TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY

EXPEDIENTE: Nº 8104
DEMANDANTES: MIGUEL ALFREDO BERMÚDEZ GAMARRA, ALEXANDER ANTONIO MENDOZA BERMÚDEZ yALFONSO BORTONE LAPORTE, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad NrosV- 4.968.958, V- 12.727.402yV- 16.261.951 respectivamente, con domicilio en la Calle 12 entre Avenidas 9 y 10 Edificio Cadi Planta Baja, Escritorio Jurídico Bermúdez &Asociados Municipio San Felipe Estado Yaracuy
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE:GLORIA EVELINA GIMÉNEZ GONZÁLEZ y LUIS EDUARDO OÑATES CAURO, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nros V- 7.589.584 y V- 18.053.195, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 119.215 y 231.741

DEMANDADA: HERMANN SALVADOR PERNALETE CORONEL, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad n° V- 5.938.681 con domicilio en Urbanización Los Castores Parcela N° 18, entre Avenidas Manuel Cedeño y Callejón San Miguel; Municipio Independencia Estado Yaracuy

ABOGADA ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDADA: EGLE MONTENEGRO inscrita en Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 148.032 en su carácter de Defensora Publica Provisoria Primera (1°) con competencia en Materia Civil y Administrativo Especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda del Estado Yaracuy

MOTIVO: REIVINDICACION

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA (OPOSICION A LAS PRUEBAS PROMOVIDAS POR LA PARTE ACTORA)

MATERIA: CIVIL
I
Se inicia el presente juicio, mediante escrito de demanda presentada por el Juzgado Distribución, en fecha 27 de Abril de 2023, (folio 01 al 13), se realizó el sorteo de distribución de causas, correspondiéndole a este Juzgado el conocimiento de la misma, por el juicio de REIVINDICACION interpuesta por los ciudadanoMIGUEL ALFREDO BERMÚDEZ GAMARRA, ALEXANDER ANTONIO MENDOZA BERMÚDEZ Y ALFONSO BORTONE LAPORTE, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad NrosV- 4.968.958, V- 12.727.402yV- 16.261.951 respectivamente, apoderados judiciales abogados GLORIA EVELINA GIMÉNEZ GONZÁLEZ y LUIS EDUARDO OÑATES CAURO, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nros V- 7.589.584 y V- 18.053.195, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 119.215 y 231.741

Siendo la oportunidad para la oposición a las pruebas compareció el ciudadanoHERMANN SALVADOR PERNALETE CORONEL, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad n° V- 5.938.681 debidamente asistido por la abogada EGLE MONTENEGRO inscrita en Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 148.032 en su carácter de Defensora Publica Provisoria Primera (1°) con competencia en Materia Civil y Administrativo Especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda del Estado Yaracuy, parte demandada en la presente causa y realizo oposición a las pruebas promovidas por la parte actora, por lo que, siendo la oportunidad para decidir conforme a las previsiones de los artículos 397, 398 del Código de Procedimiento civil, este Juzgador lo hace de la manera siguiente; alega la parte demandada en su escrito de oposición:

En horas de despacho del día de hoy diez (10) de octubre del año 2023, compare ante este juzgado, ciudadano HERMANN SALVADOR PERNALETE CORONEL, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V.- 5.938.681, hábil en derecho, con domicilio en el municipio Independencia, asistido legalmente para este acto por la Abogada Egle Montenegro, INPRE N° 148.032, en su carácter de Defensora Pública Provisoria Primera (19) con competencia en Materia Civil y Administrativo Especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda de Estado Yaracuy, nombramiento publicado en G. O Nro. 41.834, de fecha 06/03/2020; con ampliación de competencia en materia Civil, Mercantil y Tránsito, donde autorizan funciones mediante memorando DNPA-2023-058 de fecha 20/03/2023, en virtud del derecho a la defensa, para oponerme a todos y cada uno de los documentos, presentados por la parte demandante de las documentales signadas: Documento de propiedad; Solvencia Municipal; Cedula catastral del inmueble de fecha de emisión del año 2015, ciudadana jueza, ya que ocupo desde el año 1995 con mi grupo familiar este inmueble en disputa por ser injustas e ilegales, debido que como el único propietario y ocupante legal del inmueble es mi persona, poseyendo la misma desde hace veintiocho años de manera pacífica, pública, ininterrumpida con ánimos de propietario; así mismo me opongo al escrito de dirigido a la coordinadora SUNAVI Yaracuy del año 2015, solicitando la inspección del inmueble, siendo impertinente la misma.
Me opongo a lo alegado en el Capítulo Tercero íntegro del escrito de promoción de prueba de los demandantes, por su interpretación inadecuada ciudadana jueza, ya si bien es cierto que ocupo el inmueble de forma legal y no ilegal, desde hace más de veintiocho años como propietario del mismo ya que lo adquirir de forma justa y legal como lo promoví en el escrito de promoción de pruebas. De conformidad al artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, me opongo a la admisión de las pruebas presentadas por la parte demandante en la presente demanda y sea declara Sin lugar.
II
El Tribunal antes de conocer sobre el mérito a la Oposición a las pruebas planteada, hace las siguientes consideraciones:
Esta norma es de mucha importancia y transcendencia en la fase del lapso probatorio, concretamente en el lapso de promoción de pruebas, porque permite a las partes integrantes de la relación jurídica procesal controlar y fiscalizar las pruebas que hayan sido promovidas en el proceso judicial y les asegura en esa etapa la garantía de la defensa y la eficacia del contradictorio, ya que se puede excluir del debate probatorio aquella prueba que aparezca manifiestamente impertinentes o ilegales, porque una de las partes puede oponerse al medio probatorio por dos motivos: por ilegalidad y la inconducencia del medio de prueba, en cambio puede haber oposición al medio de prueba referida al hecho que pretenda probar una de las partes, aquí nos encontramos con la impertinencia del hecho.
La ilegalidad y la conducencia del medio de prueba es una cuestión de derecho y la impertinencia del hecho es una cuestión de hecho.
En nuestro Código de Procedimiento Civil, rige la libertad de los medios de prueba, ya que son legales todos los medios de pruebas no prohibidos por la ley expresamente y que sean conducentes a la demostración de las pretensiones, estos es, conducente para la demostración de los hechos en que se fundamenta la pretensión partiendo de la bilateralidad de la acción y de la pretensión, ya que ambos sujetos procesales actor y demandado tienen acción y pretensión.
La ilegalidad del medio probatorio promovido en el proceso tiene como característica de que está prohibido por la ley y lo hace inadmisible y en nuestro Código Civil, existen suficientes ejemplos y casos que la ley prohíbe la admisión del medio probatorio, así tenemos los Artículos 1373, 1374, 1387, 1390 y 1398; en el Código de Comercio los artículos 41, 126, 519; y otros que están consagrados en otras leyes. Un medio probatorio puede ser legal, porque está expresamente contemplado en la ley como admisible en el juicio, sin embargo, puede ser inconducente, es decir, que la actitud del medio promovido para establecer o probar tal hecho es inconducente, ya que el medio probatorio promovido es ineficaz para demostrar el hecho que se pretenda probar.
En cambio la pertinencia según el procesalista colombiano DevisEchandia, contempla la relación que el hecho por probar puede tener con el litigio; y será prueba impertinente aquella que se deduce con el fin de llevar al juez el convencimiento sobre hechos que por ningún respecto se relaciona con el litigio y que, por lo tanto no puede influir en su decisión.
Para el profesor Arístides RengelRomberg, señala que siguiendo la línea del pensamiento del maestro colombiano, la prueba promovida para demostrar un hecho no articulado en la demanda, ni en la contestación, es impertinente; lo mismo, la que verse sobre un hecho admitido por el adversario, o sobre un hecho presumido por la ley, o notorio y en general sobre cualquiera de los hechos que no necesitan ser probados.
De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando tanto en nuestra legislación como en la doctrina patria, la oposición a los medios probatorios atienden a la ilegalidad, impertinencia, irrelevancia, extemporánea, inconducente, ilícita, o que hayan sido propuestas irregularmente.
El artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, preceptúa que dentro de los tres (03) días siguientes al término de la promoción, cada parte deberá expresar si conviene en alguno o algunos de los hechos que trata de probar la contraparte, determinándolos con claridad, con la finalidad de que el Juez pueda fijar con precisión los hechos en que estén de acuerdo, los cuales no serán objeto de prueba, ya que tanto los hechos admitidos como los hechos notorios no son objetos de pruebas.
Ahora bien, de acuerdo a la señalada disposición legal las partes pueden dentro del referido lapso oponerse a la admisión de las pruebas de la contraparte que aparezcan manifiestamente ilegales e impertinentes, y el artículo 398 eiusdem, consagra que dentro de los tres días siguientes al vencimiento del término fijado en el artículo 397 del señalado texto legal, el Juez providenciará los escritos de pruebas, admitiendo las que sean legales y procedentes y desechando las que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes, como puede observarse de la norma ut supra mencionada, que establece un lapso procesal para ejercer el derecho de oponerse a la admisión de las pruebas aportadas por la contraparte de tres (03) días de despacho, contados a partir del día siguiente a la conclusión del lapso de promoción de pruebas.
En el caso bajo estudio y con vista a los autos, puede observarse que la oposición a la admisión de las pruebas realizado por las partes en el presente juicio, se interpuso dentro de los tres (03) días de despacho siguientes a la constancia en autos de haberse agregado los escritos de pruebas promovidos por las partes, es decir, dentro del lapso establecido en el ya citado artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual quien suscribe procede a realizar de seguidas su pronunciamiento al respecto.
A tal efecto, este Tribunal en relación a la oposición formulada, referente a las pruebas donde Invoca el valor probatorio que arrojen los autos a favor de sus representados opone a todos y cada uno de los documentos, presentados por la parte demandante de las documentales signadas como lo son documento de propiedad; Solvencia Municipal; Cedula catastral del inmueble de fecha de emisión del año 2015, ya que ocupa desde el año 1995 con su grupo familiar el inmueble; así mismo se opone al escrito de dirigido a la Coordinadora SUNAVI Yaracuy del año 2015, solicitando la inspección del inmueble, se opongo a lo alegado en el Capítulo Tercero íntegro del escrito de promoción de prueba de los demandantes, por su interpretación inadecuada, ya si bien es cierto que ocupo el inmueble de forma legal y no ilegal.
Este tribunal comparte el criterio de la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dictada en fecha 14 de Julio del año 2003, en el expediente N° 02-1916, el cual señala:
“…Observa esta Sala que de los alegatos expuestos por la apoderada judicial de la accionante, en su solicitud de amparo constitucional, con relación a los hechos de los que se pretende deducir la violación de la Constitución, se desprende que los mismos van dirigidos a evidenciar los posibles errores de juzgamiento en los que supuestamente incurrió la juez que dictó la sentencia accionada, al no atenerse a todo lo alegado y probado en autos, y al valorar pruebas que a su parecer eran inexistentes, por haber sido promovidas sin señalar el objeto específico, por lo cual denuncia el quebrantamiento por parte de la juez de su deber de decidir conforme a lo alegado, y violando el principio de igualdad procesal, por sacar elementos de convicción fuera del proceso, con la consecuente violación de los derechos constitucionales al derecho a la defensa y del debido proceso, cuando el tribunal valoró una serie de instrumentales promovidas, y dio por demostrado hechos controvertidos, como el relativo a que las funciones realizadas por el demandante en el juicio principal, eran las realizadas por un empleado de confianza y no dirección, cuestión, que por lo demás, alega que no se desprende de dichos medios de prueba.
En este sentido, considera esta Sala oportuno pronunciarse en cuanto a si la actuación del juez valorando pruebas previamente promovidas y admitidas, a pesar de no haber sido indicado el objeto de las mismas, siendo pruebas instrumentales, es violatoria de derechos constitucionales.
La acción de amparo contra actos jurisdiccionales ha sido concebida en nuestra legislación, como un mecanismo procesal de impugnación de decisiones judiciales, con particulares características que lo diferencian de las demás acciones de amparo, así como de las otras vías existentes para atacar dichos actos jurisdiccionales. Así para dicha acción se han establecido especiales presupuestos de procedencia, cuyo incumplimiento acarrea la desestimación de la pretensión, incluso in liminelitis, pues resulta inoficioso, y contrario a los principios de celeridad y economía procesal, la sustanciación de un procedimiento cuyo único resultado final es la declaratoria sin lugar.
Al efecto, en primer lugar es necesario determinar, que las pruebas instrumentales promovidas por la parte actora en el juicio principal, fueron admitidas por auto expreso por el tribunal de la causa que conoció del procedimiento de calificación de despidos, en primera instancia.
Por otra parte, no consta en las actas que conforman el expediente, que la parte demandada en dicho procedimiento haya formulado oposición a los fines de la no admisión de dichas pruebas, ni que haya utilizado ningún medio de impugnación, ante su promoción por su contraparte, es decir tuvo la oportunidad de ejercer su derecho de control y contradicción de las pruebas presentadas, y no lo hizo. En consecuencia, al haber sido promovidas, admitidas y evacuadas las instrumentales a las que se hace referencia, pasan a ser inmediatamente parte del cúmulo probatorio del proceso, y por mandato del principio de comunidad de la prueba, pueden las mismas ser valoradas a favor o en contra de cualquiera de las partes, sin ser necesario distinguir sobre quien haya sido su promovente.
Con la prueba documental, como sucede en el caso de autos, hay que hacer una acotación, ya que frente a ella basta sólo su promoción, para ser parte del haz de medios probatorios que serán valorados posteriormente por el juez, ya que la misma se incorpora al proceso automáticamente y no requiere de evacuación.
En el presente caso, se puede apreciar que la parte actora promovió las comunicaciones dirigidas a diferentes organismos, tales medios fueron admitidos y como se señaló con anterioridad, no fueron impugnados por la parte demandada, por lo que la etapa correspondiente era su valoración por parte de la juez. Ahora bien, la valoración que haga el juzgador, se encuentra dentro de los límites de su arbitrio, por lo cual es necesario recordar, que en sentencia emitida el 20 de febrero de 2001 (Alimentos Delta C.A), la cual ratificó el criterio expuesto en sentencia del 27 de julio de 2000, (caso: Seguros Corporativos C.A., A.A.S.A. y el ciudadano F.C., se estableció:
(...) en el procedimiento de amparo el juez enjuicia las actuaciones de los órganos del poder público o de los particulares, que hayan podido lesionar los derechos fundamentales. Pero, en ningún caso, puede revisar, por ejemplo, la aplicación o interpretación del derecho ordinario, por parte de la administración o los órganos judiciales, a menos que de ella se derive una infracción directa de la Constitución. No se trata de una nueva instancia judicial o administrativa, ni de la sustitución de los medios ordinarios para la tutela de los derechos o intereses, se trata de la reafirmación de los valores constitucionales, en la cual el juez que conoce del amparo puede pronunciarse acerca del contenido o aplicación de las normas constitucionales que desarrollan los derechos fundamentales, revisar la interpretación que de éstas ha realizado la administración pública o los órganos de la administración de justicia, o establecer si los hechos de los que se deducen las violaciones constitucionales, constituyen una violación directa de la Constitución...
(Resaltado de este fallo).
En este orden de ideas se insiste que la acción de amparo constitucional está concebida para la protección de derechos y garantías constitucionales, de allí que lo realmente determinante para resolver acerca de la pretendida violación, es que exista una violación de rango constitucional y no legal, ya que si así fuere el amparo perdería todo sentido y alcance y se convertiría en un mecanismo ordinario de control de la legalidad.
En síntesis, del examen de las actas del expediente se observa que, la accionante, al hacer uso de la acción de amparo constitucional, sólo pretendió impugnar el fondo de la decisión accionada que declaró con lugar la demanda de calificación de despido, reenganche y pago de salarios caídos, atacando de esta manera la valoración que la juez de alzada realizó sobre el material probatorio aportado al proceso, así como pretende denunciar un supuesto vicio de incongruencia entre el monto del salario establecido en la parte motiva del fallo y en el dispositivo de la sentencia.
En cuanto a la valoración de las pruebas, ésta forma parte de la actividad que realiza el juzgador con la autonomía e independencia de la que gozan los jueces al decidir, quienes, si bien deben ajustarse a la Constitución y a las leyes, al resolver una controversia, disponen de un amplio margen de valoración del derecho aplicable a cada caso, por lo cual pueden interpretarlo y ajustarlo a su entendimiento, como actividad propia de su función de juzgar, sin que el juzgador de amparo pueda inmiscuirse dentro de esa autonomía del juez en el estudio y resolución de la causa, salvo que tal criterio viole notoriamente derechos o principios constitucionales…”.
En tal sentido, del criterio sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la decisión antes parcialmente transcrita, las pruebas documentales o instrumentales que hayan sido promovidas por las partes constituyen un haz de medios probatorios que deberán ser valorados posteriormente por el Juez, por cuanto las mismas se incorporan automáticamente al proceso y no requieren evacuación, y en consecuencia, las pruebas documentales forman parte de la comunidad de las pruebas que junto con las demás pruebas promovidas y admitidas por el Tribunal deberán ser analizadas dentro de todo el acervo probatorio para dictar la correspondiente decisión, en tal sentido en la dispositiva de la presente decisión se declarará SIN LUGAR dicha oposición por los razonamientos antes expuestos por cuanto las mimas no son manifiestamente impertinentes, de conformidad con lo establecido en el artículo 398 del Código de Procedimiento Civil, y así se decide.

III
De acuerdo a las consideraciones antes expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Sin Lugar la oposición efectuada por el ciudadano HERMANN SALVADOR PERNALETE CORONEL, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad n° V- 5.938.681 debidamente asistido por la abogada EGLE MONTENEGRO inscrita en Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 148.032 en su carácter de Defensora Publica Provisoria Primera (1°) con competencia en Materia Civil y Administrativo Especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda del Estado Yaracuy, parte demandada en la presente causa, contra las pruebas promovidas por los abogados GLORIA EVELINA GIMÉNEZ GONZÁLEZ y LUIS EDUARDO OÑATES CAURO, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad Nros V- 7.589.584 y V- 18.053.195, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 119.215 y 231.741 apoderados judiciales de los ciudadanos MIGUEL ALFREDO BERMÚDEZ GAMARRA, ALEXANDER ANTONIO MENDOZA BERMÚDEZ Y ALFONSO BORTONE LAPORTE, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad NrosV- 4.968.958, V- 12.727.402yV- 16.261.951 respectivamente, parte actora en la presente causa. SEGUNDO:No se condena en costas dada la naturaleza del fallo. TERCERO: Dado el contenido del presente fallo, procédase inmediatamente, por auto separado a admitir las pruebas promovidas por las partes en el presente proceso.
PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE, INCLUSO EN LA PÁGINA WEB OFICIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA WWW.TSJ.GOB.VE, SEGÚN RESOLUCIÓN 001-2022, EMANADA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN CIVIL, DE FECHA 16 DE JUNIO DE 2022.
Dada, firmada y sellada, en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, a los trece ( 13 ) días del mes de Octubre del año dos mil veintitrés (2023). Años 213° de la Independencia y 164° de la Federación.

La Jueza,

Mónica Del Sagrario Cardona Peña
La Secretaria Temporal,

Osmarly Coromoto Gómez Pérez

En esta misma fecha y siendo las once de la mañana (11:00 a.m.) se publicó y registró la anterior decisión.
La Secretaria Temporal,

Osmarly Coromoto Gómez Pérez
MdelSCP/ocgp
Exp. 8104