TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL CUARTO (4º) DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACION MEDIACION Y EJECUCION DEL ESTADO BOLIVAR, SEDE CIUDAD BOLIVAR

ASUNTO: FP02-L-2012-000159
DEMANDANTE: FERNANDO RICO, venezolano, de este domicilio, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 4.634.256.
APODERADOS DEL DEMANDANTE: NELSON VALBUENA, inscrito en el I.P.S.A bajo el Nro. 83.538.
DEMANDADO: CONSORCIO OIV TOCOMA.
MOTIVO: COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS.

En fecha 24 de Abril del año 2013, se recibió por ante la unidad de recepción y distribución de documentos URDD CIVIL (NO PENAL), del Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de Puerto Ordaz, Oficio N° 2SME/112-2012, mediante el cual remite asunto signado con el N° FP11-L-2011-000655, nomenclatura llevada por ese Juzgado, contentivo al juicio por COBRO DE DIFERENCIA DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS, incoado por el ciudadano FERNANDO RICO en contra de la empresa CONSORCIO OIV TOCOMA. Constante de Un (01) folio útil y Ciento Ocho anexos. Asunto signado con el Nº FP02-L-2012-000159.

En fecha 20 de Junio del año 2011, el Tribunal Segundo (2º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, ordeno darle ingreso al Libro de Entrada y Salidas de causas correspondiente a ese Juzgado igualmente se reserva a los fines de su revisión.

En fecha 23 de Junio del año 2011, Tribunal Segundo (2º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, ADMITE la presente demanda y ordeno Comisionar al Juzgado Competente del Municipio Autónomo Raúl Leoni del estado Bolívar, a los fines de realizar la notificación correspondiente.

En fecha 26 de Octubre del año 2011, se recibió por ante la unidad de recepción y distribución de documentos URDD CIVIL (NO PENAL), diligencia suscrita por el ciudadano FERNANDO RICO, debidamente asistido por el abogado NELSON VALBUENA, mediante la cual solicita a este Tribunal ordene lo conducente a los fines de que se lleve a cabo la citación y comisión a la empresa demandada. Constante de Un (01) folio útil sin anexos.

En fecha 31 de Octubre del año 2011, se recibió por ante la unidad de recepción y distribución de documentos URDD CIVIL (NO PENAL), oficio N° 302-2011 emanado del JUZGADO DE MUNICIPIO RAÚL LEONI DEL PRIMER CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR, CIUDAD PIAR, mediante la cual remite resultas de la comisión librada en la presente causa. Constante de Un (01) folio útil y Once (11) anexos.

En fecha 01 de Noviembre del año 2011, se dicto auto ordenando agregar las resultas negativas provenientes del JUZGADO DE MUNICIPIO RAÚL LEONI DEL PRIMER CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVAR, CIUDAD PIAR. Asimismo se ordena su corrección de foliatura en virtud de al ser agregadas las mismas se verá alterada la foliatura.

En fecha 16 de Enero del año 2012, se recibió por ante la unidad de recepción y distribución de documentos URDD CIVIL (NO PENAL), diligencia presentada por el ciudadano FERNANDO RICO, debidamente asistido por el abogado NELSON VALBUENA, mediante la cual solicita se comisione al Juzgado del Municipio Raúl Leoni a los fines de la notificación de la demandada. Constante de Un (01) folio útil sin anexos.

En fecha 18 de Enero del año 2012, se dicto auto acordando lo solicitado por la parte actora y se ordena librar nuevo cartel de notificación a la empresa demandada CONSORCIO OIV TOCOMA en la nueva dirección, asimismo se ordena comisionar amplia suficientemente al Juzgado el Municipio Raúl Leoni del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar.

En fecha 24 de Febrero del año 2012, se recibió por ante la unidad de recepción y distribución de documentos URDD CIVIL (NO PENAL), diligencia presentada por el ciudadano FERNANDO RICO, debidamente asistido por el abogado NELSON VALBUENA, mediante la cual consigna copias certificadas del libelo de la demanda a los fines de interrumpir la prescripción en la presente. Constante de Un (01) folio útil y Diecinueve (19) anexos.

En fecha 26 de Marzo del año 2012, se recibió por ante la unidad de recepción y distribución de documentos URDD CIVIL (NO PENAL), oficio N°62-2012, emanado del Juzgado del Municipio Raúl Leoni del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Ciudad Piar, mediante la cual remite resultas de la comisión librada en la presente causa. Constante de Un (01) folio útil y Nueve (09) anexos.

En fecha 28 de Marzo del año 2012, se recibió por ante la unidad de recepción y distribución de documentos URDD CIVIL (NO PENAL), diligencia presentada por la abogada VILM VARGAS URIBE en su carácter de apoderada judicial de la empresa CONSORCIO OIV TOCOMA, mediante la cual solicita se declare la incompetencia por el territorio en la presente causa. Constante de Un (01) folio útil y Cuatro (04) anexos.

En fecha 29 de Marzo del año 2012, el Juzgado Segundo (2°) de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz declaro IMCOMPETENTE POR EL TERRITORIO para conocer de la presente causa y de igual forma declara COMPETENTE para conocer, sustanciar y decidir la presente causa a los Juzgados de Sustanciación, Mediación y Sustanciación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Sede Ciudad Bolívar.

En fecha 13 de Abril del año 2012, se dicto auto de egreso a los fines de remitir la presente causa a los Tribunales de Sustanciación, Mediación y Sustanciación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Sede Ciudad Bolívar los cuales son los competentes para conocer, sustanciar y decidir de conformidad con lo establecido en la sentencia de fecha 29/03/2012.

En fecha 26 de Abril del año 2012, el Tribunal Cuarto (4°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Sustanciación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Sede Ciudad Bolívar, ordeno darle ingreso en el Libro de Entrada y Salida de Causas Correspondiente y asimismo se reserva a los fines de su revisión.

En fecha 02 de Mayo del año 2012, el Ciudadano ABG. JESUS ARENAS HERNANDEZ se ABOCO al conocimiento de la presente causa en su condición de Juez a cargo del Tribunal Cuarto (4º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Sede Ciudad Bolívar. De igual forma se ordena librar boletas de notificación a la parte actora y a la parte demandada a los fines de su conocimiento. Asimismo se ordena librar exhorto un Juzgado de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz.

En fecha 26 de Junio del año 2012, se recibió por ante la unidad de recepción y distribución de documentos URDD CIVIL (NO PENAL), oficio Nº 4SME/143/2012, proveniente del Tribunal Cuarto (4º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Sede Puerto Ordaz, mediante el cual remite resultas del Exhorto librado por su Juzgado en fecha 02/05/2012.

En fecha 03 de Julio del año 2012, comparece ante la Secretaria del Juzgado Cuarto (4º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Sede Ciudad Bolívar, el ciudadano LUIS SUBERO, actuando en su condición de Alguacil adscrito a este Circuito Laboral, mediante la cual consigna de manera positiva la notificación a la empresa demandada en autos CONSORCIO OIV TOCOMA.

En fecha 20 de Febrero del año 2013, se recibió por ante la unidad de recepción y distribución de documentos URDD CIVIL (NO PENAL), diligencia presentada por la abogada VILM VARGAS URIBE en su carácter de apoderada judicial de la empresa CONSORCIO OIV TOCOMA, mediante la cual solicita se declare la PERENCION. Constante de Un (01) folio útil sin anexos.

En fecha 28 de Febrero del año 2013, la Ciudadana ABG. MAGLY MAYOL TRANQUINI, se ABOCO al conocimiento de la presente causa en su condición de Jueza a cargo del Tribunal Cuarto (4º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Sede Ciudad Bolívar y asimismo declaro mediante sentencia de esta misma fecha IMPROCEDENTE LA PERENCION DE LA INSTANCIA.

En fecha 29 de Octubre del año 2013, se recibió por ante la unidad de recepción y distribución de documentos URDD CIVIL (NO PENAL), diligencia presentada por la abogada VILM VARGAS URIBE en su carácter de apoderada judicial de la asociación temporal CONSORCIO OIV TOC OMA, mediante la cual solicita se declare la PERENCION, en la presente causa. Constante de Un (01) folio útil sin anexos.

En fecha 20 de Noviembre del año 2013, este Juzgado Cuarto (4º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Sede Ciudad Bolívar, y mediante sentencia Interlocutoria declara IMPROCEDENTE LA PERENCION DE LA INSTANCIA, solicitada por la parte demandada, comprendiendo ésta la última actuación efectuada en el proceso.

Ahora bien, esta Juzgadora en vista de que la última y única actuación de la parte demandante que le da impulso al proceso fue hace más de un año, esto es, el 16 de enero de 2012, sin embargo el último pronunciamiento de este Juzgado se efectuó el 20 de Noviembre del año 2013, de tal manera que, después de una revisión minuciosa de las actuaciones que conforman este expediente este Tribunal observa lo siguiente:
La perención de la instancia, figura jurídica contenida en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, ha sido considerada por la doctrina y jurisprudencia patria, como un medio de terminación del proceso bajo la presunción de abandono o pérdida de interés en el juicio, fundamentado en la falta de impulso procesal por parte de los sujetos de la relación procesal, al no instar diligentemente el procedimiento, manteniéndolo paralizado por el tiempo determinado en la citada Ley adjetiva.
A ese respecto establece el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, lo siguiente:
“Artículo 201. Toda instancia se extingue de pleno derecho por el transcurso de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. Igualmente, en todas aquellas causas en donde haya transcurrido más de un (1) año después de vista la causa, sin que hubiere actividad alguna por las partes o el Juez, este último deberá declarar la perención.”
En interpretación de la citada norma, ha señalado la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (vid. Sentencias Nº 825 del 28/07/2005 y Nº 1184 del 12/07/2006), que la misma consagra dos (2) supuestos en que opera la extinción de la instancia, a saber: 1) cuando antes de comenzar el lapso para sentenciar, las partes no realizan ningún acto de procedimiento durante un año; y 2) cuando después de vista la causa, es decir, encontrándose el proceso en etapa de sentencia, no hay actividad de parte o del juez, durante el mismo período de un año; supuestos que se diferencian en virtud del sujeto cuya actuación en el proceso impide que opere la perención, al darle el impulso necesario para su continuación.
También ha dicho la Sala en interpretación de la norma señalada, que antes de comenzar el lapso para sentenciar, el impulso procesal requerido deben darlo los litigantes, pues es una carga de ellos el mantener con vida jurídica el proceso a través de conductas que denoten su interés en que se resuelva la controversia en los lapsos procesales establecidos; toda vez que el abandono del juicio por los sujetos procesales lleva a concluir que éstos, al no realizar ningún acto capaz de impedir que transcurra el lapso fatal, manifiestan tácitamente su intención de no continuar con el litigio.
De la misma manera, ha sostenido la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, que el lapso de perención previsto en el citado artículo 201, ejusdem, se inicia el día siguiente de aquél en que se realiza el último acto de procedimiento de las partes o del juez, dependiendo del caso, entendiéndose como un acto de procedimiento, aquel que propende al desarrollo del juicio, es decir, que demuestra la voluntad de activar el proceso hacia su finalidad lógica, con el fallo del tribunal que resuelva el conflicto u otro medio de terminación del proceso.
En este mismo orden, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 0020 de fecha 27/01/11, caso Elsa Novellino Blonval contra Instituto Nacional de Tierras. (INTI) Terceros Interesados: Richard Márquez, Graciliano Pérez y José Aníbal Quintero; en una interpretación al artículo 94 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia señalo lo siguiente:
“…La Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.991 Extraordinaria, de fecha 29 de julio del año 2010, en el TÍTULO VII, contentivo DE LOS PROCESOS ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA, Capítulo I-Disposiciones Generales, en su artículo 94, dispone:
Artículo 94. La instancia se extingue de pleno derecho en las causas que hayan estado paralizadas por más de un año por inactividad de parte actora, antes de la oportunidad de los informes o de la fijación de la audiencia, según el caso…”
De la norma cuya reproducción íntegra se verifica ut supra, se distingue una consecuencia derivada de la inactividad en que incurre la parte actora, por un periodo mayor a un año, antes de los informes o antes de la fijación de la audiencia oral correspondiente. Dicha consecuencia es la extinción de la instancia de pleno derecho.
Tal efecto procesal, es producto de la falta de interés que demuestra la parte actora en darle continuidad al juicio por ella incoado, produciendo en consecuencia una decisión ajustada a la actividad procesal materializada por el demandante. Entonces, darle fin a la litis por la causal anteriormente señalada no constituye un criterio jurisprudencial, derivado de sentencias reiteradas que emanen de este alto Tribunal de la República, sino la aplicación, en plena observancia, del contenido de la norma reseñada previamente.
En abundancia a lo anterior, es oportuno reseñar el criterio imperante en materia laboral, siendo que esta Sala mediante fallo Nº 825, de fecha 28 de julio del año 2005, con relación a la perención de la instancia, cuya consecuencia es la extinción de la causa, señaló lo siguiente:
Como se observa, la norma citada consagra dos supuestos en que opera la extinción de la instancia, a saber, aquel caso en que, antes de comenzar el lapso para sentenciar, las partes no realizan ningún acto de procedimiento durante un año, y aquel otro en que, después de vista la causa -esto es, encontrándose el proceso en etapa de sentencia-, no hay actividad de parte o del juez, durante el mismo período de un año. Se consagran, por tanto, dos supuestos, que se diferencian en virtud del sujeto cuya actuación en el proceso impide que opere la perención, al darle el impulso necesario para su continuación.
En efecto, el análisis del contenido del artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo permite establecer que antes de comenzar el lapso para sentenciar, el impulso procesal requerido deben darlo los litigantes, vale decir, que es una carga de ellos el mantener con vida jurídica el proceso a través de conductas que denoten su interés en que se resuelva la controversia, en los lapsos procesales establecidos; en consecuencia, el abandono del juicio por las partes procesales lleva a concluir que éstas, al no realizar ningún acto capaz de impedir que transcurra el lapso fatal, manifiestan tácitamente su intención de no continuar con el litigio...”.
Del criterio up supra se interpreta que el legislador expresamente ha querido sancionar esa inactividad procesal en que incurre la parte accionante por un periodo determinado, habida cuenta que, en muchas ocasiones, se da inicio a un juicio, empero, no se procura darle el debido impulso a fin de su efectiva conclusión.
Todos los criterios supra señalados son acogidos por este Tribunal, de conformidad con el dispositivo 321 del Código de Procedimiento Civil, aplicado en este caso por remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Cabe mencionar también, que la perención de la instancia, tal como dispone el artículo 202, ibídem, opera de pleno derecho y puede ser declarada de oficio por el Tribunal correspondiente.
Aplicando los criterios que anteceden al caso que nos ocupa, este Tribunal observa que existe falta de interés por parte de los accionantes en dar continuidad al proceso, toda vez que desde que la última actuación interpuesta por la parte actora fue en fecha el 16 de enero de 2012, y hasta la presente fecha 19 de diciembre de 2024, no se evidencia de autos ninguna otra actuación tendente a dar continuación al proceso, es decir, no se observa en autos ninguna actuación de la parte actora que tienda a impulsar el proceso hasta su término; siendo ello así, es evidente que, ha transcurrido más de un (1) año sin que se haya producido actuación alguna de la accionante que propenda a interrumpir el lapso fatal de la perención.
En este orden de ideas, el procesalita Ricardo Henríquez La Roche, en su obra “Instituciones de Derecho Procesal (2005, pág.357), señala lo siguiente:
“(…) Para que se interrumpa la inactividad capaz de producir al año la perención, es menester un acto procesal, o acto de procedimiento inserido en el íter legal, que propenda al desarrollo del juicio;…omissis… No son actos de esa índole, según la doctrina de CHIOVENDA, los que no tienen influencia alguna inmediata en la relación procesal, aunque puedan estar dirigidos a su fin…, ver., petición de copias certificadas, otorgamiento de poder apud acta, solicitud del beneficio de justicia gratuita (…)”.
En consideración a todo lo antes expuesto, concluye este Tribunal que en el caso bajo estudio operó indefectiblemente la perención de la instancia, en virtud del transcurso del tiempo previsto en el artículo 201 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, sin que se hubiere realizado en el proceso algún acto capaz de impulsarlo hacía su culminación, es más, lo que se evidencia es un evidente abandono del proceso por parte del demandante, por lo que no le queda otra alternativa a este Juzgado que declarar LA PERENCION DE LA INSTANCIA en el presente causa. ASI SE DECIDE.
DECISIÓN
Por las motivaciones anteriormente expuestas, este Juzgado Cuarto (4º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: LA PERENCION DE LA INSTANCIA en el juicio que por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES que interpuso: FERNANDO RICO, venezolano, de este domicilio, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 4.634.256 contra CONSORCIO OIV TOCOMA en consecuencia se declara EXTINGUIDO EL PROCESO. SEGUNDO: Se ordena notificar a parte actora como a la demandada de la presente decisión.
Sin embargo, ello no impide que el accionante vuelva a proponer su demanda, una vez transcurrido el lapso establecido en el artículo 204 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
La presenta decisión tiene como base los artículos 2, 19, 49, 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 2, 4, 6, 11, 66, 201 y 202 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.
Notifíquese a la parte actora de la presente decisión.
Déjese copia en el compilador respectivo y archívese el expediente una vez transcurran los lapso de ley.
Dada, firmada y sellada en la sala de Despacho del Juzgado Cuarto (4º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a los Diecinueve (19) días del mes de Diciembre de 2.024. Años: 214° de la Independencia y 165° de la Federación.
LA JUEZA,
ABG. MAGLY MAYOL TRANQUINI
LA SECRETARIA DE SALA ACC.,
ABG. CARMEN ROCIO ORTIZ GALEANO
En esta misma fecha, se dictó y publicó la anterior decisión previo cumplimiento de las formalidades de ley, siendo las dos y treinta de la tarde (2:30 p.m.).
LA SECRETARIA DE SALA ACC.,
ABG. CARMEN ROCIO ORTIZ GALEANO

Mmt/lp.-