TSJ Regiones - Decisión

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO Y MARITIMO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR

COMPETENCIA CIVIL

Sentencia Interlocutoria de Inhibición

I
ANTECEDENTES

Vista la inhibición planteada en fecha 31/03/2025, por el ciudadano Wander José Blanco Montilla, en su condición de Juez Provisorio del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, surgida en el juicio de Cobro de Bolívares, incoado por el ciudadano José Pinto Almeida, en contra de los ciudadanos Dilia Thais del Valle Ruiz Guevara y Oscar Eduardo Mirabal Muñoz, identificados en autos, en el expediente signado con el Nro. 18.800, nomenclatura interna de ese juzgado; corresponde a esta Alzada resolver la misma, para lo cual antes de juzgar el mérito del asunto, se deben conciliar los presupuestos de hecho presentados por el referido Juez a los efectos de verificar si los mismos se subsumen en la causal o motivos de inhibición invocado y si la actuación realizada se ajusta a la normativa legal correspondiente, todo a los fines de dirimir la procedencia o no de la inhibición planteada, lo cual se hará en el capítulo siguiente.

II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR

Del presente cuaderno separado de incidencia de inhibición se evidencia acta de inhibición planteada por el ciudadano Wander José Blanco Montilla de fecha 31/03/2025, en la cual entre otras cosas expone que procede a plantear su inhibición, de conformidad al criterio sostenido por la Sala Constitucional del Alto Tribunal, mediante sentencia Nro. 761 de fecha 13/11/2008 motivado en entre otras cosas en lo siguiente:

“(…)Ahora bien, cumpliendo funciones en la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público del segundo circuito de la circunscripción judicial del Estado Bolívar, se inició investigación penal según expedientes N°07-F3-2C-0650-11 y 07-F4-2C-2007-11, y en la causa FP12-P-2011-484, Nomenclatura del tribunal tercero de primera instancia de control del segundo circuito de la circunscripción judicial del estado bolívar extensión territorial puerto Ordaz en contra de los ciudadanos Dilia Thais del valle Ruiz Guevara y Oscar Eduardo Mirabla (Mirabal) Muñoz, en perjuicio del ciudadano José pinto Almeida quienes son parte actora y parte demandada en el presente asunto, es por lo que en razón de ello considera este juzgador que se encuentra impedido de conocer la presente causa, conforme al criterio sostenido por la Sala Constitucional del Alto Tribunal, mediante sentencia Nro. 761 de fecha 13/11/2008 donde se estableció: “ De manera que de acuerdo con el Criterio Jurisprudencial de la Sala Constitucional precedentemente transcrito, queda claro que los jueces no solo podrán inhibirse o ser recusados por las causales contempladas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil , sino también por cualesquiera otras causas distintas que aun cuando no estén contempladas en la ley pudieran comprometer su parcialidad objetiva (...)”. Cursivas de esta Alzada.

Como consecuencia de ello, corresponde su conocimiento y decisión de la incidencia surgida a esta Alzada, quien teniendo competencia, procede de conformidad con lo previsto en el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil, en atención a los presupuestos de hecho y de derecho invocados, a dictar la decisión que en derecho corresponda, para lo cual se examinará tanto la regularidad formal de la inhibición, como la fundamentación alegada, y toda vez que no hay obstáculo procesal alguno que impida a esta administradora de justicia, decidir el mérito del asunto, se procede a determinar si es procedente o no la presente pretensión, de la siguiente forma:

Al respecto me permito traer a colación lo que señala el conocido autor patrio ARISTIDES RENGEL ROMBERG, en su obra “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano volumen I” para que la jurisdicción pueda cumplir con su finalidad jurídica y social, es indispensable que el juez que dirima determinada controversia sea imparcial, por no tener ninguna relación con el objeto de la causa y por no tener vinculación personal o algún tipo de ánimo positivo o negativo hacia las partes del proceso. Este tipo de competencia, denominada “competencia subjetiva” es definido por el referido autor como “la absoluta idoneidad personal del juez para conocer de una causa concreta, por la ausencia de toda vinculación suya con los sujetos o con el objeto de dicha causa”. Es de recalcar, que el derecho que tienen las partes a la idoneidad del Juez expresado en su imparcialidad, tiene rango y protección Constitucional, debidamente consagrado en los artículos 26 y 49, ordinales 3 y 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de donde emergen derechos fundamentales como son: la tutela judicial efectiva y el derecho al debido proceso.

A fin de ahondar en este aspecto, resulta pertinente señalar el criterio jurisprudencial expresado en sentencia Nro. 144 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 24 de marzo de 2000, con ponencia del Magistrado JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO, expediente Nº 00-0056, la cual indica:

“(…) En la persona del juez natural, además de ser un juez predeterminado por la ley, como lo señala el autor Vicente Gimeno Sendra (Constitución y Proceso. Editorial Tecno. Madrid 1988) y de la exigencia de su constitución legítima, deben confluir varios requisitos para que pueda considerarse tal. Dichos requisitos, básicamente, surgen de la garantía judicial que ofrecen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y son los siguientes: 1) Ser independiente, en el sentido de no recibir órdenes o instrucciones de persona alguna en el ejercicio de su magistratura; 2) ser imparcial, lo cual se refiere a una imparcialidad consciente y objetiva, separable como tal de las influencias psicológicas y sociales que puedan gravitar sobre el juez y que le crean inclinaciones inconscientes. La transparencia en la administración de justicia, que garantiza el artículo 26 de la vigente Constitución se encuentra ligada a la imparcialidad del juez. La parcialidad objetiva de éste, no sólo se emana de los tipos que conforman las causales de recusación e inhibición, sino de otras conductas a favor de una de las partes (…)”. Cursivas de esta alzada.

Esta separación del Juez del conocimiento de una causa, se realiza mediante dos instituciones procesales determinadas por la ley, como es la inhibición y la recusación, siendo la primera la que interesa a efectos de esta decisión. Siendo entonces la inhibición del juez un deber y no una mera facultad, siguiendo nuevamente a RENGEL ROMBERG, se puede definir esta, como “el acto del juez de separarse voluntariamente del conocimiento de una causa concreta, por encontrase en una especial posición o vinculación con las partes o con el objeto de ella, prevista en la ley como causa de recusación”.

Ahora bien, el Juez del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito de este mismo Circuito y Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, fundamentó como ya se dijo su inhibición, conforme al criterio sostenido por la Sala Constitucional del Alto Tribunal, mediante sentencia Nro. 761 de fecha 13/11/2008.

En este orden de ideas, cabe recordar lo establecido en sentencia de fecha 19 de julio de 2024, dictada en el expediente Nro. AA20-C-2024-000318, por la Sala de Casación Civil del TSJ, con ponencia del Magistrado: JOSE LUIS GUTIERREZ PARRA, conociendo sobre una inhibición del Magistrado: HENRY JOSÉ TIMAURE TAPIA; que sobre la figura de inhibición estableció entre otras cosas que:

“ (…) En el presente caso como se señaló precedentemente, el Magistrado inhibido, invoca la sentencia N° 2140, de fecha 7 de agosto de 2003, proferida por la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, para subsumir como causal de inhibición, por un lazo de afinidad, con el Juez Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, con sede en Acarigua, abogado José Ernesto Montes Dávila.

En este orden de ideas, observa quien decide, que la precitada sentencia número 2140, estableció que la recusación es una institución destinada a garantizar la imparcialidad del juzgador, cuyas causales, aunque en principio son taxativas, para evitar el abuso de las recusaciones, no abarcan todas aquellas conductas del juez que lo hagan sospechoso de parcialidad y, en aras de preservar el derecho a ser juzgado por un juez natural, lo cual implica un juez predeterminado por la ley, independiente, idóneo e imparcial, consideró la Sala Constitucional, que el juez puede ser recusado o inhibirse por causas distintas a las previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, sin que ello implique, en modo alguno, dilaciones indebidas o retardo judicial.

Al respecto, considera este Máximo Tribunal Civil, hacer mención al principio de imparcialidad, el cual garantiza la plena vigencia de los valores jurisdiccionales: “Este principio de imparcialidad, es obligatorio cuando se trata de derechos, pero este deber está incluido en el más general, de dar a cada uno lo suyo. El juzgador debe ser imparcial y solo dejarse influir por los méritos del caso particular que trate, resistiéndose a las tentaciones de otros motivos ajenos al discutido entre las partes que se consideren con derecho a lo disputado. El Proceso judicial encausa lo litigioso asegurando la realización de los valores jurídico sociales. En estos extremos intervienen múltiples funcionarios y auxiliares de aquellos y en la medida en que cada uno esté ligado a las partes intervinientes, peligrará la condición imparcial. Esta condición, de imparcialidad, expresa Jhon Stuard Mill (en su Utilitariarism) está en la esencia de la Justicia, siendo entonces, la primera de las virtudes de los jueces, la imparcialidad.” (Stuart Mill, Enciclopedia Jurídica Omeba, Tomo XIV, pág. 970).

Para mayor abundamiento, considera esta Sala necesario tomar en cuenta la doctrina vinculante sentada por la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, en su sentencia número 1175 de fecha 23 de noviembre de 2010, con la ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, que en su obiter dictum estableció lineamientos concurrentes que deben considerarse en las decisiones que resuelvan las incidencias relativas a la recusación o inhibición, los cuales, entre otros, deberán ser notificadas dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al juez o jueza inhibido o recusado y al sustituto temporal (…).” Cursivas, Subrayado y Negritas de esta alzada.

De la sentencia parcialmente transcrita, queda en evidencia por un lado que el juez puede ser recusado o inhibirse por causas distintas a las previstas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, sin que ello implique, en modo alguno, dilaciones indebidas o retardo judicial e igualmente que, una vez se decida la inhibición o recusación, la misma debe ser notificada dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes al juez o jueza inhibido o recusado y al sustituto temporal.

Llevado todo lo anterior al caso bajo estudio, tenemos que de los argumentos esbozados por el juez inhibido con el objeto de desprenderse de la causa que se encuentra bajo su conocimiento, basándose entre otras cosas que: “(…) cumpliendo funciones en la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público del segundo circuito de la circunscripción judicial del Estado Bolívar, se inició investigación penal según expedientes N°07-F3-2C-0650-11 y 07-F4-2C-2007-11, y en la causa FP12-P-2011-484, Nomenclatura del tribunal tercero de primera instancia de control del segundo circuito de la circunscripción judicial del estado bolívar extensión territorial puerto Ordaz en contra de los ciudadanos Dilia Thais del valle Ruiz Guevara y Oscar Eduardo Mirabla (Mirabal) Muñoz, en perjuicio del ciudadano José pinto Almeida quienes son parte actora y parte demandada en el presente asunto, es por lo que en razón de ello considera este juzgador que se encuentra impedido de conocer la presente causa, conforme al criterio sostenido por la Sala Constitucional del Alto Tribunal, mediante sentencia Nro. 761 de fecha 13/11/2008 (…)”; es decir, consideró el juez inhibido que se revelan circunstancias que puedan comprometer su imparcialidad como funcionario judicial, planteando en virtud de ello la referida inhibición y observándose que las partes no se opusieron a los fines de desvirtuar lo alegado por ese juzgador; en consecuencia, entiende esta alzada que lo manifestado por el Juez en el acta de inhibición debe ser considerado como cierto y válido en el presente expediente.

Siendo ello así, y tal como ha sido criterio reiterado de nuestro Tribunal Supremo de Justicia al determinar que al ser la inhibición un deber y un acto procesal del juez mediante el cual decide separarse voluntariamente del conocimiento de una causa, por considerar que existen circunstancias que en forma suficiente son capaces de comprometer su imparcialidad para juzgar, es obligación del juez que se encuentre en esa situación separarse del conocimiento del caso.

En atención a lo inicialmente planteado, estima este Juzgado Superior Tercero que la inhibición en referencia se efectuó en forma legal y que los hechos declarados por dicho Juez son subsumibles en cuanto lo establecido en nuestro Código de Procedimiento Civil y la jurisprudencia patria; razón por la cual, en aras de la necesaria transparencia en el proceso, es forzoso para esta alzada declarar su procedencia y por ende CON LUGAR la inhibición planteada en los términos expuestos, tal como se hará de manera expresa en el dispositivo de este fallo. Así se decide.

III
DISPOSITIVA

Por las razones expuestas, este TRIBUNAL SUPERIOR TERCERO EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y MARÍTIMO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, de conformidad con lo previsto en los artículos 2, 26 y 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; los artículos 82, 88, 242 y 243 del Código de Procedimiento Civil, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR la inhibición formulada en fecha 31/03/2025, por el ciudadano Wander José Blanco Montilla, en su condición de Juez del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, a tenor de lo establecido en el artículo 88 eiusdem. En consecuencia, se aparta del conocimiento de la causa signada bajo el Nro. 18.800, nomenclatura interna de ese juzgado, relacionada con la causa de cobro de Bolívares, incoado por José Pinto Almeida, contra los ciudadanos Dilia Thais del Valle Ruiz Guevara y Oscar Eduardo Mirabal Muñoz, con todos los pronunciamientos de Ley.

Publíquese, Regístrese, incluso en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve, déjese copia certificada de esta decisión y remítase el expediente al Tribunal de origen, en atención a la sentencia de fecha 19 de julio de 2024, dictada en el expediente Nro. AA20-C-2024-000318, por la Sala de Casación Civil del TSJ, la cual se da por reproducida.

Dada, Firmada y Sellada en la Sala del Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Marítimo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en Puerto Ordaz, a los cinco (05) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025). Años: 215º de la Independencia y 166º de la Federación.

La Jueza
Dra. Yaritza Godoy Correa

La Secretaria
Gabriela Álvarez Lezama

En esta misma fecha, siendo las nueve y dieciséis minutos de la mañana (09:16 a.m.), se publicó y registró la anterior decisión, previo anuncio de Ley. Conste.

La Secretaria
Gabriela Álvarez Lezama

Ygc/Gal
Exp. Nro. 25-0012