REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO YARACUY
Chivacoa, 27 de Septiembre del 2024
214º y 165º
EXPEDIENTE N° 00584
I
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES
PARTE DEMANDANTE: Ciudadano GARBIS DERMESROPIAN KARAOGLANIAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.703.268, en representación de la agropecuaria LAS MERCEDES C.A, debidamente protocolizada en fecha 21 de diciembre de 2017, por ante la Oficina de Registro Mercantil del Municipio Palavecino del Estado Lara, bajo el número 39, tomo Nro. 129 y trimestre cuatro del referido año.
REPRESENTANTE JUDICIAL: El Abg. OSMONDY CASTILLO SÁNCHEZ, Inscrito en el IPSA bajo el número N° 56.246, Defensor Público Primero (1°), en Materia Agraria, Adscrito a la Unidad de la Defensa Pública de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy.
PARTE DEMANDADA: Ciudadanos RAFAEL ÁNGEL MOGOLLÓN PULIDO, CAROLINA DEL VALLE ROSAS DE CASTILLO y ROSALIO ENRIQUE CASTILLO ROJAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad, Nros. V-2.918.165, V-7.348.343, y V-4.738.882.
REPRESENTANTE JUDICIAL: Abogados LUCAS HILDEBERTO CALDERÓN BECERRA y LUÍS PIÑA, Inscritos en el IPSA bajo los números N° 65.581y 118.989, respectivamente.
MOTIVO: ACCIÓN POSESORIA POR PERTURBACIÓN AGRARIA Y DAÑOS AL CULTIVO.
II
NARRATIVA
En la demanda por ACCIÓN POSESORIA POR PERTURBACIÓN AGRARIA Y DAÑOS AL CULTIVO, incoada por el ciudadano GARBIS DERMESROPIAN KARAOGLANIAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.703.268, en representación de la agropecuaria LAS MERCEDES C.A, debidamente protocolizada en fecha 21 de diciembre de 2017, por ante la Oficina de Registro Mercantil del Municipio Palavecino del Estado Lara, bajo el número 39, tomo Nro. 129 y trimestre cuatro del referido año, representado judicialmente por el Abg. OSMONDY CASTILLO SANCHEZ, Inscrito en el IPSA bajo el número N° 56.246, en su condición de Defensor Público Primero (1°), en Materia Agraria, Adscrito a la Unidad de la Defensa Pública de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, parte accionante en la presente causa, en contra de los ciudadanos RAFAEL ÁNGEL MOGOLLÓN PULIDO, CAROLINA DEL VALLE ROSAS DE CASTILLO y ROSALIO ENRIQUE CASTILLO ROJAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad, Nros. V-2.918.165, V-7.348.343, y V-4.738.882, representados judicialmente por los Abogados LUCAS HILDEBERTO CALDERÓN BECERRA y LUÍS PIÑA, Inscritos en el IPSA bajo los números N° 65.581y 118.989, respectivamente.
En fecha cuatro (04) de Mayo de 2018, el abogado OSMONDY CASTILLO SANCHEZ, representando al ciudadano GARBIS DERMESROPIAN KARAOGLANIAN, ambos previamente identificados, consigna escrito de demanda por ACCIÓN POSESORIA POR PERTURBACIÓN AGRARIA Y DAÑOS AL CULTIVO.
En fecha nueve (09) de Mayo de 2018, éste Juzgado Segundo de Primera Instancia Agrario ordena darle entrada mediante auto a la presente demanda por ACCIÓN POSESORIA POR PERTURBACIÓN AGRARIA y DAÑOS AL CULTIVO, y signarla bajo el Nº 00584.
En fecha catorce (14) de Mayo de 2018, éste Tribunal Agrario mediante auto admite a sustanciación la presente causa, en cuanto ha lugar en derecho se refiere, por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres o alguna disposición expresa de la Ley, ordenándose librar Boleta de citación a la parte accionada.
En fecha ocho (08) de Febrero de 2019, éste Juzgado agrario, recibe diligencia por secretaría por parte del Abg. OSMONDY CASTILLO SÁNCHEZ, inscrito en el IPSA bajo el N°56.246, mediante la que consigna comisión proveniente del Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario del Estado Lara.
En fecha catorce (14) de Febrero de 2019, se recibe por secretaría diligencia por parte del Abg. LUCAS HILDEBERTO CALDERÓN BECERRA, inscito en el ISPA bajo el N°65.581, mediante la que consiga poder debidamente autenticado por ente el Registro Público con funciones notaliares del Municipio Bruzual del Estado Yaracuy, a los fines de ejercer la representación judicial de los ciudadanos Rosalio Enrrique Castillo Reyes y Carolina del Valle Rosas de Castillo, previamente identificados.
En fecha diecinueve (19) de Febrero de 2019, se recibe por secretaría diligencia por parte del ciudadano RAFAEL ÁNGEL MOGOLLÓN PULIDO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-2.918.165, donde confiere poder apud acta a los abogados LUCAS HILDEBERTO CALDERÓN BECERRA y LUÍS PIÑA, previamente identificados.
En fecha veinte (20) de Febrero de 2019, se recibe por secretaría escrito de contestación de la demanda por parte del Abg. LUCAS HILDEBERTO CALDERÓN BECERRA, previamente identificado, en su condición de apoderado judicial de los demandados.
En fecha dieciocho (18) de Marzo de 2019, éste Juzgado agrario, emite auto agregando escrito de subsanación de cuestión previa consignado en fecha siete (07) de Marzo de 2019, por parte del Abg. OSMONDY CASTILLO SÁNCHEZ, previamente identificado.
En fecha veinte (20) de Abril de 2019, se recibe por secretaría diligencia de parte del Abg LUCAS HILDEBERTO CALDERÓN BECERRA inscrito en el IPSA bajo el N°65.581, donde promueve pruebas y solicita al Tribunal no tomar en cuenta esa subsanación hecha por la parte actora.
En fecha veinticuatro (24) de Abril de 2019, éste Juzgado agrario emitió auto de admisión de pruebas, relacionado a la oposición de la cuestiones previas por parte de la demandada.
En fecha trece (13) de Mayo de 2019, se recibe por secretaría diligencia por parte del Aguacil de este despacho, donde hace constar la entrega del oficio dirigido al Cuerpo de Investigaciones, Cientificas, Penales y Criminalísticas delegación del Estado Yaracuy.
En fecha diecisiete (17) de Enero de 2020, se recibe por secretaría diligencia por parte del Abg LUCAS HILDEBERTO CALDERÓN BECERRA inscrito en el IPSA bajo el N°65.581, donde solicita ratifique el oficio N° 2019-JSPA-0093, en fecha 24 de abril del 2019, dirigido al CICPC de San Felipe.
En fecha veinte (20) de Enero de 2020, éste Juzgado agrario emitió auto en el que ratifica oficio dirigido al Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas, delegación del Estado Yaracuy.
III
SINTESIS DE LA CONTROVERSIA
De las actas que conforman el expediente, se verifica la total inactividad en la presente causa por ACCIÓN POSESORIA POR PERTURBACIÓN AGRARIA y DAÑOS AL CULTIVO, incoada por el ciudadano GARBIS DERMESROPIAN KARAOGLANIAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.703.268, en representación de la agropecuaria LAS MERCEDES C.A, debidamente protocolizada en fecha 21 de diciembre de 2017, por ante la Oficina de Registro Mercantil del Municipio Palavecino del Estado Lara, bajo el número 39, tomo Nro. 129 y trimestre cuatro del referido año, representado judicialmente por el Abg. OSMONDY CASTILLO SANCHEZ, Inscrito en el IPSA bajo el número N° 56.246, en su condición de Defensor Público Primero (1°), en Materia Agraria, Adscrito a la Unidad de la Defensa Pública de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, parte accionante en la presente causa, en contra de los ciudadanos RAFAEL ÁNGEL MOGOLLÓN PULIDO, CAROLINA DEL VALLE ROSAS DE CASTILLO y ROSALIO ENRIQUE CASTILLO ROJAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad, Nros. V-2.918.165, V-7.348.343, y V-4.738.882, representados judicialmente por los Abogados LUCAS HILDEBERTO CALDERÓN BECERRA y LUÍS PIÑA, Inscritos en el IPSA bajo los números N° 65.581y 118.989, respectivamente.
Dispone al artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo siguiente:
“…Omissis…La perención de la instancia procederá de oficio o a instancia de la parte opositora, cuando hayan transcurrido seis meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora. La inactividad del juez o jueza después de vista la causa, o habiéndose producido la paralización por causas no imputables a las partes, no producirá la perención…Omissis…” (Negrillas del Tribunal).
Dicha normativa adjetiva agraria, como norma especial que rige la materia agraria, ha sido objeto de distorsiones en su aplicación, en cuanto, solo debe aplicarse a los procedimientos contenciosos administrativos ya que dicha norma se encuentra en el Capítulo IV denominado “Disposiciones Comunes al Procedimiento Contencioso Administrativo Agrario y a las Demandas contra los Entes Agrarios”, sin embargo hay que señalar que cuando una norma especial disponga de un recurso distinto al derecho común debe aplicarse la de la norma especial, en caso contrario estaríamos frente a un error de derecho por parte del juez agrario.
En este orden de ideas la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social se pronunció en sentencia número 0803 diecinueve (19) de mayo de 2009 (caso: Ganadera Agrobárbara C.A.) lo que a continuación se transcribe:
“…Omissis…Visto lo acontecido, se aprecia que el asunto de autos ya ha sido resuelto por esta Sala en un caso similar, y como ejemplo de ello se debe reproducir el contenido de la decisión N° 2140, de fecha 15 de diciembre del año 2008, (Caso Alí Rodolfo Bermúdez Rincón contra Instituto Nacional de Tierras), donde se estableció de forma pacífica lo siguiente:
…Omissis…
Ahora, motivado a los positivos cambios jurídicos que experimenta nuestra República -los cuales se encuentran adaptados a las realidades nacionales- esta Sala, al considerar que el proceso se constituye en una herramienta esencial para la realización de la justicia, considera oportunamente necesario, en aras de una administración de justicia idónea y sin formalismos innecesarios, abandonar el criterio conforme al cual se sanciona con la perención breve al recurrente en vía de nulidad, cuando no cumple con la obligación de retirar y posterior consignación del Cartel de Notificación de Terceros en el lapso de 10 días hábiles, luego de que el mismo haya sido expedido. Así se decide.
Por consiguiente, la perención ha considerar en materia agraria, será la establecida en el artículo 193 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es decir, cuando hayan transcurrido 6 meses sin que se haya producido ningún acto de impulso procesal por la parte actora; criterio éste que deberá ser acatado por todos los Tribunales agrarios de la República, a fin de evitar dilaciones indebidas en la administración de justicia. Así se decide.
Así pues, y dando por ratificado el contenido de la sentencia ut supra transcrita, resulta procedente el recurso de apelación propuesto, en razón de que en el presente asunto se decretó la perención breve de la instancia sin que hubieran transcurrido 6 meses de inactividad o efectuado algún acto de impulso procesal por parte del accionante, debiendo el Tribunal de la causa, seguir conociendo del presente asunto.
De igual forma, al reiterar el criterio expuesto previamente, se debe indicar, nuevamente, que el mismo debe ser acatado por todos los Tribunales Agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, a efectos de dar cumplimiento a los principios insertos en el artículo 26 de nuestra Carta Magna, que establecen la garantía que ofrece el Estado de una justicia idónea, responsable, expedita y sin dilaciones indebidas. Así se establece. (Destacado por este juzgado agrario)…Omissis…”
En el presente asunto, este tribunal agrario acata y comparte el criterio antes transcrito al establecer que se debe aplicar la perención breve en materia agraria, de seis (06) meses, tal como lo contempla el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, al decir que “reiterar el criterio expuesto previamente, se debe indicar, nuevamente, que el mismo debe ser acatado por todos los Tribunales Agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, a efectos de dar cumplimiento a los principios insertos en el artículo 26 de nuestra Carta Magna” no distingue si son tribunales superiores agrarios o de primera instancia agraria los que deben de aplicar tal norma, y al no distinguir el legislador no lo puede ser el intérprete, es decir, se deben acatar por todos los tribunales agrarios de la República Bolivariana de Venezuela, por consiguiente este tribunal en acatamiento a dicha doctrina es por la que aplica la perención breve de seis meses. Así se decide.
Así mismo la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 01595, del cinco 05 de noviembre de 2009, (caso: Sociedad Mercantil Purificadora del Ambiente Aragua C.A. contra la República Bolivariana de Venezuela) deja sentado que:
“…Omissis…Esta Sala ha establecido que la pérdida de interés debe ser declarada cuando la inactividad procesal se produce antes de la admisión o después de que la causa entre en estado de sentencia; mientras que la perención de la instancia supone que la paralización se verifique luego de la admisión y hasta la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para dictar la sentencia de mérito (Ver entre otras, sentencia de esta Sala N° 00868 de fecha 10 de junio de 2009, caso: Gisela Aranda Hermida)…Omissis…”
En base a la sentencia de la Sala Político-Administrativa antes expuesta, que comparte este tribunal agrario y revisadas las actas procesales, este Tribunal observa que, en la presente causa, desde el día diecisiete (17) de enero de dos mil veinte (2020), fecha en la que el Abg LUCAS HILDEBERTO CALDERÓN BECERRA inscrito en el IPSA bajo el N°65.581, donde solicita ratifique el oficio N° 2019-JSPA-0093, en fecha 24 de abril del 2019, dirigido al CICPC de San Felipe, lo cual fue acordado por éste Tribunal mediante auto de fecha veinte (20) de Enero de 2020; no consta en el dossier diligencia alguna por las partes intervinientes, a los fines de darle impulso procesal al presente causa; transcurriendo más de cuatro (04) años sin que se hubiere realizado acto alguno que impulse el procedimiento, lo que evidencia una absoluta ausencia de actividad procesal durante el período señalado.
En corolario con lo sentado en la sentencia ut supra, es evidente que las partes no han dado impulso a la presente causa, ni han realizado actividad alguna en el expediente que permitiese dar a entender a esta juzgadora que subsiste el interés en mantener activa la presente acción, razón suficiente por lo cual este Juzgado Segundo Agrario presume la perdida de interés de la parte demandante en que se le administre justicia en la presente causa, por lo que resulta forzoso para este Juzgado Agrario, declarar la perención de la instancia, y en consecuencia, se da por terminado el presente procedimiento y se ordena el archivo de la presente causa. Así se declara.
IV
DISPOSITIVA
En mérito de las anteriores consideraciones, este Tribunal Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara LA PERENCIÓN POR PÉRDIDA DE INTERÉS en la demanda por ACCIÓN POSESORIA POR PERTURBACIÓN AGRARIA y DAÑOS AL CULTIVO, incoada por el ciudadano GARBIS DERMESROPIAN KARAOGLANIAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-12.703.268, en representación de la agropecuaria LAS MERCEDES C.A, debidamente protocolizada en fecha 21 de diciembre de 2017, por ante la Oficina de Registro Mercantil del Municipio Palavecino del Estado Lara, bajo el número 39, tomo Nro. 129 y trimestre cuatro del referido año, representado judicialmente por el Abg. OSMONDY CASTILLO SANCHEZ, Inscrito en el IPSA bajo el número N° 56.246, en su condición de Defensor Público Primero (1°), en Materia Agraria, Adscrito a la Unidad de la Defensa Pública de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, parte accionante en la presente causa, en contra de los ciudadanos RAFAEL ÁNGEL MOGOLLÓN PULIDO, CAROLINA DEL VALLE ROSAS DE CASTILLO y ROSALIO ENRIQUE CASTILLO ROJAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad, Nros. V-2.918.165, V-7.348.343, y V-4.738.882, representados judicialmente por los Abogados LUCAS HILDEBERTO CALDERÓN BECERRA y LUÍS PIÑA, Inscritos en el IPSA bajo los números N° 65.581y 118.989, respectivamente.
Publíquese y, Regístrese.
Déjese copia certificada por Secretaría de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil y a los fines de los Ordinales 3° y 9° del artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, en Chivacoa, a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de 2024. Años: 214° de la Independencia y 165° de la Federación.
Abg. ILEANA NOHEMI ROJAS ROJAS
LA JUEZA
Abg. ALFEX ALVARADO TOVAR
EL SECRETARIO
INRR/AAT/jnth
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