TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SUCRE, LA TRINIDAD Y ARISTIDES BASTIDAS
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY

Guama: Miércoles, trece (13) de Marzo de Dos Mil Veinticuatro (2024)
AÑOS: 213º y 165º

EXPEDIENTE NÚMERO:
861/11
PARTE DEMANDANTE:
Ciudadano ÁNGEL RAMÓN ARTEAGA HERRERA, quien es venezolano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad N° V-12.725.902 y domiciliado en Guama, Municipio Sucre, Estado Yaracuy.
APODERADO JUDICIAL:
Abogado ELIO JOSÉ RODRÍGUEZ SALAZAR, quien está inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 99.071.
PARTE DEMANDADA:
Ciudadano GILBERTO BARRIOS, quien es venezolano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad N° V-13.095.419 y domiciliado en la Calle El Milagro, San Pablo, Municipio Arístides Bastidas del Estado Yaracuy.
MOTIVO:
COBRO DE BOLÍVARES POR INTIMACIÓN
I

El presente procedimiento de COBRO DE BOLIVARES POR INTIMACIÓN, se inicia por ante este Tribunal incoado por el ciudadano ÁNGEL RAMÓN ARTEAGA HERRERA, quien es venezolano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad N° V-12.725.902, debidamente asistido por el Abogado RAFAEL ANTONIO ÁLVAREZ CUEVAS, quien está inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 159.681, en contra del ciudadano GILBERTO BARRIOS, quien es venezolano, mayor de edad, portador de la Cédula de Identidad N° V-13.095.419.
En fecha doce (12) de Diciembre de Dos Mil Once (2011) se le dio entrada a la presente demanda, se registró bajo el N° 861/11, se admitió, y en consecuencia este Tribunal decretó la intimación del ciudadano, GILBERTO BARRIOS, antes identificado; se ordenó librar la compulsa del libelo de la demanda con copia certificada y del decreto con su orden de comparecencia al pie a la parte demandada. Asimismo, se ordenó abrir Cuaderno de Medidas (folio 04).

Al folio cinco (05), riela Boleta de Intimación debidamente firmada por el ciudadano GILBERTO BARRIOS, antes identificado, la cual fue consignada por el ciudadano Alguacil de este Tribunal, en fecha dieciséis (16) de Febrero de Dos Mil Doce (2012).

Al folio seis (06) y su vuelto, riela escrito presentado por el ciudadano ÁNGEL RAMÓN ARTEAGA HERRERA, antes identificado, debidamente asistido por el Abogado ELIO JOSÉ RODRÍGUEZ SALAZAR, quien está inscrito en el INPREABOGADO bajo el N° 99.071; en el cual otorga poder Apud Acta a dicho abogado.

Al folio siete (07), riela certificación emitida por el Secretario de este Tribunal, del poder Apud Acta otorgado en su presencia por el ciudadano ÁNGEL RAMÓN ARTEAGA HERRERA, al Abogado ELIO JOSÉ RODRÍGUEZ SALAZAR, previamente identificados.

Al folio ocho (08), riela diligencia presentada por el Abogado ELIO JOSÉ RODRÍGUEZ SALAZAR, antes identificado, con el carácter acreditado en autos, en la cual, solicita la ejecución voluntaria de la sentencia.

Al folio nueve (09), riela auto emitido por este Tribunal, en el cual da por recibida la diligencia anterior y en consecuencia decreta la ejecución voluntaria de la sentencia, otorgando un lapso de diez (10) días para que la parte demandada dé cumplimiento voluntario a la misma.

Al folio diez (10), riela diligencia presentada por el Abogado ELIO JOSÉ RODRÍGUEZ SALAZAR, antes identificado, con el carácter acreditado en autos, en la cual, solicita la ejecución forzosa de la sentencia.

Al folio once (11), riela auto emitido por este Tribunal, en el cual da por recibida la diligencia anterior y en consecuencia decreta la ejecución forzosa de la sentencia a favor de la parte demandante. Asimismo se ordenó proceder la medida en el cuaderno separado y librar el respectivo oficio a cualquier Juzgado Ejecutor de Medidas de la República Bolivariana de Venezuela.

CUADERNO DE MEDIDAS

Obra en el Cuaderno de Medidas, en fecha doce (12) de Diciembre de Dos Mil Once (2011), sentencia interlocutoria emitida por este Tribunal, en la cual, se decreta la MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO sobre los bienes muebles propiedad o en posesión del ciudadano GILBERTO BARRIOS, antes identificado. Por tal razón, este Tribunal ordena librar exhorto de comisión, por medio de oficio dirigido a Cualquier Juzgado Ejecutor de Medidas de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de practicar la medida de embargo provisional sobre los bienes de intimado (folios 01 a 04).

Al folio cinco (05) y seis (06), riela sentencia interlocutoria emitida por este Tribunal, en la cual, se decreta la MEDIDA EJECUTIVA DE EMBARGO sobre los bienes muebles propiedad o en posesión del ciudadano GILBERTO BARRIOS, antes identificado. Por tal razón, este Tribunal ordena librar el respectivo mandamiento de ejecución, por medio de oficio dirigido a Cualquier Juzgado Ejecutor de Medidas de la República Bolivariana de Venezuela, a los fines de practicar la medida ejecutiva de embargo sobre los bienes de intimado (folios 07 y 08).

Al folio nueve (09), riela la comparecencia del ciudadano ÁNGEL RAMÓN ARTEAGA HERRERA, antes identificado, quien recibe de parte del Secretario de este Tribunal, oficio N° 3320-087 contentivo de la medida ejecutiva de embargo en contra del ciudadano GILBERTO BARRIOS, antes identificado.

De ello observa esta juzgadora que fue esa la última actuación procesal que ocurrió en la presente causa.

II
PERENCIÓN

Realizada la anterior síntesis de los hechos que conforman el presente expediente, este Tribunal considera necesario pronunciarse de oficio sobre la perención de la instancia, todo de conformidad con lo establecido en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que dispone:

“…Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención…”

Conforme el contenido de la norma, el Instituto de la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA no es más que “…el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso…” (RICARDO HENRÍQUEZ LA ROCHE, Código de Procedimiento Civil, Tomo II, Pág. 329).

Esta sanción tiene su fundamento, de un lado, en la presunta expresión de voluntad de la parte de no continuar con el proceso instaurado, la cual se evidencia de la falta de impulso procesal por un período de tiempo determinado que el Legislador previó como suficiente para presumir tal circunstancia; y del otro, la necesidad del estado de evitar que los jueces se recarguen de expedientes cuya pendencia – de no ocurrir la perención – resultaría indefinida.

La perención es un acontecimiento que se produce por la falta de impulso procesal por más de un año, y la norma que la regula ha sido considerada como cuestión de orden público, es un modo de extinguir el procedimiento producida por la inactividad de las partes en un juicio, presumiendo el Juzgador que si las partes observaren la paralización, deben, para evitar la perención, solicitar oportunamente al órgano Jurisdiccional su activación, puesto que el Estado, por ser garante del proceso, está en la necesidad de evitar que éstos se prolonguen indefinidamente, manteniendo en intranquilidad a las partes.

En tal sentido es necesario que las partes en este caso, que se constituye en una demanda de COBRO DE BOLÍVARES POR INTIMACIÓN, y que en todo caso la falta de impulso procesal puede considerarse un tácito abandono de la causa, es menester señalar que la pendencia indefinida de los procesos conlleva el riesgo de romper con el principio procesal de la seguridad jurídica.

De acuerdo con el principio contenido en el Artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, al no poner en movimiento la actividad del Juzgado mediante la pertinente actuación de la parte, se extingue el impulso dado, poniéndose así fin al proceso.

Considera quien suscribe que al respecto del presente caso es necesario citar un extracto de la sentencia del 1º de junio de 2001 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Magistrado ponente Jesús Eduardo Cabrera Romero, caso Fran González y otros, expediente Nº 00-1491, sentencia Nº 956:

“El Código de Procedimiento Civil establece la institución denominada perención de la instancia… En su esencia, tal disposición persigue sancionar la inactividad de las partes (de todos los litigantes), y la sanción se verifica de derecho, la que no es renunciable por las partes, tal como lo señala el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil. El efecto de la perención declarada es que se extingue el proceso, por lo que ella ataca a la acción, y las decisiones que produzcan efectos, y las pruebas que resulten de los autos, continuarán teniendo plena validez. Simplemente, la perención finaliza el proceso, el cual no continuará adelante a partir de la declaratoria de aquélla… Por tratarse de una ‘sanción’ a la inactividad de las partes, la perención, una vez verificado el supuesto que la permite, puede declararse de oficio, sin que valga en contra que las partes o una de ellas actúo después que se consumieron los plazos cuando se produjo la inactividad… El comienzo de la paralización es el punto de partida para la perención, y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia… Estos son los principios generales sobre la perención de la instancia, los cuales son aplicables plenamente al proceso civil y a los procesos que se rijan por el Código de Procedimiento Civil… Para que exista paralización, es necesario que ni las partes ni el Tribunal actúen en las oportunidades señaladas en la ley para ello… Para que corra la perención la clave es la paralización de la causa… En razón de los argumentos expuestos, considera la Sala que la perención de la instancia, al menos en los procesos de naturaleza civil, o de los que se guíen por el Código de Procedimiento Civil, sólo funciona cuando existe inactividad de las partes… Omissis”

De lo expuesto se desprende que de las normas contenidas en nuestro Código de Procedimiento Civil establece que la falta de actividad procesal o impulso de las partes por más de un año produce la Perención de la Instancia respectiva, y esta perención es de pleno derecho e irrenunciable por las partes, en el caso de marras se evidencia claramente el transcurso de más de un año sin que ninguna de las partes efectuara ningún acto de procedimiento, entendido este como una conducta realizada por los sujetos procesales, susceptibles de constituir, modificar o extinguir el proceso.

En este mismo orden de ideas, nuestro máximo Tribunal, en su Sala de Casación Civil, Sentencia Nro. 211 del 21/06/2000, con ponencia del Magistrado Carlos Oberto Vélez, expuso: "La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil"

III
MOTIVOS DE HECHO Y DERECHO PARA DECIDIR

Ahora bien, aplicando las disposiciones procesales establecidas en la Legislación Venezolana y luego de examinar las actas procesales, se observa que la última actuación procedimental data de fecha ocho (08) de Junio del año Dos Mil Trece (2013), siendo ésta la última actuación que tuvo la causa y hasta el día trece (13) de Marzo del año Dos Mil Veinticuatro (2024), han transcurrido más de diez (10) años, es decir, que desde entonces las partes no ha realizado actuación alguna, por lo cual para la fecha ha rebasado un tiempo mayor a lo establecido en las disposiciones legales anteriores, que establecen la perención por el transcurso de un (1) año sin actividad alguna, razón por la cual no aprecia esta sentenciadora, prueba de la actividad desplegada por las partes para instar al pronunciamiento definitivo del juicio, no aparece prueba de haber requerido del expediente ni de haber solicitado su decisión, con tal actuación las partes han evidenciado su falta de actividad procesal en la presente causa, es por lo que forzosamente este Tribunal aplicando lo dispuesto en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 269 ejusdem, ha de declarar CONSUMADA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA y así se decide.