TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO SUPERIOR CIVIL, MERCANTIL, Y TRÁNSITO DEL PRIMER CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR
COMPETENCIA CIVIL

ASUNTO: FC01-X-2023-000002
ASUNTO: T-SUP-H-N° 60 (9473)
RESOLUCIÓN Nº: PJ017202400004

Vista la inhibición planteada por el abogado JOSE FRANCISCO HERNANDEZ OSORIO, en su carácter de Juez del Tribunal Superior Civil, Mercantil y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, en el juicio que, por CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN PROVENIENTE DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, interpusiera el ciudadano ADEL SAMARA SAMARA, (Presidente de la Sociedad Mercantil Grupo Samara C.A.), contra la ciudadana HILDA DEL VALLE BOGADO ROMERO, (Presidenta de la Sociedad Mercantil La Boutique del Cuero C.A.), este Tribunal para decidir observa:

Al folio dos (02), de este expediente, cursa acta de inhibición del ciudadano Juez antes mencionado, en la cual entre otras cosas expone que procede a plantear su inhibición de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82, ordinal 15° del Código de Procedimiento Civil, procede a plantear su inhibición para conocer la causa de marras supra mencionada arguyendo lo que sigue:

“…En horas de despacho del día de hoy, veinticinco (25) de enero de dos mil veintitrés (2023), siendo las 08:30 a.m., comparece el Dr. JOSÉ FRANCISCO HERNANDEZ OSORIO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 10.045.261, en mi condición de Juez del Juzgado Superior Civil, Mercantil, del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, de conformidad con el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, por medio de la presente acta expongo: Revisadas como han sido las actas que integran la presente acción de CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN PROVENIENTE DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO incoado por el ciudadano ADEL SAMARA SAMARA contra la ciudadana HILDA DEL VALLE BOGADO ROMERO, se hace necesario hacer la siguiente argumentación: En fecha 27-06-2022 dicte sentencia en la acción de amparo Nº T-SUP-H-Nº43 declarando INADMISIBLE la acción de amparo constitucional intentada por la ciudadana HILDA DEL VALLE BOGADO ROMERO contra la decisión proferida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Agrario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar; de la misma en fecha 28/07/2022 la abogada Lilina Núñez, apeló de la sentencia dictada, en fecha 04/07/2022 se escuchó la apelación en ambos efectos remitiéndose a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en esa misma fecha mediante oficio Nº 79/2022, ahora bien en fecha 08 de noviembre de 2022, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, confirmó la sentencia dictada por esta Instancia Superior declarando sin lugar la apelación ejercida, asimismo en fecha 18/11/2022 en el expediente T-SUP-H-Nº 47 referida al Cumplimiento de Obligación Derivadas de Contrato de Arrendamiento interpuesta ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de este Circuito y Circunscripción Judicial procedí a inhibirme por considerar que la parte apelante puede considerar que estoy incurso en la causal de Inhibición prevista en el Ordinal 15º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil”. Aunado al hecho que en fecha 07 de Julio de 2022, en el expediente FP02-R-2022-000029, referida a la acción de amparo interpuesta ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito de este Circuito y Circunscripción Judicial procedí a inhibirme por considerar que la parte apelante puede considerar que estoy incurso en la causal de Inhibición prevista en el Ordinal 15º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil”. Por haber decidido el amparo por ella ejercido en el expediente N° FP02-O-2022-7 (Nro. Provisional T-SUP-H-N°43) antes reseñado todo ello motivado, a la visita efectuada por el ciudadano Inspector de Tribunales Marcos Zambrano en fecha 27/06/2022, y posteriormente le comunicó a la secretaria de este despacho que se trataba de una Inspección en el cual dejó constancia de todas las actuaciones referentes a la acción de amparo FP02-O-2022-07 (ASUNTO PROVISIONAL T-SUP-H-N° 43), y la Dra. Liliana Núñez el día 07/07/2022, nos informo de que quería plantear una recusación contra el suscrito Juez en este asunto, haciendo la salvedad en aquella oportunidad en el acta levantada que el suscrito que en amparo constitucional, no es admisible la recusación; motivo suficiente que pudieran justificar una incapacidad subjetiva de este Juzgador, que pudieran no catalogarse acorde con la función jurisdiccional que ejerzo como consecuencia de ello, procedo a INHIBIRME de conocer la presente causa, por considerar que la parte apelante puede considerar que estoy incurso en la causal de Inhibición prevista en el Ordinal 15º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil”. Por haber decidido el amparo por ella ejercido en el expediente N° FP02-O-2022-7 (Nro. Provisional T-SUP-H-N°43) en fecha 27/01/2022 donde declare inadmisible el amparo interpuesto contra el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, con fundamentación en el articulo 6 numeral 5to. De la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; y posteriormente inhibirme del conocimiento de la causa FP02-R-2022-0000029. En tal sentido, solicito que la presente inhibición sea declarada CON LUGAR, en atención a la previsión legal contenida en el artículo 88 del citado texto procesal. En consecuencia, se ordena oficiar a la Rectoría Civil de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a fin de que sea designado un Juez Especial para que conozca el presente expediente. Asimismo se ordena aperturar un cuaderno separado para la sustanciación de la presente inhibición. Es todo, terminó se leyó y conformes firman…”.

Planteada así la inhibición, este Tribunal observa:

DE LA COMPETENCIA
El artículo 95 del Código de Procedimiento Civil, remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial, respecto al funcionario competente para dirimir la incidencia de inhibición.

“… Artículo 95. Conocerá de la incidencia de recusación el funcionario que indique la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual se remitirá copias de las actas conducentes que indique el recusante y el funcionario recusado o inhibido…”.

Por su parte el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece:

“…La inhibición o recusación de los jueces en los tribunales unipersonales serán decidida por el tribunal de alzada, cuando ambos actuaren en la misma localidad; y en el caso contrario los suplentes, por el orden de su elección, decidirán en la incidencia o conocimiento del fondo, cuando la recusación o inhibición sean declaradas con lugar por el tribunal de alzada o por ellos mismos, a menos que hubiere en la localidad otro tribunal de igual categoría y competencia, caso en el cual deberán ser pasados a éste los autos a los fines del conocimiento de la incidencia o del fondo del asunto, en caso de ser declaradas con lugar la recusación o inhibición…”.

Como consecuencia de ello, corresponde su conocimiento y decisión de la incidencia surgida a esta Alzada, quien teniendo competencia, procede de conformidad con lo previsto en el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil, en atención a los presupuestos de hecho y de derecho invocados, a dictar la decisión que en derecho corresponda, para lo cual se examinará tanto la regularidad formal de la inhibición, como la fundamentación alegada, así como las instrumentales ofrecidas como medios de prueba, toda vez que no hay obstáculo procesal alguno que impida a quien aquí suscribe, decidir el mérito del asunto, se procede a determinar si es procedente o no la presente pretensión, de la siguiente forma:

Al respecto me permito traer a colación lo que señala el conocido autor patrio ARISTIDES RENGEL ROMBERG, en su obra “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano volumen I” para que la jurisdicción pueda cumplir con su finalidad jurídica y social, es indispensable que el juez que dirima determinada controversia sea imparcial, por no tener ninguna relación con el objeto de la causa y por no tener vinculación personal o algún tipo de ánimo positivo o negativo hacia las partes del proceso. Este tipo de competencia, denominada “competencia subjetiva” es definido por el referido autor como “la absoluta idoneidad personal del juez para conocer de una causa concreta, por la ausencia de toda vinculación suya con los sujetos o con el objeto de dicha causa”. Es de recalcar, que el derecho que tienen las partes a la idoneidad del Juez expresado en su imparcialidad, tiene rango y protección Constitucional, debidamente consagrado en los artículos 26 y 49.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de donde emergen derechos fundamentales como son: la tutela judicial efectiva y el derecho al debido proceso.

A fin de ahondar en este aspecto, resulta pertinente señalar el criterio jurisprudencial expresado en sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 24 de marzo de 2000, con ponencia del Magistrado JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO expediente Nº 00-0056, la cual indica:

“…En la persona del juez natural, además de ser un juez predeterminado por la ley, como lo señala el autor Vicente Gimeno Sendra (Constitución y Proceso. Editorial Tecno. Madrid 1988) y de la exigencia de su constitución legítima, deben confluir varios requisitos para que pueda considerarse tal. Dichos requisitos, básicamente, surgen de la garantía judicial que ofrecen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y son los siguientes: 1) Ser independiente, en el sentido de no recibir órdenes o instrucciones de persona alguna en el ejercicio de su magistratura; 2) ser imparcial, lo cual se refiere a una imparcialidad consciente y objetiva, separable como tal de las influencias psicológicas y sociales que puedan gravitar sobre el juez y que le crean inclinaciones inconscientes. La transparencia en la administración de justicia, que garantiza el artículo 26 de la vigente Constitución se encuentra ligada a la imparcialidad del juez. La parcialidad objetiva de éste, no sólo se emana de los tipos que conforman las causales de recusación e inhibición, sino de otras conductas a favor de una de las partes…”.

Esta separación del Juez del conocimiento de una causa, se realiza mediante dos instituciones procesales determinadas por la ley, como es la inhibición y la recusación, siendo la primera la que interesa a efectos de esta decisión.

FUNDAMENTOS PARA DECIDIR

Ahora bien, el Juez inhibido, citado anteriormente, fundamentó como ya se dijo su inhibición, conforme a la causal contenida en el artículo 82, ordinal 15° del Código de Procedimiento Civil, y que por tales razones procede a desprenderse de la misma, norma ésta que es del tenor siguiente:

“… ART. 82. Los funcionarios judiciales, sean ordinarios, accidentales o especiales, incluso en asuntos de jurisdicción voluntaria, pueden ser recusados por alguna de las causas siguientes:

15°. Por haber el recusado manifestado su opinión sobre lo principal del pleito o sobre la incidencia pendiente, antes de la sentencia correspondiente, siempre que el recusado sea el Juez de la causa…”

En tal sentido, tenemos que de los argumentos esbozados por el funcionario en comento con el objeto de desprenderse de la causa de marras, basado en la causal alegada, corroborándose lo argumentado en los asuntos que por notoriedad judicial quien suscribe puede verificar en los archivos de este recinto judicial como medios de pruebas, las cuales se les otorga valor probatorio, sumado a que de las actas no se observa que las partes o sus representaciones judiciales, se hayan opuesto y/o solicitado la apertura de una articulación probatoria para desvirtuar lo alegado por el Juez inhibido, lo cual trae como consecuencia, que lo manifestado en el acta de inhibición sea considerado como cierto ya que se desprende su veracidad del mismo expediente.

Siendo ello así, y tal como ha sido criterio reiterado de nuestro Tribunal Supremo de Justicia al determinar que al ser la inhibición un deber y un acto procesal del juez mediante el cual decide separarse voluntariamente del conocimiento de una causa, por considerar que existen circunstancias que en forma suficiente son capaces de comprometer su imparcialidad para juzgar, es obligación del juez que se encuentre en esa situación separarse del conocimiento del caso.

En atención a lo inicialmente planteado, estima esta Sentenciadora que la inhibición en referencia se efectuó en forma legal y que los hechos declarados por dicho Juez son subsumibles en la norma invocada, razón por la cual, en aras de la necesaria transparencia en el proceso, es impretermitible declarar su procedencia, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de esto decisión. Así se dispondrá.

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Civil, Mercantil y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR, la inhibición formulada por el abogado JOSE FRANCISCO HERNANDEZ OSORIO, en su condición de Juez del Tribunal Superior Civil, Mercantil y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, formulada en el asunto Nº FC01-X-2023-000002, contentivo del juicio que por CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIÓN PROVENIENTE DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, interpusiera el ciudadano ADEL SAMARA SAMARA, (Presidente de la Sociedad Mercantil Grupo Samara C.A.), contra la ciudadana HILDA DEL VALLE BOGADO ROMERO, (Presidenta de la Sociedad Mercantil La Boutique del Cuero C.A.), de conformidad con los artículos 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 12, 15, 88 y 247 del Código de Procedimiento Civil.

Publíquese, Regístrese, incluso en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.bolivar.gob.ve, déjese copia certificada de esta decisión.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Civil, Mercantil y de Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar. En Ciudad Bolívar, a los dieciséis (16) días del mes de enero de dos mil veinticuatro (2024). Años: 213º de la Independencia y 164º de la Federación.

La Jueza Superior,

Maye Andreina Carvajal La secretaria,

Josmedith Méndez
Publicada en el día de su fecha, previo anuncio de Ley, a las dos (02:55) p.m. Conste.
La secretaria,

Josmedith Méndez

MAC/jm/Osmir Carpio