TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR
DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS PIAR Y PADRE PEDRO CHIEN DEL
SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR.

JURISDICCIÓN: CIVIL
Sentencia Interlocutoria
Exp. 3.413-14

Identificación de las Partes:

Parte demandante: Ciudadana: Neismar Nereida Aular Hoepp, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.615.129, y de este domicilio.

Apoderada Judicial de la parte demandante: Ciudadana: Roselin Pérez Guillen, venezolana, mayor de edad, Abogada en ejercicio, inscrita en Inpreabogado bajo el N°. 93.429, y de este domicilio.

Parte demandada: Ciudadano: Gianmario La Rocca Lezama, de nacionalidad venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-11.532.303, y de este domicilio.

Apoderada Judicial de la parte demandada Ciudadana: Licet Martínez, venezolana, mayor de edad, Abogada en ejercicio e inscrita en Inpreabogado bajo el N° 43.910, y de este domicilio.

MOTIVO: “Cobro de Bolívares”

DE LOS HECHOS
En fecha: 31 de enero de 2.014, comparece la Ciudadana: Neismar Nereida Aular Hoepp, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.615.129, y de este domicilio, debidamente asistida de la Ciudadana: Roselin Pérez Guillen, venezolana, mayor de edad, Abogada en ejercicio, inscrita en Inpreabogado bajo el N°. 93.429, y de este domicilio; presentando demanda por Cobro de Bolívares (Procedimiento Monitorio), contra el Ciudadano: Gianmario La Rocca Lezama, de nacionalidad venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-11.532.303, y de este domicilio; constante de Tres (3) folios útiles, acompañado de Ocho (8) anexos. (Folios 1 al 11).

En fecha: 03 de febrero de 2.014, el Tribunal admite la presente demanda y ordena la intimación personal contra el demandado y se decreta Media Preventiva de embargos contra bines propiedad del demandado. (Folios 12 al 14)

En fecha 21 de febrero de 2014, comparece la demandante ciudadana: Neimar Nereida Aular Hoepp, antes identificada, asistida de la Abogada Roselin Pérez, y conforme lo establecido en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, otorga Poder Apud Acta a la mencionada Abogada. (Folios 15 al 16)

En fecha: 05 de marzo de 2.014, comparece el Alguacil de este Tribunal, y deja constancia de haber intimado al demandado Ciudadano: Gianmario La Rocca Lezama, ya identificado, el cual firmó la boleta de intimación. (Folios 19 y 20)

En fecha 17 de marzo de 2014, comparece el demandado ciudadano: Gianmario La Rocca Lezama, antes identificado, asistido de la Abogada Licet Martínez, y conforme lo establecido en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, otorga Poder Apud Acta a la mencionada Abogada. (Folios 21 al 23)

En fecha: 17 de marzo de 2.014, comparece el Ciudadano: Gianmario La Rocca Lezama, ya identificado, asistido de su Abogada ciudadana: Licet Martínez, ya identificada, y consignan escrito de Oposición a la presente demanda de Cobro de Bolívares, Procedimiento Monitorio, conforme lo establecido en el artículo 651 del Código de Procedimiento Civil, consntate de Cuatro (4) folios útiles, acompañado de ciento veintisiete (127) anexos. - (Folios 24 al 175).

En fecha 20 de marzo de 2.014, el Tribunal ordena practicar por Secretaría cómputos de los días de Despachos, transcurridos en la presente causa. (Folio 176)

En fecha: 20 de marzo de 2.014, el Tribunal deja sin efecto el decreto de Intimación y su ejecución, decretado contra el demandado, y conforme el artículo 651 del Código de Procedimiento Civil, fijándose el lapso de cinco días para la contestación de la demanda, continuándose el proceso por los tramites del Procedimiento Breve. (Folio 177)

En fecha 27 de marzo de 2.014, comparece la Abogada ciudadana: Licet Martínez, ya identificada, en su carácter de Apoderada Judicial de la parte demandada, y consigna escrito de Contestación a la demanda en el presente juicio de Cobro de Bolívares, constante de Cuatro (4) folios útiles. - (Folios 178 al 182).

En fecha 01 de abril de 2.014, comparece la Abogada ciudadana: Roselin Pérez Guillen, ya identificada, en su carácter de Apoderada Judicial de la parte actora, y consigna escrito de Promoción de Pruebas en el presente juicio de Cobro de Bolívares, constante de dos (2) folios útiles. - (Folios 183 y 184).

En fecha 03 de abril de 2.014, el Tribunal admite las pruebas promovidas por la parte actora. (Folio 185).

En fecha 07 de abril de 2.014, comparece la Abogada ciudadana: Licet Martínez, ya identificada, en su carácter de Apoderada Judicial de la parte demandada, y consigna escrito de Promoción de Pruebas en el presente juicio de Cobro de Bolívares, constante de Tres (3) folios útiles. - (Folios 186 al 188).

En fecha 09 de abril de 2.014, el Tribunal admite las pruebas promovidas por la parte demandada y ordena librara oficio a la Sub-Inspectoría del Trabajo ubicada en San Félix, Municipio Caroní del estado Bolívar, así como Oficio al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Trabajo sede en Puerto Ordaz. (Folios 189 al 191).

En fecha: 07 de octubre de 2.015, comparece la Apoderada Judicial de la parte actora, Abogada Roselin Pérez, ya identificada, y consigna diligencia donde solicita la ratificación de las pruebas documentales solicitada por la parte demandada a los fines de darle celeridad al presente asunto. (Folio 193).

En fecha: 14 de octubre de 2.015, se ordena ratificar las pruebas documentales propuestas por la parte demandada y se libran oficios a la Sub-Inspectoría del Trabajo ubicada en San Félix, Municipio Caroní del estado Bolívar, así como al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Trabajo sede en Puerto Ordaz, a los fines de ratificar las pruebas promovidas. (Folios 194 al 196).

En fecha: 09 de mayo de 2.019, comparece la Apoderada Judicial de la parte actora, Abogada Roselin Pérez, ya identificada, y solicita el abocamiento del juez al conocimiento de la presente causa. (Folio 197).

En fecha 13 de mayo de 2.019, se aboca al conocimiento de la presente causa el Juez encargado del Tribunal, y ordena la notificación de las partes. (Folio 198)

En fecha 14 de mayo de 2.019, comparece el Alguacil de este Tribunal y consigna boleta de notificación debidamente firmada por la parte actora, notificándola del abocamiento del nuevo juez, la cual se ordenó agregar al presente expediente. (Folios 199 y 200)

En fecha 15 de mayo de 2.019, comparece el Alguacil de este Tribunal y consigna boleta de notificación donde notifica a la parte demandada, notificándole del abocamiento del nuevo juez, la cual se ordenó agregar al presente expediente. (Folios 201 y 202).

En fecha 03 de junio de 2.019, se ordeno practicar cómputos de los días de despachos trascurrido en el presente juicio, relacionado con el abocamiento del juez. (Folio 203)

En fecha: 04 de junio de 2.019, se ordena ratificar de oficio, una vez más, las pruebas documentales de informes promovidas por la parte demandada mediante Oficio N° 2270-245, librado a la Sub-Inspectoría del Trabajo ubicada en San Félix, Municipio Caroní del estado Bolívar, así como al Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Trabajo sede en Puerto Ordaz, con Oficio N° 2270-246, a los fines de ratificar las pruebas promovidas y enviar a este Tribunal las resultas para así proceder a la continuación del presente asunto. (Folios 204 al 206).

MOTIVACIONES PARA DECIDIR.
Ahora bien, de acuerdo a la última actuación, en la que el tribunal ordenó la ratificación de las pruebas de informes, propuestas por la parte demanda en el presente juicio, es decir el día 04 de Junio del año 2.019, observándose que la causa quedó en suspenso debido a la evacuación de dichas pruebas, para poder proceder a dictar sentencia definitiva; y que hasta la presente fecha, ninguna de las partes haya comparecido a impulsar el procedimiento, por lo que no se ha observado en el expediente diligencia alguna por parte de los interesados, tendiente a seguir impulsado el curso de la presente causa.
Efectuado como ha sido el examen de las actas que conforman el presente expediente, y con el objeto de verificar el estado del procedimiento, este Tribunal pudo constatar que las partes no han comparecido a objeto de gestionar los trámites tendientes a la continuación de la causa.
Así las cosas, resulta oportuno indicar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 956, de fecha 1º de junio de 2.001, (caso Fran Valoro y Milena Portillo Manosalva de Valero), estableció en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna lo siguiente:
“A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor. Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional. (...) Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez. (...). Dentro de las modalidades de extinción de la acción, se encuentra -como lo apunta esta Sala- la pérdida del interés, lo cual puede ser aprehendido por el juez sin que las partes lo aleguen, y que tiene lugar cuando el accionante no quiere que se sentencie la causa, lo que se objetiviza mediante la pérdida total del impulso procesal que le corresponde.(...) La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin. Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?.). La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. (...). La parte que trata por todos estos medios de que el juez sentencie, está demostrando que su interés procesal sigue vivo, y por ello al interponerlos debe hacerlos constar en la causa paralizada en estado de sentencia, por falta de impulso del juez. Es más, el litigante que ha estado vigilando el expediente y que lo ha solicitado por sí o por medio de otro en el archivo del Tribunal, está demostrando que su interés en ese juicio no ha decaído. ...(omisis)... (…)¿Y es que el accionante no tiene ninguna responsabilidad en esa dilación? A juicio de esta Sala sí. Por respeto a la majestad de la justicia (artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), al menos el accionante (interesado) ha debido instar el fallo o demostrar interés en él, y no lo hizo. Pero, esa inacción no es más que una renuncia a la justicia oportuna, que después de transcurrido el lapso legal de prescripción, bien inoportuna es, hasta el punto que la decisión extemporánea podría perjudicar situaciones jurídicas que el tiempo ha consolidado en perjuicio de personas ajenas a la causa. Tal renuncia es incontrastablemente una muestra de falta de interés procesal, de reconocimiento que no era necesario acudir a la vía judicial para obtener un fallo a su favor. No es que la Sala pretenda premiar la pereza o irresponsabilidad de los jueces, ya que contra la inacción de éstos de obrar en los términos legales hay correctivos penales, civiles y disciplinarios, ni es que pretende perjudicar a los usuarios del sistema judicial, sino que ante el signo inequívoco de desinterés procesal por parte del actor... (..Omisis)..., tiene que producir el efecto en él implícito: la decadencia y extinción de la acción. (Lo subrayado es de este Juzgado). De igual manera, la misma Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 416, publicada en fecha 28 de abril de 2.009, expresó lo siguiente: …En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.”
Conforme a los criterios jurisprudenciales antes citados, la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia, supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que comience el lapso para dictar la sentencia de mérito.
En el presente caso observa este Tribunal, que por auto de fecha 04 de Junio de 2.019, se determinó ratificar mediante oficios la evacuación de las pruebas de informes, promovidas por la parte demandada, y que hasta la presente fecha ninguna de las partes a retirado por la sala de este Juzgado los respectivos oficios para su debida ratificación, desde el día 04 de junio de 2.019, quedando en suspenso o paralizada dicha causa, por lo que cualesquiera de las partes debió instar la continuación del presente juicio, en virtud de su paralización, ya hasta la presente fecha no han comparecido para la continuación del procedimiento, y por cuanto ha transcurrido por ante este despacho Cuatro Años y nueve (9) meses sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento para la continuación del juicio, objetivamente, ello se traduce en la posibilidad de apreciar que las partes ya no están interesados en activar el procedimiento o en impulsarlo hasta el estado en que haya de dictarse alguna resolución, conducta omisiva que depende naturalmente de la voluntad de los justiciables, pero que afecta, sin duda, el normal desarrollo del servicio público de administración de justicia, por congestionar innecesariamente la actividad del Tribunal y distraer la atención del Juez sobre otros asuntos que sí la requieren, por lo que resulta forzoso para este Juzgador declarar el Decaimiento de la Acción por pérdida del interés procesal. En consecuencia, y de acuerdo con los postulados jurisprudenciales anteriormente citados, se declara terminado el presente procedimiento. Así se decide.
DECISIÓN
Por todas las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Piar y Pedro Padre Chien del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, administrado Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara el DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN POR PÉRDIDA DEL INTERÉS PROCESAL, y como consecuencia de ello, se da por extinguido el presente procedimiento, ordenándose el cierre y archivo del presente expediente, que por Cobro de Bolívares, incoara la Ciudadana: Neismar Nereida Aular Hoepp, de nacionalidad venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-16.615.129, y de este domicilio, contra el Ciudadano: Gianmario La Rocca Lezama, de nacionalidad venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-11.532.303, y de este domicilio.-

Publíquese, Regístrese y déjese Copia Certificada de la presente Decisión, conforme lo estipulado en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, en la página web bolívar.scc.org.ve.-

Dado firmado y sellado en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Piar y Pedro Padre Chien del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a los Catorce (14) días del mes de Marzo del año Dos Mil Veinticuatro (2.024). Años: 213º de la Independencia y 165º de la Federación.

El Juez

_____________________________
Abg. Jesse Isaac Tirado Vargas
La Secretaria

_____________________________
Abg. Sasha Lorena Oropeza Devera.

La suscrita Secretaria deja constancia que la presente sentencia se publicó y registro en esta misma fecha, agregándose al Expediente N° 3.413-14, de conformidad con el artículo 247 del Código de Procedimiento Civil, siendo las Diez y Cuarenta y Cinco minutos de la mañana (10:45 a.m.); Asimismo se ordena la notificación de las partes del presente fallo. - Cúmplase. -

La Secretaria

Exp N° 3.413-14.-