TSJ Regiones - Decisión

CAPITULO I
DE LAS ACTUACIONES.
En fecha dieciséis (16) de mayo del año 2025, los ciudadanos: CHEILA CLARIBER PRIETO MALPA, titular de la Cedula de Identidad N.º V-10.663.525, con domicilio en la Urb. Teja II, calle Guárico, cruce con calle Piar, de la Población de Caicara del Orinoco del Municipio General Manuel Cedeño del Estado Bolívar y el ciudadano: SAMIR GONZALO TORRES BAEZ, titular de la Cedula de Identidad Nº V-113.245.521, con domicilio en la Calle Riobueno, Barrio Caja de Agua de Caicara del Orinoco, Municipio General Manuel Cedeño del Estado Bolívar. Debidamente asistidos por la Abg. SELENE CUDEMUS, abogado en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 318.116, y titular de la cedula de identidad N°. V-14.364.765, de este domicilio procesal, presentaron demanda de Divorcio por Desafecto e Incompatibilidad de Caracteres, con fundamento a lo dispuesto en la sentencia N.º 1070 de 09/12/2016 del Tribunal Supremo de Justicia, y Números 446 y 693 de fecha 15/05/2014, y sentencia N° 136 de fecha 03/03/ 2017, Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
Se acompañan a la presente demanda;
- Acta de Matrimonio Certificada.
- Copias Fotostática de la Cedula de Identidad de ambas partes.
- Copias del Rif. De la ciudadana: CHEILA CLARIBER PRIETO MALPA, titular de la Cedula de Identidad Nº V-10.663.525.
En fecha 20 de mayo del 2025, es Admitida la solicitud y se ordena la Notificación del Fiscal del Ministerio Público de este mismo Circuito y Circunscripción Judicial con competencia en materia de familia a fin de que conozca de la presente demanda.
En fecha 23 de mayo del 2025, El ciudadano Alguacil de este Tribunal deja constancia que la Boleta de Notificación fue recibida y firmada por el ciudadano: Nomar Figueroa Asistente de la Fiscalía Decima del Ministerio Publico del Primer Circuito del Estado Bolívar, Caicara del Orinoco, Municipio General Manuel Cedeño.
En fecha 26 de mayo del 2025, Se recibió la Opinión Favorable por parte de la Ciudadana: Abg. MARLING JOSE FLORES, Fiscal Provisorio en la Fiscalía Decima del Ministerio Publico del Primer Circuito del Estado Bolívar, Caicara del Orinoco, Municipio General Manuel Cedeño.
En fecha 11 de julio del 2025, la ciudadana; CHEILA CLARIBER PRIETO MALPA, titular de la Cedula de Identidad N.º V-10.663.525, debidamente asistida por la abogada Abg. SELENE CUDEMUS, abogado en ejercicio e inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 318.116, donde solicita que se dicte Sentencia en virtud que se han cumplido todos los requisitos establecidos por la Ley.
CAPITULO II
DE LOS FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO.
Alegan los solicitantes que contrajeron matrimonio Civil en fecha veinticuatro (24) de junio del año 2020, por ante el Registro Civil y Electoral del Municipio General Manuel Cedeño del estado Bolívar, quedando asentada el Acta bajo el Numero veintitrés (23), Folio 23 llevado por ante ese Despacho, durante el año dos mil veinte (2020), luego del matrimonio fijamos nuestro domicilio conyugal en la Urbanización O.C.V Orinoco, calle Santa Rita, casa 115, frente a las Áreas Verdes, casa s/n, de Caicara del Orinoco del Municipio General Manuel Cedeño del Estado Bolívar. De esta unión no procreamos hijos, durante un (01) año y medio consecutivo convivimos en un ambiente de paz y armonía y nuestra relación desde el principio fue armoniosa, basándose en el respeto mutuo, la tolerancia y la comprensión, es el caso ciudadano Juez, que poco tiempo después, se inició una serie de conflictos y desavenencias en nuestra relación que nos fueron distanciado como pareja, haciendo imposible nuestra vida en común, lo que provoco un distanciamiento y separación, tornándose en una ruptura prolongada y definitiva motivada la incompatibilidad de caracteres que provoco en ambos el desafecto por consiguiente el desamor mutuo, que llevo a desatención de nuestro deberes conyugales, no existiendo actualmente ningún vínculo afectivo ni apego sentimental que nos una, cabe resaltar que nos separamos hace (02) años, en cuanto a los bienes muebles e inmuebles no poseemos nada. En virtud de que no hay motivos personales ni afectivos para continuar con el referido matrimonio hemos decidió solicitar de manera voluntaria la disolución del mismo, es por ello que acudo ante su competente autoridad lo que mediante la solicitud a objeto de esta acción, decide no continuar con la separación de hecho y solicitar el divorcio por Desafecto e Incompatibilidad de Caracteres, con fundamento a lo dispuesto en la sentencia N.º 1070 de 09/12/2016 del Tribunal Supremo de Justicia, y Números 446 y 693 de fecha 15/05/2014, y sentencia N.º 136 de fecha 03/03/ 2017, Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia.
A tal efecto, La demanda de divorcio, es el proceso legal sustentado mediante la presentación de documento formal, por ante los Tribunales competentes y asistido por un abogado, en el cual uno de los esposos solicita a un Juez que se abra un juicio para determinar si su esposo o esposa ha cometido una falta grave o es incapaz de vivir en matrimonio. El Código Civil venezolano, en su artículo 185 sólo lo permitía en siete casos muy específicos, a saber:
“Artículo 185.- Son causales únicas de divorcio:
1º El adulterio.
2º El abandono voluntario.
3º Los excesos, sevicia e injurias graves que hagan imposible la vida en común.
4º El conato de uno de los cónyuges para corromper o prostituir al otro cónyuge, o a sus hijos, así como la connivencia en su corrupción o prostitución.
5º La condenación a presidio.
6º La adición alcohólica u otras formas graves de fármaco-dependencia que hagan imposible la vida en común,
7º La interdicción por causa de perturbaciones psiquiátricas graves que imposibiliten la vida en común. En este caso el Juez no decretará el divorcio sin antes procurar la manutención y el tratamiento médico del enfermo…”.
Ahora bien, en la actualidad resulta antiguo e irreconciliable con el ordenamiento constitucional, el mantenimiento de un número de causales válidas para accionar el divorcio frente a la garantía de los
derechos fundamentales y constitucionales:
• Protección constitucional de la familia por encima del matrimonio.
• Derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad
• Derecho a la dignidad del ser humano, y el respeto de la autonomía de la personalidad, de su individualidad, de la potestad de cada individuo de la especie humana de decidir en libertad y conforme a sus propias creencias, gustos y valores.
• La Tutela Judicial Efectiva: Considerada como el derecho que tiene el justiciable de activar el órgano jurisdiccional a los fines de obtener un pronunciamiento sobre sus pretensiones, concatenado con el artículo 16 del Código de Procedimiento Civil, con lo cual el ciudadano puede “acceder a los órganos de administración de justicia para obtener una sentencia que satisfaga su pretensión”.
• Protección Constitucional del Matrimonio entre un hombre y una mujer, fundado en el libre consentimiento y en la igualdad absoluta de los derechos y deberes de los cónyuges; en consecuencia, nadie puede ser coaccionado a contraer nupcias, y, por interpretación lógica ningún ser humano está obligado a permanecer unido en matrimonio.
En función al razonamiento actual del divorcio, la cual se fundamenta en el desafecto y la incompatibilidad de caracteres, tal como fue desarrollado por la Sala Constitucional del Máximo Tribunal (T.S.J.) mediante sentencia N.º 1070 de 09/12/2016 y Números 446 y 693 de fecha 15/05/2014, y sentencia N° 136 de fecha 03/03/ 2017, Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia”
En análisis y criterio jurisprudencial, el desafecto consiste en la pérdida gradual del apego sentimental, habiendo de una disminución del interés por el otro, que conlleva a una sensación creciente de apatía, indiferencia y de alejamiento emocional, lo que con el tiempo lleva a que los sentimientos positivos que existían hacia él o la cónyuge cambien a sentimientos negativos o neutrales…es evidente entonces, que cuando aparece el fenómeno del desafecto o la incompatibilidad entre los cónyuges, resulta fracturado y acabado, de hecho, el vínculo matrimonial, por cuanto ya no existe el sentimiento afectuoso que originó dicha unión, más, sin embargo, esto no implica que, desde el punto de vista jurídico se haya roto la unión matrimonial, Por lo tanto y en razón de encontrarse, de hecho, roto tal vínculo que originó el contrato de matrimonio, este no debe de seguir surtiendo efectos en el mundo jurídico, motivo por el cual no se puede someter a un procedimiento controversial al cónyuge que alegue o haga evidenciar el desafecto o la incompatibilidad de caracteres en su demanda de divorcio, pues esta Sala estando en franca sintonía con el respeto a los derechos constitucionales relativos a la libertad y el libre desenvolvimiento de la personalidad, desarrollados en la sentencia 693/2015, estableció la posibilidad de que la ruptura jurídica del vínculo matrimonial se pueda generar por causas no previstas en la legislación patria, es decir, que el desafecto y la incompatibilidad de caracteres, creadores de disfunciones en el matrimonio y la familia, siendo esta la base fundamental para el desarrollo de la sociedad, pueden ser alegados con el fin de obtener una sentencia que disuelva el vínculo jurídico que une a los cónyuges, para así lograr el desenvolvimiento efectivo de los principios, valores y derechos constitucionales que rigen la materia, así como la protección familiar y de los hijos –si es el caso- habidos durante esa unión matrimonial en la cual se produjo el desafecto o la incompatibilidad señalada. Así se decide.
En este orden de ideas y criterios doctrinales y jurisprudenciales antes citados la nueva Causal de Divorcio conocida como DESAFECTO O DESAMOR, Jurisprudencia N.º 1070 de la Sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia: “…omissis… una vez expresada en los términos descritos la Voluntad de disolver la unión matrimonial …omissis…debe tener como efecto la disolución del vínculo. …omissis…sin condicionantes probatorios…omissis…debe depender de la libre manifestación de voluntad del cónyuge de disolver el vínculo por la terminación del afecto, lo cual es más acorde con las exigencias constitucionales del libre consentimiento que impone el derecho de libre desarrollo de la personalidad y sin que el procedimiento pretenda invadir la esfera privada del cónyuge solicitante y sin cuestionar el libre desarrollo de su personalidad, pues las relaciones conyugales se establecen para vivir manteniendo el vínculo afectivo”. Y así se decide. –

Queda Demostrado mediante las presentes actuaciones; La no Objeción por parte del Representante del Ministerio Público, en defensa del Matrimonio como base de la familia. Y así se hace constar.
CAPITULO IV
DE LA COMPETENCIA.
Pasa a continuación este Tribunal a revisar su competencia para conocer la presente solicitud, conforme a las observaciones siguientes: La competencia consiste en la distribución del poder Jurisdiccional entre los distintos Tribunales a los cuales se le asigna el conocimiento de determinados asuntos por disposición expresa de la Ley, cuya vinculación al derecho de defensa se encuentra contemplada en los numerales 3º y 4º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ya que a través de ella el justiciable es juzgado por su Juez natural y competente, como expresión de la garantía de un debido proceso.
En tal sentido, el artículo 3º de la Resolución N.º 2009-0006, dictada en fecha 18 de marzo de 2009, por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, dispone:
Artículo 3: “Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de Jurisdicción Voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza. En consecuencia, quedan sin efecto las competencias designadas por textos normativos preconstitucionales. Quedando salvo las competencias que en materia de violencia contra la mujer tienen atribuida”.
Conforme a la anterior disposición jurídica, corresponde a los Juzgados de Municipio conocer de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosos en material civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza, por lo que este Tribunal resulta competente para conocer la presente solicitud no contenciosa. Y así se declara.