido del artículo 257 de la Constitución, conforme al cual el proceso es un instrumento fundamental para la realización de la justicia. No obstante, tal como lo ha señalado esta Sala, “(s)i bien la potestad cautelar se reconoce como una garantía fundamental del derecho a la tutela judicial efectiva, su otorgamiento se encuentra vinculado a la satisfacción de determinadas exigencias tendentes a evitar que quien la solicite, se procure una ventaja inmerecida –en perjuicio de su contraparte- valiéndose del proceso con un objeto ajeno a la prosecución de la justicia” (S.S.C. N° 1590 del 10/08/06, Caso: Telecomunicaciones Molvinet). Así para su otorgamiento se exige la determinación de ciertas exigencias tendentes a evitar que quien solicite la protección cautelar procure una ventaja inmerecida en perjuicio de su contraparte. Estos presupuestos para la procedencia de las medidas cautelares atienden a la necesidad de preservar la eficacia de un eventual fallo favorable a la pretensión y, como consecuencia, es razonable que para obtener esa protección adelantada se exija a su reclamante la demostración inicial del buen derecho que le asiste, del peligro que corre su situación jurídica en el tiempo que discurrirá el proceso y la mínima afectación al interés general que supondría la adopción de la tutela provisional, según sea el caso.
Cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado, esto puede comprenderse como un preventivo cálculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante, correspondiéndole al juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el escrito de demanda a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama.
Por tanto, no comete injuria constitucional, el juez que no se pronuncia sobre todos los puntos indicados por el actor al solicitar la medida cautelar, pues éste –el juez- en uso de las amplias facultades cautelares otorgadas, verifica su procedencia o no, sin necesidad de emitir un fallo que responda a cada una de las denuncias ya que para ello tienen las partes el pronunciamiento del fondo de la controversia.”. (Negrillas y subrayado del Tribunal).
En este mismo sentido, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con relación a las medidas cautelares en Sentencia N° 00069, de fecha 17/01/2008, ha sostenido que:
“las medidas cautelares son actos judiciales que pretenden anticipar los efectos de un fallo mientras transcurra la tramitación de un juicio, con el fin de salvaguardar el derecho que se arroga el solicitante, por existir riesgo manifiesto de que se produzca un daño irreparable (mientras no se haya dictado la sentencia definitiva) que ponga en peligro la satisfacción del derecho que se invoque. Es por ello que la pretensión cautelar debe estar debidamente justificada, por cuanto en caso de decretarse su procedencia, el Juez dispondrá de actos de ejecución tendentes a impedir que los efectos de la sentencia definitiva sean ineficaces”. En tal sentido se ha establecido que el objeto de la pretensión cautelar “no puede ser el mismo que el de la pretensión principal, por cuanto la decisión sobre este último se dicta una vez concluido el debate sobre los hechos controvertidos, mientras que la decisión sobre aquél se dicta prima facie.”. (Negrillas y subrayado del Tribunal).
Corolario de lo anterior, es que las medidas cautelares son acciones preventivas, que se encuentran dirigidas a evitar la violación de un derecho ante la amenaza real y existente de ser vulnerado, teniendo como presupuesto un fundado temor, es decir, se requiere obtener por adelantado una tutela jurisdiccional efectiva de los derechos ventilados en juicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Constitución.
Así las cosas, la norma adjetiva civil contempla la posibilidad de decretar medidas cautelares en el proceso, así lo establece el artículo 585 de la referida norma, al establecer:
“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.”
Como se puede evidenciar, la procedencia del decreto de una providencia cautelar se encuentra subordinada a la concurrencia de unos requisitos establecidos en la misma norma, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 21/10/2008, Expediente N° 08-0856, se ha pronunciado sobre los requisitos de procedencia de las medidas cautelares en la siguiente manera:
“Estima la Sala que las medidas provisionales de carácter preventivo o cautelar, cualesquiera que sean su naturaleza o efectos, proceden sólo en los casos de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario evitar daños irreparables. Ante la solicitud de tales medidas, el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil exige al juez que compruebe la existencia de dos extremos fundamentales y concurrentes: a) que exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora); y, b) que se acompañe un medio de prueba que constituya una presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris). Estos requisitos deben cumplirse, no sólo cuando se trata de las medidas típicas de embargo, secuestro y prohibición de enajenar y gravar, sino de las que autoriza el Parágrafo Primero del artículo 588 eiusdem, las medidas innominadas, cuando hubiere fundado temor de que una parte pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra.”
En este mismo orden, la Sala de Casación Civil ha señalado la necesidad de aportar al juzgador un medio de prueba sobre el cual fundamente los requisitos de procedencia de la medida, así, en Sentencia N° 0287 de fecha 18/04/2006, estableció la referida Sala:
“Asimismo, se ha señalado la estricta conexión que existe entre la procedencia de la medida cautelar y los alegatos y pruebas que el solicitante traiga a los autos para demostrar la verificación de los requisitos exigidos por la ley para ello. Así, se ha explicado que la sola existencia de un juicio no resulta presupuesto suficiente, aunque sí necesario, para dictar medidas preventivas durante el curso del mismo, debiendo por tanto fundamentarse la verificación de los requisitos de procedencia y, más aún, aportar un medio de prueba que constituya al menos presunción grave de esa circunstancia. Es decir, no basta con alegar que existe un peligro inminente de que quede ilusoria la ejecución del fallo definitivo, sino que además debe acompañarse un medio de prueba que pueda hacer surgir en el Juez, al menos una presunción grave de la existencia de dicho peligro.”
En conclusión, las condiciones de procedencia para decretar una medida cautelar de las denominadas por la doctrina como “típicas” previstas en el Artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, están contenidas en el Artículo 585 ejusdem, los cuales son: el peligro de infructuosidad del fallo definitivo, conocido como PERICULUM IN MORA, y la verosimilitud del derecho a proteger (presunción del buen derecho) que se conoce con la nominación latina de FUMUS BONI IURIS.
El texto procesal exige en el señalado Artículo 585 que las medidas cautelares podrán ser decretadas por el Juez, sólo cuando exista el riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo, y “siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”. Por lo que para que pueda decretarse una medida cautelar de las previstas en el Artículo 588 ejusdem, debe darse concatenadamente las dos situaciones: Que el derecho que se pretende proteger aparezca como serio, posible y, fundamentalmente, que tenga vinculación con la materia debatida en el juicio principal, así como el riesgo manifiesto de que pueda quedar o hacerse ilusoria la ejecución de la sentencia de ser favorable para el peticionante de la medida.
Ahora bien, las medidas cautelares en el proceso civil venezolano, se encuentran tipificadas en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone:
“En conformidad con el Artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
1º El embargo de bienes muebles;
2º El secuestro de bienes determinados;
3º La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles. Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado. (…)”
Establecido lo anterior, en el caso objeto de análisis, la parte demandante solicita se decrete MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR prevista en el ordinal 3º del supra citado artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, sobre los bienes muebles propiedad de la parte demandada.
Con relación a los requisitos de procedencia de las medidas cautelares, previstos en el artículo 585 ut supra de la norma adjetiva civil, siendo estos el peligro de infructuosidad del fallo definitivo, conocido como PERICULUM IN MORA, y la verosimilitud del derecho a proteger (presunción del buen derecho) que se conoce con la nominación latina de FUMUS BONI IURIS; observa este Juzgado que la parte demandante acompaño el escrito de demanda de los siguientes anexos:
1. “Original de Convenio de Reconocimiento de Honorarios Profesionales de Abogado, de fecha 15/10/2022, marcado con la letra “A”.
2. Copia Certificada de Justificativo de testigo evacuado por ante el Juzgado Cuarto del Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Caroní del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, de fecha 05/05/2023, marcado con la letra “M”.
3. Copia Certificada de Sentencia Interlocutoria dictada por el Juzgado Quinto de Primera instancia Estadal en Funciones de Control del Circuito Penal del Área Metropolitana de Caracas de fecha 28/07/2022, marcada con la letra “N”.
Los anteriores anexos, se aprecian y valoran de conformidad a lo dispuesto en los artículos 1.363 y 1.370 del Código Civil, en concordancia con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, por lo que en principio las mismas se constituyen como elementos de que hacen presumir prima facie el derecho de la parte solicitante de las medidas cautelares. Así se establece.
En consecuencia, este Despacho Judicial, de conformidad con el artículo 585, en concordancia con el Ordinal 3° del artículo 588 ambos del Código de Procedimiento Civil, DECRETA MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre los bienes inmueble, propiedad de la parte demandada los cuales se describen a continuación:
1. Lote de terreno con un área aproximada de SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE METROS CUADRADOS CON VEINTISIETE DECÍMETROS CUADRADOS (67.487.27 Mts2), comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas particulares: Partiendo del Punto F hasta llegar al Punto A, en una longitud de doscientos treinta y nueve metros con noventa y nueve centímetros (239,99 m) en dirección Nor-Este, siendo las coordenadas del Punto F. NORTE: 916553.111 ESTE: 523153.857, con la Calle Arboleda; Desde el Punto A al Punto B, en una longitud de doscientos veintiocho metros treinta y ocho centímetros (238,38 m) en dirección Este-Sur, siendo las coordenadas del Punto A: NORTE: 916384.494 ESTE: 523324.627, con la parcela N° 502-00-30; Desde el Punto B al Punto L-1, en una longitud de cincuenta y dos metros con setenta centímetros (52,70 m) en dirección Este-Sur, siendo las coordenadas del Punto B NORTE: 916221.779 ESTE: 523164.371, con el resto de la parcela integrada de la cual formó parte; Desde el Punto L-1 al Punto L-2, en una longitud de doscientos treinta y nueve metros con treinta y cinco centímetros (239,35 m) en dirección Sur-Oeste siendo las coordenadas del Punto L-1: NORTE: 916184.235 ESTE: 523127.394; Desde el Punto L-2 al Punto F, en una longitud de doscientos ochenta y dos metros con diez centímetros (282,10 mts) en dirección Sur- Oeste siendo las coordenadas del Punto L2: NORTE: 916351.679 ESTE: 522956.365, con la parcela Nº 502-01-22. Así como las bienhechurías que se encuentren construidas sobre el referido inmueble.
Dicho inmueble le pertenece la codemandada Sociedad Mercantil COMMVENSA, CA., conforme consta de documento protocolizado por ante la Oficina de Registro Público del Municipio Caroní del Estado Bolívar en fecha 01 de octubre de 2012, el cual quedó inscrito bajo el número 2012 3809, Asiento Registral I del inmueble matriculado con el N 297.6.1 8.8382 y correspondiente al Libro de Folio Real del año 2012.
2. Un Inmueble constituido por una (1) parcela de terreno señalada con el número de Parcelamiento 503-01-19 y el galpón y demás edificaciones construidas sobre la misma, ubicada en la Calle Arboleda cruce con Calle Bucare, Unidad de Desarrollo 503 de Ciudad Guayana, Municipio Autónomo Caroní del Estado Bolívar, con un área aproximada de Veinte Mil Quinientos Ochenta y Cuatro Metros con Sesenta y Un Metro Cuadrados (20.584,61), cuyos linderos son los siguientes: NORESTE: En una línea mixta formada por una recta de quince metros (15mts.) y una curva entrante de ciento un metros con ocho decímetros (101,08 mts.), con la vía Este-Oeste 1-01 y a una distancia de quince metros (15 mts.) de eje de dicha vía; NOROESTE: En una línea recta de ciento cincuenta metros (150 mts.) con terrenos que son o fueron de la Corporación Venezolana de Guayana; SURESTE: En una línea recta de ciento sesenta y dos metros con veinte decímetros (162.20 mts.) con la parcela No. 503-01-02, que es o fue de la Corporación Venezolana de Guayana: SUROESTE: En una linea recta de ciento sesenta y siete metros con setenta y dos decimetros (167.72 mts.) con la parcela No. 303-01-18, que es o fue de la Corporación Venezolana de Guayana.
Dicho inmueble, es propiedad del codemandado, ciudadano JESUS ALFREDO VERGARA BETANCOURT, según consta de documento protocolizado ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Caroní del Estado Bolívar, en fecha 18 de abril de 2007, bajo el Número 16, Folio 159 al Folio 163, Protocolo Primero, Tomo Décimo Segundo.
En consecuencia, se ordena oficiar al REGISTRO PÚBLICO DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO CARONÍ DEL ESTADO BOLÍVAR, a los fines de participarle lo aquí decidido. Líbrese Oficios. Cúmplase.
LA JUEZA

ALEJANDRA KATIUSCA BLANCO FONSECA.

EL SECRETARIO A.CC

JESUS ALFREDO ACEVEDO ROJAS.

Seguidamente se dio cumplimiento a lo establecido en el auto anterior.

EL SECRETARIO A.CC

JESUS ALFREDO ACEVEDO ROJAS.

EXP 45.218
AKBF/JAAR/KT