TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL NUEVO REGIMEN PROCESAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL
DEL ESTADO MONAGAS
EN SU NOMBRE
Maturín, veintitrés (23) de Junio de 2025
215° y 166°
ASUNTO: NP11-O-2024-000003

DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

PARTE ACCIONANTE: JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSÉ GREGORIO OLIVEROS Y JOSÉ RAFAEL PÉREZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad N° (s) V-17.403.390, V- 9.285.465 y V- 2.643.610 respectivamente.
APODERADO JUDICIAL: WILLIAM EDUARDO NÚÑEZ VELIZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-8.364.840 e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 44.987.
PARTE ACCIONADA: CONSTRUCTORA VIDALSA 27, C.A.; HELIOS PETROLEUM SERVICES S.A., los cuales dieron origen al CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL.
MOTIVO: ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL.

ANTECEDENTES
En fecha siete (07) de mayo de 2024, los ciudadanos JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ, JOSÉ GREGORIO OLIVEROS y JOSÉ RAFAEL PÉREZ, debidamente asistidos por el abogado en ejercicio ciudadano WILLIAM EDUARDO NUÑEZ VELIZ, todos ya identificados, presentan por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Coordinación del Trabajo, ACCION DE AMPARO CONSTITUCIONAL, contra las entidades de trabajo CONSTRUCTORA VIDALSA 27, C.A.; HELIOS PETROLEUM SERVICES S.A, los cuales dieron origen al CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL., por la presunta violación de los derechos constitucionales consagrados en los Artículos 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 1, 7 y 13 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; y el artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, para lograr por vía excepcional y extraordinaria, el cumplimiento de las providencias administrativas Nº (s) 068-2023, 066-2023 y 067-2023 todas de fecha dieciséis (16) de junio de 2023, emanadas de la Inspectoría del Trabajo de Maturín, estado Monagas; y previa distribución realizada por la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD), correspondió su conocimiento al Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de esta Circunscripción Judicial, siendo recibido en la misma fecha, mediante auto cursante al folio ciento treinta y nueve (f. 139) del expediente.

DE LO ALEGADO POR LOS PRESUNTOS AGRAVIADOS (ACCIONANTES).
En el escrito libelar señalan lo siguiente:
CAPITULO PRIMERO. PUNTOS PREVIOS.
PRIMER PUNTO PREVIO: De las Cláusulas Cuarta y Quinta del Documento Constitutivo del Consorcio Operador Helios Vidal, relacionadas con los derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades frente a terceros.
1.- “CLAUSULA CUARTA: (OMISIS) Los derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades frente a terceros provenientes de asuntos relacionados con el contrato de servicio, serán asumidos por las sociedades mercantiles, consorciadas de manera solidaria e indivisible…” 2.- CLAUSULA QUINTA: (OMISIS) la sociedad mercantil CONSTRUCTORA VIDALSA 27, C.A., aportara para EL CONSORCIO,… el suministro de personal especializado,…”
SEGUNDO PUNTO PREVIO: De la Constitución legal del Consorcio Operador Helios Vidal y de las sociedades mercantiles Constructora Vidalsa 27, C.A., y Helios Petroleum Services, S.A.
TERCER PUNTO PREVIO: De la contratación de los trabajadores.
.- Alegan los accionantes que fueron contratados por la sociedad mercantil CONSTRUCTORA VIDALSA 27, C.A., tal como se expresó en el documento constitutivo del “CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL”, en su cláusula quinta “(omisis) la sociedad mercantil CONSTRUCTORA VIDALSA 27, C.A., aportará para el CONSORCIO… el suministro de personal especializado”;
.- Aducen que no se expresó en el documento constitutivo del Consorcio Operador Helios Vidal, que ellos hayan sido contratados, única y exclusivamente para la obra mencionada o si por el contrario fueron contratados a tiempo indeterminado; que por interpretación a contrario, hacen valer el principio indubio pro operario al presentarse la razonable y lógica duda al respecto.
CAPITULO SEGUNDO.
.- De la decisión de la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia que hace procedente el presente recurso de amparo constitucional contra las empresas consorciadas
27 C.A., y Helios Petroleum Services S.A. Del escrito libelar se evidencia que la parte accionante hace referencia a la sentencia Nº 833, de fecha 14/08/2017, proferida por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, procediendo a transcribir parcialmente la mencionada decisión.
CAPITULO TERCERO. DE LOS HECHOS.
1.- DEL INICIO DE LA RELACION LABORAL
.- Que los ciudadanos JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ, JOSÉ GREGORIO OLIVEROS y JOSÉ RAFAEL PÉREZ, fueron contratados como trabajadores en las siguientes fechas 07/10/2018, 01/01/2019 y 16/10/2018, iniciando así sus relaciones de trabajo de manera indeterminada, personal, subordinada e ininterrumpida hasta el momento de su irrito despido, para desarrollar contratos de obras y servicios suscritos por esta empresa con Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA); entre otras, es decir, para laborar además en el Proyecto y las Obras Conexas con la Operación del Campo Orocual, ubicado en el Municipio Maturín estado Monagas, enmarcado dentro de los lineamientos y parámetros establecidos dentro del Contrato de Servicio suscrito con la empresa PDVSA, proyecto éste que se estaría desarrollando a través del Consorcio Operador Helios Vidal, según contrato constitutivo de la creación de este consorcio y las empresas consorciadas Constructora Vidalsa 27 C.A y Helios Petroleum Services S.A.; ubicadas Constructora Vidalsa 27 C.A y Consorcio Operador Helios Vidal, en la vía de “El Rincón de Monagas”, después de la Urbanización “Lomas del Viento”, a un Kilómetro de la Carretera Nacional, el Sur de Monagas, Maturín estado Monagas (aun cuando el Consorcio Operador Helos Vidal, tenía inicialmente su oficina en el Centro Comercial Petroriente, piso 2, pasillo Azul, Oficina Nº 43, Avenida Alirio Ugarte Pelayo de esta ciudad de Maturín, Estado Monagas, oficinas administrativas que fueron cerradas.
2.- DE LOS CARGOS DESEMPEÑADOS POR LOS ACCIONANTES. Que los cargos desempeñados al momento de sus injustificados despidos fueron: Supervisor de Mantenimiento de Planta, el primero de los mencionados; Supervisor de Operaciones, el segundo y tercero de los nombrados.
3.- DEL SALARIO DEVENGADO POR JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE GREGORIO OLIVEROS y JOSE RAFAEL PEREZ.
.- Alegan que el salario integral devengado por ellos, fue de Tres Mil Doscientos Sesenta y Seis Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 3.266,00); Tres Mil Setecientos Uno con Noventa y Tres Céntimos (Bs. 3.701,93) y Tres Mil Doscientos Veintisiete Bolívares con Cero Céntimos (Bs. 3.227,00) respectivamente. Que el salario se les cancelaba en bolívares y en dólares de los EEUU de Norteamérica, tal como quedo expresado en el Acta de Reclamos de su solicitud de reenganche, pago de salarios caídos y otros conceptos laborales, que el patrono nunca negó sino que fue aceptado. Que a partir del 15/09/2019, su patrono dejo de cancelar, parte del pago que se les hacía en divisas ($USD); con la promesa que les hacían, que pronto le cancelarían lo adeudado en esa moneda.
4.- DEL INCUMPLIMIENTO DEL PAGO DE SU SALARIO. Manifiestan que a partir del 15/12/2021, se les dejó de cancelar su salario mensual, así como los demás derechos laborales legales y contractuales, sin ninguna explicación al respecto, manteniendo los representantes, tanto de la empresa CONSTRUCTORA VIDALSA 27, C.A, como del CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL, total silencio al respecto.
5.- DE LA SOLICITUD DE REENGANCHE Y EL PAGO DE LOS SALARIOS CAIDOS PRESENTADOS POR ANTE LA INSPECTORIA DEL TRABAJO DEL ESTADO MONAGAS. Arguyen que fecha 14/01/2022 el ciudadano José Luís Rodríguez González y en fecha 05/01/2022 los ciudadanos, José Gregorio Oliveros y José Rafael Pérez, presentaron por ante la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, a tenor de lo contemplado en el artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, solicitud de reenganche a sus puestos de trabajo y la restitución de sus derechos laborales, en las mismas condiciones en las que se encontraban para el momento del irrito despido, solicitando se les cancele sus salarios caídos causados y demás beneficios dejados de percibir, desde la fecha de sus injustificados despidos 15/12/2021 hasta su reincorporación..
CAPITULO CUARTO. DEL AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA.
.- Exponen que en fecha 26/04/22, se trasladaron a la sede de la entidad de trabajo Constructora Vidalsa 27, C.A y del Consorcio Operador Helios Vidal, ubicada en Carretera Nacional, El Sur de Monagas, vía El Rincón de Monagas al lado de la Urb. Lomas del Viento, Maturín estado Monagas, en compañía de un funcionario del Trabajo del Órgano Administrativo, a los fines de practicar la ejecución de la orden de reenganche, pago de salarios caídos y demás beneficios laborales dejados de percibir; que el funcionario del trabajo dejo constancia que “en la entidad de trabajo no salió nadie a atenderlos”., actuaciones que se verifican en las copias que acompañan de los expedientes 044-2022-01-000009 y 044-2022-01-000010
.- Que en fecha 23/08/22, se trasladaron a la sede de la entidad de trabajo Constructora Vidalsa 27 C.A y del Consorcio Operador Helios Vidal, ubicada en Carretera Nacional, El Sur de Monagas, vía El Rincón de Monagas al lado de la Urb. Lomas del Viento, Maturín estado Monagas, en compañía de un funcionario del Trabajo del Órgano Administrativo, a los fines de practicar la ejecución de la orden de reenganche, pago de salarios caídos y demás beneficios laborales dejados de percibir; que el funcionario del trabajo dejo constancia en el acta levantada que fueron atendidos por el ciudadano José Gregorio Brito en su condición de Gerente de Operaciones, quien se comunicó vía telefónica, con el ciudadano Carlos Acosta Pérez, quien manifestó ser presidente del Consorcio Operador Helios Vidal, expresando que: se presentaría el día jueves veintiocho de agosto del presente año (25/08/2022) en la sede de la inspectoría del trabajo de Maturín. Que en fecha 25/08/22, los accionantes comparecieron a la sede la Inspectoría del Trabajo, no hubo asistencia patronal al acto.
.- Que en fecha 02/06/23, se trasladaron a la sede de la entidad de trabajo Constructora Vidalsa 27 C.A y del Consorcio Operador Helios Vidal, ubicada en Carretera Nacional, El Sur de Monagas, vía El Rincón de Monagas al lado de la Urb. Lomas del Viento, Maturín estado Monagas, en compañía de un funcionario del Trabajo del Órgano Administrativo, a los fines de practicar la ejecución de la orden de reenganche, pago de salarios caídos y demás beneficios laborales dejados de percibir; que el funcionario del trabajo dejo constancia en el acta levantada que fueron atendidos por el Ciudadano José Gregorio Brito Urbina en su condición de Gerente de Operaciones, y quien se comunicó con el ciudadano Carlos Acosta, Presidente del Consorcio Operador Helios Vidal, quien reconoció a los accionantes como trabajadores del Consorcio manifestando “ que Helios Vidal no contaba con recursos ni la sede para reincorporarlos”; así mismo el funcionario dejo constancia de la presencia de la Inspectora Jefe del Trabajo Dra. Catherine Mota, y que visto que se configura el DESACATO y la rebeldía por parte de la empresa de acatar orden de reenganche y pago de salarios caídos, se eleva la propuesta de multa establecida en el artículo 532 de la Ley Orgánica del Trabajo los Trabajadores y las Trabajadoras, expedientes 044-2022-01-000040, 044-2022-01-000009 y 044-2022-01-000010
.- Señalan que en fecha 16/06/2023, la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas emite las providencias administrativas signada con los números: 068-2023, 066-2023 y 067-2023. Que en fecha 05/09/23, se trasladaron a la sede de la entidad de trabajo Constructora Vidalsa 27 C.A y del Consorcio Operador Helios Vidal, en compañía de un funcionario del Trabajo del Órgano Administrativo, a los fines de practicar la ejecución de la orden de reenganche, pago de salarios caídos y demás beneficios laborales dejados de percibir; que el funcionario del trabajo dejo constancia en el acta levantada que fueron atendidos por el ciudadano Jesús Lorenzo Pérez en su condición de Jefe de Seguridad de la empresa Constructora Vidalsa 27 C.A , señalando que “ no se encontraba en el sitio el representante de la empresa y no podía autorizar la entrada”.
.- Que en fecha 14/09/23, se trasladaron a la sede de la entidad de trabajo Constructora Vidalsa 27 C.A y del Consorcio Operador Helios Vidal, a los fines de practicar la ejecución forzosa de la orden de reenganche, pago de salarios caídos y demás beneficios laborales dejados de percibir, el funcionario del trabajo dejo constancia en el acta levantada que fueron atendidos por el Ciudadano José Gregorio Brito Urbina, en su condición de Gerente de Operaciones de la empresa Constructora Vidalsa 27 C.A, quien expuso que no representa al Consorcio Operador Helios Vidal y no contar con autoridad para dar respuesta en torno al reenganche ni a los salarios caídos.
.- Que en fecha 15/09/23, se trasladaron a la sede de la entidad de trabajo Constructora Vidalsa 27, C.A y del Consorcio Operador Helios Vidal, en las direcciones ya indicadas en compañía de un funcionario del trabajo, a los fines de practicar la ejecución forzosa de la orden de reenganche, pago de salarios caídos y demás beneficios laborales dejados de percibir; que el funcionario del trabajo dejo constancia en el acta levantada que fueron atendidos por el Ciudadano José Amadeo Salas, apoderado judicial del Consorcio Operador Helios Vidal, quien procedió a solicitar, en aras de buscar una posible solución al reenganche, pago de salarios caídos y demás beneficios reclamados, la realización de una reunión para el día sábado 16/09/2023.
.- Que en fecha 09/11/23, se trasladaron a la sede de la entidad de trabajo Constructora Vidalsa 27 C.A y del Consorcio Operador Helios Vidal, en la referida dirección, acompañados de una funcionaria del trabajo, a los fines de practicar la ejecución de la orden de reenganche, pago de salarios caídos y demás beneficios laborales dejados de percibir; que la funcionario del trabajo dejo constancia en el acta levantada que fueron atendidos por el apoderado judicial del Consorcio Operador Helios Vidal, Ciudadano José Amadeo Salas, y quien expuso “No nos oponemos al reenganche, ni al pago de los salarios caídos de los trabajadores”, solicitando la presentación de los cálculos de los salarios caídos adeudados a cada uno de los accionantes; que la funcionaria dejo constancia de la aprobación por parte de la empresa del reenganche de los trabajadores y del pago de los salarios caídos. Que en fecha 10/11/2023 fueron entregados los cálculos de los salarios caídos al apoderado judicial del Consorcio Operador Helios Vidal.
.- Que en fecha 24/11/2023 el Órgano administrativo ordena a solicitud de los accionantes, se dejara constancia del no acatamiento del reenganche y del pago de los salarios caídos por parte de la empresa Constructora Vidalsa 27, C.A. y del Consorcio Operador Helios Vidal. Que en fecha 29/11/23, se trasladaron a la sede de la entidad de trabajo Constructora Vidalsa 27 C.A y del Consorcio Operador Helios Vidal, acompañados de un funcionario del trabajo, para realizar procedimiento de verificación de reenganche y pago de salarios caídos y demás beneficios. Que el funcionario del trabajo dejo constancia en el acta levantada que fueron atendidos por la Ciudadana Zugey Villafranca, quién dijo ostentar el cargo de asistente administrativo, manifestando que el jefe Coronel José Brito se encontraba en Morichal.
.- Que en fecha 17/01/2024, se trasladaron a la sede de la entidad de trabajo Constructora Vidalsa 27 C.A y del Consorcio Operador Helios Vidal, en la dirección ya señalada, acompañados de un funcionario del trabajo a los fines de realizar procedimiento de verificación de reenganche y pago de salarios caídos y demás beneficios; que el funcionario del trabajo dejo constancia que fueron atendidos por el Ciudadano José Gregorio Brito en su condición de Gerente de Operaciones y que expreso “no representar al Consorcio Operador Helios Vidal; que no cuenta con autoridad para dar respuesta, tampoco reenganchar a ningún trabajador. Que la funcionaria dejo constancia en acta que no hubo fiel cumplimiento de la orden de reenganche y pago de salarios caídos, firmada por las partes el 09/11/2023.
CAPITULO QUINTO. DEL PROCEDIMIENTO DE MULTA POR ANTE LA INSPECTORIA DE SANCIONES DEL ESTADO MONAGAS.
Expedientes relacionados con el procedimiento de multa S011-00083-2023, S011-00085-2023 y S011-00084-2023.
.- Señalan que en fecha 02/06/2023 el funcionario de la Inspectoría del Trabajo de Maturín, estado Monagas, Trino Fajardo, eleva propuesta de multa establecida en el artículo 532 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, a la Sala de Sanciones de la Inspectoría del Trabajo, para aperturar el procedimiento. Que en fecha 15/11/2023 el órgano administrativo admite e inicia el procedimiento sancionatorio, acompaña auto emanado de la Inspectoría del Trabajo.
.- Que en fecha 04/12/2023 un funcionario (Javier Guerrero) hizo acto de presencia en Constructora Vidalsa 27 C.A y del Consorcio Operador Helios Vidal, ubicada en Carretera Nacional, El Sur de Monagas, vía El Rincón de Monagas al lado de la Urb. Lomas del Viento, Maturín estado Monagas, para fijación de carteles de notificación a la empresa y al consorcio., dejando constancia que el patrono o su representante se negó a recibir la notificación. Que en fecha 13/12/2023, el Inspector del Trabajo Jefe en Materia de Sanción, dejó constancia en autos, de la finalización del plazo de cinco (5) días hábiles previstos en el literal “C” del artículo 547 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras; que el despacho sancionatorio acuerda Primero Declarar al accionado confeso en la causa. Segundo, pasar la causa a su fase de decisión. Y generó las providencias administrativas de Sanciones Nº S011-00083-2023 caso José Rodríguez; S011-00085-2023 caso José Gregorio Oliveros y S011-00084-2023 caso José Rafael Pérez. Que dichas Providencias Administrativas declararon CON LUGAR el referido procedimiento de multa.
.- Que en fecha 14/12/2023, el funcionario de la Inspectoría del trabajo (Willy López), hizo acto de presencia en la sede de la Constructora Vidalsa 27 C.A y del Consorcio Operador Helios Vidal, en la dirección antes indicada, para la fijación de carteles de notificación a la empresa, dejando constancia de la negativa del patrono o su representante a recibir la notificación. Que en esa misma fecha, el Inspector del Trabajo Jefe en Materia de Sanción, se trasladó hasta la sede de la empresa Constructora Vidalsa 27 C.A y del Consorcio Operador Helios Vidal, y dejó constancia que “fue atendido por el Gerente de Operaciones José Brito quien manifestó que no tenía orden de recibir ningún tipo de documentación, que es trabajador de la empresa Vidalsa; así mismo dejó constancia que el mencionado ciudadano se negó a recibir el cartel; y que igualmente se procedió a fijar cartel.
.- Alegan los accionantes que conforme a lo anterior, se agotó la vía administrativa, llevándose a cabo todo cuanto estaba a disposición del órgano administrativo para la ejecución de las providencias; sin que se haya logrado la efectiva restitución de sus derechos; que le han sido vulnerados de esta manera las garantías constitucionales referentes al derecho al trabajo, el derecho a percibir un salario digno así como el derecho a la estabilidad laboral. Que en los respectivos expedientes se pueden leer las gestiones realizadas a los fines del agotamiento de la vía administrativa y del procedimiento de multa que se llevó a cabo por ante la Inspectoría de sanciones del Trabajo del estado Monagas.
CAPITULO SEXTO. DEL CRITERIO JURISPRUDENCIAL QUE HACE PROCEDENTE EL PRESENTE AMPARO CONSTITUCIONAL. Del escrito libelar se evidencia que la parte accionante hace referencia a la sentencia Nº 00174, de fecha 21/02/2024, proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, procediendo a transcribir la mencionada decisión.
CAPITULO SEPTIMO. EL DERECHO
Del escrito libelar se constata que la parte accionante, en este capítulo procede a señalar los artículos 2, 26, 27, 87 y 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; e igualmente transcribe el contenido de los artículos 1, 7, y 13 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantía Constitucionales; así como el artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.
CAPITULO. PETITORIO. La parte accionante solicita sea declarado CON LUGAR la acción de amparo constitucional; y se constata que conjuntamente con su escrito libelar, promovió las pruebas que considero pertinente.

Adicional a lo esgrimido en el escrito libelar, se observa de la reproducción audiovisual de la audiencia constitucional efectuada en fecha 28/05/2025, que la parte accionante por intermedio de su apoderado judicial, procede a señalar lo siguiente:

DE LOS ALEGATOS DE LA PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA (ACCIONANTE) EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORAL Y PÚBLICA.
.- Alega el recurrente como punto previo, que cursa en el folio 440 del expediente, poder otorgado a los abogados presentes por el ciudadano Jesús Vidal Salazar Acevedo, considerando que es insuficiente por cuanto no contempla la cualidad para estar en este acto, por cuanto, si bien señala que pueden ejercer recursos extraordinarios o el recurso de amparo, no señala con exactitud que tienen cualidad para estar presentes en esta audiencia constitucional; siendo así, solicita sea tomado y valorado por este Tribunal.
.- Que en representación de los ciudadanos José Luís Rodríguez González, José Gregorio Oliveros e Hilda Lucía Goitte de Pérez; han acudido al Tribunal, siendo el enfoque central del porqué están en Tribunales, la protección de la justicia; por la violación de derechos fundamentales y que emanan de las providencias administrativas, como es el derecho al trabajo, la estabilidad laboral, consagrados en los artículos 87, 89, 93 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, así mismo invoca la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 26 y el debido proceso y derecho a la defensa contenido en el artículo 49 Constitucional; artículos todos que conducen al artículo 2 sobre el estado democrático social de derecho y de justicia concatenado con el articulo 257 también constitucional, que tiene que ver con el proceso judicial como instrumento para el logro de la justicia.
.- Que sus representados acudieron al Órgano administrativo para solicitar el reenganche y pago de salarios caídos, en virtud del despido injustificado por cuanto todos sus salarios fueron dejados de cancelar desde noviembre del año 2019, hasta que se concreta con la no cancelación de un bono que venían cobrando periódicamente, lo que los obliga a acudir a la vía administrativa; que al haber cumplido con todo el procedimiento administrativo, como consta del expediente, a través de varias solicitudes de ejecución del reenganche que no se pudo dar nunca, y se encuentran reflejadas en las actas que emanan del ente administrativo, siendo que el Inspector del Trabajo tiene la facultad que le otorga el artículo 425 de la LOTTT ellos acudieron hasta allá para el resarcimiento.
.- Que sus representados intentan el procedimiento contra un Consorcio, y que conforme al acta constitutiva que consta en el expediente, en su cláusula quinta se señala que quienes realmente contrataron a los trabajadores es la Constructora Vidalsa 27, C.A., que además el Consorcio tiene capacidad para contratar, que la cláusula novena, numeral 15, establece que el Consorcio tiene facultad para contratar trabajadores; que realiza tal señalamiento, porque en las últimas tres solicitudes de ejecución de reenganche que ocurrieron, el abogado José Amadeo Salas acudió a la empresa Constructora Vidalsa, por donde realmente se llevaron todos los procedimientos de ejecución, porque el Consorcio donde tenía sus oficinas en el Centro Comercial Petroriente como lo señala el documento constitutivo, la cerraron hace mucho tiempo; que consta en el expediente que todas las actuaciones se llevaron a cabo en la Constructora Vidalsa, y además se dejó establecido que el abogado Salas Jaimes, estuvo de acuerdo con el reenganche, con el pago de los salarios caídos, reconoció que fue un despido irrito y se abrió un compás para el pago de los salarios caídos, que al día de hoy no ha sido.
.- Que observando todo esto, acuden a la vía judicial; que el motivo del amparo es porque existe la necesidad de que esos derechos que le han sido conculcados, como es el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral, porque a la Inspectoría del Trabajo ya se le acabo esa fuerza para ejecutar sus propias decisiones; que por eso emana la Sentencia de la Sala Constitucional, en relación que ya agotado el procedimiento administrativo (7 oportunidades) y agotado el procedimiento de sanciones ante la Inspectoría de multa, y no habiendo procedido el reenganche y pago de salarios caídos; que se ha incumplido con ambos, tanto reenganche y pago de salarios.; que además los daños morales, el fallecimiento de uno de los accionantes. Que hay dos lesionados o víctimas, la primera es el Estado, porque habiendo decidido la Inspectoría del Trabajo a través de la providencia administrativa, el patrono no ha querido cumplir, por lo que más que un acto ilegal también es un acto lesivo; y la otra, son los trabajadores, porque al acudir a una instancia y dándole la razón desde el año 2022 al día de hoy, no lo han logrado.
.- Que el Fiscal General de la República el 31/01/2025, emano una orden de su despacho hacia todas las Fiscalías Superiores del país, donde se les instruye que en caso de reenganche y haya incumplimiento del patrono a un reenganche se le debe abrir procedimiento penal; que es una situación de extrema gravedad; que en ámbito constitucional ya se ha vulnerado todos sus derechos, el principio progresividad y de tutela judicial efectiva.
.- Que encuadra la violación del derecho al trabajo dentro de una violación a los derechos, por eso se habla del derecho al trabajo y su estabilidad. Que una orden emanada de la Inspectoría del Trabajo, que debe administrar justicia, la cual ha sido vulnerada. Que en razón de la justicia, ante la inejecución de la providencia esta la vía constitucional; que las actas del expediente emanan de la Inspectoría del Trabajo, ente facultado para ello. Que la no presencia del Consorcio Operador Helios Vidal y de Helios Petroleum Services, quedan confesas.
.- Que solicita al Tribunal, declare: 1) con lugar el amparo constitucional interpuesto por sus representados; 2) Se ordene de manera inmediata el cumplimiento de la providencia administrativa que tiene que ver con el reenganche y pago de salarios caídos; 3) La indexación judicial en el pago de todo, vista la hiperinflación.

E igualmente se constata de la reproducción audiovisual de la audiencia constitucional, la exposición de los alegatos presentados por el Co-apoderado judicial de la entidad de trabajo Constructora Vidalsa, 27, C.A., en la cual manifestó lo siguiente:

DE LOS ALEGATOS DE LA PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE (CO-ACCIONADA) EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL ORAL Y PUBLICA.
.- Arguye que en cuanto al punto previo invocado por la parte accionante, quedara a criterio del Tribunal, la suficiencia de este mandato que les ha sido legítimamente otorgado, para atender no solamente una acción de amparo constitucional sino que con este documento han atendido hasta Casación sin ningún tipo de impedimento; que esta es la tercera vez que el apoderado judicial intenta una acción de amparo constitucional.
.- Que es una vía excepcional, especial, extraordinaria; y que si bien existe jurisprudencia que está siendo desarrollada, hay puntos que deben ser tomados en consideración, sobre toda en la forma que se ha pretendido utilizar esta institución, que consagra no solo la Constitución sino también la Ley Especial.
.- En primera instancia, solicitan la improcedencia del amparo por varias razones: porque lejos de lo que dice la parte actora, los reenganches que con muchísimos vicios en su procedimiento y ejecución se ordenaron, jamás fueron opuestos, aunque se hayan ordenado y versen insertos en los expedientes, los cuales no fueron notificados en la sede o domicilio del Consorcio, sino como fue evidente durante todo el proceso administrativo, se quiso confundir dos entidades de trabajo que son independientes, aunque en su origen existe un vínculo, pero que no es en sede administrativa que se va a dirimir lo que pudiera entenderse como levantamiento del velo corporativo por vía administrativa, que considera no le corresponde a la Inspectoría del Trabajo.
.- Que en muchas ocasiones se intentaron diferentes diligencias, donde se indicó que todas las actuaciones que pretendió hacer el apoderado judicial de los accionantes, se intentó en un domicilio que no pertenecía al Consorcio quien tiene su propia sede, es una entidad de trabajo independiente a otra, la cual se encuentra representando; que jamás se opusieron a lo que era inevitable, porque hasta la fuerza pública fue utilizada. Que en todas las actas quedó la mención expresa de que estaban reenganchando a un personal especializado en el área petrolera en un patio de máquina, que no era la sede y domicilio fiscal de Constructora Vidalsa quien tiene su domicilio fiscal en Caracas.
.- Que todas las actuaciones han querido vincularla a Constructora Vidalsa, cuando la entidad de trabajo que genero la relación laboral era el Consorcio; que aparte del error en el domicilio durante todo el proceso, está la confusión en las entidades de trabajo, que es lo más importante; la cual fue inducida; lo cual generó que la Inspectoría del Trabajo redujera a Constructora Vidalsa como única sede para obtener todas y cada una de las notificaciones, que si bien no se opusieron pero dejaban constancia que no se trataba de la misma persona jurídica y mucho menos de la misma entidad de trabajo.
.- Que por dicha situación, recurrieron en fecha 22/01/2025 a través de un recurso jerárquico, ante las irregularidades que hubo no solo en estas tres providencias administrativas sino también en función de los expedientes llevados por la Inspectoría del Trabajo; donde el titular de la cartera de Trabajo, ordenó la subsanación de consecuencias de todos los expedientes, la cual fue parcial porque solo llego a los efectos, Constructora Vidalsa que había sido indebidamente sancionada en el RNET lo que limitaba el acceso a la solvencia laboral, fue levantado. Que promueve Inspección Judicial en la sede de la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, sobre la decisión mediante oficio Nº 0026-2025 emanada de la Inspectora del Trabajo Jefa en fecha 03/02/2025, donde denota que hubo un error, que alega puede llamarse involuntario e inducido, ya que se pretendió confundir las dos entidades de trabajo; que se encontraban en una situación de indefensión, reclamaron e hicieron un recurso jerárquico y el ente administrativo corrige parcialmente efectos pero no va hacia las providencias administrativa que no corrige ni subsanan, y que fundamentan la presente acción de amparo.
.-Que le sorprende cuando el apoderado judicial de los accionantes denota el tiempo en ejecución, tres años en vía administrativa y luego acudir a una acción de amparo constitucional, sin haber acudido a la jurisdicción especial que rige la materia; que la doctrina ha señalado que la acción de amparo se ejercerá cuando no exista medio procesal eficaz acorde para la protección constitucional; lo cual no denota eficacia en la representación. Que les ha tocado recibir todo el peso del procedimiento administrativo. Que si los reenganches se ejecutaron y si los trabajadores no se presentaron, aunque era un patio de máquina; que existe todo un procedimiento de notificación, incluso vía telemática como ocurrió en el presente amparo. Que hay hechos controvertidos que le corresponde a un Juez Laboral conocer, no a la Inspectoría del Trabajo. Que no entiende luego de tres años, como el apoderado judicial de los accionantes no ha acudido a la vía ordinaria; que además está la disposición de buscar incluso método de auto composición laboral por la vía conciliatoria.
.- Que existe un medio procesal eficaz, sumario, especializado en el área, por lo que estima que utilizar la acción de amparo constitucional para que el Tribunal, se convierta en un Tribunal de ejecución de un acto administrativo, que considera que es causal de improcedencia que se hayan aceptado los reenganches, que ellos no se opusieron, lo cual consta en las actas; qué los actos administrativos que fundamentan esta acción de amparo están viciados de nulidad?, considera que por supuesto, que al haber un recurso jerárquico que genero una subsanación de consecuencias pero no subsano las providencias administrativas que emano, hay un hecho irregular; pero que este no es el escenario para dirimir hechos controvertidos; que la acción de amparo constitucional es para defender, salvaguardar las violaciones grotescas al derecho constitucional; máxime cuando existe la instancia que es especialísimo con prerrogativa a favor de los trabajadores que no se ha utilizado, que es la vía ordinaria.
.- Ratifica que se ha inducido al error, la confusión de dos entidades de trabajo y que se ha pretendido levantar el velo corporativo por vía administrativa de un consorcio lo cual no es competencia de la Inspectoría del Trabajo; y a todo evento por el simple hecho de no haberse opuesto, aunque pudo haber ser indebido la notificación, los reenganches, por dónde se ejecutó por cuanto no se ejecutó ni en el campo Orocual, ni el Centro Comercial Petroriente, se ejecutó en el patio de máquinas de Constructora Vidalsa, que ni siquiera es el domicilio regula ni fiscal de Constructora Vidalsa; que son hechos controvertidos que ameritan ser dirimidos por su juez natural.

DE LA RELACIÓN DE LA CAUSA
Recibida la presente acción de Amparo Constitucional por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, consta que en fecha nueve (09) de Mayo de 2024, se publica Sentencia Interlocutoria Con Fuerza Definitiva, mediante la cual el referido Juzgado, declara la Inadmibilidad de la pretensión de amparo constitucional propuesta por los ciudadanos José Luís Rodríguez González, José Gregorio Oliveros y José Rafael Pérez, titulares de las cédulas de Identidad Nº V-17.403.390, V- 9.285.465 y V- 2.643.610 de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del Artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (f. 140-146). Dentro del lapso de ley, el apoderado judicial de la parte accionante, interpone recurso de apelación, siendo oído en un solo efecto en fecha 16/05/2024, y remitiendo el expediente para su distribución ante los Juzgados Superiores del Trabajo, correspondiendo su conocimiento al Juzgado Segundo Superior del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, quien en fecha 11/06/2024, se pronuncia mediante sentencia, declarando con lugar el recurso de apelación, revocando el fallo proferido y ordena remitir el expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (U.R.D.D) para su debida distribución entre los juzgados de Juicio, a los fines de que se pronuncie de nuevo sobre la admisibilidad de la acción de amparo constitucional propuesta; una vez distribuido, correspondió su conocimiento a este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, quien lo da por recibido en fecha 18/06/2024 (f.174).

Consta que en fecha 21/06/2024 se procedió a admitir la acción de Amparo tal y como se evidencia del auto que riela al folio ciento setenta y cinco (f.175); ordenándose la notificación de las partes presuntamente agraviantes, así como del Fiscal Superior del Ministerio Público, a los fines de su comparecencia para la celebración de la Audiencia Oral y Pública, librándose los carteles de notificación y el oficio respectivo. Consta que el oficio dirigido al Ministerio Público, se entregó en fecha 01/07/2024 dejando constancia la Unidad de Alguacilazgo y Secretaria en fecha 03/07/2024, y que en fecha 10/02/2025 por el tiempo transcurrido, se ordenó librar nuevo oficio, siendo entregado a la Fiscalía Superior del Ministerio Público en la misma fecha y constando en autos en fecha 10/05/2025 mediante consignación de la Unidad de Alguacilazgo y certificación de secretaria (f. 444 pieza Nº 3). Posteriormente en fecha 26/05/2025, verificadas las notificaciones ordenadas, se procedió a fijar la oportunidad para la celebración de la Audiencia Constitucional de acuerdo a lo establecido en el artículo 193 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en concordancia con el articulo 26 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
DE LA COMPETENCIA
Puntualizada la pretensión de los accionantes, el Tribunal debe analizar su competencia para conocer del asunto planteado, siendo necesario resaltar que el artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, es la norma rectora que fija la competencia para conocer de las acciones de amparo constitucionales, cuando éstas se ejerzan por vía autónoma, y de la cual se desprende que son competentes para conocer de dichas acciones los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de las garantías constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde hubiese ocurrido el hecho, acto u omisión que motivare la solicitud de amparo.

En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 01 de fecha veinte (20) de enero del año dos mil (2000), dejó establecido que la acción de Amparo Constitucional está definida por la afinidad existente entre los derechos denunciados como violados o amenazados de violación, con la competencia que le corresponde al Tribunal de que se trate; y en sintonía con dicho criterio la misma Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, en sentencia Nº 955 de fecha 23 de Septiembre del 2010, con ocasión de la entrada en vigencia de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Gaceta Oficial Nº 39.447 de la República Bolivariana de Venezuela, publicada en fecha 16 de junio del 2010), estableció lo siguiente:
“…Por todo lo anterior, esta Sala Constitucional, actuando como máximo intérprete de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, estima que el conocimiento de las acciones intentadas en ocasión de providencias administrativas dictadas por las Inspectorías del Trabajo, debe atribuirse como una excepción a la norma general contenida en el artículo 259 constitucional, a los tribunales del trabajo. Así se declara. (…)”
Por su parte, el artículo 193 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo contempla que son competentes para conocer de la acción de amparo laboral, sobre derechos y garantías constitucionales, los Tribunales del Trabajo previstos en la Ley. De manera, que del análisis de la jurisprudencia y norma transcrita, se deduce que cuando los derechos denunciados como violados, pertenecen a la esfera del Derecho del Trabajo, corresponde su conocimiento a los Tribunales del Trabajo, por lo que en aplicación del criterio reiterado del Máximo Tribunal y en vista de que los derechos laborales denunciados como presuntamente conculcados o transgredidos, están protegidos por normas de rango constitucional, es por lo que este Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo considera que si es competente para conocer de la acción de Amparo Constitucional interpuesta por los accionantes. Así se establece.

DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL
En fecha 28/05/2025, oportunidad fijada para que tuviera lugar la Audiencia Constitucional Oral y Pública, se dejó constancia que comparecieron, por la parte presuntamente agraviada y recurrente en amparo, los ciudadanos José Luís Rodríguez González, José Gregorio Oliveros y la ciudadana Hilda Lucía Goitte de Pérez, titulares de las Cédulas de Identidad Nº (s) V-17.403.390, V-9.285.465 y V-4.617.628, en su orden, ésta última en su carácter de cónyuge supérstite del fallecido José Rafael Pérez, y el apoderado judicial de los accionantes, Abogado William Eduardo Núñez, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 44.987; así mismo se dejó constancia de la comparecencia de la accionada Constructora Vidalsa, 27, C.A., por intermedio de sus apoderados judiciales, Abogados Rubén Adolfo Villavicencio y José Amadeo Salas, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nº (s) 77.459 y 193.862 en su orden. Asimismo se dejó constancia de la incomparecencia tanto de la empresa Helios Petroleum Services, S.A., como del Consorcio Operador Helios Vidal, ni por sí ni por medio de apoderado judicial alguno, al igual que la incomparecencia del Ministerio Público. Acto seguido, se declaró constituido el Tribunal, en SEDE CONSTITUCIONAL dando Inicio a la audiencia, dejándose constancia de la grabación del acto con video grabadora. En ese estado la Jueza que preside el acto se dirigió a las partes, a objeto de reglamentar la audiencia, otorgándole 10 minutos a las partes a los fines de explanar sus alegatos y defensas, e igualmente se les concedió el derecho a replica y contrarréplica. Una vez concluido sus exposiciones, el apoderado judicial de la entidad de trabajo Constructora Vidalsa 27, C.A., presunta agraviante promovió de forma oral Inspección Judicial en la sede de la Inspectoría del Trabajo del Estado Monagas. Seguidamente este Tribunal admitió las pruebas promovidas por las partes y se procedió a la evacuación de las pruebas promovidas por la parte accionante comenzando con las documentales marcadas “A”, la parte accionada no realizó observación alguna y la parte accionante solicita sea ratificada la prueba y se le de valor probatorio. En las marcadas “B, C y D” la parte accionada no realizó observación alguna y la parte recurrente señala que los representados acuden al acto administrativo como empresa Helios Vidal. En cuanto a la marcada “E y F” la parte accionada señala que se dejó constancia que la ejecución nunca ha sido en la empresa Helios Vidal y la parte accionante realizó las observaciones respectiva. En cuanto a la marcada “G, H, E e I, la parte accionada señala que en la mismo no se opuso pero se dejó constancia que allí no funciona la empresa. En cuanto a la marcada “J” la parte accionada ratifica la confusión de la dirección por parte de la accionante y la parte accionante señala que se intentó la ejecución de la providencia administrativa. En lo que respecta a la marcada “K” la parte accionada no tiene objeción de forma al procedimiento. En cuanto a las documentales marcadas “L, M y N” la parte accionada ratifica la documental y una vez impuesto no se opone al reenganche y asimismo señala que la empresa constructora Vidalsa no funcionó allí y la parte accionante que la empresa nunca hubo el interés de reenganchar al trabajador. En la marcada “O” la parte accionada señala que no se opone a la prueba y la accionante corrobora todo el esfuerzo realizado por el recurrente. En cuanto a las marcadas “P, Q, R T, S y U” la parte accionada no realizó observación alguna y la parte recurrente realizó las observaciones a cada prueba. Las marcadas V, W y X, la parte accionada las desconoce e impugna en esta audiencia, la providencia no está cumpliendo su eficacia y la accionante señala que no se ha cumplido por la rebeldía del patrono. En lo que respecta a las marcadas “Y, Z y A1 la parte accionada considera que la misma es de efecto parcial y está viciada. En las marcadas “B-2”, “C-3”, “D-4”, “E-5”, “F-6” “G-7, H8, I-9, J-10 la parte accionada manifiesta que no se oponen al reenganche de los trabajadores solo que no es la sede del Consorcio sino el patio mecánico de Constructora Vidalsa y la parte promovente ratifica las documentales que demuestran las oportunidades de traslado; con respecto a la marcado “K-11”, la parte accionada no realizó observaciones y la parte recurrente, manifiesta que la misma emerge la solicitud de verificación del reenganche; en cuanto a las marcadas “L-12”, “M-13”, “N-14”, “O-15”, “P-16”, y “Q-17”, la parte accionada realizó las observaciones respectivas y la parte accionante ratifica las documentales demostrativas del incumplimiento; en cuanto a las “R-18”, “S-19” y “T-20”, la parte accionada manifiesta que las multas fueron canceladas en su oportunidad y la parte recurrente ratifica que con las mismas se procedió se abriera el procedimiento de multa. En relación a las marcadas “U-21”, “V-22” y “W-23”, la parte accionada realizó observaciones ratificando que esa no es la sede del Consorcio y la parte accionante presentó sus argumentos; en cuanto a las marcadas “Y-25”, “X-24” y “Z-26”, la parte accionada realizó observaciones ratificando que no es la sede del Consorcio sino el patio mecánico de Constructora Vidalsa, y la parte accionante presenta sus argumentos ratificándola y señalando que los derechos de sus representados no han sido concretados; las marcadas “A-X”, “B-X” y “C-X”, la parte accionada las desconoce y la parte accionante ratifica sus argumentos de defensa; las marcadas “D-X”, “E-X”, “F-X”, “G-X”, “H-X” e “I-X”, la parte accionada manifestó que se pretendió notificar al consorcio en sede de la constructora Vidalsa y la parte accionante señaló que la accionada no desconoció ninguno de las documentales de la acción de amparo. Evacuada todas las documentales promovidas por la parte recurrente, y visto que fue promovida prueba de inspección judicial por la parte accionada CONSTRUCTORA VIDALSA, 27, C.A., este Tribunal para su materialización proveerá por auto separado fecha y hora para la evacuación de la inspección judicial a efectuarse en la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas e igualmente fijara la continuación de la audiencia constitucional.

Consta que en fecha 02/06/2025 el Tribunal dicta auto, fijando el día de despacho hábil siguiente a la fecha ya indicada, para la celebración de los actos por realizar, distribuidos de la manera siguiente: el Traslado y Constitución del Tribunal, en la sede de la Inspectoría del Trabajo del Estado Monagas a las diez de la mañana (10:00 A.M.); y en relación a la continuación de la Audiencia Constitucional, se efectuará ese mismo día a las dos de la tarde (02:00 P.M.). Del acta levantada en fecha 04/06/2025 (f. 560 y su vto pieza N°3 del expediente), se evidencia que en la oportunidad de traslado y constitución del Tribunal en la sede de la Inspectoría del Trabajo en el estado Monagas, la Inspección judicial no pudo efectuarse en virtud de las circunstancias plasmada en la referida acta, no siendo dichas causas imputable a las partes ni al Tribunal, por lo que se reprogramó el traslado así como la continuación de la audiencia constitucional, quedando fijado el día de despacho hábil siguiente a la fecha ya indicada, distribuidos de la siguiente manera: el Traslado y Constitución del Tribunal, en la sede de la Inspectoría del Trabajo del Estado Monagas a las nueve y treinta de la mañana (09:30 A.M.); y la continuación de la Audiencia Constitucional, para ese mismo día a las dos de la tarde (02:00 P.M.).

En fecha 05/06/2025, oportunidad para la CONTINUACIÓN de la Audiencia Constitucional Oral y Pública, se dejo constancia de la comparecencia de los accionantes ciudadanos José Luís Rodríguez González, José Gregorio Oliveros y la ciudadana Hilda Lucía Goitte de Pérez titulares de las Cédulas de Identidad Nº (s) V-17.403.390, V-9.285.465 y V-4.617.628, en su orden, ésta última en su carácter de cónyuge supérstite del fallecido José Rafael Pérez, y el apoderado judicial de los accionantes, Abogado William Eduardo Núñez, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 44.987, así mismo se dejó constancia de la comparecencia de la accionada Constructora Vidalsa, 27, C.A., por intermedio de su apoderado judicial, Abogado José Amadeo Salas, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 193.862. Por el Ministerio Publico, las abogadas Milenys Astudillo De Los Rios y Yedulsi González Bastardo, inscritas en el Inpreabogado bajo los Nº (s) 100.243 y 141.535 respectivamente, quienes consignan copia simple de las resoluciones emanadas de la Fiscalía General de la República, donde consta su designación como Fiscal Provisorio y Fiscal Auxiliar Interino en la Fiscalía Décima Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas con Competencia en materia Contencioso Administrativo y de Derechos y Garantías Constitucionales, en su orden. Asimismo se dejó constancia de la incomparecencia tanto de la empresa Helios Petroleum Services, S.A., como del Consorcio Operador Helios Vidal, ni por sí ni por medio de apoderado judicial alguno. Acto seguido, se declaró constituido el Tribunal, en SEDE CONSTITUCIONAL dando Inicio a la audiencia, se dejo constancia de la grabación del acto con video grabadora. Seguidamente la Jueza informó el estado de la presente causa, señalando que se daría inicio a la evacuación y control de la prueba de Inspección Judicial promovida por la parte accionada, ambos apoderados judiciales realizaron las observaciones y argumentos que a bien tuvieron. Seguidamente el Tribunal otorgó a las partes la oportunidad para que realizaran las conclusiones respectivas. E inmediatamente se le concedió la palabra a la representación del Ministerio Público, quien consignó escrito de opinión fiscal respectiva al caso y de igual manera solicitó el derecho de palabra a los fines de realizar las observaciones a la Inspección Judicial promovida por la parte accionada, y requiriendo se le expidiera copia simple del acta levantada en la presente audiencia. La Jueza, conforme a las previsiones de la Ley Especial, estimó necesario diferir el Dispositivo del Fallo, y en consecuencia se difirió el dictamen del Dispositivo para el primer día de despacho hábil siguiente a la presente fecha, a la una y treinta de la tarde (1:30 p.m.).
CONCLUSIONES DE LAS PARTES
De la reproducción audiovisual de la audiencia constitucional, se verifica la exposición de los apoderados judiciales de las partes intervinientes, en la cual manifestaron lo siguiente:
La parte presuntamente agraviada (accionante):
.- El apoderado judicial de los accionantes manifiesta que sus representados son trabajadores de la empresa Constructora Vidalsa, que lo demuestra el documento constitutivo del Consorcio, que fue aceptado por la accionada; que a si lo expresa la cláusula quinta del documento. Que no procede el silencio administrativo, por lo que no procede el recurso reconsideración o jerárquico.
.- Que los derechos de los trabajadores son privilegiados; que quedan aceptadas todas las actuaciones de la Inspectoría del Trabajo; que la providencia es una sentencia firme que emana del ente administrativo; y no solamente es el reenganche sino que tienen que pagar los salarios caídos; que se esta defiendo el derecho al trabajo, a la estabilidad laboral. Que la accionada no trajo al proceso ninguna prueba, solo una inspección judicial, solicita que se desestime al igual que los documentos que presentaron.
.- Que sea declarado con lugar la acción de amparo; que se declare que sus representados son trabajadores de la empresa Constructora Vidalsa 27, C.A., y que las demás empresa, a todo evento, en caso de que se diga que ellos son trabajadores de Consorcio Operador Helios Vidal, entonces por cuanto tiempo iban a ser contratados; que no se trajo a las actas que la obra haya culminado; que como la obra esta en ejecución, se tiene que entender que al no comparecer el Consorcio ni Helios Petroleum, quien debe responder es la Constructora Vidalsa, no solo porque contrato los trabajadores, sino que debe responder por todas las responsabilidades. Que solicita que a sus representados se les reconozca los salarios caídos y que sean reenganchados, que el derecho al trabajo es un derecho humano fundamental. Que hay violencia contra la mujer de índole patrimonial en el caso de tres damas que representa...

La parte presuntamente agraviante (accionada):
.- El apoderado judicial de la Co-accionada Constructora Vidalsa, 27, C.A., manifiesta es importante tener presente los parámetros para la admisibilidad e inadmisibilidad del amparo constitucional; y cuales son los medios idóneas para que estas decisiones tomadas por la inspectoría del trabajado sean llevado a cabo. Que a su modo de ver, este no es el procedimiento idóneo para llevar a cabo esas providencias administrativas para el reenganche, porque debe hacerlo la Inspectoría, lo cual esta claro en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías constitucionales articulo 6, numeral 5.
.- Que sostiene que son entidades de trabajo distintas lo cual dejaron ver, que no hubo oposición a hacer el reenganche pero que ese patio de máquina era de Constructora Vidalsa y no del Consorcio Operador Helios Vidal. Que en virtud del recurso jerárquico que trajeron a colación, las providencias fueron modificadas, porque son entidades de trabajo distintas. Solicita que el presente amparo sea declarado inadmisible.

Posteriormente en la oportunidad fijada para que tuviere lugar el DISPOSITIVO DEL FALLO, en fecha viernes 06/06/2025, siendo la 01:10 p.m. previa habilitación del tiempo necesario a la hora para que tenga lugar el dispositivo del Fallo, que estaba fijado para la una y treinta de la tarde (01:30 p.m.), en virtud de la Audiencia Constitucional, en la causa signada con el Nº NP11-O-2024-000003, el Tribunal pasó a dejar constancia de la comparecencia de los accionantes ciudadanos José Luís Rodríguez González, José Gregorio Oliveros y la ciudadana Hilda Lucía Goitte de Pérez, titulares de las Cédulas de Identidad Nº (s) V-17.403.390, V-9.285.465 y V-4.617.628, en su orden, ésta última en su carácter de cónyuge supérstite del fallecido José Rafael Pérez, y el apoderado judicial de los accionantes, Abogado William Eduardo Núñez, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 44.987, así mismo se dejó constancia de la comparecencia de la accionada Constructora Vidalsa, 27, C.A., por intermedio de su apoderado judicial, Abogado José Amadeo Salas, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 193.862. Por el Ministerio Publico, la abogada Yedulsi González Bastardo, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 141.535. Asimismo se dejó constancia de la incomparecencia tanto de la entidad de trabajo Helios Petroleum Services, S.A., ni el Consorcio Operador Helios Vidal, ni por sí ni por medio de apoderado judicial alguno. Acto seguido, se declara constituido el Tribunal, en SEDE CONSTITUCIONAL dando Inicio a la audiencia, se dejó constancia de la grabación del acto con video grabadora. En este estado la Jueza pasó al dictamen del Dispositivo del Fallo, por lo que en atención al estudio razonado del asunto sometido a su consideración, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, Administrando justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Declara: Primero: La extinción de la Acción de Amparo con relación al ciudadano José Rafael Pérez. Segundo: Falta de Legitimidad y Cualidad de la ciudadana Hilda Lucía Goitte de Pérez, en su carácter de cónyuge supérstite del fallecido José Rafael Pérez, para actuar y continuar como accionante en la presente acción de Amparo. Tercero: Improcedente la Acción de Amparo contra las entidades de trabajo CONSTRUCTORA VIDALSA 27, C.A y HELIOS PETROLEUM SERVICES, S.A. y Cuarto: Inadmisible la Acción de Amparo interpuesta por los ciudadanos, JOSÉ LUIS RODRIGUEZ GONZÁLEZ Y JOSÉ GREGORIO OLIVEROS contra la entidad de trabajo CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL, conforme a lo previsto en el Artículo 6 Numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. La Sentencia será publicada dentro del lapso legal correspondiente. En fecha 16/06/2025, se dictó auto acordando diferir la publicación del fallo, por las razones expresadas en dicho auto, para dentro de los cinco días de despacho hábiles siguientes, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil. Encontrándose este Tribunal dentro de la oportunidad para publicar el fallo definitivo, a tenor de lo previsto en la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lo hace atendiendo a las siguientes consideraciones.
DE LOS MEDIOS DE PRUEBAS
PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIADA:
La parte accionante conjuntamente con el escrito libelar contentivo de la acción de amparo, consignó y promovió lo siguiente:
1. Promueve marcado “A”, constante de DOCE (12) folios útiles, copia certificada del Registro Mercantil de la entidad de trabajo Consorcio Operador Helios Vidal. (f. 29- 40)
El Tribunal visto que las documentales promovidas no fueron impugnadas ni tachadas por la parte Co-accionada, es por lo que le otorga valor de plena prueba, a tenor de lo previsto en el artículo 1357 del Código Civil y los artículos 10 y 77 de la Ley Adjetiva Laboral; de cuyo contenido se desprende que las sociedades mercantiles HELIOS PETROLEUM SERVICES S.A., y la sociedad mercantil CONSTRUCTORA VIDALSA, 27, C.A., decidieron consorciarse a los fines de ejecutar el proyecto y obra descrito en el referido documento, constituyendo un Consorcio denominado CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL; conservando cada sociedad mercantil su plena personalidad jurídica; que el objeto del Consorcio conforme a la Cláusula Segunda, es el proyecto y las obras conexas con la operación del Campo Orocual ubicado en el Municipio Maturín estado Monagas; que en la Cláusula tercera, se previó que el Consorcio tendrá su domicilio en la ciudad de Maturín, estado Monagas, concretamente en el Centro Comercial Petroriente, piso 2, Pasillo azul, oficina Nº 43, Avenida Alirio Ugarte Pelayo; que conforme a la cláusula quinta, la empresa Helios Petroleum Services S.A., aporta al Consorcio su experiencia operacional y asesoría, personal especializado y capital de trabajo; la sociedad mercantil Constructora Vidalsa 27, C.A., aportará al Consorcio, la ejecución y supervisión en el sitio de las operaciones, el suministro de personal especializado y capital de trabajo; e igualmente se constata que en la cláusula novena donde se establece sobre los asuntos que le corresponden decidir al Presidente del Consorcio, se contempla “decidir sobre el funcionamiento del consorcio y la contratación de personal y su remuneración”; que el documento constitutivo contiene catorce (14) cláusulas; y verificándose que dicho documento fue autenticado en fecha 03/09/2018, por ante la Notaria Pública Primera de Maturín, estado Monagas, bajo el Nº 27, tomo 286 de los libros de autenticación llevados por dicha Notaria. Así se decide.
2. Promueve marcado “B, C, D”, constante de TRES (03) folios útiles, actas contentivas de denuncias interpuestas de conformidad de los artículos 94, 418 y 425 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo contra la entidad de trabajo Consorcio Operador Helios Vidal, por los ciudadanos JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ, JOSÉ GREGORIO OLIVEROS y JOSÉ RAFAEL PÉREZ, ante la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas en fechas 14/01/2022, 05/01/2022, y 05/01/2022 (f. 41- 43).
El Tribunal, visto que las referidas documentales no fueron desconocidas o impugnadas en su oportunidad legal, y por cuanto las mismas no son manifiestamente ilegales ni impertinentes, es por lo cual se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil y los artículos 10 y 77 de la de la Ley orgánica Procesal del Trabajo; es por ello que revisada las documentales, se constata que estas revisten carácter de documento administrativo por emanar de una Institución pública y de las mismas se desprenden que en fecha 14/01/2022, 05/01/2022 y 05/01/2022, los ciudadanos José Luís Rodríguez, José Gregorio Oliveros y José Rafael Pérez en el orden señalado, activaron la vía administrativa mediante la interposición de denuncia de conformidad con lo establecido en los artículos 53, 94, 418 y 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras contra la entidad de trabajo CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL, Rif. J-41158882-9, señalando que fueron despedidos injustificadamente en fecha 15/12/2021 y solicitando la restitución de la situación jurídica infringida y que se ordene el reenganche a sus puestos de trabajo; igualmente solicitan, la imposición de sanción contemplada en el artículo 531 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. De dichas documentales se verifica que estas fueron recibidas por la Inspectoría del Trabajo en Maturín estado Monagas en fecha 14/01/2022, 05/01/2022 y 05/01/2022, asignándoles los siguientes números de expedientes: al ciudadano José Rodríguez el expediente Nº 044-2022-01-00040; ciudadano José Gregorio Oliveros el expediente Nº 044-2022-01-00009 y al ciudadano José Rafael Pérez el expediente Nº 044-2022-01-00010. Así se decide
3. Promueve marcado “E y F”, constante de DOS (02) folios útiles, en copia fotostática certificada, documental contentiva de actas de ejecución de Reenganche y pago de salarios caídos de fecha 26/04/2022, correspondiente a los ciudadanos JOSÉ OLIVEROS y JOSÉ PÉREZ, expedientes N°(s) 044-2022-01-00009 y 044-2022-01-00010. (f. 44- 45). El co-apoderado judicial de la parte co-accionada señala que en dichas actas se dejó constancia que esa no es ni ha sido nunca la sede donde funciona el Consorcio Operador Helios Vidal. El apoderado judicial de la parte accionante, señala que hay una contrariedad, porque si él acudió tal como está demostrado en las actas y señaló que aceptaba el reenganche y pago de salarios caídos, él está convalidando esas actuaciones; que además donde se podía hacer ese acto de ejecución? si la sede que colocaron en el documento constitutivo no existe, que está probado en el expediente que en Petroriente no funciona, tiene años que no funciona; que evidentemente se tenía que hacer en ese sitio, porque es solidariamente responsable de las actuaciones del Consorcio, porque de acuerdo al documento se demuestra que ellos fueron contratados por Constructora Vidalsa C.A., y que fue reconocido. Que al no abrir el portón hubo una obstrucción a la justicia.
4. Promueve marcado “G, H, E, I”, constante de TRES (03) folios útiles, en copia fotostática certificada, actas de ejecución de reenganche y pago de salarios caídos de fecha 23/08/2022., correspondiente a los ciudadanos JOSÉ RODRÍGUEZ, JOSÉ OLIVEROS Y JOSÉ PÉREZ, expedientes 044-2022-01-0000040, 044-2022-01-000009 y 044-2022-01-000010. (f. 46-48). El co-apoderado judicial de la parte Co-accionada manifiesta que en dicho acto si bien no se opusieron, pero se dejó constancia que en esa sede no funciona el Consorcio Operador Helios Vidal, que es un patio de máquina. El apoderado judicial de la parte accionante manifiesta que el haber señalado que la sede de Constructora Vidalsa 27, C.A., no era la sede del Consorcio, entonces están pretendiendo decir que como no es la sede, no procede entonces; que consta en dicha acta que acepto el reenganche, el pago de los salarios caídos, que eso consta en las actas levantadas.
El Tribunal, visto que las documentales marcadas E, F, G, H, I no fueron desconocidas o impugnadas en su oportunidad legal, y por cuanto las mismas no son manifiestamente ilegales ni impertinentes, es por lo cual le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil y los artículos 10 y 77 de la de la Ley orgánica Procesal del Trabajo; constatando que dichas documentales revisten carácter de documento administrativo por emanar de la Inspectoría del Trabajo de Maturín, estado Monagas, desprendiéndose de las mismas que tratan de ACTAS levantadas por el órgano administrativo en fecha 26/04/2022 y 23/08/2022, correspondiente a los expedientes administrativos llevado por ese ente, signado con los números 044-2022-01-0000009, 044-2022-01-000010 y 044-2022-01-000040, de las cuales emerge que, 1) IDENTIFICADAS E y F: en fecha 26/04/2022 los accionantes José Oliveros y José Pérez, acompañados de un funcionario del Trabajo adscrito a la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, se trasladaron a la siguiente dirección: Vía el Rincón de Monagas, a los fines de ejecutar la orden de reenganche y pago de salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir, según auto de fecha 07/01/2022 contra la entidad de trabajo Consorcio Operador Helios Vidal, actas en las cuales se dejó constancia que en la entidad de trabajo no salió nadie a atenderlos, procediéndose a diferir el acto de reenganche. 2) IDENTIFICADAS G, H, I: en fecha 23/08/2022, los accionantes José Luís Rodríguez, José Oliveros y José Pérez, acompañados de un funcionario del Trabajo adscrito a la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, se trasladaron a la siguiente dirección: Vía el Rincón de Monagas, a los fines de ejecutar la orden de reenganche y pago de salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir según auto de fecha 07/01/2022 contra la entidad de trabajo Consorcio Operador Helios Vidal, actas en las cuales se dejó constancia que fueron atendidos por el ciudadano José Brito quien señaló que su condición de representante de Vidalsa, 27, C.A, Rif. J-29387719-9, es verbal; que en comunicación con el ciudadano Carlos Acosta Presidente de Helios Vidal, le señalo que se dirigiría el jueves 25 de agosto de 2022 a las 10:00 a.m., a la sede de la Inspectoría del Trabajo de Maturín, para abordar los casos llevados por ese ente administrativo de 18 trabajadores despedidos por el Consorcio. Así se decide
5. Promueve marcado “J”, constante de UN (01) folio útil, en copia simple y con sello de recibido de la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas de fecha 11/01/2023, documental referida a solicitud de traslado del ciudadano JOSÉ RODRÍGUEZ, expediente N° 044-2022-01-00040 (f. 49). El co-apoderado judicial de la parte co-accionada manifiesta que ratifican que hay una confusión inducida de la entidad de trabajo, la cual es recurrente., no solo por esta diligencia sino por todas desde el momento de la notificación. El apoderado judicial de la parte accionante señala que de la misma arroja un segundo intento de ejecución de la providencia administrativa; que en ese acto no se había hecho presente el apoderado judicial Salas Jaimes.
6. Promueve marcada “K”, constante de CINCO (05) folios útiles, en copia simple y con sello de recibido de la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas de fecha 14/02/2023, escrito suscrito por JOSE RODRIGUEZ dirigido a la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, solicitando se oficie a la Fiscalía del Ministerio Público a objeto de tramitar el arresto del ciudadano Carlos Acosta y la Ejecución de la Providencia Administrativa, expediente n° 044-2022-01-00040. (f. 50-54). El co-apoderado judicial de la parte co-accionada manifiesta que aparte de la temeridad no solo en cuanto a la acción sino también en cuanto a estas actuaciones, cuando han sido inducidas al error y la confusión entre las personas jurídicas. El apoderado judicial de la parte accionante señala que se remite al artículo 425 de la LOTTT, que ante el incumplimiento se puede solicitar a través de la fuerza pública, ya declarado el desacato, el arresto de esa persona; que ha sido difícil que en el ente administrativo no se han acumulado las causas, que representa a 15 trabajadores en la misma situación, lo que dificulta la defensa.
7. Promueve marcada “L y M”, constante de DOS (02) folios útiles, en copia simple y con sello de recibido de la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas de fecha 01/03/2023 y 08/03/2023, diligencias suscritas por el ciudadano JOSÉ RODRÍGUEZ, solicitando el traslado para la ejecución del reenganche, expediente N° 044-2022-01-00040 (f. 55-56). El co-apoderado judicial de la parte co-accionada alega que ratifican el hecho de que se ha utilizado el error en la notificación, que los sitios donde se tenía que notificar era en la sede administrativa en el Centro Comercial Petroriente en su momento o en el mismo campo Orocual, y no en el taller de máquina de su representada, Constructora Vidalsa; que no se estaban oponiendo al acto de reenganche, que razones para la improcedencia de un amparo es cuando se ha materializado el reenganche, que no era el domicilio del Consorcio Operador Helios Vidal.. El apoderado judicial de la parte accionante expresa que el derecho no se basa en hechos futuros o pasados; que si habiendo ocurrido el reenganche y no cancelaron los salarios caídos, eso es inherente a los salarios; que no hubo la intención, que los dueños están en contumacia, en rebeldía en incumplimiento de la providencia administrativa.
8. Promueve marcada “N”, constante de UN (01) folio útil, en copia simple y con sello de recibido de la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas de fecha 11/01/2023, diligencia suscrita por el ciudadano JOSÉ OLIVEROS, solicitando el traslado para la ejecución del reenganche, expediente N° 044-2022-01-00009 (f.57). El co-apoderado judicial de la parte co-accionada alega que tal como lo han mencionado en ese sitio no funciona el Consorcio Operador Helios Vidal, es el patio de máquina de Constructora Vidalsa. El apoderado judicial de la parte accionante expresa que consta que de manera reiterada, todos los intentos de solicitud de ejecución, de acudir a la empresa., lo cual hace plena prueba.
9. Promueve marcada “O”, constante de CINCO (05) folios útiles, en copia simple y con sello de recibido de la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas de fecha 14/02/2023, escrito suscrito por el ciudadano JOSE OLIVEROS dirigido a la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, solicitando se oficie a la Fiscalía del Ministerio Público a objeto de tramitar el arresto del ciudadano Carlos Acosta y la Ejecución de la Providencia Administrativa, expediente Nº 044-2022-01-00009. (f. 58-62). El co-apoderado judicial de la parte co-accionada alega que son los representantes de la Constructora Vidalsa. El apoderado judicial de la parte accionante expresa que todas esas actuaciones corroboran plenamente todos los esfuerzos que se hicieron apegados al derecho; que cuando hay una situación de desacato ante un reenganche se debe abrir el procedimiento penal, igual lo señala la jurisprudencia de la Sala Constitucional.
El Tribunal, visto que las documentales marcadas J, K, L, M, N, Ñ, O no fueron desconocidas o impugnadas en su oportunidad legal, y por cuanto las mismas no son manifiestamente ilegales ni impertinentes, es por lo cual le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil y los artículos 10 y 77 de la de la Ley orgánica Procesal del Trabajo; constatando que dichas documentales forman parte de las actuaciones que cursan en los expedientes administrativos llevados por ante Inspectoría del Trabajo en Maturín, estado Monagas; desprendiéndose de la marcada J y L que en fecha 11/01/2023 y 01/03/23 el ciudadano José Rodríguez solicitó a la Inspectoría del Traslado se fijará nueva fecha para la ejecución del reenganche. De la marcada K, emerge que el mismo ciudadano mediante escrito dirigido a la Inspectoría del Trabajo Jefe del estado Monagas y con sello de recibido en fecha 14/02/2023, solicita que el órgano administrativo gestione el apoyo de la fuerza pública visto la obstaculización y desacato de los representantes del patrono; que oficie a la Fiscalía del Ministerio Público a los fines de proceder al arresto del ciudadano Carlos Acosta, Presidente de la patronal; que habilite el tiempo necesario para trasladarse y ejecutar la providencia administrativa; y la suspensión de la solvencia laboral tanto del Consorcio Operador Helios Vidal como de las demás empresas que forman el grupo de empresa Vidal S.A. De la marcada M, se constata que el ciudadano José Rodríguez deja constancia que no se pudo trasladar con el funcionario de la Inspectoría del Trabajo a la ejecución del reenganche. De la marcada N, O que en fecha 11/01/2023 el ciudadano José Oliveros solicitó a la Inspectoría del Traslado se fijará nueva fecha para la ejecución del reenganche; e igualmente se verifica escrito del mismo ciudadano dirigido a la Inspectoría del Trabajo Jefe del estado Monagas y con sello de recibido en fecha 14/02/2023, solicitando que el órgano administrativo gestione el apoyo de la fuerza pública visto la obstaculización y desacato de los representantes del patrono; que oficie a la Fiscalía del Ministerio Público a los fines de proceder al arresto del ciudadano Carlos Acosta, Presidente de la patronal; que habilite el tiempo necesario para trasladarse y ejecutar la providencia administrativa; y la suspensión de la solvencia laboral tanto del Consorcio Operador Helios Vidal como de las demás empresas que forman el grupo de empresa Vidal S.A y Helio Petróleo “(sic)”. Así se establece.

10. Promueve marcado “P”, constante de DOS (02) folios útiles, documentales en copia fotostática certificada, referida a diligencias suscritas por el ciudadano JOSE PEREZ de fecha 10/01/2023, dirigida a la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, solicitando copia certificada del expediente N° 044-2022-01-000010 (f. 63 y 71). El co-apoderado judicial de la parte co-accionada alega que no hay observación. El apoderado judicial de la parte accionante señala que todas sus actuaciones estuvieron dirigidas a darle impulso procesal administrativo, ajustado a la ley.
11. Promueve marcados “Q” y “R”, constante de SIETE (07) folios útiles, documentales en copia fotostática certificada, referidas a: Diligencia suscrita por el ciudadano JOSE PEREZ de fecha 11/01/2023, dirigida a la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, solicitando la ejecución del reenganche; y escrito suscrito por el ciudadano JOSE PEREZ, dirigido a la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas con sello de recibido de fecha 15/02/2023, solicitando se oficie a la Fiscalía del Ministerio Público a los fines de proceder al arresto del ciudadano Carlos Acosta; el traslado a los fines de ejecutar la providencia administrativa y la suspensión de la solvencia laboral (f. 64-70). El co-apoderado judicial de la parte co-accionada señala que no tiene observación. El apoderado judicial de la parte accionante manifiesta que reitera el impulso y además señalar que al solicitar el arresto está fundamentado porque todos somos iguales ante la ley, y al haber desacato es procedente.
El Tribunal, visto que las documentales marcadas P, Q y R no fueron desconocidas o impugnadas en su oportunidad legal, y por cuanto las mismas no son manifiestamente ilegales ni impertinentes, es por lo cual le otorga pleno valor de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil y los artículos 10 y 77 de la de la Ley orgánica Procesal del Trabajo; constatando que dichas documentales forman parte de las actuaciones que cursan en los expedientes administrativos llevados por ante Inspectoría del Trabajo en Maturín, estado Monagas; desprendiéndose de la marcada P que el ciudadano José Pérez en fecha 10/01/2023 solicita copia certificada del expediente 044-200-01-00010; de la marcada Q se constata que en fecha 11/01/2023 el ciudadano José Pérez solicitó a la Inspectoría del Traslado se fijará nueva fecha para la ejecución del reenganche. De la marcada R, emerge que el mismo ciudadano mediante escrito dirigido a la Inspectoría del Trabajo Jefe del estado Monagas y con sello de recibido en fecha 14/02/2023, solicita que el órgano administrativo gestione el apoyo de la fuerza pública visto la obstaculización y desacato de los representantes del patrono; que oficie a la Fiscalia del Ministerio Público a los fines de proceder al arresto del ciudadano Carlos Acosta, Presidente de la patronal; que habilite el tiempo necesario para trasladarse y ejecutar la providencia administrativa; y la suspensión de la solvencia laboral tanto del Consorcio Operador Helios Vidal como de las demás empresas que forman el grupo de empresa Constructora Vidalsa 27, C.A. y Helios Petroleum Services, S.A. Así se establece.
12. Promueve marcados “T”, “S” y “U”, constante de TRES (03) folios útiles, en copia fotostática certificada, documentales referida ACTA DE EJECUCION DE REENGANCHE y PAGO DE SALARIOS CAIDOS, de fecha 02/06/2023, correspondiente a los expediente 044-2022-01-00009, 044-2022-01-00040 y044-2022-01-00010 de los ciudadanos José Gregorio Olivares, José Luís Rodríguez y José Rafael Pérez respectivamente (f. 72 y su vto; 73 y su vto; 74 y su vto). El co-apoderado judicial de la parte co-accionada señala que no tiene observación. El apoderado judicial de la parte accionante manifiesta que una nueva solicitud de reenganche, que desmiente lo alegado por el abogado de la empresa presente, en cuanto a que no se ejerció el impulso procesal.
El Tribunal, visto que las documentales marcadas T, S y U no fueron desconocidas o impugnadas en su oportunidad legal, y por cuanto las mismas no son manifiestamente ilegales ni impertinentes, es por lo cual se le otorga pleno valor de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil y los artículos 10 y 77 de la de la Ley orgánica Procesal del Trabajo; constatando que dichas documentales revisten carácter de documento administrativo por emanar de una Institución pública como es la Inspectoría del Trabajo en Maturín, estado Monagas, desprendiéndose de las mismas que tratan de ACTAS levantadas por el órgano administrativo en fecha 02/06/2023 correspondiente a los expedientes administrativos llevado ese ente, signado con los números 044-2022-01-0000009, 044-2022-01-000040 y 044-2022-01-000010, de las cuales emerge que en la fecha mencionada los accionantes José Oliveros, José Rodríguez y José Pérez, acompañados del funcionario del Trabajo adscrito a la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, Abg. Trino Fajardo, se trasladaron a la siguiente dirección: Vía el Rincón de Monagas después de Lomas del Viento, a los fines de practicar la ejecución de la orden de reenganche y pago de salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir de los ciudadanos supra indicados, según auto de fecha 07/01/2022, 18/01/2022 y 07/01/2022 respectivamente, dictado por la Inspectoría del Trabajo contra la entidad de trabajo Consorcio Operador Helios Vidal, actas en las cuales se dejó constancia que una vez entrevistados con la representación patronal, quien se comunicó vía telefónica con el General Acosta Pérez Presidente de Helios Vidal, manifestando el referido ciudadano, que reconocen a los trabajadores del Consorcio, que sin embargo no tienen los recursos en la sede para reincorporar a los trabajadores; que las oficinas de la empresa se encuentran en Caracas. Se constata además, que el funcionario del Trabajo señaló que al configurase el Desacato, por rebeldía de la empresa de acatar la orden reenganche, es por lo que eleva la propuesta de multa establecida en el articulo 532 de la LOTTT. Así se establece.
13. Promueve marcado “V”, “W” y “X”, constante de SEIS (06) folios útiles, documentales en copia fotostática certificada, referidas a PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS N° (s) 0068-2023, 0066-2023 y 0067-2023 de fecha 16/06/2023 correspondiente a los ciudadanos José Luís Rodríguez, José Gregorio Oliveros y José Rafael Pérez, contenidas en los expedientes N ° (s) 044-2022-01-00040, 044-2022-01-00009 y 044-2022-01-00010 (f. 75-80). ). El co-apoderado judicial de la parte co-accionada manifiesta que desconocen e impugnan cada una de las providencias en virtud del recurso jerárquico ejercido ante el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo, se generó la corrección y por cuanto estas providencias no están cumpliendo su eficacia ni están firmes. El apoderado judicial de la parte accionante señala que considera que no están cumpliendo con su eficacia por la rebeldía o contumacia del patrono de cumplir con la orden de reenganche y pago de salarios caídos; que ellos desconocen las providencias administrativas, pero son documentos públicos y tienen la vía del recurso de nulidad; pero para intentarlo se les exige el reenganche, pero eso no está demostrado acá; que las providencias administrativas son el fallo, la decisión ajustada a derecho de todos los intentos que se hicieron de ejecución del reenganche y pago de salarios caídos; y surge porque no hubo reenganche y pago de salarios.
El Tribunal, visto que las documentales certificadas marcadas V, W y X revisten carácter de documento administrativo que emanan de la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas y no son manifiestamente ilegales ni impertinentes, es por lo cual se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil y los artículos 10 y 77 de la de la Ley orgánica Procesal del Trabajo; y revisada las documentales, de las mismas se desprende que en fecha 16/06/2023, la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, emite providencias administrativas N° (s) 0068-2023, 0066-2023 y 0067-2023 de fecha 16/06/2023 correspondiente a los ciudadanos José Luís Rodríguez, José Gregorio Oliveros y José Rafael Pérez respectivamente, contenidas en los expedientes N ° (s) 044-2022-01-00040, 044-2022-01-00009 y 044-2022-01-00010, mediante las cuales declara CON LUGAR el reenganche y pago de salarios caídos incoado por cada uno de los accionantes supra indicados contra la entidad de trabajo CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL, indicando que se encuentra ubicada en la VIA EL RINCON DE MONAGAS DESPUES DE LA URBANIZACION LOMAS DEL VIENTO A 1 KILOMETRO DE LA CARRETERA NACIONAL, VIA EL SUR, MATURIN, ESTADO MONAGAS. Así se decide.
14. Promueve marcado “Y”, “Z” y A-1”, constante de TRES (03) folios útiles, documental en copia fotostática certificada, referidas a ACTA DE EJECUCION DE REENGANCHE y PAGO DE SALARIOS CAIDOS, de fecha 05/09/2023, expedientes 044-2022-01-00040, 044-2022-01-00009 y 044-2022-01-00010 correspondiente a los procedimientos incoados por los ciudadanos José Luís Rodríguez, José Gregorio Oliveros y José Rafael Pérez (f. 81-83). El co-apoderado judicial de la parte co-accionada señala que estos procesos son los recurridos ante el Ministerio del Poder Popular para el Trabajo a través de recurso jerárquico en fecha 22/01/2025 y que genero parcialmente los efectos solicitados que era la subsanación de errores involuntarios de la administración que es la inspección judicial que promovieron del oficio emanado de la Inspectora del Trabajo jefe; que consideran que a pesar de la subsanación parcial de los efectos, está viciado de igual manera, tanto los expedientes como la decisión generada en providencia administrativa. El apoderado judicial de la parte accionante manifiesta que esto no puede servir de prueba, porque si la empresa intento alguna acción de nulidad, violentan el derecho a la defensa y debido proceso porque desconocen la misma, por lo tanto no debe ser valorado porque no consta; que no hay una decisión firme y todo se queda en una simple aseveración de algo que presuntamente hicieron ante el Ministerio del Trabajo. Que debieron hacerlo por las vías legales, para pretender enervar una acción que está fundamentada en la necesidad de que se cumplan los derechos constitucionales infringidos a sus representados como es el derecho al trabajo y la estabilidad en el trabajo.
15. Promueve marcado “B-2”, “C-3”, “D-4”, “E-5”, “F-6” y “G-7”, constante de DOCE (12) folios útiles, documentales en copia fotostática certificada, referidas a ACTA DE EJECUCION DE REENGANCHE y PAGO DE SALARIOS CAIDOS, de fechas 14/09/2023 y 15/09/2023, expediente 044-2022-01-00040, 044-2022-01-00009 y 044-2022-01-00010, correspondiente a los procedimientos incoados por los ciudadanos José Luís Rodríguez, José Oliveros y José Pérez (f. 84- 95). El co-apoderado judicial de la parte co-accionada señala que como apoderados de Constructora Vidalsa nunca se opusieron al reenganche, solo que hicieron mención de que no se trataba de la entidad de trabajo que tenía la relación laboral con los trabajadores que pretendían reenganchar; que en ese patio de maquina destinado al mantenimiento lejos se podía reenganchar a un ingeniero de mantenimiento de planta y operaciones de un campo petrolero; que hicieron saber que no se trataba de la misma entidad de trabajo que hacía referencia la providencia administrativa. El apoderado judicial de la parte accionante manifiesta que la cláusula quinta del documento constitutivo expresa que fueron contratados por Constructora Vidalsa C.A., y en la cláusula quince dice que el consorcio puede contratar, porque entonces no los contrato el Consorcio directamente?; que en cuanto a que ese no era el domicilio, y no se podía hacer el reenganche en ese sitio, eso es un acto administrativo y se acudió a la sede de una de las empresas consorciadas que es Vidalsa, y todos los actos de reenganche se llevaron en la sede de Vidalsa.
El Tribunal, visto que las documentales marcadas Y, Z, A-1; B-2, C-3, D-4; E-5, F-6 y G-7, no fueron desconocidas o impugnadas en su oportunidad legal, y por cuanto las mismas no son manifiestamente ilegales ni impertinentes, es por lo cual se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil y los artículos 10 y 77 de la de la Ley orgánica Procesal del Trabajo;; constatando que dichas documentales revisten carácter de documento administrativo emanadas la Inspectoría del Trabajo en Maturín, estado Monagas, desprendiéndose de las mismas que tratan de ACTAS levantadas por el órgano administrativo en las siguientes fechas: 05/09/2023, 14/09/2023, 15/09/2023, correspondiente a los expedientes administrativos llevado ese ente, signado con los números 044-2022-01-0000040, 044-2022-01-000009 y 044-2022-01-000010, de las cuales emerge que, 1) IDENTIFICADAS Y, Z, A-1: en fecha 05/09/2023 los accionantes acompañados de un funcionario del Trabajo adscrito a la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, se trasladaron a la siguiente dirección: Vía el Rincón de Monagas después de Lomas del Viento a 1 Km., de la carretera nacional vía el sur estado Monagas, a los fines de practicar la ejecución de la orden de reenganche y pago de salarios caídos de los ciudadanos José Luís Rodríguez, José Oliveros y José Pérez, bajo el numero de Providencias Administrativas Nº(s) 0068, 0066 y 00067 de fecha 16/06/2023 dictadas por la Inspectoría del Trabajo en contra de la entidad de trabajo Consorcio Operador Helios Vidal, actas en las cuales el funcionario actuante dejo constancia que constituidos en la entidad de trabajo Consorcio Operador Helios Vidal...se dejó constancia que no se encontraba la representación patronal al momento del traslado. 2) IDENTIFICADAS B-2, C-3, D-4: en fecha 14/09/2023, los accionantes José Luís Rodríguez, José Oliveros y José Pérez, acompañados de un funcionario del Trabajo adscrito a la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, se trasladaron a la siguiente dirección: Vía el Rincón de Monagas después de la Urb. Lomas del Viento a 1 km., de la carretera nacional estado Monagas, a los fines de practicar la ejecución de la orden de reenganche y pago de salarios caídos de los ciudadanos José Luís Rodríguez, José Oliveros y José Pérez, bajo los números de Providencia Administrativa Nº (s) 00068, en el acta cursante al folio 86 no se indica el numero de providencia y Nº 0067 de fecha 16/06/2023 dictadas por la Inspectoría del Trabajo en contra de la entidad de trabajo Consorcio Operador Helios Vidal, actas en las cuales el funcionario actuante dejó constancia que fueron atendidos por el ciudadano José Brito, titular de la cédula de identidad N° 8.376.331, quien alegó tener el cargo de Jefe de patio de operaciones; que no representa a la empresa Helios Vidal y por lo tanto no tiene autoridad para dar respuesta a dicho procedimiento, indicando donde se encuentran las oficinas de las presidencia y gerencia de Constructora Vidalsa. Y que al no haber cualidad patronal se difiere y propone nueva oportunidad. 3) IDENTIFICADAS E-5, F-6 y G-7: en fecha 15/09/2023, los accionantes José Luís Rodríguez, José Oliveros y José Pérez, acompañados de un funcionario del Trabajo adscrito a la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, se trasladaron a la siguiente dirección: Vía el Rincón de Monagas después de la Urb. Lomas del Viento a 1 km., de la carretera nacional estado Monagas, a los fines de practicar la ejecución de la orden de reenganche y pago de salarios caídos y demás beneficios de los ciudadanos José Luís Rodríguez, José Oliveros y José Pérez, bajo los números de Providencias Administrativas N° 00068; en el acta cursante al folio 92 no se indica el numero de providencia y N° 00067 de fecha 16/06/2023 dictadas por la Inspectoría del Trabajo en contra de la entidad de trabajo Consorcio Operador Helios Vidal, actas en las cuales el funcionario actuante dejó constancia que fueron atendidos por el ciudadano José Amadeo Salas Jaimes, titular de la cédula de identidad Nº 18.579.959, apoderado judicial quien mostró poder especial en original y consignado en copia; y que expuso “en aras de buscar una posible solución, invita al apoderado judicial de los trabajadores a reunirse el sábado 16/09/2023 a las 10:00 a.m., ello en virtud de encontrar la solución mas satisfactoria en cuanto a las providencias administrativas de los trabajadores...(sic)”. El funcionario actuante dejó constancia que el acto de reenganche de las providencias administrativas se difiere para otra oportunidad por acuerdo de las partes. Así se decide
16. Promueve marcado “H-8”, constante de UN (01) folio útil, documental en copia fotostática certificada, referida a ACTA DE EJECUCION DE REENGANCHE y PAGO DE SALARIOS CAIDOS, de fecha 09/11/2023, expediente 044-2022-01-00040, correspondiente al procedimiento incoado por el ciudadano José Luís Rodríguez, donde se dejó constancia que el apoderado judicial del Consorcio manifiesta que esa no es la sede administrativa de su representada, que no se opone al reenganche, y la funcionaria actuante deja constancia que el trabajador fue reenganchado a su puesto de trabajo (f. 96). El co-apoderado judicial de la parte co-accionada señala que si bien no se opusieron y materializo ese reenganche, no es menos cierto que los reenganchados no se presentaron a cumplir con ese reenganche y sus funciones posteriormente (como operadores y supervisor de mantenimiento). El apoderado judicial de la parte accionante señala que consta que si ellos no se hubiesen opuesto al reenganche porque se está en esta audiencia; porque tuvieron la necesidad de acudir a la instancia judicial para ejercer la acción de amparo; que de las actas constan todo, pero donde está el pago de los salarios caídos; que tiene que ver con el reenganche, porque se causó un gravamen irreparable, que a través de un contrato a tiempo indeterminado le cortaron las alas de manera repentina.
17. Promueve marcado “I-9”, constante de UN (01) folio útil, documental en copia fotostática certificada, referida a ACTA DE EJECUCION DE REENGANCHE y PAGO DE SALARIOS CAIDOS, de fecha 09/11/2023, expediente 044-2022-01-00009, correspondiente al procedimiento incoado por el ciudadano José Gregorio Oliveros; y marcado “J-10”, constante de UN (01) folio útil, documental en copia fotostática certificada, referida a ACTA DE EJECUCION DE REENGANCHE y PAGO DE SALARIOS CAIDOS, de fecha 09/11/2023, expediente 044-2022-01-00010, correspondiente al procedimiento incoado por el ciudadano José Rafael Pérez; donde se dejó constancia que el apoderado judicial del Consorcio manifiesta que esa no es la sede administrativa de su representada, que no se opone al reenganche, y la funcionaria actuante deja constancia que el trabajador fue reenganchado a su puesto de trabajo (f. 97 y 98). El co-apoderado judicial de la parte co-accionada señala que se nota la persistencia de querer inducir al error entre dos entidades de trabajo diferentes, una solicitud por vía administrativa que genero una providencia administrativa, y que con el uso de la fuerza pública irrumpen en el patio de su representada cuyo objeto es la explotación de un campo petrolero; que no se opuso el apoderado pero se dejó constancia que no se trataba del domicilio de la entidad de trabajo que fue impuesta en la providencia administrativa; que hay elementos que no pueden ser dirimidos en amparo constitucional. El apoderado judicial de la parte accionante señala que la empresa no trae nada para probar; que alega la falta de impulso, pero que hay muchas actuaciones que demuestran el impulso; que el amparo se presentó en mayo de 2024; se tardó por la solicitud de copia ante el órgano administrativo.
El Tribunal, visto que las documentales marcadas H-8, I-9 y J-10 no fueron desconocidas o impugnadas en su oportunidad legal, y por cuanto las mismas no son manifiestamente ilegales ni impertinentes, es por lo cual se le otorga pleno valor de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil y los artículos 10 y 77 de la de la Ley orgánica Procesal del Trabajo; constatando que dichas documentales revisten carácter de documento administrativo emanadas la Inspectoría del Trabajo en Maturín, estado Monagas, y las mismas tratan de ACTAS levantadas por el órgano administrativo en fecha 09/11/2023, correspondiente a los expedientes administrativos llevado por ese ente, signado con los números 044-2022-01-0000040, 044-2022-01-000009 y 044-2022-01-000010, de las cuales emerge que en la mencionada fecha, los accionantes se trasladaron acompañados con una funcionaria del Trabajo adscrita a la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, sin que se refleje en las mencionadas documentales, la dirección en la cual se constituyo el ente administrativo, a los fines de practicar la ejecución de la orden de reenganche y pago de salarios caídos de los ciudadanos José Luís Rodríguez, José Oliveros y José Pérez, bajo el numero de Providencias Administrativas ( no consta en las actas los números de providencias, ni las fechas de emisión), dictadas por la Inspectoría del Trabajo en contra de la entidad de trabajo Consorcio Operador Helios Vidal, actas en las cuales el funcionario actuante dejo constancia que fueron atendidos por el ciudadano José Amadeo Salas, titular de la cédula de identidad Nº 18.579.959, apoderado judicial y quien expuso “No nos oponemos al reenganche de los trabajadores dejando la salvedad que en este lugar no funciona la sede administrativa del Consorcio Operador Helio Vidal, todo ello debe ser tomado en cuenta para este acto, que con respecto a los salarios caídos deben presentar los trabajadores el cálculo de cada uno de ellos para ser evaluado por el departamento correspondiente...(sic)”. La funcionaria actuante dejó constancia en cada acta, que los trabajadores José Luís Rodríguez, José Oliveros y José Pérez respectivamente, fueron reenganchados a su puesto de trabajo y en cuanto a los salarios caídos, los trabajadores le presentaran el calculo a la entidad en fecha 10/11/2023, que serán cancelados en 5 días hábiles siguientes. Así se decide
18. Promueve marcado “K-11”, constante de DOS (02) folios útiles, documental en copia fotostática certificada, contentivo de auto de fecha 24/11/2023 emanado de la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, pronunciándose sobre solicitud de la parte accionante; y ordena que se verifique el reenganche de los trabajadores (f. 99-100). El co-apoderado judicial de la parte co-accionada señala que no hay observación. El apoderado judicial de la parte accionante señala que se demuestra que nuevamente acuden a la Inspectoría del Trabajo para verificar el reenganche, lo que contradice el dicho de la empresa de que nunca se opusieron al reenganche, para esa fecha y al día de hoy no se ha producido el reenganche ni pago de salarios caídos.
19. Promueve marcado “L-12”, “M-13”, “N-14”, “O-15”, “P-16”, y “Q-17”, constante de NUEVE (09) folios útiles, documentales en copia fotostática certificada, contentivas de ACTAS DE VERIFICACION de ORDEN DE REENGANCHE Y PAGO DE SALARIOS CAIDOS, de fechas 29/11/2023 y 17/01/2024 expedientes 044-2022-01-00040, 044-2022-01-00009 y 044-2022-01-00010 correspondiente a los procedimientos incoados por los ciudadanos José Luís Rodríguez, José Gregorio Oliveros y José Rafael Pérez (f. 101-109). El co-apoderado judicial de la parte co-accionada señala que ante esta suerte de levantamiento de velo corporativo por vía administrativa y que recurrieron a través de recurso jerárquico el 22/01/25, lo cual fue subsanado parcialmente (el elemento sancionatorio) mediante oficio del 03/02/2025 emanado de la Inspectora del Trabajo Jefa de Maturín. El apoderado judicial de la parte accionante señala que a la fecha del acta sin producirse el reenganche y desmiente lo dicho por el apoderado judicial; que ellos asumen como una defensa lo que tiene que ver con el velo corporativo; a ellos se les suspendió la solvencia laboral; que al ser un consorcio que contrata con PDVSA tienen que estar solvente; y de repente se le levanta el velo corporativo como que fuera una empresa que hubiera cumplido con sus pagos. Que la deuda que tiene el patrono con los trabajadores es un crédito privilegiado.
El Tribunal, visto que las referidas documentales no fueron desconocidas o impugnadas en su oportunidad legal, y por cuanto las mismas no son manifiestamente ilegales ni impertinentes, es por lo cual se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil y los artículos 10 y 77 de la de la Ley orgánica Procesal del Trabajo; es por ello que revisada las documentales, se constata que estas revisten carácter de documento administrativo por emanar de una Institución pública y de las cuales emerge que 1) IDENTIFICADA K11: en fecha 24/11/2023 el Órgano Administrativo, dicta auto, ordenando la verificación del reenganche de los trabajadores en su puesto de trabajo. En las documentales 2) IDENTIFICADAS L-12, M-13 y N-14, consta que en fecha 29/11/2023 los accionantes José Luís Rodríguez, José Oliveros y José Pérez, acompañados de un funcionario del Trabajo adscrito a la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, se trasladaron a la siguiente dirección: Vía el Rincón de Monagas después de la Urb. Lomas del Viento a 1 km., de la carretera nacional estado Monagas, a los fines de practicar la ejecución de la orden de reenganche y pago de salarios caídos y demás beneficios de los ciudadanos José Luís Rodríguez, José Oliveros y José Pérez, bajo los números de Providencias Administrativas N° 00068; 00066 y 00067 de fecha 16/06/2023 dictadas por la Inspectoría del Trabajo en contra de la entidad de trabajo Consorcio Operador Helios Vidal, actas en las cuales el funcionario actuante dejó constancia que se trasladan para cumplir con el procedimiento de verificación solicitada por los trabajadores; que fueron atendidos por la ciudadana Zugey Villafranca asistente administrativo quien manifestó que el jefe no se encuentra. El funcionario actuante dejó señalado en el acta, que al no haber cualidad patronal se propone una nueva oportunidad. Y de las documentales 3) IDENTIFICADAS O-15, P-16, y Q-17, se evidencia que en fecha 17/01/2024 los accionantes José Luís Rodríguez, José Oliveros y José Pérez, acompañados de una funcionaria del Trabajo adscrita a la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, se trasladaron a la siguiente dirección: Vía el Rincón de Monagas, Maturín estado Monagas, a los fines de verificación de la orden de reenganche y pago de salarios caídos y demás beneficios de los ciudadanos José Luís Rodríguez, José Oliveros y José Pérez, según auto de fecha 18/01/2022 y 07/01/2022 dictado por la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas contra la entidad de trabajo Helios Vidal, actas en las cuales el funcionario actuante dejó constancia que fueron atendidos por el ciudadano José Brito, gerente de Operaciones, quien manifestó lo siguiente “nosotros no somos Helios Vidal, no puedo dar respuesta ni reenganchar a nadie, tienen que conversar con las personas de Caracas y sus abogados...(sic)”. La funcionaria igualmente dejo plasmado que fue para la verificación de la orden de reenganche y pago de salarios caídos acatada en fecha 09/11/2023, en vista de que no hubo un fiel cumplimiento en la orden de reenganche y pago de salarios caídos emitido por la autoridad administrativa; que en ese mismo acto se procede a dejar constancia del Desacato y se propone la multa correspondiente de conformidad al articulo 532, 538 por desacato a una orden administrativa de la LOTTT. Así se establece.
20. Promueve marcado “R-18”, “S-19” y “T-20”, constante de TRES (03) folios útiles, documentales en copia fotostática certificada, contentivas de ACTAS ADMINISTRATIVAS de fecha 02/06/2023, expediente 044-2022-01-00040, 044-2022-01-00009 y 044-2022-01-00010 correspondiente a los procedimientos incoados por los ciudadanos José Luís Rodríguez, José Gregorio Oliveros y José Rafael Pérez, DONDE SE PROPONE A LA SALA DE SANCIONES de la INSPECTORIA DEL TRABAJO la apertura del procedimiento de multa (f. 110-112). El co-apoderado judicial de la parte co-accionada señala que en función del procedimiento de multa estas fueron canceladas; que producto de esta situación no era obligado notificar al abogado de los recurrente del procedimiento que se intentó considera que es el Ministerio; que el velo corporativo de un consorcio no se puede dirimir en vía administrativa; por eso se acudió al Ministerio del Poder Popular del Trabajo, a los efectos de que se subsanara como efecto ocurrió el error involuntario de la administración, en donde había suprimido las solvencias laborales a Constructora Vidalsa, lo cual hizo a través del oficio emanado de la Inspectora del Trabajo Jefa en fecha 03/02/2025. El apoderado judicial de la parte accionante manifiesta que el apoderado de la coaccionada, mantiene su posición en cuanto a tratar de desligar la solidaridad o la obligación que tiene una empresa consorciada como es la constructora Vidalsa 27, C.A. y que están en la cláusula cuarta del documento constitutivo, y además es reiterado por vía jurisprudencial. Que al solicitar el procedimiento de sanción es porque no se había cumplido con el reenganche y pago de salarios caídos.
El Tribunal, visto que las documentales “R-18”, “S-19” y “T-20 no fueron desconocidas o impugnadas en su oportunidad legal, y por cuanto las mismas no son manifiestamente ilegales ni impertinentes, es por lo cual se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil y los artículos 10 y 77 de la de la Ley orgánica Procesal del Trabajo; es por ello que revisada las documentales, se constata que estas revisten carácter de documento administrativo por emanar de una Institución pública y de las cuales emerge que en fecha 02/06/2023 el Órgano Administrativo, levanta ACTAS donde se señala de manera expresa que “...se realiza traslado hasta la entidad de trabajo antes mencionada el día de hoy 02/06/2023 a los efectos de realizar la ejecución de restitución jurídica infringida de cumplimiento a lo dispuesto en AUTO de fecha 18/01/2022 (para la cursante al folio 110); y 07/01/2022 para las dos restantes (f.111-112) llevándose a cabo el procedimiento administrativo donde se realiza ACTA de ejecuciones que se evidencia que la referida entidad de trabajo incurrió en las causales contenidas en los artículos 531 y 532 de la LOTTT, la cual riela al folio 18 de la presente causa. Es por lo que se propone a la Sala de Sanciones de la Inspectoría del Trabajo la apertura del correspondiente procedimiento de multa en contra de la entidad de trabajo Consorcio Operador Helios Vidal. De las documentales analizadas, se evidencia igualmente que en la parte inferior de cada documental, tiene un recibido de fecha 15/11/2023 y en la parte superior derecha la indicación de nomenclatura S011-2023-06-00050; S011-2023-06-00052; y S011-2023-06-00051. Así se decide.
21. Promueve marcado “U-21”, “V-22” y “W-23”, constante de TRES (03) folios útiles, documentales en copia fotostática certificada, contentivas de AUTO emanado de la Inspectoría del Trabajo de Sanciones del estado Monagas de fecha 15/11/2023, admitiendo e iniciando procedimientos sancionatorios N° (s) S011-2023-06-00050, S011-2023-06-00052 y S011-2023-06-00051, correspondiente a los ciudadanos José Rodríguez, José Oliveros y José Pérez (f. 113-115). El co-apoderado judicial de la parte co-accionada señala que ratifican lo anteriormente expresado. El apoderado judicial de la parte accionante manifiesta que es el auto que acordó la multa correspondiente, que no consta el reenganche y pago de salarios caídos
El Tribunal, visto que las documentales U-21, V-22 y W-23 no fueron desconocidas o impugnadas en su oportunidad legal, y por cuanto las mismas no son manifiestamente ilegales ni impertinentes, es por lo cual se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil y los artículos 10 y 77 de la de la Ley orgánica Procesal del Trabajo; y revisada las mismas, se constata que estas revisten carácter de documento administrativo por emanar de una Institución pública y de las cuales emerge que en fecha 15/11/2023 la Inspectoría del Trabajo de Sanciones del Estado Monagas, dicta AUTO en los expedientes S011-2023-06-00050, S011-2023-06-00052 y S011-2023-06-00051 correspondiente a los ciudadanos José Rodríguez, José Oliveros y José Pérez, señalando que ante la solicitud de inicio de procedimiento sancionatorio requerido por la Inspectoría del Trabajo de Monagas, expedientes origen 044-2022-01-00040, 044-2022-01-00009 y 044-2022-01-00010, por violación a la inamovilidad laboral articulo 531 de la LOTTT, ese Despacho sancionatorio procede a ADMITIR e INICIAR el procedimiento solicitado, de conformidad con lo previsto en el articulo 547 de la LOTTT. Así se decide.
22. Promueve marcado “Y-25”, “X-24” y “Z-26”, constante de TRES (03) folios útiles, documentales en copia fotostática certificada, contentivas de INFORMES DE NOTIFICACION de fecha 04/12/2023 de la notificación al Consorcio Operador Helios Vidal en la dirección: vía el Rincón detrás de Lomas del Viento, contenidos en los procedimientos sancionatorios N° (s) S011-2023-06-00050, S011-2023-06-00052 y S011-2023-06-00051, correspondiente a los ciudadanos José Rodríguez, José Oliveros y José Pérez (f. 116-118). El co-apoderado judicial de la parte co-accionada señala que el recurso que mencionaron y promovieron como prueba lleva consigo el tema puntual de la confusión de las dos entidades de trabajo; que esta es una vía extraordinaria y acá hay muchos hechos controvertidos, pero son temas donde su representada se vio violentada en su debido proceso; están tratando de hacer responsable a la Constructora Vidalsa, sin que se haya acudido a la vía correspondiente que determine la solidaridad; que desconocen la forma como se está pidiendo; son muchos hechos que no pueden ser dirimidos por amparo constitucional. El apoderado judicial de la parte accionante manifiesta que no conoce el recurso al cual hacen referencia; que no entiende cuales son los hechos controvertidos a los que alude; que si está señalando la violación de los derechos constitucionales que son el 87, 89 y 93 de la Carta Magna los cuales tienen que ver con los artículos 26, 49, 2; el 257 igualmente de la Constitución. Que la Jurisprudencia de la Sala Constitucional le indica que cuando no hay reenganche y pago de salarios caídos y sanción debe acudir a Tribunales en amparo. Que está comprobado el incumplimiento de la orden administrativa.
El Tribunal, visto que las documentales Y-25, X-24 y Z-26 no fueron desconocidas o impugnadas en su oportunidad legal, y por cuanto las mismas no son manifiestamente ilegales ni impertinentes, es por lo cual se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil y los artículos 10 y 77 de la de la Ley orgánica Procesal del Trabajo; y revisada las mismas, se constata que estas revisten carácter de documento administrativo por emanar de una Institución pública y de las cuales emerge que en fecha 04/12/2023 la Inspectoría del Trabajo de Sanciones del Estado Monagas, emite INFORME en los expedientes S011-2023-06-00050, S011-2023-06-00051 y S011-2023-06-00052 dejando constancia que en fecha 04/12/2023 hizo acto de presencia en las instalaciones de la entidad de trabajo Consorcio Operador Helios Vidal, ubicada en la siguiente dirección: vía el Rincón después de Lomas del Viento, con la finalidad de materializar entrega de notificación por apertura procedimiento sancionatorio en los expedientes supra indicados; que la entidad de trabajo se ubico en la dirección especificada, pero el patrono o su representante se negó a recibir la notificación; que en esa misma fecha se procedió a la fijación del cartel de notificación en la puerta de entrada a esa entidad de trabajo. Así se decide.

23. Promueve marcado “A-X”, “B-X” y “C-X”, constante de DOCE (12) folios útiles, documentales en copia fotostática certificada, contentivas de PROVIDENCIAS ADMINISTRATIVAS de fechas 13/12/2023, N° (s) S011-00083-2023, S011-00085-2023 y S011-00084-2023, emanadas de la Inspectoría del Trabajo de Sanciones del estado Monagas, contenidos en los procedimientos sancionatorios N° (s) S011-2023-06-00050, S011-2023-06-00052 y S011-2023-06-00051, correspondiente a los ciudadanos José Rodríguez, José Oliveros y José Pérez (f. 119-130). El co-apoderado judicial de la parte co-accionada señala que desconocen las sanciones porque en lo que respecta a Constructora Vidalsa ya no existen; porque conforme al recurso jerárquico, esas sanciones del sistema Rnet ya no están adheridas a su representada por lo que las desconocen; que a su representada les fue emitido la solvencia laboral desde el mes de febrero. El apoderado judicial de la parte accionante manifiesta que es evidente que no hay el cumplimiento de las sanciones porque si hubieran cumplido no tendría sentido la decisión de la Inspectoría de Sanciones; no tiene sentido que hayan cumplido sin que hayan reenganchado; que no han traído acá una copia certificada de que ellos pagaron. Ratifica las providencias con todas las actuaciones efectuadas.
El Tribunal, visto que las documentales marcadas A-X, B-X y C-X no fueron desconocidas o impugnadas en su oportunidad legal, y por cuanto las mismas no son manifiestamente ilegales ni impertinentes, es por lo cual se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil y los artículos 10 y 77 de la de la Ley orgánica Procesal del Trabajo; y revisada las documentales, se constata que estas revisten carácter de documento administrativo que emanan de una institución pública y de las mismas se desprenden que la Inspectoría del Trabajo de Sanciones del estado Monagas, emite providencias administrativas N° (s) S011-00083-2023, S011-00085-2023, S011-00084-2023, de fecha 13/12/2023 correspondiente a los ciudadanos José Luís Rodríguez, José Gregorio Oliveros y José Rafael Pérez respectivamente, contenidas en los expedientes N ° (s) S011-2023-06-00050, S011-2023-06-00052 y S011-2023-06-00051, mediante las cuales declara CON LUGAR el procedimiento de multa en contra de la entidad de trabajo CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL, ubicada en la VIA EL RINCON DESPUES DE LA URBANIZACION LOMAS DEL VIENTO, VIA EL SUR, MATURIN, ESTADO MONAGAS. Igualmente se constata que en la narrativa de las providencias administrativas, se señala que el procedimiento de sanción se inicia a solicitud de sanción emanada de la Inspectoría del Trabajo sede Maturín, suscrito por el abogado Trino Fajardo, en su carácter de funcionario del trabajo, recibida en fecha 15/11/2023 en esa Inspectora de Sanciones, mediante la cual solicita se inicie el procedimiento de multa contra la entidad de trabajo accionada según lo establecido en los artículos 531 y 532 de la LOTTT. Así se decide.

24. Promueve marcado “D-X”, “E-X”, “F-X”, “G-X”, “H-X” e “I-X”, constante de SEIS (06) folios útiles, documentales en copia fotostática certificada, contentivas de INFORMES DE NOTIFICACION de fecha 14/12/2023 y CARTEL DE NOTIFICACION de fecha 13/12/2023 emanados de la Inspectoría del Trabajo de Sanciones del estado Monagas sobre la notificación al Consorcio Operador Helios Vidal en la dirección: vía el Rincón después de la Urb. Lomas del Viento vía el sur, contenidos en los procedimientos sancionatorios N° (s) S011-2023-06-00050, S011-2023-06-00052 y S011-2023-06-00051, correspondiente a los ciudadanos José Rodríguez, José Oliveros y José Pérez (f. 131-136). El co-apoderado judicial de la parte co-accionada señala que ratifican lo alegado en cuanto a que se pretendió notificar al Consorcio en la sede de Constructora Vidalsa. El co-apoderado judicial de la parte accionante manifiesta que los apoderados judiciales no desconocieron ninguna de las actuaciones que acompaño al escrito de amparo; no consta a través de su intervención que se hayan opuesto desestimados las actuaciones realizadas en el procedimiento administrativo.
El Tribunal, visto que las documentales D-X, E-X, F-X, G-X, H-X e I-X no fueron desconocidas o impugnadas en su oportunidad legal, y por cuanto las mismas no son manifiestamente ilegales ni impertinentes, es por lo cual se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código Procedimiento Civil y los artículos 10 y 77 de la de la Ley orgánica Procesal del Trabajo; es por ello que revisada las mismas, se constata que estas revisten carácter de documento administrativo por emanar de una Institución pública y de las cuales emerge que: 1) IDENTIFICADAS D-X, E-X, F-X: en fecha 14/12/2023 la Inspectoría del Trabajo de Sanciones del Estado Monagas, emite INFORME en los expedientes S011-2023-06-00050, S011-2023-06-00052 y S011-2023-06-00051, dejando constancia el funcionario actuante que en fecha 14/12/2023 hizo acto de presencia en las instalaciones de la entidad de trabajo Consorcio Operador Helios Vidal, ubicada en la siguiente dirección: vía el Rincón después de Lomas del Viento, vía el sur, con la finalidad de materializar entrega de notificación de providencia administrativa de fecha 13/12/2023 en los expedientes supra indicados; que la entidad de trabajo se ubico en la dirección especificada, pero el patrono o su representante se negó a recibir la notificación; que en esa misma fecha se procedió a la fijación del cartel de notificación en la puerta de entrada a esa entidad de trabajo. Y de las 2) IDENTIFICADAS G-X, H-X e I-X: se constata que están referidas a carteles de notificación de fecha 13/12/2023 emitida por la Inspectoría del Trabajo de Sanciones del Estado Monagas, contenida en los expedientes S011-2023-06-00050, S011-2023-06-00052 y S011-2023-06-00051, dirigidos al representante legal del Consorcio Operador Helios Vidal, C.A., Rif. J-41158882-9, remitiéndole copia de las providencias administrativas; y verificándose en la parte inferior de la documental cursante al folio 134, una nota en manuscrito del funcionario actuante, donde deja constancia que el ciudadano José Brito, gerente de operaciones se negó a recibir por cuanto señaló que era trabajador de la empresa VIDALSA. Así se decide.

PRUEBA DE LA PARTE PRESUNTAMENTE AGRAVIANTE: CO- ACCIONADA CONSTRUCTORA VIDALSA, 27, C.A.
UNICO: DE LA INSPECCION JUDICIAL
• Solicita Inspección Judicial en la sede de la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, ubicado en la Calle Carlos Molhe, Edificio Soucre Piso 1, entre Avenida Luís Del Valle y Avenida Bolívar de esta ciudad de Maturín, estado Monagas. La misma fue materializada en fecha 05/06/2025 en la oficina del Despacho de la ciudadana Inspectora del Trabajo, y cursa en el folio 591 y su vto., en la cual se dejo constancia de lo siguiente particulares: Primero: Dejar constancia de la decisión emanada de la inspectoría del trabajo del estado Monagas de fecha 03 de febrero de 2025, mediante oficio Nº 00020-2025, en virtud del recurso jerárquico interpuesto por la entidad de trabajo constructora Vidalsa 27, C.A. por ante el Ministro del Trabajo para el Poder Popular y Seguridad Social, en fecha 22-01-2025: El Tribunal deja constancia que la notificada informa que recibió correo institucional y llamada telefónica de parte de la Dirección Nacional de Solvencia en fecha 02-02-2025 donde le informa que revise los expedientes y que se debe subsanar el error involuntario por la cual este despacho cargó las insolvencia laboral a la Constructora Vidalsa 27, C.A. debido a que existe un recurso jerárquico por ante el despacho del Ministro del Poder Popular para el proceso social del trabajo, profesor Eduardo Piñate, que indica que por razones sociales debe otorgársele de manera temporal la solvencia laboral.. Segundo: Dejar constancia de lo decidido por el órgano administrativo en el oficio 00020-2025. El Tribunal deja constancia que la notificada informa que se envió oficio de fecha 03-02-2025, N° 00020-2025, dirigido a la Dirección Nacional de Solvencia Laboral, a fin de subsanar el error involuntario cometido por esta instancia administrativa. Tercero: Dejar constancia quien solicitó el mencionado recurso jerárquico. El Tribunal deja constancia que la notificada informa que el recurso jerárquico lo solicitó la entidad de trabajo Constructora Vidalsa 27, C.A. Cuarto: Dejar constancia que procedimientos administrativos que cursan por ante ese órgano administrativo abarcó lo decidido mediante el referido oficio. La notificada informa que lo decidido abarca a 21 expediente administrativo en total, con procedimientos de reenganche y restitución de la situación jurídica infringida: de los cuales los Expedientes: 044-2022-01-00002, 044-2022-01-00004, 044-2022-01-00005, 044-2022-01-00010, 044-2022-01-00009, 044-2022-01-00011, 044-2022-01-00014, 044-2022-01-00015, 044-2022-01-00017, 044-2022-01-00027, 044-2022-01-00034, 044-2022-01-00035, 044-2022-01-00039 y 044-2022-01-00040. Acto seguido presente la representación de la parte accionante expone: Surge una duda que tiene que ver en razón a la fecha, a la data en que la empresa Constructora Vidalsa interpuso el recurso jerárquico, y si fue ante la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas o fue ante el Ministerio, para dejar establecido ese lapso, que es muy importante y que lo ordena la ley, para interponer ese recurso jerárquico. Igualmente señala que conforme a los artículos 26 y 49 de la CRBV, no comprende porque no fueron incorporados en su momento la solicitud del recurso jerárquico en los expedientes señalados anteriormente, 21 en total, concretamente relacionados con los accionantes en amparo, y con los expedientes restantes; dicho señalamiento lo realiza porque no se le dio derecho a la defensa a sus representados para oponerse al recurso; se evidencia que fue un acto unilateral tomado por un Ministro del trabajo, dejando indefenso a sus representados; siendo un hecho grave dado el principio de igualdad de las partes. Por último, por qué no se dejó constancia de esas razones sociales que alega, o es que las razones sociales de una empresa priva sobre las razones sociales de unos trabajadores, garantizados en un estado social de derecho y de justicia. Reservándose otras argumentaciones al momento de la continuación de la audiencia constitucional. La parte promovente de la inspección judicial señala: el recurso jerárquico se intentó, con ocasión del silencio administrativo que prevalecía por ante la Inspectoría del Trabajo, puesto que en reiteradas ocasiones se diligencio haciéndole saber a la Inspectora Jefa del error involuntario pero subsanable de toda la carga en el sistema RNET, por cuanto existían muchos expedientes que nada tenían que ver con su representada, como por ejemplos expedientes de la empresa Halliburton es por ello, y en virtud del silencio administrativo que reinaba, que se intentó el recurso jerárquico. Se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 10 y 77 de la de la Ley orgánica Procesal del Trabajo. Así se establece.

DE LA OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
En fecha cinco (05) de junio de 2025, en la continuación de la Audiencia Constitucional oral y pública, se dejó constancia de la comparecencia de las Abogadas Milenys Astudillo y Yedulsy González inscritas en el Inpreabogado bajo los Nº(s) 100.243, 104.311 y 141.535 actuando en su carácter de Fiscal Provisorio y Fiscal Auxiliar Interino de la Fiscalía Décima Novena del Ministerio Público con competencia en lo Contencioso Administrativo y de Derechos y Garantías Constitucionales, de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en el orden mencionado; quienes presentaron escrito contentivo de opinión fiscal conforme a previsto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; siendo agregado a los auto en la misma fecha (f. 595-606 pieza N° 3 del expediente). Y consta del acta levantada y del video grabación de dicho acto, que la representación fiscal si bien consignó por escrito la opinión fiscal no obstante expuso verbalmente lo siguiente:
.- Que oídas las conclusiones expresadas por las partes al igual que las observaciones a la Inspección Judicial, la representación fiscal emite la siguiente opinión: que en cuanto a la inspección judicial efectuada en la presente fecha, en las instalaciones de la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, se pudo observar que dicha inspección se deriva de un supuesto recurso jerárquico que no se tuvo a la mano, interpuesto por la parte hoy accionada que no tiene nada que ver con lo ventilado en esta tarde; que es importante aclararle a las partes que el amparo constitucional es algo especialísimo; que por sentencia reiterada de la Sala Constitucional, el amparo solo se interpone cuando existe una violación constitucional y cuando no exista otro medio idóneo para hacer valer su pretensión; que conforme a la sentencia N° 07 de la Sala Constitucional de fecha 01/02/2000, donde se estipula cuáles son los requisitos esenciales para la interposición de un amparo. Que igualmente, en la opinión fiscal se permite hacer observación, en cuanto a que hay una sentencia del año 2022, en donde la Sala Constitucional establece que en los procedimientos llevados por la Inspectoría del Trabajo, independientemente de la existencia de la LOTTT que vino a derogar la antigua ley, la sentencia de la Sala informa, que una vez que se evidencia que existe violación al derecho al trabajo, los trabajadores pueden interponer una acción de amparo.
.- Alega la representación fiscal, que revisada las actuaciones que conforman el expediente, pudo revisar que los mencionados trabajadores interpusieron la solicitud de reenganche por ante la Inspectoría del Trabajo, la cual fue admitida; que hubo varias ejecuciones; que en una de tantas ejecuciones que nunca se encontraba el representante legal o patronal de la empresa, fue una en donde manifiesta el representante que acepta el reenganche. Que luego los trabajadores fueron al siguiente día y no se realizó el reenganche; pidieron la verificación de la misma y hubo un agotamiento por parte de los trabajadores en cuanto a tantas ejecuciones que se realizaron; que la empresa tuvo la oportunidad legal para ejercer su recurso de nulidad, que es el único que puede paralizar un amparo constitucional con suspensión de los efectos; que la entidad de trabajo o el representante legal, interpusieron recurso alguno para hacer valer su derecho; que manifestar hoy en sala constitucional que no son la empresa que no son trabajadores de ellos, no es la oportunidad, que se está hablando de una violación del derecho al trabajo; que por tal razón, la representación fiscal considera que se debe declarar Con Lugar la presente acción de amparo, al evidenciarse del expediente administrativo llevado por la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, que hubo violación al derecho del trabajo.
En cuanto al escrito contentivo de opinión fiscal, la representación del Ministerio Público señala lo siguiente:
(...)Que los ciudadanos JOSE LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ, JOSE GREGORIO NEROS Y RAFAEL PEREZ PEREZ... interpusieron una acciona de amparo constitucional en contra la entidad de trabajo CONSTRUCTORA VIDALSA 27 C.A Y HELIOS PETROLEUM SERVICVES las cuales dieron origen al consorcio operador HIELOS VIDAL en razón del incumplimiento de la Providencias Administrativas N° 068-2023, 066-2023 ý 067-2023 de fecha 16 de junio de 2023, dictada por la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, mediante la cual se declaró Con Lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por los mencionados ciudadanos contra la referida entidad trabajo CONSTRUCTORA VIDALSA 27 C.A Y HELIOS PETROLEUM SERVICVES S.A., correspondiendo el conocimiento de la misma a este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal y Transitorio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, ordenando la notificación del Ministerio Público, la cual se llevó a cabo en fecha 01 de Julio de 2024.(...omissis )..
(...) Que se observa del caso concreto de autos, que estamos en presencia de una pretendida ejecución por vía de amparo (en virtud de haber agotado administrativamente los medios para su ejecución), de una providencia administrativa de efectos particulares, en la cual la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas ordena el reenganche y pago de salarios caídos de los ciudadanos JOSE LUIS RODRIGUEZ ONZALEZ JOSE GREGORIO OLIVEROS Y JOSE RAFAEL PEREZ... (omissis ).
(...) Que la Representación Fiscal constató el cumplimiento de los requisitos de procedencia de la Acción de Amparo Constitucional interpuesta, con el fin de hacer cumplir las Providencias Administrativas emanadas de las Inspectorías del Trabajo, que conllevan el reenganche y pago de salarios caídos, ello a la luz de la jurisprudencia dictada al respecto, ya que se pudo verificar la existencia de las Providencias Administrativas cuya ejecución se pretende, la cual esta signada bajo los N° 068-2023, 066-2023 y 067-2023, de fecha 16 de Junio de 2023, dictada por la Inspectoría del Trabajo de Maturín Estado Monagas, mediante la cual se declaro Con Lugar la solicitud reenganche y pago de los salarios caídos incoada por los mencionados ciudadanos contra la entidad de trabajo CONSTRUCTORA VIDALSA 27 C. A Y HELIOS TROLEUM SERVICVES (sic) S.A., las cuales dieron origen al consorcio operador HIELOS VIDAL debidamente notificado el patrono en fecha 15/09/2023, en donde solicita el representante patronal diferir el acto de acuerdo por la partes involucradas legar a un acuerdo. (Véase sentencia N° 0534 de fecha 11 de Agosto de 2022 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ponente Tania Cardiet y sentencia 2022-0033, ponente: Antonio Figueroa de fecha 15/03/2022 Sala Político Administrativo)
.- Que del análisis de las actas que conforman el expediente judicial, no se desprende que para la fecha de celebración de la audiencia hayan sido suspendidos los efectos de la Providencia Administrativa cuya ejecución se pretende, ya que este supuesto suspendería la ejecutividad y ejecutoriedad de la Providencia, y por tanto, imposibilitaría al Juez Constitucional decretar un mandamiento tendente a ordenar el cumplimiento del dispositivo en ella contenida. Asimismo se observó de la revisión del acto administrativo cuya ejecución se requiere, que el mismo no es franca ni groseramente inconstitucional.
.- Que es menester comprobar el cumplimiento de los supuestos establecidos en reciente jurisprudencia de la Sala Constitucional, como lo es la constatación del agotamiento de los mecanismos administrativos para hacer efectivo el cumplimiento de la Providencia Administrativa dictada por la Inspectoría del Trabajo, incluyendo el procedimiento de multa y la afectación de un derecho constitucional derivado del incumplimiento, por tanto, pudo esta representación verificar que el procedimiento sancionatorio (multa) fue sustanciado por la Inspectoría del Trabajo del Estado Monagas, debido a la infructuosidad de la diligencias practicadas para la ejecución de la Providencia y la insistencia del patrono de no acatar la orden del reenganche emanado por la Inspectoría del Trabajo de Maturín Estado Monagas, lo cual demostró su contumacia para dar cumplimiento a lo ordenado por la Administración, hecho que quedó plasmado, lo cual dio origen a la imposición de la sanción contenida en la Providencia Administrativa N° 068-2023, 066-2023, 067-2023, del 16 de Junio de 2023, donde el representante patronal de la entidad de trabajo tenia conocimiento del mismo ya que en las tantas ejecuciones realizadas por el funcionario del trabajo el patrono solicito en fecha 15/09/2023, por acuerdo entre las partes diferir el acto de ejecución a los fines de llegar a un acuerdo, siendo imposible llegar al acuerdo ya que en fecha empresa en fecha 15 de noviembre el representante legal de los trabajadores solicito la verificación del reenganche ya que el representante patronal no había cumplido trasladándose nuevamente el funcionario del trabajo en fecha 29/11/2023 a la verificación del mismo dejando constancia que no se encontraba en la entidad de trabajo ningún representante patronal. Nuevamente el funcionario del trabajo se traslada a la entidad de trabajo en fecha 17/01/2024, no encontrándose ninguna representación legal o patronal es por lo que la inspectora del ordeno la apertura de la sanción las cual se llevo acabo mediante los expediente números S011-00083-2023. S011-00085-2023, Y S011-0084-2023, y en fecha 05/11/2024 y: 07/03/2025, la Fiscalía superior del estado Monagas recibió las actuaciones del expediente administrativo a los fines de que designe un Fiscal competente para conocer del Desacato a la Providencia (Véase Sentencia N° 3559/2005, caso: Saudi Rodríguez Pérez).HECHOS NUEVOS
.- Señala que en cuanto al requisito de afectación de un derecho constitucional derivado del incumplimiento, es decir, a la vulneración de derechos constitucionales, se observa que la presente controversia surgió con ocasión del incumplimiento de las Providencias Administrativas por parte de la entidad de trabajo CONSTRUCTORA VIDALSA 27 C.A Y HELIOS PETROLEUM SERVICVES (sic) S.A., las cuales dieron origen al consorcio operador HIELOS VIDAL, por vulnerar los derechos constitucionales establecidos en el articulo 87 de nuestra Carta Magna, relativos al derecho al trabajo, el deber de trabajar, circunstancia que hizo que se tornara urgente la protección constitucional necesaria para así suspender los efectos nocivos de la actitud rebelde por parte del patrono, en éste sentido, puede esta representación verificar claramente la contumacia del patrono en el cumplimiento de la Providencias Administrativas.
(...) Que la Representación del Ministerio público, considera que en la presente Acción de Amparo Constitucional...debe declararse CON LUGAR, de conformidad con los términos expuestos en la presente opinión...”

DE LAS MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Del análisis de las actas del expediente y de la apreciación de los hechos denunciados y las defensas opuestas, así como las pruebas aportadas, esta juzgadora establece, que se pronunciara conforme a lo peticionado en el libelo contentivo de la acción de amparo, esto por cuanto se pudo constatar, que el apoderado judicial de la parte recurrente, al celebrarse la audiencia constitucional y presentar las conclusiones, trajo nuevos hechos y petitorios-los cuales han sido parcialmente transcritos-que no fueron expresamente señalados en el escrito libelar que encabeza el presente procedimiento, por lo que este Tribunal no se pronunciara al respecto.

PUNTO PREVIO. DEL ALEGATO DE LA PARTE ACCIONANTE, EN CUANTO A LA INSUFICIENCIA DEL PODER OTORGADO POR LA ENTIDAD DE TRABAJO CONSTRUCTORA VIDALSA 27, C.A., A LOS ABOGADOS JOSE AMADEO SALAS Y RUBEN VILLAVICENCIO.

En la oportunidad de celebrarse la audiencia constitucional oral y publica, el apoderado judicial de la parte accionante alegó como punto previo “…que cursa en el folio 440 del expediente, poder otorgado a los abogados presentes, por el ciudadano Jesús Vidal Salazar Acevedo, considerando que es insuficiente por cuanto no contempla como cualidad para estar en este acto, por cuanto si bien señala que pueden ejercer recursos extraordinarios o el recurso de amparo, no señala con exactitud que tienen cualidad para estar presente en esta audiencia constitucional; siendo así, solicita sea tomado y valorado por este Tribunal...(sic)”. Por su parte, la representación de la entidad de trabajo Constructora Vidalsa 27, C.A., señaló lo siguiente: “En cuanto al punto previo invocado por la parte accionante, manifiesta que quedara a criterio del Tribunal, la suficiencia de este mandato que les ha sido legítimamente otorgado, para atender no solamente una acción de amparo constitucional sino que con este documento han atendido hasta Casación sin ningún tipo de impedimento; que esta es la tercera vez que el apoderado judicial intenta una acción de amparo constitucional…(Sic).

Conforme a lo anterior, es apropiado dejar sentado la obligación que tienen los Jueces y Juezas de administrar justicia conforme a los postulados contenidos en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y ante lo expresado por la parte accionante, se debe hacer referencia a lo que ha venido señalando la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a la validez de los poderes para actuar en vía judicial; al efecto en sentencia N° 171, de fecha 22/06/2001, se dejó establecido el siguiente criterio orientador:
... La impugnación del mandato judicial debe estar orientada más que a resaltar la carencia o deficiencia de los aspectos formales del documento, hacia aquellos de fondo necesarios para que el mismo pueda considerarse eficaz, es decir los requisitos intrínsecos que de no estar presentes en él, puedan hacerlo inválido para los efectos de la representación conferida, entre otros la identificación del poderdante, o el no haber sido otorgado ante la autoridad competente capaz de darle fe pública y carácter de documento auténtico. Vale decir que la intención del legislador no puede considerarse dirigida al ataque de meros defectos formales de los cuales pudiera adolecer el mandato.
Al respecto, la Sala en sentencia de fecha 11 de noviembre de 1999, se pronunció en los siguientes términos: ...Es muy importante tener en cuenta que la impugnación del mandato judicial está creada para corroborar si la persona que otorgó el poder en nombre de otra, detenta la representación que aduce y que tal impugnación no está diseñada por el legislador para atacar simples defectos de forma. Se permite la Sala, para ilustrar sobre este particular, transcribir un extracto de su criterio plasmado en la sentencia Nº 310 de fecha 8 de abril de 1999 (caso Fogade e Inmobiliaria Cadima), que es del tenor siguiente:
‘Es muy importante resaltar que la impugnación, se repite, no está diseñada para detectar el incumplimiento de requisitos de forma, sino más bien para detectar si el otorgante de un poder en nombre de otro, carece de la representación suficiente para la realización del acto. De igual forma, no puede el litigante limitarse a impugnar sino que debe desplegar una efectiva actividad probatoria: o pide la exhibición de los documentos, libros, registro o gacetas o prueba que el otorgante carecía de facultad para otorgar el poder’....
Al respecto la Sala advierte, que la escritura de mandato, objeto de la impugnación, y que fue otorgado al abogado C.C.G.C., por el ciudadano Artur Soares Ferreira, cumple con los requisitos de identificación del mandante y del mandatario, fue otorgado ante la Notaría Pública Tercera del Municipio Libertador del Distrito Federal, se concedió para que el apoderado representara y defendiera los derechos e intereses del representado ante el Tribunal Supremo de Justicia. Así mismo, es oportuno señalar que consta en autos que antes de estar concluida la sustanciación del caso bajo decisión, fue otorgado en la Secretaría de la Sala, poder apud acta por el demandante, mediante el cual se instituyó apoderados a varios profesionales del derecho y entre ellos al abogado antes mencionado, quien tuvo a su cargo la consignación del escrito de formalización. Por lo ya expresado y vistos los argumentos invocados, los cuales se refieren a aspectos formales del documento poder, se desecha la impugnación. En consecuencia, se declara, improcedente la pretensión del impugnante. Así se decide.
De manera, que vista la argumentación planteada por la parte accionante, conduce a quien decide a señalar, conforme a lo establecido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, que la eficacia del poder depende de que se cumplan aspectos de fondo o intrínsecos a él, que de no estar presentes lo hacen inválido, como sería por ejemplo, la identificación del poderdante y haber sido otorgado ante la autoridad competente capaz de dar fe pública. Es por ello, que revisada las actas procesales, y en especial las copias del poder cursante a los folios 289-291 y 438-441 del expediente, se desprende en primer lugar, que el poder le fue otorgado a los abogados JOSE AMADEO SALAS JAIMES y RUBEN VILLAVICENCIO por el ciudadano JESUS VIDAL SALAZAR ACEVEDO actuando en su carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil CONSTRUCTORA VIDALSA, 27, C.A., debidamente identificados todos en el referido documento poder incluyendo lo relativo a los datos registrales de la entidad de trabajo mencionada; en segundo lugar, fue otorgado ante la Notaría Pública Quinta del Municipio Chacao, Estado Miranda, en fecha 06/07/2022; y en tercer lugar, se les otorga facultades a los mencionados abogados, para sostener y defender los derechos e intereses e interponer demandas que le conciernen en todo tipo de asuntos laborales “juicios o procedimientos en todas sus instancias, grado e incidencias hasta su total y definitiva terminación (…) darse por citado y notificados (sic) ejercer los recursos ordinarios y extraordinarios” ante cualquier ente administrativo o judicial.

Igualmente es oportuno reproducir lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 3460 de fecha 10/12/2003, caso Julio Campero y Palerma, en cuanto a la oportunidad para la impugnación de poderes, dejando sentado lo siguiente:
‘…En tal sentido, estima necesario esta Sala señalar que la impugnación de un instrumento poder conforme a lo previsto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Civil, debe verificarse en la primera oportunidad procesal inmediata después de su consignación, en la que la parte interesada en su impugnación actúe en el procedimiento, debido a que este tipo de nulidades sólo podrán declararse a instancia de parte, quedando en consecuencia subsanadas, si la parte contraria no solicitare su nulidad en la oportunidad debida. Debiendo aplicarse, en estos casos de impugnación analógicamente lo previsto en los artículos 350 y 354 del Código de Procedimiento Civil, cuyas reglas de procedimiento, prevén la subsanación de la parte a quien se le impugnó el poder consignado en el juicio. Así, la parte podrá subsanar el defecto u omisión hecho valer por su contraparte, mediante su comparecencia en el juicio o con la presentación de un nuevo instrumento y posterior ratificación de los actos efectuados con el mandato judicial cuestionado, dentro de los cinco días siguientes a la impugnación.
(...Omissis...)
A juicio de la Sala, por igualdad procesal y en beneficio del derecho de defensa del demandado, así como el actor puede convalidar el poder impugnado mediante la cuestión previa correspondiente, el demandado podría igualmente hacerlo ante el cuestionamiento del poder otorgado a su mandatario, y este es el caso de auto…’

De acuerdo al criterio vinculante de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República y revisada las actas procesales, se observa que el poder cuestionado, fue presentado por la parte accionante en fecha 20/08/2024 (f. 289-291), fecha está muy anterior a la celebración de la audiencia constitucional –efectuada en fecha 28/05/2025- constando de las actas procesales, que posterior a esto, la parte accionante y quien alega la insuficiencia de poder, ha realizado múltiples actuaciones en la presente acción de amparo; y que luego de notificada la Co-accionada entidad de trabajo Constructora Vidalsa 27, C.A., el Co-apoderado judicial abogado José Amadeo Salas, presento en fecha 10/02/2025 (f. 438-441), copia certificada del mismo poder; todo lo cual conduce a esta juzgadora a concluir, que la parte accionante luego de haber consignado dicho mandato, no efectuó impugnación alguna a este instrumento, en la primera oportunidad en que actúo en el expediente, tal como lo estableció la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República en la sentencia supra indicada. Por tal razón, desde el punto de vista de la suficiencia del poder consignado en el expediente para que los profesionales del derecho José Amadeo Sala y Rubén Villavicencio, representen a la entidad de trabajo Constructora Vidalsa, 27, C.A., en la presente acción de amparo, es criterio de esta juzgadora que resulta suficiente la acreditación, indistintamente que sea un poder general o especial, esto en garantía del principio por actione, tal como ha sido asentado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en diversos fallos, entre otros, en sentencia N° 122 del 3 de marzo de 2015, caso: “Anchor Fasteners, C.A.”; sentencia N° 158 del 11 de agosto de 2023, caso: “Inversiones Baby Fashion 2007” y más recientemente sentencia N° 1439, del 16/12/2024, caso alimentos polar comercial, C.A; en consecuencia, resulta Improcedente la oposición efectuada por la representación judicial de la parte accionante. Así se decide.

1.- DE LA EXTINCION DE LA ACCION DE AMPARO CON RELACION AL CIUDADANO JOSE RAFAEL PEREZ; y 2) DE LA FALTA DE LEGITIMIDAD DE LA CIUDADANA HILDA LUCIA GOITTE DE PEREZ PARA ACTUAR COMO ACCIONANTE EN LA PRESENTE ACCION DE AMPARO.

Consta de la actas procesales, que en fecha 07/05/2024, los ciudadanos JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSÉ GREGORIO OLIVEROS y JOSÉ RAFAEL PÉREZ, asistidos por el profesional del derecho abogado WILLIAM NUÑEZ VELIZ, supra identificados, interpusieron la presente acción de amparo constitucional contra las entidades de trabajo CONSTRUCTORA VIDALSA 27 C.A; HELIOS PETROLEUM SERVICES S.A., los cuales dieron origen al CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL. Que en fecha 09/072024, el ciudadano JOSÉ RAFAEL PÉREZ procedió a otorgar poder al mencionado abogado (f. 93-95), al igual que los restantes accionantes. Y que en fecha, 09/08/2024, en el recurso de apelación Nº NP11-R-2024-000070, que correspondió conocer y decidir al Juzgado Segundo Superior del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, recurso éste que se encuentra agregado a los autos y riela a los folios 219-264 pieza Nº 1 del expediente; la ciudadana HILDA LUCIA GOITTE DE PEREZ, titular de la cedula de identidad N° V-4.617.628, en su carácter de cónyuge supérstite del ciudadano José Rafael Pérez, debidamente asistida por el abogado William Núñez, presenta diligencia mediante la cual consigna acta de matrimonio y certificado de defunción (f. 251-252), de cuya lectura de la última de las documentales mencionadas se evidencia que el ciudadano JOSE RAFAEL PEREZ falleció en esta ciudad de Maturín, estado Monagas, en fecha primero (01) de agosto de 2024, tal como emerge de la Certificación emitida por el Instituto Nacional de Estadística.

De acuerdo a lo anterior, quien decide estima oportuno señalar, que la presente acción de amparo constitucional conformada por un litis consorcio activo, tiene por objeto de acuerdo a lo peticionado en el escrito libelar y en el caso particular que se analiza, la ejecución judicial de la Providencia Administrativa N° 00067-2023-, de fecha 16/06/2023 emanada de la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, mediante la cual se ordenó a la entidad de trabajo Consorcio Operador Helios Vidal, el Reenganche y Restitución de la Situación Jurídica Infringida así como cancelar los salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir, del ciudadano JOSE RAFAEL PEREZ, quien tal como emerge de la mencionada providencia, prestó sus servicios para la referida entidad de trabajo desde el 16/10/2018, ocupando el cargo de Supervisor de Planta.

De igual forma, consta de las actas procesales que en virtud del despido del cual fue objeto el ciudadano JOSE RAFAEL PEREZ en fecha 15/12/2021 por parte de la entidad de trabajo Consorcio Operador Helios Vidal, el mencionado ciudadano interpuso la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos por ante el Órgano Administrativo, esto conforme al artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadores, que prevé el procedimiento administrativo de reenganche; procedimiento éste que establece que una vez que la Inspectoría del Trabajo ordena el reenganche del trabajador amparado por inamovilidad laboral, se deberá proceder a la ejecución del acto administrativo que contiene la orden de reenganche y pago de salarios caídos; basado esto en que el patrono no puede despedir al trabajador que goce de inamovilidad, sin haber sido autorizado previamente por el Inspector del Trabajo respectivo, tal como lo estipula el artículo 422 de la Ley Orgánica del trabajo, los trabajadores y las trabajadoras; inamovilidad esta que trae como consecuencia una prestación de no hacer para el patrono, quien no podrá despedir, trasladar o desmejorar de sus condiciones de trabajo al trabajador que se encuentre en goce de dicho privilegio, sin la autorización de la Inspectoría del Trabajo correspondiente.

Por lo tanto, de acuerdo a la doctrina judicial, de incumplir el patrono tal obligación negativa, sobreviene una obligación positiva o de hacer, esto es, el reenganche del trabajador, tal como lo sostiene el Dr. Alfonzo-Guzmán, (1999, p. 292) quien expone lo siguiente:
(....) por ser forzoso el reenganche del trabajador; esto es, no susceptible de sustituirse por una obligación de pagar una suma de dinero, como en los supuestos de estabilidad relativa. Contrariamente a lo que parece, la obligación del patrono de mantener la estabilidad es negativa o de no hacer (deber de abstenerse de todo acto que implique el despido directo e indirecto del trabajador). Más, el reenganche, como obligación accesoria de la estabilidad, es de naturaleza compleja (envuelve, simultáneamente, deberes de hacer y de no hacer: no resistir la incorporación del trabajador a su mismo cargo, suministrarle los útiles e implementos necesarios, por una parte; y por la otra, de dar: pagar los salarios caídos al trabajador desde su separación del cargo hasta su reintegro efectivo al trabajo). Es palmario, entonces, que la orden de reenganche no se cumple cuando el empleador paga los salarios, pero no reincorpora al afectado a su puesto anterior, o lo contrario…”.

De acuerdo a lo argumentado, queda patentizado que el derecho vulnerado, no se satisface, ni con el pago de salarios caídos y mucho menos con un pago por equivalente, puesto que la prestación positiva va mucho más allá de un pago, va destinada a hacer cumplir un derecho no valorable o cuantificable, que es la reincorporación del trabajador a su puesto de trabajo. Dicho lo anterior, y al adminicularlo con el caso que ocupa a este Tribunal, es evidente que al interponer la acción de amparo constitucional, la pretensión del ciudadano JOSE RAFAEL PEREZ, era ciertamente ejecutar judicialmente la providencia administrativa que ordenó su reenganche al puesto habitual de trabajo en la entidad de trabajo Consorcio Operador Helios Vidal, en las mismas condiciones que tenía antes del irrito despido en fecha 15/12/2021, tal como lo dispuso el órgano administrativo en la dispositiva de la providencia administrativa N° 00067-2023, de fecha 16/06/2023; sin embargo dada las circunstancias acaecidas en el transcurso de la sustanciación y tramitación de la presente acción de amparo constitucional, y de la cual se dejó constancia en las actas procesales en fecha 09/08/2024 con la consignación del certificado de defunción del ciudadano JOSE RAFAEL PEREZ, parte accionante en amparo; es propicio señalar que en el derecho laboral existen algunos derechos intransmisibles, lo cual ocurre cuando el trabajador fallece, debido a que nadie puede suceder el puesto de trabajo que ocupaba el trabajador fallecido dentro del lugar del trabajo, así como tampoco los derechos de estabilidad, ni los de antigüedad, debido a que si éstos fueren reconocidos como susceptibles de transmisión mortis causa, el derecho de otros trabajadores, por ejemplo se verían afectados, sobre todo los que aspiren ocupar ese puesto vacante que fuere ocupado por el trabajador fallecido.

Tales consideraciones se realizan, por cuanto observa este Tribunal, que en fecha 09/08/2024 la ciudadana HILDA LUCIA GOITTE DE PEREZ, asistida por el abogado WILLIAM NUÑEZ, actuando en su condición de cónyuge sobreviviente, presenta diligencia confiriendo poder apud acta al referido profesional del derecho (f. 253-255), de cuyo contenido se desprende la mención expresa de que “...Consigno poder apud acta pero amplio y suficiente en cuanto a derecho se requiera y sea necesario ...para que sin limitación alguna, me represente, sostenga y defienda mis derechos, intereses y acciones en los asuntos judiciales o extrajudiciales...y especialmente en todo lo relacionado con la Acción de Amparo Constitucional, que mi fallecido cónyuge, antes identificado, intentó contra el Consorcio Operador Helios Vidal...”. Con relación a tal intervención, debe advertirse que la presente Acción de Amparo Constitucional es de carácter excepcional, y tal como se ha indicado, se pretende a través de la misma la ejecución judicial de un acto administrativo de efectos particulares, mediante el cual se ordenó el reenganche y pago de salarios caídos del ciudadano JOSE RAFAEL PEREZ, fallecido en fecha posterior a la interposición de la acción por ante esta sede judicial. De manera que a los fines de determinar la legitimidad o cualidad de la ciudadana HILDA LUCIA GOITTE DE PEREZ, para actuar y continuar como accionante en la presente acción de amparo constitucional, es preciso destacar que de acuerdo a la doctrina jurisprudencial, la legitimación activa en una acción de amparo la tienen, en principio, quienes hayan sido directamente afectados en sus derechos constitucionales, y no quienes tengan un simple interés en que la misma sea procedente, como sería el caso, por razones de parentesco, de los familiares del trabajador fallecido que haya acudido a la vía de amparo para ejecutar la providencia administrativa que ordena su reenganche; y ha dictaminado la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, que excepcionalmente,”...cuando se trata de un hábeas corpus, strictu sensu, o de tutela de derechos o intereses colectivos o difusos conforme lo dispone los artículos 27 de la Constitución y 41 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, o de un amparo contra sentencia, que tenga como objeto la tutela del derecho a la libertad y seguridad personal -que no es el caso de autos- asuntos en los cuales la legitimación activa deja de ser determinada por la afectación directa para ser extendida a cualquier persona que actúe en nombre del afectado. (Vid. Sentencia Nº 412 de 8 de marzo de 2002, caso: Luís Reinoso)”.

Ante tales planteamientos, quien juzga considera necesario resaltar que la Acción de Amparo, tiende a garantizar la protección de los derechos fundamentales que la Constitución Bolivariana de Venezuela contempla y reconoce a todo ciudadano y ciudadana, a través de un proceso expedito que posee características peculiares y especiales que lo diferencia de otros recursos similares existentes. En este mismo orden de ideas, es necesario recalcar, que el recurso de amparo constitucional no está destinado en sí mismo a crear un título subjetivo a favor de persona alguna, puesto que su efecto es meramente restablecedor, y esto es necesario precisarlo, puesto que en el procedimiento administrativo no sólo se persigue el reenganche del trabajador despedido injustificadamente, sino que adicionalmente se pretende el pago de los salarios dejados de percibir durante todo el procedimiento, con lo cual el recurso de amparo solo estaría destinado a pronunciarse sobre el contenido de uno solo de los derechos violados, más no sobre sumas líquidas y exigibles de dinero.

En efecto, conforme a lo previsto en el artículo 1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, pueden ejercitar la acción de amparo a que se refiere el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, toda persona natural habitante de la República o persona jurídica domiciliada en ésta; no obstante, hay que tomar en consideración que para ejercer la acción se debe tener interés actual y directo y buscar la tutela de los derechos de los cuales sea titular el o la parte accionante. Es así que, la legitimación activa para ejercer la acción de amparo la tienen, en principio, quienes hayan sido directamente afectados en sus derechos constitucionales y no quienes tengan un simple interés en que la misma sea procedente, como sería el caso del cónyuge, hijo, como familiares del presunto agraviado; por lo que, de lo anteriormente expuesto, ha quedado plenamente comprobado que en el caso de marras, la ciudadana HILDA LUCIA GOITTE DE PEREZ, en su condición de cónyuge sobreviviente del ciudadano JOSE RAFAEL PEREZ, pretende hacerse parte como accionante en la presente causa, y quien si bien tiene un interés por ser su cónyuge, no significa que tiene la legitimación activa para actuar y continuar como parte accionante en la acción de amparo contenida en el expediente llevado por este Tribunal, ni la hace titular de los derechos personales del ciudadano antes mencionado, más aun cuando a través del amparo constitucional se procura el reenganche y RESTITUCION DE LA SITUACION JURIDICA INFRINGIDA al ciudadano JOSE RAFAEL PEREZ ya fallecido., reenganche que sólo sería susceptible de cumplir por el propio trabajador (y no es transmisible a sus familiares o herederos a causa de su fallecimiento)., tal como lo la señala la Dispositiva de la propia providencia administrativa, de lo cual ya se hizo mención supra.

En sustento de la presente decisión, se trae a colación la doctrina sentada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencias N° 2042 de fecha 02/11/2007, en la que se dispuso que en los procesos de amparo es necesario que el accionante afirme la concurrencia de varias circunstancias, tal como se puede revisar del contenido parcial de la mencionada sentencia, a saber;
“... Al respecto, debe indicarse que esta Sala Constitucional, en reiterada jurisprudencia (ver sentencia Nº 1668 del 13 de julio de 2005 y Nº 481 del 10 de marzo de 2006), ha señalado que toda lesión en la esfera particular de los derechos constitucionales de cualquier persona, genera en ella la cualidad suficiente para incoar un amparo en protección de su situación jurídica constitucionalmente tutelada.
En tal sentido, se ha afirmado que esta particular acción de tutela ostenta un carácter personalísimo, de modo que sólo puede ser incoada por el afectado inmediato de la infracción constitucional, dejando a salvo supuestos especiales, como los reclamos efectuados en protección de los derechos colectivos o difusos, que nacen del reconocimiento de esta esfera de derechos por parte del artículo 26 de la Constitución, o el caso del amparo a la libertad y la seguridad personal, en el que cualquier persona está legitimada para intentarlo, entendiendo que –dada la situación del afectado por la privación ilegítima de su libertad- no puede procurarse por sí mismo tal defensa.
Es así como, el amparo, en cuanto derecho constitucional, sólo nace en cabeza de quien ha visto menoscabado el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales y, por tanto, sólo a él está dada la legitimidad para instar a la jurisdicción su inmediato restablecimiento. Por ello, reitera la Sala su doctrina respecto a que, en todo proceso de amparo, el accionante está obligado a demostrar la concurrencia de ciertas circunstancias, a saber: a) la existencia de una situación jurídica que le sea propia y en la cual se encuentra, b) la infracción de derechos y garantías constitucionales que le correspondan, c) el autor de la trasgresión y d) la lesión que las violaciones constitucionales puedan causar o le causaron en su situación jurídica...”

Basada en las argumentaciones explanadas y conforme a la doctrina de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal de la República, es criterio de quien decide, que la muerte del ciudadano JOSE RAFAEL PEREZ, y quien fuera el titular de los derechos que se pretenden proteger por vía de tutela, impide una decisión de fondo, pues se configura una carencia actual de objeto, ya que cualquier orden tendiente a su protección sería inocua e ineficaz, razón suficiente para que este Tribunal declare la EXTINCION DE LA ACCION con relación al ciudadano JOSE RAFAEL PEREZ, quien se constituyo como parte accionante en la presente causa. Y con respecto a la ciudadana HILDA LUCIA GOITTE DE PEREZ, quien se hizo parte en su condición de cónyuge sobreviviente del ciudadano JOSE RAFAEL PEREZ, se determina la FALTA DE LEGITIMIDAD O CUALIDAD para actuar y continuar como accionante en la presente acción de amparo constitucional. Así se establece.

3.- EN CUANTO A LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCION DE AMPARO CONTRA LAS ENTIDADES DE TRABAJO CONSTRUCTORA VIDALSA 27, C.A. y HELIOS PETROLEUM SERVICES, S.A.

De la revisión del escrito contentivo de la acción de amparo constitucional, se comprueba que los accionantes señalan lo siguiente: “...PRIMER PUNTO PREVIO: De las Cláusulas Cuarta y Quinta del Documento Constitutivo del “Consorcio Operador Helios Vidal”, relacionadas con los derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades frente a terceros. 1.- “CLAUSULA CUARTA: (OMISIS) Los derechos, deberes, obligaciones y responsabilidades frente a terceros provenientes de asuntos relacionados con el contrato de servicio serán asumidos por las sociedades mercantiles, consorciadas de manera solidaria e indivisible…” 2.- CLAUSULA QUINTA: (OMISIS) la sociedad mercantil CONSTRUCTORA VIDALSA 27, C.A., aportara para EL CONSORCIO… el suministro de personal especializado,…” SEGUNDO PUNTO PREVIO: De la Constitución legal del Consorcio Operador “Helios Vidal” y de las sociedades mercantiles Constructora Vidalsa 27 C.A. y Helios Petroleum Services S.A. TERCER PUNTO PREVIO: De la contratación de los trabajadores. Que fueron contratados por la sociedad mercantil CONSTRUCTORA VIDALSA 27, C.A., tal como se expresó en el documento constitutivo del “CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL”, en su cláusula quinta: “(omisis) la sociedad mercantil CONSTRUCTORA VIDALSA 27, C.A., aportará para el CONSORCIO… el suministro de personal especializado”. Que no se expresó en el documento constitutivo del Consorcio Operador Helios Vidal, que ellos hayan sido contratados, única y exclusivamente para la obra mencionada o si por el contrario fueron contratados a tiempo indeterminado; que por interpretación a contrario, hacen valer el principio indubio pro operario al presentarse la razonable y lógica dudada al respecto.
Que los ciudadanos JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, JOSÉ GREGORIO OLIVEROS y JOSÉ RAFAEL PÉREZ, fueron contratados como trabajadores en las siguientes fechas 07/10/2018, 01/01/2019 y 16/10/2018, iniciando así sus relaciones de trabajo de manera indeterminada, personal, subordinada e ininterrumpida hasta el momento de su irrito despido, para desarrollar contratos de obras y servicios suscritos por esta empresa con Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA); entre otras, es decir, para laborar además en el Proyecto y las Obras Conexas con la Operación del Campo Orocual, ubicado en el Municipio Maturín estado Monagas, enmarcado dentro de los lineamientos y parámetros establecidos dentro del Contrato de Servicio suscrito con la empresa PDVSA, proyecto éste que se estaría desarrollando a través del Consorcio Operador Helios Vidal, según contrato constitutivo de la creación de este consorcio y las empresas consorciadas Constructora Vidalsa 27 C.A y Helios Petroleum Services S.A; ubicadas Constructora Vidalsa 27 C.A y Consorcio Operador Helios Vidal, en la vía de “El Rincón de Monagas”, después de la Urbanización “Lomas del Viento”, a un Kilómetro de la Carretera Nacional, El Sur de Monagas, Maturín estado Monagas (aun cuando el Consorcio Operador Helios Vidal, tenía inicialmente su oficina en el Centro Comercial Petroriente, piso 2, pasillo Azul, Oficina N° 43, Avenida Alirio Ugarte Pelayo de esta ciudad de Maturín, Estado Monagas, oficinas administrativas que fueron cerradas...(Sic)”.

De lo trascrito, se desprende que los accionantes interponen la presente acción de amparo contra las entidades de trabajo CONSTRUCTORA VIDALSA 27 C.A; HELIOS PETROLEUM SERVICES S.A., los cuales dieron origen al CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL., por la presunta violación de los derechos constitucionales consagrados en los Artículos 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 1, 7 y 13 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; y el artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, para lograr, por vía excepcional y extraordinaria, el cumplimiento de las providencias administrativas N° (s) 068-2023 y 066-2023 de fecha dieciséis (16) de junio de 2023, emanadas de la Inspectoría del Trabajo de Maturín, estado Monagas. No obstante lo anterior, conforme al análisis de las actas del expediente esta juzgadora observa que la parte recurrente, si bien plantea en la solicitud de amparo, que interponen la acción contra las entidades de trabajo CONSTRUCTORA VIDALSA 27 C.A; HELIOS PETROLEUM SERVICES S.A., los cuales dieron origen al CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL., sin embargo se coteja del contenido de las solicitudes de reenganche y pago de salarios caídos, suficientemente valoradas por quien decide y que cursan a los folios cuarenta y uno y cuarenta y dos (f .41-42) del expediente, que estas fueron interpuestas por los ciudadanos JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ y JOSÉ GREGORIO OLIVEROS por ante la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas en fecha 14/01/2022 y 05/01/2022 respectivamente, y que se propusieron contra la entidad de trabajo CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL, Rif. J-4115882-9, y que en las mismas los hoy accionantes en amparo, manifestaron que comenzaron a trabajar para la referida entidad de trabajo en fechas 07/10/2018 y 01/01/2019 en su orden, desempeñando el cargo de Superintendente de Plantas el primero de los mencionados y Supervisor de Operaciones el segundo de los accionantes supra indicados; que fueron despedidos injustificadamente en fecha 15/12/2021 por el Ciudadano Carlos Acosta Pérez, en su condición de Gerente General de la mencionada entidad de trabajo. Consta igualmente de las actas procesales, que en fecha 16/06/2023, la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, emite las providencias administrativas N° (s) 00068-2023 y 00066-2023, contenidas en los expedientes N° (s) 044-2022-01-00040 y 044-2022-01-00009 correspondiente a los reclamos incoados por los ciudadanos JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ y JOSÉ GREGORIO OLIVEROS, señalando el ente administrativo en cada una de las providencias administrativas, tanto en su narrativa como en la motiva que “ ...Se inicia la presente solicitud de reenganche y pago de salarios caídos por denuncia presentada por los ciudadanos JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ y JOSÉ GREGORIO OLIVEROS, en fecha 14/01/2022 y 05/01/2022, contra la entidad de trabajo CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL...”; y en el CAPITULO IV DISPOSITIVA, estableció lo siguiente: “... Analizado como ha sido el expediente y siendo que es responsabilidad de este Despacho velar por el fiel y estricto cumplimiento de las disposiciones de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT)...en uso de sus atribuciones legales DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR el REENGANCHE Y PAGO DE SALARIOS CAIDOS...incoada...contra la entidad de trabajo CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL...SEGUNDO: Se ordena al representante legal de la entidad de trabajo CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL, se sirva reenganchar y restituir la situación jurídica infringida, así como cancelar los salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir al trabajador accionante...(sic)”.

Sumado a lo anterior, se verifica que conforme a los alegatos esbozados en la audiencia constitucional, que el apoderado judicial de la parte presuntamente agraviada, señaló expresamente lo siguiente: “…Que sus representados intentan el procedimiento contra un Consorcio, y que conforme al acta constitutiva que consta en el expediente, en su cláusula quinta se señala que quienes realmente contrataron a los trabajadores es la Constructora Vidalsa 27, C.A., que además el Consorcio tiene capacidad para contratar, que la cláusula novena, numeral 15, establece que el Consorcio tiene facultad para contratar trabajadores; que realiza tal señalamiento, porque en las últimas tres solicitudes de ejecución de reenganche que ocurrieron, el abogado José Amadeo Salas acudió a la empresa Constructora Vidalsa, por donde realmente se llevaron todos los procedimientos de ejecución, porque el Consorcio donde tenía sus oficinas en el Centro Comercial Petroriente como lo señala el documento constitutivo, la cerraron hace mucho tiempo; que consta en el expediente que todas las actuaciones se llevaron a cabo en la Constructora Vidalsa, y además se dejó establecido que el abogado Salas Jaimes, estuvo de acuerdo con el reenganche, con el pago de los salarios caídos, reconoció que fue un despido irrito y se abrió un compás para el pago de los salarios caídos, que al día de hoy no ha sido...(sic)”. Por su parte, la representación de la entidad de trabajo CONSTRUCTORA VIDALSA, 27, C.A., expreso en la audiencia constitucional que “...En primera instancia, solicitan la improcedencia del amparo por varias razones: porque lejos de lo que dice la parte actora, los reenganches que con muchísimos vicios en su procedimiento y ejecución se ordenaron, jamás fueron opuestos, aunque se hayan ordenado y versen insertos en los expedientes, los cuales no fueron notificados en la sede o domicilio del Consorcio, sino como fue evidente durante todo el proceso administrativo, se quiso confundir dos entidades de trabajo que son independientes, aunque en su origen existe un vínculo, pero que no es en sede administrativa que se va a dirimir lo que pudiera entenderse como levantamiento del velo corporativo por vía administrativa, que considera no le corresponde a la Inspectoría del Trabajo...Que todas las actuaciones han querido vincularla a Constructora Vidalsa, cuando la entidad de trabajo que genero la relación laboral era Consorcio; que aparte del error en el domicilio durante todo el proceso, está la confusión en las entidades de trabajo, que es lo más importante; la cual fue inducida; lo cual generó que la Inspectoría del Trabajo redujera a Constructora Vidalsa como única sede para obtener todas y cada una de las notificaciones, que si bien no se opusieron pero dejaban constancia que no se trataba de la misma persona jurídica y mucho menos de la misma entidad de trabajo.... Ratifica que se ha inducido al error, la confusión de dos entidades de trabajo y que se ha pretendido levantar el velo corporativo por vía administrativa de un consorcio lo cual no es competencia de la Inspectoría del Trabajo... (Sic)”.

Desde este enfoque y conforme a lo que emerge de las pruebas aportadas por las partes, verifica esta Juzgadora, que los recurrentes en amparo interpusieron la denuncia por despido injustificado contra el CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL y que las providencias administrativas emanadas de la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas declaran con lugar el reenganche y restitución de la situación jurídica infringida contra el referido consorcio y no contra las entidades de trabajo CONSTRUCTORA VIDALSA 27 C.A; HELIOS PETROLEUM SERVICES S.A.; y si bien la representación de la parte accionante en el escrito libelar y en los dichos esgrimidos en la audiencia constitucional, hace alusión a las circunstancias que envuelven la relación consorcial entre las entidades de trabajo CONSTRUCTORA VIDALSA 27 C.A y HELIOS PETROLEUM SERVICES S.A., los cuales dieron origen al CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL, sin embargo, dichas particularidades no fueron plasmadas en el procedimiento administrativo llevado a cabo en la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, por cuanto de las pruebas aportadas referidas fundamentalmente a las actas administrativas supra valoradas contenidas en los expedientes Nº 044-2022-01-00040 y Nº 044-2022-01-00009, no se evidencia mención alguna en cuanto a que las entidades de trabajo CONSTRUCTORA VIDALSA 27 C.A y HELIOS PETROLEUM SERVICES S.A., se encontraran como demandadas o accionadas en su condición de patrono; pudiendo apreciarse si, que durante los actos de ejecución de las ordenes de reenganche y posteriormente de la ejecución de las providencias administrativas, la dirección indicada por los accionantes en su solicitud, fue la siguiente: Vía El Rincón de Monagas después de la Urbanización Lomas del Viento, Maturín, estado Monagas, dejando los funcionarios actuantes constancia de que, la persona que los atendió, entre otros, el ciudadano Gerente de Operaciones José Gregorio Brito Urbina, señaló que la misma no correspondía a la sede administrativa de la entidad de trabajo CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL sino a la dirección de la entidad de trabajo Constructora Vidalsa 27, C.A., tal como emerge de las pruebas documentales supra valoradas y referidas a las actas levantadas en los distintos traslados efectuados por el órgano administrativo.

Conteste con lo anterior, es importante destacar, que los alegatos presentados por los accionantes en amparo, y donde incluso solicitan en el desarrollo de la audiencia constitucional, que se declare que sus representados son trabajadores de la empresa Constructora Vidalsa 27, C.A., fundado en lo establecido en la cláusula quinta del documento constitutivo del Consorcio Operador Helios Vidal, documental esta plenamente valorada por quien decide; son hechos que en primer lugar, no fueron planteados durante el procedimiento administrativo llevado por la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas y que condujo a las providencias administrativas cuya ejecución judicial se solicita por la presente acción de amparo; son hechos que en todo caso deben dirimirse por vía jurisdiccional a través de un procedimiento ordinario, regido por la ley especial y garantizando el derecho a la defensa de las partes que eventualmente pudieran ser afectadas, para que puedan desarrollar en toda su extensión el contradictorio con sus excepciones respectivas y las pruebas que a bien tuvieran promover, mas no así a través de la presente acción de amparo. En consonancia con la anterior, debe resaltar esta Juzgadora, que no se desconoce la posibilidad de concretar la ejecución de un fallo condenatorio, resultado de un procedimiento ordinario contradictorio, contra cualquiera de los miembros de un grupo económico, de una unidad económica y/o de un consorcio, ello sustentado en los principios in dubio pro operario y de primacía de realidad sobre las formas, ambos de naturaleza laboral recogidos en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; no obstante tal modo de proceder por parte del juez o jueza laboral, requiere de una actividad probatoria de las partes, que permita dilucidar quiénes pueden eventualmente responder solidariamente por el condenado, procurando el respeto a las garantías más básicas del debido proceso, tal como esta previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

En virtud de lo anterior, se verifica que quedo admitido y determinado que el procedimiento administrativo se interpuso contra la entidad de trabajo CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL, y que las providencias administrativas, fueron declaradas con lugar contra la referida entidad de trabajo, sin que conste que estuvo instaurado algún procedimiento administrativo de reenganche contra las entidades de trabajo CONSTRUCTORA VIDALSA 27, C.A y HELIOS PETROLEUM SERVICES S.A; circunstancias estas que permiten referir el criterio vinculante de la Sala de Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, contenido en la Sentencia N° 795 de fecha 27/10/2017 (caso: Administradora Danoral, C.A.,) donde se estableció que no es posible declarar la responsabilidad solidaria cuando el trabajador solicita el reenganche, porque se trata de una obligación de hacer de carácter personalísimo, que sólo puede ser cumplida por su patrono directo, siendo en el caso que nos ocupa, que el ente administrativo dictaminó que correspondía al Consorcio Operador Helios Vidal, cumplir con lo ordenado mediante las providencias tantas veces mencionadas. Sumado a lo anterior, quien decide considera necesario añadir, que si bien es cierto que el recurso jerárquico presentado por la entidad de trabajo Constructora Vidalsa 27, C.A., en fecha 22/01/2025 por ante el Ministro del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, no paraliza la presente acción de amparo, no es menos cierto que tal como se pudo evidenciar en la Inspección Judicial realizada en la sede del Despacho de la Inspectora del Trabajo en el estado Monagas, la cual fue promovida por la parte accionada, y plenamente valorada por el Tribunal, que el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, ordeno subsanar los errores cometidos por el órgano administrativo, todo lo cual se realizó y se materializó mediante el oficio N° 00020/2025, de fecha 03/02/2025, en cuyo contenido el ente administrativo pone de manifiesto que en los expedientes indicados en dicha comunicación, dentro de los cuales aparecen reflejados los expedientes Nº (s) 044-2022-01-00040 y 044-2022-01-00009, correspondiente a los ciudadanos JOSE LUIS RODRIGUEZ y JOSE GREGORIO OLIVEROS, los procedimientos de reenganche y pago de salarios caídos fueron llevados contra la entidad de trabajo CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL y no contra la entidad CONSTRUCTORA VIDALSA, 27, C.A.; de manera que no coincide esta Juzgadora con la opinión emitida por la representación del Ministerio Público cuya mención se plasmó en la presente decisión, en cuanto a que “(...) pudo verificar la existencia de las Providencias Administrativas cuya ejecución se pretende, la cual esta signada bajo los N° 068-2023, 066-2023 y 067-2023, de fecha 16 de Junio de 2023, dictada por la Inspectoría del Trabajo de Maturín Estado Monagas, mediante la cual se declaro Con Lugar la solicitud reenganche y pago de los salarios caídos incoada por los mencionados ciudadanos contra la entidad de trabajo CONSTRUCTORA VIDALSA 27 C. A Y HELIOS TROLEUM SERVICVES S.A.... (Sic)”. En consecuencia, resulta IMPROCEDENTE la acción de amparo constitucional interpuesto contra las entidades de trabajo CONSTRUCTORA VIDALSA 27, C.A y HELIOS PETROLEUM SERVICES S.A.

4.- EN RELACION A LA ACCION DE AMPARO CONTRA LA ENTIDAD DE TRABAJO CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL.

Del análisis de las actas cursantes en el expediente, y tal como se ha hecho mención, consta que en fecha 07/05/2024 los ciudadanos JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ y JOSÉ GREGORIO OLIVEROS, asistidos por el profesional del derecho abogado WILLIAM NUÑEZ VELIZ, supra identificados interpusieron la presente acción de amparo constitucional contra las entidades de trabajo CONSTRUCTORA VIDALSA 27 C.A; HELIOS PETROLEUM SERVICES S.A, los cuales dieron origen al CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL., por la presunta violación de los derechos constitucionales consagrados en los Artículos 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 1, 7 y 13 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales; y el artículo 8 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, para lograr, por vía excepcional y extraordinaria, el cumplimiento de las providencias administrativas N° (s) 00068-2023 y 00066-2023 ambas de fecha dieciséis (16) de junio de 2023, emanadas de la Inspectoría del Trabajo de Maturín, estado Monagas.

Conforme a tal reclamación, es importante destacar lo que la doctrina judicial ha establecido con relación a la acción de amparo; en este sentido, ha sido criterio reiterado en el ordenamiento jurídico nacional, que la acción de amparo, tiende a garantizar la protección de los derechos fundamentales que la Constitución Bolivariana de Venezuela contempla y reconoce a todo ciudadano y ciudadana, a través de un proceso expedito que posee características peculiares y especiales que lo diferencia de otros recursos similares existentes; siendo que el origen de este recurso extraordinario se encuentra estatuido en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que instituye textualmente que: “Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos”. De acuerdo a lo anterior, cabe referir cuales son los elementos necesarios para que proceda la admisión o no de la Acción de Amparo Constitucional; y al respecto ha consagrado la doctrina y la jurisprudencia, que para que la acción pueda ser admitida, es un requisito indispensable de parte del accionante, demostrar ante el Juez o Jueza, los hechos ocurridos que dieron lugar, a la presunta violación de normas de rango constitucional por parte de los entes o personas naturales o jurídicas a quienes se les atribuya tal infracción; por lo tanto, siempre que al Juez o Jueza, se le consignen los documentos fundamentales de la acción y que de éstos pueda apreciarse la presunta vulneración de derechos y garantías constitucionales, es que podrá decidirse de acuerdo a lo solicitado, la admisibilidad o declarar inadmisible la acción de Amparo Constitucional intentada.

En este mismo sentido, ha sido criterio reiterado y sostenido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que será inadmisible la acción de amparo ante la existencia de un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional, así tenemos la sentencia N° 3170, de fecha 10/12/2002 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, donde se estableció que:
“Observa esta Sala que el Amparo Constitucional como acción destinada al restablecimiento de un derecho o una garantía Constitucional lesionados, solo se admite para su existencia armoniosa con el sistema jurídico – ante la inexistencia de una vía idónea para ello, la cual, por su rapidez y eficacia, impida la lesión de los derechos que la Constitución vigente garantiza. De esta manera, la acción de Amparo Constitucional es admisible cuando otros medios procesales ordinarios son insuficientes para restablecer la situación jurídica infringida, o cuando su procedimiento – dada la naturaleza de la infracción alegada – no cumple con la finalidad de lograr la protección de forma inmediata o, en todo caso sus efectos vienen a ser retardados o diferidos, de modo que no permiten reparar el daño sufrido cuando el derecho Constitucional ha sido conculcado...”

Del mismo modo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 513 de fecha 02/06/2010, expresó lo siguiente:
“Así, conviene señalar que, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los órganos jurisdiccionales deben revisar si fue agotada la vía judicial ordinaria o si fueron ejercidos los recursos procesales correspondientes, a los fines de determinar la admisibilidad de la demanda de amparo.
De modo que la acción de amparo constitucional no será admisible cuando el ordenamiento jurídico prevea la posibilidad de ejercer recursos ordinarios o preexistentes contra un acto que presuntamente lesiona derechos de rango constitucional, con la finalidad de que ésta no se convierta en una acción que haga inoperante el ejercicio de los recursos ordinarios, salvo que éstos hayan sido agotados y persista la violación de los derechos constitucionales invocados; o en aquellos casos en que aun existiendo un remedio procesal, éste no resulte más expedito y adecuado para restablecer la situación jurídica infringida, y así lo demuestre quien invoque la protección constitucional. (Vid. Sentencia de esta Sala del 9 de agosto de 2000, caso: “Stefan Mar”)”
Vista las normas anteriores y los criterios jurisprudenciales parcialmente transcritos, se infiere que la vía del amparo constitucional, se hace viable en la medida que no existan vías ordinarias y preestablecidas en el ordenamiento legal para proteger los derechos fundamentales o, que aun existiendo no fueren idóneas, expeditas y eficaces para la protección constitucional., adicionalmente, es evidente, que para la procedencia de la Acción de Amparo Constitucional debe necesariamente agotarse la vía ordinaria o la interposición de los recursos legales existentes en el ordenamiento jurídico.

De tal suerte, que siguiendo el criterio vinculante de la Sala Constitucional y lo dispuesto en la Ley Especial, al ser analizada la narrativa de los hechos expuestos en el escrito libelar que motivan la solicitud de amparo, así como revisados los medios probatorios aportados por el accionante, contentivo de actas y actuaciones del procedimiento tramitado por ante la Inspectoría del trabajo del estado Monagas; constata esta Juzgadora, que la parte recurrente de la presente Acción de Amparo, pretende lograr la ejecución judicial de las providencias administrativas emanadas de la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas en fecha 16/06/2023, con ocasión al procedimiento de reenganche y restitución de la situación jurídica infringida, incoada por los hoy accionantes ciudadanos JOSE LUIS RODRIGUEZ y JOSE GREGORIO OLIVEROS contra la entidad de trabajo CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL; siendo por lo tanto oportuno, examinar la posibilidad de obtener a través de una acción de amparo, la ejecución de los actos administrativos dictados por el Órgano Administrativo. En este sentido, resulta necesario, revisar las actas procesales, cursantes en autos, de los cuales observa quien Juzga lo siguiente:
.- En fecha 14/01/2022 y 05/01/2022 los presuntos agraviados ciudadanos José Luís Rodríguez y José Gregorio Oliveros respectivamente, interpusieron por ante la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, denuncia por despido injustificado, solicitando la restitución de la situación jurídica infringida, el reenganche a su puesto de trabajo y la restitución de derechos, todo de conformidad a lo establecido en los artículos 94, 418 y 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras; asignándole el ente administrativo la nomenclatura interna N° 044-2022-01-000040 y 044-2022-01-000040.
.- Que en fechas 26/04/2022, 23/08/2022 y 02/06/2023 los accionantes en compañía de un funcionario de la Inspectoría del Trabajo se trasladaron a la dirección vía el Rincón de Monagas después de la Urb. Lomas del Viento a 1 km., de la carretera nacional, vía el sur de la ciudad de Maturín estado Monagas, a los fines de reenganchar en la entidad de trabajo Consorcio Operador Helios Vidal a los quejosos en amparo, ordenado según AUTOS emanados de la Inspectoría del Trabajo de fecha 18/01/2022 y 07/01/2022 siendo infructuosa tal ejecución. Dejando constancia en el acta de fecha 02/06/2023, el abogado Trino Fajardo, funcionario actuante de la Inspectoría, que al configurase el Desacato, por rebeldía de la empresa de acatar la orden reenganche, es por lo que eleva la propuesta de multa establecida en el articulo 532 de la LOTTT.
.- Que en la misma fecha 02/06/2023, el Órgano Administrativo, levanta ACTAS donde señala que “...se realiza traslado hasta la entidad de trabajo antes mencionada el día de hoy 02/06/2023 a los efectos de realizar la ejecución de restitución jurídica infringida de cumplimiento a lo dispuesto en AUTO de fecha 18/01/2022 (para la cursante al folio 110); y 07/01/2022 (para la cursante al f. 111) llevándose a cabo el procedimiento administrativo donde se realiza acta de ejecuciones donde se evidencia que la referida entidad de trabajo incurrió en las causales contenidas en los artículos 531 y 532 de la LOTTT, la cual riela al folio 18 de la presente causa. Es por lo que se propone a la Sala de Sanciones de esta Inspectoría del Trabajo la apertura del correspondiente procedimiento de multa en contra de la entidad de trabajo Consorcio Operador Helios Vidal, observándose que en la parte inferior de cada documental, tiene un recibido de fecha 15/11/2023 y en la parte superior derecha la indicación de nomenclatura S011-2023-06-00050; S011-2023-06-00052; y S011-2023-06-00051.
.- Que en fecha 16/06/2023, en virtud de la solicitud interpuesta, la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, con sede en Maturín, dictó Providencia Administrativa N°(s)00068-2023 y 00066-2023, mediante la cual declaró con lugar la solicitud de reenganche y pago de salarios caídos incoada por los prenombrados ciudadanos (f. 75-77): que en fecha 14/09/2023 y 15/09/2023 se trasladaron a la siguiente dirección: Vía el Rincón de Monagas después de Lomas del Viento, a los fines de practicar la ejecución de la orden de reenganche y pago de salarios caídos y demás beneficios dejados de percibir de los ciudadanos supra indicados, bajo el numero de providencia administrativa N° (s) 00068 del ciudadano José Rodríguez y en las actas correspondientes al ciudadano José Oliveros no se indica el numero de providencia, dictado por la Inspectoría del Trabajo contra la entidad de trabajo Consorcio Operador Helios Vidal, donde se dejo constancia en las actas cursantes a los folios 84-87 que fueron atendidos por el ciudadano José Brito, titular de la cédula de identidad N° 8.376.331, quien alegó tener el cargo de Jefe de patio de operaciones; que no representa a la empresa Helios Vidal y por lo tanto no tiene autoridad para dar respuesta a dicho procedimiento; y en las actas cursante a los folios 90-93, se dejó constancia que “que fueron atendidos por el ciudadano José Amadeo Salas Jaimes, titular de la cédula de identidad Nº 18.579.959, apoderado judicial que expuso “en aras de buscar una posible solución, invita al apoderado judicial de los trabajadores a reunirse el sábado 16/09/2023 a las 10:00 a.m., ello en virtud de encontrar la solución mas satisfactoria en cuanto a las providencias administrativas de los trabajadores...(sic)”.
.- Que en fecha 09/11/2023 se levanto acta administrativa por la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, dejando evidencia del traslado realizado sin que se refleje en las mencionadas documentales, la dirección en la cual se constituyo el ente administrativo, a los fines de practicar la ejecución de la orden de reenganche y pago de salarios caídos de los ciudadanos José Luís Rodríguez, José Oliveros y José Pérez, bajo el numero de Providencias Administrativas ( no consta en las actas los números de providencias, ni las fechas de emisión), dictadas por la Inspectoría del Trabajo en contra de la entidad de trabajo Consorcio Operador Helios Vidal, actas en las cuales el funcionario actuante dejo constancia que fueron atendidos por el ciudadano José Amadeo Salas, titular de la cédula de identidad Nº 18.579.959, apoderado judicial y quIen expuso “No nos oponemos al reenganche de los trabajadores dejando la salvedad que en este lugar no funciona la sede administrativa del Consorcio Operador Helio Vidal, todo ello debe ser tomado en cuenta para este acto, que con respecto a los salarios caídos deben presentar los trabajadores el cálculo de cada uno de ellos para ser evaluado por el departamento correspondiente...(sic)”. La funcionaria actuante dejó constancia en cada acta, que los trabajadores José Luís Rodríguez y José Oliveros, fueron reenganchados a su puesto de trabajo y en cuanto a los salarios caídos, los trabajadores le presentaran el calculo a la entidad en fecha 10/11/2023, que serán cancelados en 5 días hábiles siguientes.
.- Que en fecha 15/11/2023, la Inspectoría del Trabajo de Sanciones del estado Monagas, dicta AUTO, donde admite e inicia el procedimiento de sanción, solicitado por la Inspectoría del Trabajo, por violación a la inamovilidad laboral articulo 531 de la LOTTT.
.- Que en fecha 29/11/2023, se levanto acta administrativa por la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, dejando evidencia del traslado realizado a la siguiente dirección: Vía el Rincón de Monagas después de la Urb. Lomas del Viento a 1 km., de la carretera nacional estado Monagas, a los fines de practicar la ejecución de la orden de reenganche y pago de salarios caídos y demás beneficios de los ciudadanos José Luís Rodríguez y José Oliveros, bajo los números de Providencias Administrativas N° 00068 y 00066 de fecha 16/06/2023 dictadas por la Inspectoría del Trabajo en contra de la entidad de trabajo Consorcio Operador Helios Vidal, dejando constancia que se trasladan para cumplir con el procedimiento de verificación solicitada por los trabajadores.
.- Que en fecha 04/12/2023, el funcionario Javier Guerrero, titular de la Cédula de Identidad Nº V-15.322.982, adscrito la Inspectoría del Trabajo de Sanciones del estado Monagas, presenta informe en los expedientes S011-2023-06-00050 y S011-2023-06-00052 dejando constancia que en fecha 04/12/2023 hizo acto de presencia en las instalaciones de la entidad de trabajo Consorcio Operador Helios Vidal, ubicada en la siguiente dirección: vía el Rincón después de Lomas del Viento, con la finalidad de materializar entrega de notificación por apertura procedimiento sancionatorio.
.- Que fecha 13/12/2023, la Inspectoría del Trabajo de Sanciones del estado Monagas, emite providencias administrativas N° (s) S011-00083-2023 y S011-00085-2023 de fecha 13/12/2023 correspondiente a los ciudadanos José Luís Rodríguez y José Gregorio Oliveros respectivamente, contenidas en los expedientes N ° (s) S011-2023-06-00050 y S011-2023-06-00052, mediante las cuales declara CON LUGAR el procedimiento de multa en contra de la entidad de trabajo CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL, ubicada en la VIA EL RINCON DESPUES DE LA URBANIZACION LOMAS DEL VIENTO, VIA EL SUR, MATURIN, ESTADO MONAGAS., emergiendo de la narrativa de las providencias administrativas, que se indica que el procedimiento de sanción se inicia a solicitud de sanción emanada de la Inspectoría del Trabajo sede Maturín, suscrito por el abogado Trino Fajardo, en su carácter de funcionario del trabajo, recibida en fecha 15/11/2023 en esa Inspectoría de Sanciones, mediante la cual solicita se inicie el procedimiento de multa contra la entidad de trabajo accionada según lo establecido en los artículos 531 y 532 de la LOTTT.
.-Que en fecha 14/12/2023, el funcionario Wuilly López, titular de la Cédula de Identidad N° 22.719.197, adscrito la Inspectoría del Trabajo de Sanciones del estado Monagas, presenta informe en los expedientes S011-2023-06-00050 y S011-2023-06-00052 dejando constancia que en fecha 14/12/2023 hizo acto de presencia en las instalaciones de la entidad de trabajo Consorcio Operador Helios Vidal, ubicada en la siguiente dirección: vía el Rincón después de Lomas del Viento, con la finalidad de materializar entrega de notificación por providencia administrativa de fecha 13/12/2023,que el patrono se negó a recibir., dejando constancia en el cartel cursante al folio 134, que el gerente de operaciones José Brito se negó a recibir el cartel y manifestó ser trabajador de la empresa Vídalsa.
.- Que en fecha 17/01/2024 se levanto actas administrativas por la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, dejando evidencia del traslado realizado a la siguiente dirección: Vía el Rincón de Monagas Maturín, estado Monagas, a los fines de practicar la verificación de la orden de reenganche y pago de salarios caídos y demás beneficios de los accionantes, e indicando el funcionario actuante que fueron atendidos por el ciudadano José Brito, Gerente de Operaciones, quien manifestó lo siguiente “nosotros no somos Helios Vidal, no puedo dar respuesta ni reenganchar a nadie, tienen que conversar con las personas de Caracas y sus abogados...(sic)”. y que la funcionaria dejo plasmado que fue para la verificación de la orden de reenganche y pago de salarios caídos acatada en fecha 09/11/2023, en vista de que no hubo un fiel cumplimiento en la orden de reenganche y pago de salarios caídos emitido por la autoridad administrativa; que en ese mismo acto se procede a dejar constancia del Desacato y se propone la multa correspondiente de conformidad al articulo 532, 538 por desacato a una orden administrativa de la LOTTT.(f. 104-107)

De la revisión y análisis a las actuaciones contenidas en los procedimientos administrativos llevados por los actores en la Inspectoría del Trabajo del Estado Monagas, y que fueron promovidas conjuntamente con el escrito libelar, concatenado con lo argüido por los accionantes tanto en el escrito que encabeza el presente expediente como en la audiencia constitucional, permiten determinar a esta Juzgadora, que los ciudadanos JOSE LUIS RODRIGUEZ y JOSE GREGORIO OLIVEROS, incoaron la solicitud de Reenganche y pago de Salarios Caídos, conforme a lo establecido en el Decreto con Fuerza de Ley de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras; como mecanismo idóneo, eficaz y expedito previsto en la Ley especial, que regula los procedimientos a seguir por los Trabajadores o Trabajadoras que amparados por inamovilidad o algún tipo de fuero, hayan sido despedidos sin que el patrono solicitara la respectiva autorización de despido; y que en fecha 16/06/2023 la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, emitió las providencias administrativas N° 00068-2023 y 00066-20023 en los expedientes N° (s) 044-2022-01-0000040 y 044-2022-01-0000009, contentivo de los procedimientos de los ciudadanos JOSE LUIS RODRIGUEZ y JOSE GREGORIO OLIVEROS respectivamente; providencias administrativas en las cuales declaro CON LUGAR el reenganche y pago de salarios caídos de los mencionados ciudadanos contra la entidad de trabajo CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL.

Igualmente, se evidencia de las actas procesales que la Inspectoría del Trabajo de Sanciones de estado Monagas, en fecha 15/11/2023 admitió y dio inició el procedimiento sancionatorio de conformidad con el articulo 547 de la Ley sustantiva; decidiendo dicho procedimiento en fecha 13/12/2023 tal como consta de las providencias administrativas que rielan a los folios ciento diecinueve al ciento veintiséis (f.119-126) del presente expediente, declarando con lugar el procedimiento de multa contra la accionada, de acuerdo a lo previsto en los artículos 531 y 532 de la Ley sustantiva. Es por ello, que revisado dicho procedimiento, observa quien decide que éste se encauso conforme a una propuesta de apertura del procedimiento de multa contra la entidad de trabajo Consorcio Operador Helios Vidal, requerida en fecha 02/06/2023, por el abogado TRINO FAJARDO, titular de la cedula de identidad N° V-12.151.561, funcionario actuante adscrito a la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas quien solicitó, en el acta levantada con motivo del traslado para ejecutar el reenganche ordenado mediante auto de admisión de la solicitud de reenganche incoada por los accionantes de fechas 07/01/2022 para el ciudadano José Oliveros y 18/01/2022 para el ciudadano José Rodríguez, funcionario que expresa en dicha acto, que ante la rebeldía de la empresa de acatar la orden de reenganche, eleva la propuesta de multa establecida en el articulo 532 de la LOTTT; actas que rielan a los folios setenta y dos al setenta y tres (f.72-73 pieza Nº 1 del expediente); y constando que dicha solicitud se plasmo de igual manera en las ACTAS de la misma fecha 02/06/2023 cursantes a los folios ciento diez y ciento once (f. 110 y 111) documentales estas plenamente valoradas por el Tribunal, y de cuyo contenido se visualiza el 15/11/2023 como fecha de recibido, fecha que se encuentra estampada en la parte inferior derecha de las actas, así como la asignación en la parte superior derecha de la nomenclatura llevada por la Inspectoría del Trabajo de Sanciones del estado Monagas, reflejándose los siguientes números de expedientes: S011-2023-06-00050 y S011-2023-06-00052.; de manera que conforme a lo que aparece en las documentales analizadas, es claro para este Tribunal, que para la fecha en que el funcionario del trabajo propone la apertura del Procedimiento de Multa, se encontraba ejecutando la orden de reenganche emitida por la Inspectoría del Trabajo al momento de la admisión del procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos en fecha 07/01/2022 para el ciudadano José Oliveros y 18/01/2022 para el ciudadano José Rodríguez.

Basado en tales circunstancias, llama la atención para quien decide, que posterior a la fecha 02/06/2023, es cuando efectivamente se produce la emisión de las providencias administrativas 00068-2023 y 00066-20023 en los expediente N° 044-2022-01-0000040 y N° 044-2022-01-0000009, contentivo de los procedimientos de los ciudadanos JOSE LUIS RODRIGUEZ y JOSE GREGORIO OLIVEROS, tal como se verifica de las documentales referidas a copias certificadas de las providencias administrativas, anexas a los folios setenta y cinco al setenta y siete (f. 75-77), de cuya lectura se desprende que el órgano administrativo se pronuncia en fecha 16/06/2023. Situación esta, que conlleva a afirmar, que el procedimiento sancionatorio, que alude la parte quejosa en amparo como agotado y que a su criterio le permite el ejercicio de la presente acción de amparo, corresponde en todo caso, al procedimiento que se solicitó una vez admitida la denuncia o solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, mas no consta en las actas procesales, que una vez pronunciada las providencias administrativas por la Inspectoría del Trabajo en fecha 16/06/2023 y durante los traslados para ejecución de las providencias administrativas en el año 2023, de fechas 05/09/2023, 15/09/2023, 09/11/2023 y 29/11/2023 y que corren insertas a los folios 81-82, 84-87, 90-93, 96-97 y 101-103 del expediente, el funcionario del trabajo actuante haya ordenado la apertura del procedimiento sancionatorio que prevé la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras por incumplimiento o desacato de las providencias que decidieron los procedimientos incoados ante el órgano administrativo; constando sí que en el acta levantada en fecha 17/01/2024, referida a verificación de la orden de reenganche y pago de salarios caídos y demás beneficios de los ciudadanos José Luís Rodríguez y José Oliveros, según auto de fecha 18/01/2022 y 07/01/2022 , la funcionaria actuante dejo plasmado que el traslado fue para la verificación de la orden de reenganche y pago de salarios caídos acatada en fecha 09/11/2023, en vista de que no hubo un fiel cumplimiento en la orden de reenganche y pago de salarios caídos emitido por la autoridad administrativa; y que en ese mismo acto se procede a dejar constancia del Desacato y se propone la multa correspondiente de conformidad al articulo 532, 538 por desacato a una orden administrativa de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras., sin que conste en las actas procesales la apertura del procedimiento sancionatorio respectivo y en todo caso, el agotamiento de la vía administrativa, que contrariamente fuera expuesto por los accionantes en amparo; por lo que no coincide igualmente esta Juzgadora con la opinión emitida por la representación del Ministerio Público, cuya mención se plasmó en la presente decisión. en cuanto a que “(...) Nuevamente el funcionario del trabajo se traslada a la entidad de trabajo en fecha 17/01/2024, no encontrándose ninguna representación legal o patronal es por lo que la inspectora del ordeno la apertura de la sanción las cual se llevo acabo mediante los expediente números S011-00083-2023. S011-00085-2023, Y S011-0084-2023...(Sic)”. , pues tal como se ha analizado, las providencias sancionatorias o de multa, se publicaron el 13/12/2023, por solicitud de la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas de fecha 02/06/2023 y recibida por la Inspectoría del Trabajo de Sanciones en fecha 15/11/2023.

De manera que a criterio de esta Juzgadora, lo expresado por el apoderado judicial del Consorcio Operador Helios Vidal, abogado José Amadeo Salas, en las oportunidades de traslado para ejecución de las ordenes de reenganche y pago de salarios caídos contenidas en las providencias administrativas N` (s) 00068-2023 y 00066-20023, y de lo cual se dejó constancia en las actas de fecha 15/09/2023 y 09/11/2023, en cuanto a “...que en aras de buscar una posible solución y mas satisfactoria en cuanto a las providencias administrativas de los trabajadores de los reenganches y salarios caídos las cuales declara conocer” y “No nos oponemos al reenganche de los trabajadores dejando la salvedad que en este lugar no funciona la sede administrativa del Consorcio Operador Helio Vidal...”; en modo alguno puede ser considerado como que se cumplió con la notificación del procedimiento de multa o sancionatorio: tomando en consideración, primero que el mismo se origino conforme a una propuesta de sanción o multa requerida con fecha anterior (02/06/2023) a la emisión de las providencias administrativas que declararon con lugar el reenganche y pago de salarios caídos; segundo, que las actas de ejecución donde se dejo constancia de la presencia del apoderado judicial del Consorcio Operador Helios Vidal, son anteriores a la fecha de emisión de la providencia administrativa de multa; tercero, que los actos correspondían en todo caso a la ejecución de las providencias administrativas emitidas por la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas en el procedimiento de reenganche y pago de salarios caídos de acuerdo a lo expuesto por los accionantes; y cuarto, que lo expresado por el representante del Consorcio fue en el procedimiento de reenganche y no en el procedimiento de multa, iniciado en las condiciones supra indicadas.

Así mismo, no puede pasar desapercibido por quien juzga, que si bien el procedimiento administrativo que incoaran los accionantes por ante el Órgano Administrativo, fue contra la entidad de trabajo CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL, quien conforme a la documental promovida por la parte recurrente referida al documento constitutivo del Consorcio (f. 29-40), ya valorada por el Tribunal, tiene como domicilio según la cláusula tercera en la ciudad de Maturín estado Monagas en la siguiente dirección; Centro Comercial Petroriente piso 2, pasillo azul, oficina Nº 43, Avenida Alirio Ugarte Pelayo de esta ciudad de Maturín; dirección esta que igualmente señalaron los accionantes en el escrito contentivo de la acción de amparo; sin embargo, de acuerdo a las actas administrativas levantadas por la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, durante los distintos traslados para la ejecución, tanto del reenganche conforme al auto de inicio del procedimiento de reenganche de fecha 18/01/2022 y 07/01/2022 como de las providencias administrativas, los funcionarios actuantes dejaban constancia que las personas notificadas del acto incluyendo al apoderado judicial del consorcio, manifestaron que en ese lugar no funcionaba el Consorcio Operador Helios Vidal, sino que correspondía a la entidad de trabajo Constructora Vidalsa; hecho este reconocido por el apoderado judicial de los accionante en el desarrollo de la audiencia al aducir que “...se acudió a la sede de una de las empresas consorciadas que es Vidalsa...(sic)”. De igual forma, fue en la mencionada dirección, para donde se traslado el funcionario adscrito a la Inspectoría del Trabajo de Sanciones del estado Monagas, a los fines de notificar al Consorcio Operador Helios Vidal, de la apertura del procedimiento sancionatorio y de las Providencias emitidas por dicha Inspectoría en fecha 13/12/2023, dejando constancia el funcionario actuante, que el ciudadano José Brito, gerente de operaciones se negó a recibir por cuanto señaló que era trabajador de la empresa VIDALSA; quedando evidenciado y admitido que el Consorcio Operador Helios Vidal fue notificado en todo momento en un domicilio procesal que no corresponde a su domicilio conforme a los documentos aportados a los autos.

En vista de lo antes indicado, es preciso advertir que esta acción de amparo es especialísima porque a través de ella, se pretende la ejecución judicial de las providencias administrativas N°(s) 00068-2023 y 00066-20023 en los expedientes N°(s) 044-2022-01-0000040 y 044-2022-01-0000009, contentivo de los procedimientos de los ciudadanos JOSE LUIS RODRIGUEZ y JOSE GREGORIO OLIVEROS respectivamente; providencias administrativas en las cuales la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas declaro CON LUGAR el reenganche y pago de salarios caídos de los mencionados ciudadanos contra la entidad de trabajo CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL; y para ello ha sido reiterado por vía jurisprudencial, que debe el Tribunal verificar que se haya cumplido con los parámetros establecidos en la sentencia N° 2308 de fecha 14/12/2006., referido entre otros, al agotamiento de la vía administrativa; de forma tal que independientemente que la entidad de trabajo accionada no haya comparecido a la audiencia constitucional, tal como se dejo sentado en la instalación de la audiencia constitucional, esto no releva al Juez o Jueza, de la obligación de decidir con arreglo a derecho si es o no procedente la acción de amparo intentada, y para ello revisará no solo el material probatorio aportado a los autos por la parte accionante en amparo que fueron acompañadas al momento de presentar el libelo de la acción de amparo, sino también que este Tribunal debe comprobar el agotamiento de la vía administrativa; en tal sentido, se procede a reproducir lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la mencionada sentencia Nº 2308 de fecha 14/12/2006, caso GUARDIANES VIGIMÁN, S.R.L., en la cual se estableció lo siguiente:
En efecto, esta Sala ha decidido (sentencias N° 2122/2001 y 2569/2001; casos: “Regalos Coccinelle C.A.”) que el acto administrativo tiene que ser ejecutado forzosamente por el órgano emisor, esto es, a través de sus funcionarios o valiéndose de la colaboración de los funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado, si lo considerara necesario, por tratarse de la ejecución de un acto administrativo de desalojo, cuya posibilidad de ejecución forzosa por parte de la Administración es posible, ayudándose de ser necesario, con funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado.
Ese criterio se extendió también, recientemente, a los actos de la Administración relacionados con aspectos laborales (actos de Inspectorías del Trabajo, por ejemplo, como en el caso de autos), pues, según la Sala, “las Providencias Administrativas deben ser ejecutadas por la autoridad que las dictó, sin intervención judicial, por lo que el amparo no es la vía idónea para ejecutar el acto que ordenó el reenganche”. Para la Sala, “constituye un principio indiscutible en el derecho administrativo la circunstancia de que el órgano que dictó el acto puede y debe el mismo ejecutarlo, recogido como principio general en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos” (sentencia Nº 3569/2005; caso: “Saudí Rodríguez Pérez”).
En ese mismo fallo, citado por la parte solicitante de la revisión en su escrito de “alcance y complemento”, la Sala sostuvo que “por estar dotado de ejecutoriedad el acto administrativo (…), no requiere de homologación alguna por parte del juez: y la ejecución de dicha decisión opera por su propia virtualidad”. Así, agregó, a pesar de que se produjo “un evidente desacato a la Providencia Administrativa, dictada por la Inspectoría de Trabajo, que ordenó el reenganche y el pago de salarios caídos de los trabajadores, los órganos jurisdiccionales no son los encargados de intervenir en la actuación de los órganos de la Administración Pública; excepto que una Ley así lo ordene”.
Para la Sala, precisamente, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos ordena lo contrario, puesto que el artículo 79 dispone que “La ejecución forzosa de los actos administrativos será realizada de oficio por la propia administración salvo que por expresa disposición legal deba ser encomendada a la autoridad judicial”. En consecuencia, consideró la Sala, en ese fallo Nº 3569/2005, que el acto administrativo debió se ejecutado por la Administración Pública “y de esta manera dar cumplimiento a la Providencia Administrativa”, declarando expresamente modificado el criterio sentado en sentencia del 20 de noviembre de 2002 (caso: “Ricardo Baroni Uzcátegui”), “respecto a que el amparo sea una vía idónea para lograr el cumplimiento de las Providencias Administrativas provenientes de la Inspectoría del Trabajo” como se observa, la Sala ha sido del criterio, reiterado en fecha reciente para el caso concreto de los actos emanados de las Inspectorías del Trabajo, de que la ejecución de las decisiones administrativas debe ser exigida primeramente en vía administrativa y, en caso de no ser fructífera la gestión, agotado como haya sido el procedimiento de multa previsto en la Ley Orgánica del Trabajo Título XI, podría recurrir a los mecanismos jurisdiccionales ordinarios de los que conocen los tribunales de lo contencioso administrativo.
De ese modo, sólo en situación excepcional cuando el incumplimiento afecte un derecho constitucional, puede recurrirse al amparo constitucional, para exigir un mandamiento judicial que consista en una conducta que debió instarse directamente en sede administrativa, como en principio es el caso de autos. La naturaleza del amparo constitucional, tal como es la pacífica jurisprudencia de esta Sala, es la de un mecanismo extraordinario, que sólo procede cuando se han agotado las vías ordinarias o, en caso adicional, cuando no es posible exigir ese agotamiento en vista de las circunstancias del caso concreto y de la urgencia de resolución de la controversia. En todo caso, sí procedería el amparo –sin lugar a dudas- en los supuestos en que, pese a la diligencia del interesado en solicitar la actuación de la Administración, no consiga satisfacción a su primigenia pretensión –el desalojo, el reenganche, por ejemplo-, pues es sabido que el poder de los órganos administrativos, a los efectos de la ejecución de cierto tipo de decisiones, es limitado, por lo que, en caso de desacato, apenas cuenta con instrumentos indirectos de presión, como las multas, las cuales en ocasiones se presentan como insuficientes para influir realmente en la conducta del obligado. Se trata, pues, de un asunto que debe ser resuelto en atención a las circunstancias particulares del caso, teniendo como principio la necesidad, por una lado, de mantener los poderes de la Administración –la ejecutoriedad, en especial-y, por el otro, el respeto a los derechos de los particulares, que no pueden verse negados en caso de que las vías ordinarias demuestren su ineficacia.
Lo expuesto es común a cualquier demanda de amparo, al ser una acción judicial que, sin pretender sustituir a las vías ya existentes en el ordenamiento jurídico, está consagrada para proteger lo que, a veces, esas vías no son capaces de hacer. La valoración del caso concreto se hace indispensable, en consecuencia.” (Negrilla de este Tribunal)

Sumado al criterio plasmado en la sentencia transcrita, es válido señalar que ha establecido la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que no obstante, haberse iniciado los procedimientos administrativos de solicitud de reenganche y pago de salarios caídos, bajo la vigencia del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, ello no excluye la posibilidad de que se acuda a la vía del amparo como medio idóneo, para solicitar el cumplimiento de una orden de reenganche., siempre y cuando se haya agotado el procedimiento de multa previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras; es por ello, que en consideración a la sentencia parcialmente transcrita, observa quien decide que los presuntos agraviados no cumplieron con los requisitos exigidos en la misma, por cuanto quedo patentizado que en la presente causa no fue agotada la vía administrativa, toda vez que el procedimiento de multa instaurado en contra del Consorcio Operador Helios Vidal, fue el relativo al desacato sobre la orden de reenganche ordenado al momento de la admisión de la solicitud de reenganche mediante autos de fecha 07/01/2022 y 18/01/2022 mas no así por Desacato o incumplimiento de las providencias administrativas Nº (s) 00068-2023 y 00066-20023 emanadas de la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas en fecha 16/06/2023., siendo que de las actas de traslado de ejecución posterior a la emisión de las referidas providencias, no consta que los funcionarios actuantes hayan ordenado ningún procedimiento sancionatorio por incumplimiento o desacato de las providencias administrativas; y que si bien en el acta de fecha 17/01/2024 correspondiente a la verificación del reenganche acatado por la entidad de trabajo en fecha 09/11/2023, se demuestra que la funcionaria actuante propuso la multa conforme a los artículos 532 y 538 por desacato a una orden administrativa, no hay constancia en autos de que se haya dado apertura, posterior a dicha fecha, del procedimiento sancionatorio previsto en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras.

En concordancia con las argumentaciones anteriores, es oportuno señalar que Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, otorga a las Inspectorías del Trabajo atribuciones y funciones en lo que respecta a las ejecuciones de los actos administrativos de efectos particulares, lo cual se realiza a través de los Inspectores de Ejecución; y en conjunto con lo previsto en los 508, 509, 512,532 debe citarse el contenido del artículo 538 de Ley Orgánica del Trabajo, Los Trabajadores y las Trabajadoras, relativo al régimen sancionatorio por incumplimiento u obstrucción de la ejecución de los actos administrativos emanados de las autoridades administrativas del trabajo, el cual prevé pena con arresto policial., facultándose al Inspector o Inspectora del Trabajo a solicitar la intervención del Ministerio Público a fin del ejercicio de la acción penal correspondiente. Adicionalmente a las normas supra indicadas, es importante referir el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N º 428 de fecha 30/04/2013, donde se estableció lo siguiente:
”En tal sentido, esta Sala aprecia que, en los casos que se hubieren iniciado bajo la vigencia de la derogada Ley Orgánica del Trabajo, el amparo es, sin lugar a dudas, la vía (excepcional y restringida) con la que cuenta el accionante para exigir la ejecución de una providencia administrativa, siempre y cuando se haya agotado el procedimiento de multa; mientras que, en los casos que se susciten bajo la vigencia de la nueva Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadores, publicada en la Gaceta Oficial (Extraordinaria) n.° 6076, del 7 de mayo de 2012, se aplica el procedimiento que expresamente debe seguirse para la ejecución de providencias emanadas de la Inspectoría del Trabajo (Ver artículos 508 y siguientes). Así se declara.”
Por lo tanto, tomando en consideración la narración de los hechos realizada por los recurrentes y de acuerdo a los argumentos antes expresado, esta Juzgadora constitucional, no evidencia en el presente caso, que se hayan agotados las vías preexistentes, por lo que en el presente recurso deviene una de las circunstancias establecidas por la Sala Constitucional como configurativas del presupuesto de inadmisibilidad contenido en el numeral 5° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales; toda vez, que no se observa que el Órgano administrativo, en ejercicio de sus funciones, bien de oficio o a instancia de parte, haya practicado todo relativo a sus facultades atribuidas por Ley y el agotamiento del procedimiento sancionatorio, dirigido a que la entidad de trabajo diere cumplimiento a las providencias administrativas N°(s) 00068-2023 y 00066-20023 emanadas de la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas en fecha 16/06/2023.; y que se hayan aplicado íntegramente los procedimiento y solicitudes señalados en los articulo 512, 513, 532, 538, 546 y 547 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, como son el procedimiento de sanción por desacato, por obstaculización de ejecución, con providencias respectivas y las imposiciones de multas y notificaciones al Ministerio Público por desacato al pago de las multas y la solicitud de arresto respectivo por flagrancia., por consiguiente la acción de amparo propuesta resulta inadmisible de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre derechos y garantías constitucionales.

Como consecuencia de lo anterior, tenemos que en el presente caso, no obstante la acción de amparo constitucional propuesta fue admitida en fecha 21/06/2024, la misma ha devenido en inadmisible sobrevenidamente; por lo que merece especial mención la Sentencia Nº 57 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, expediente Nº 00-2432 de fecha 26/01/2001, en donde se estableció lo siguiente:
La accionante apelante denunció que el juez del Juzgado Superior Quinto del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, incurrió en contradicción al señalar en la sentencia que la acción de amparo se declara sin lugar por ser inadmisible, ya que con anterioridad el juez la había admitido y no podía en un acto posterior inadmitirla. Al respecto esta Sala señala lo siguiente:
En relación a la admisión de la acción de amparo, esta Sala considera necesario destacar que al igual que la admisión de la demanda, el auto que en ese sentido se dicta no prejuzga sobre el fondo, sino que constatado que se llenan los requisitos mínimos para dar curso a la acción y a la demanda, se ordena tramitarla, con el fin que en el fallo definitivo se analice y examine todo lo referente al fondo, y se revise de nuevo la existencia de los requisitos de admisibilidad en esa etapa del proceso. En consecuencia, a pesar de ser la admisión de la acción un requisito necesario para el inicio del procedimiento, ya que es a través de esta figura que el juez determina si la acción incoada debe o no tramitarse, eso no quiere decir que ese es el único momento dentro del proceso en el cual el juez puede declarar la inadmisibilidad de una acción, ya que, puede darse el caso en el cual el juez al estudiar el fondo del asunto planteado, descubre que existe una causal de inadmisibilidad no reparada por él, la cual puede ser pre-existente, o puede sobrevenir en el transcurso del proceso, y es en ese momento cuando el juez debe declarar inadmisible la acción; así ha quedado establecido en jurisprudencia reiterada de esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y en jurisprudencia de la antigua Corte Suprema de Justicia.

De la sentencia parcialmente transcrita, se concluye, que la admisión de una acción de amparo, no impide que una vez estudiado el fondo del asunto, o efectuado la audiencia constitucional tal como se produjo en el caso objeto de análisis, el Juez o Jueza, verificado los argumentos de hecho y de derecho, el acervo probatorio así como las actas procesales, puede declarar la inadmisibilidad de la acción, por cuanto descubre que existe una causal de inadmisibilidad no reparada por él, la cual puede ser pre-existente, o puede sobrevenir en el transcurso del proceso, tal como lo estableció la Sala Constitucional en la sentencia supra indicada.

Finalmente esta sentenciadora estima, que en el presente caso, al estar vigente la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, los recurrentes en amparo, deben agotar el procedimiento administrativo de ejecución de providencias administrativas contenido en dicho instrumento jurídico, y como consecuencia de ello, corresponde a la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas, ejecutar las Providencias N°(s) 00068-2023 y 00066-20023 emanadas de la Inspectoría del Trabajo del estado Monagas en fecha 16/06/2023, que Declaro con lugar el reenganche y pago de salarios caídos, en virtud de la denuncia interpuesta por los ciudadanos JOSE LUIS RODRIGUEZ y JOSE GREGORIO OLIVEROS contra la entidad de trabajo CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL; utilizando si es posible, la fuerza pública para el cumplimiento forzoso de la providencia administrativa; y por lo tanto, al existir otra vía procesal especial mediante el cual se puede lograr la ejecución forzosa de las Providencias Administrativas que ordenan el reenganche y pago de salarios caídos de los trabajadores y trabajadoras, establecido en los artículos supra indicados, de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras; y visto que no consta en el expediente que éste haya sido agotado, es por lo que éste Juzgado declara Inadmisible la presente acción de amparo constitucional, de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del Artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.
DECISIÓN
Por los razonamientos antes expuestos, que han motivado el presente fallo y en convicción de que el mismo brinda tutela judicial efectiva, este Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, Administrando Justicia actuando en Sede Constitucional, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara:
PRIMERO: LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN con relación al ciudadano JOSE RAFAEL PEREZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-2.643.610, quien interpuso la presente acción de amparo constitucional contra las entidades de trabajo CONSTRUCTORA VIDALSA 27, C.A; HELIOS PETROLEUM SERVICES S.A, los cuales dieron origen al CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL.
SEGUNDO: LA FALTA DE LEGITIMIDAD Y CUALIDAD para actuar y continuar como presunta agraviada (accionante) en la presente acción de Amparo de la ciudadana HILDA LUCÍA GOITTE DE PEREZ, titular de la Cédula de Identidad N° V-4.617.628, en su carácter de cónyuge supérstite del fallecido ciudadano JOSÉ RAFAEL PÉREZ, parte presuntamente agraviada en este expediente.
TERCERO: IMPROCEDENTE la presente Acción de Amparo Constitucional interpuesta por los ciudadanos JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ y JOSÉ GREGORIO OLIVEROS contra las entidades de trabajo CONSTRUCTORA VIDALSA 27, C.A y HELIOS PETROLEUM SERVICES, S.A., ya identificados en autos.
CUARTO: LA INADMISIBILIDAD de la presente Acción de Amparo Constitucional, a tenor de lo dispuesto en el artículo 6, ordinal 5° de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucional, interpuesta por los ciudadanos JOSÉ LUÍS RODRÍGUEZ GONZÁLEZ y JOSÉ GREGORIO OLIVEROS, contra la entidad de trabajo CONSORCIO OPERADOR HELIOS VIDAL, identificados en autos.

No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del presente fallo.

Dando cumplimiento a lo establecido en las disposiciones del artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, se ordena dejar copia certificada de la presente sentencia en el copiador llevado por el Tribunal.

PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA

Dada, firmada, sellada y refrendada en la Sala del Despacho del Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Nuevo Régimen Procesal del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas, en Maturín a los veintitrés (23) días del mes de Junio del año dos mil veinticinco (2025). 215º y 166°
LA JUEZA,

ABG. YUIRIS GÓMEZ ZABALETA.-
SECRETARIO
ABG.
En esta misma fecha se registró y publicó la sentencia, siendo la 08:40 a.m. Conste.-
SECRETARIO
ABG.