TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL TERCERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO CARONÍ DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR

I
Solicitante: ciudadana Munira Souki de Echtay, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 4939765
Abogado asistente: abogado Wilian García, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 64471
Motivo: Rectificación de acta de nacimiento
Expediente: 22107
II
En fecha 25-09-2025, fue presentada escrito por rectificación de acta de nacimiento por ante la unidad de recepción de documento, por la ciudadana: Munira Souki de Echtay, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 4939765, asistida por el abogado Wilian Garcia, inscrito en el Inpreabogado bajo el número 64471, en el cual la interesada manifiesta:
“(…) rectificar mi acta de nacimiento por cuanto en la misma aparece el nombre de mi madre ciudadana LAURICE BOUTROS DE SOUKI mal escrito pues bien como podrá apreciar en mi acta de nacimiento la cual consigno marcado con la letra “A” aparece el nombre de mi señora madre como “LORIC” siendo lo correcto “LAURICE” (…)”
A dicha solicitud fueron acompañados los recaudos siguientes como prueba:

 Copia certificada del acta de nacimiento de la solicitante
 Copia certificada de documento público de un inmueble en el cual se verifica el nombre de la progenitora de la solicitante como Laurice Boutros viuda de Souki

III
Del análisis de las actas procesales, observa el Tribunal que la solicitante identificada en autos, pretende que este Tribunal ordene, la rectificación del acta de nacimiento, en la cual al momento de levantar dicha acta, por error de transcripción, se asentó de forma incorrecta el primer nombre de su progenitora, de la siguiente manera; “(…) LORIC (…)”, siendo lo correcto de la siguiente manera “(…) LAURICE (…)”.

En cuanto al régimen competencial para conocer de las solicitudes de rectificación de partida de nacimiento, la Ley Orgánica de Registro Civil […] dispone […], que los Tribunales tienen competencia para conocer de las solicitudes de rectificación de las actas del estado civil cuando “… existan errores u omisiones que afecten el contenido del fondo del acta …”, y que por disposición específica del artículo 145 de la Ley Orgánica de Registro Civil: “… cuando haya omisiones de las características generales y específicas de las actas, o errores materiales que no afecten el fondo del acta”, corresponde a la propia Administración el conocimiento y resolución de aquellas solicitudes de rectificación, asimismo, tenemos el artículo 146 “… Toda persona podrá cambiar su nombre propio, por una sola vez, ante el registrador o la registradora civil cuando éste sea infamante, la someta al escarnio público, atente contra su integridad moral, honor y reputación, o no se corresponda con su género, afectando así el libre desenvolvimiento de su personalidad. Si se tratare de niño o niña, el cambio se efectuará mediante solicitud del padre, madre el cambio de nombre propio, una vez alcanzada la mayoría de edad, podrá volver a solicitar el cambio de nombre por una sola vez. En los casos de colocación familiar de niños, niñas y adolescentes, no se permitirá el cambio de nombre propio sin autorización judicial previa. El registrador y la registradora civil procederá a la tramitación del cambio del nombre propio, mediante el procedimiento de rectificación en sede administrativa”.

Es evidente que el legislador cuando incorpora el mecanismo de las rectificaciones en sede administrativa lo que persigue es facilitar el trámite en aquellos supuestos donde la corrección se considera de poca gravedad y que por dicha entidad no afecta los valores de certeza y seguridad que debe impregnar en todo sistema de Registro Civil.

Al mismo tiempo, al ampliar dicha atribución a un órgano distinto al judicial, aspira a aminorar la carga de trabajo de los jueces, reservándolos generalmente para aquellos supuestos que, por afectar el fondo de las actas del estado civil, requieren de mayores garantías. En todo caso, lo dicho no implica una exclusión absoluta de la intervención judicial, por cuanto más allá del caso de autos examinado, los tribunales continúan poseyendo plena actividad en vía recursiva si se intentara eventualmente un recurso contencioso administrativo contra la actividad del registrador. Por ello, el interesado debe instar al órgano administrativo, ello en razón de sus ventajas práctica: es un trámite más expedito, desarrollado por un funcionario que en teoría es experto en la materia de Registro del Estado Civil y que, además, posee en su despacho el acta que se requiere rectificar así como el legajo de anexos que sirvieron de soporte a la inscripción, elementos que le permite evidenciar de primera mano la existencia del yerro material alegado. Empero, si el interesado ocurre ante la administración de justicia, no se evidencia ningún obstáculo insalvable para que el órgano judicial sustancie el asunto y resuelva en la definitiva si es procedente o no la corrección peticionada. Así pues, en definitiva, la inversión de tiempo y recursos del aparato judicial ya se puso en movimiento con la sola solicitud. Declarar la inadmisibilidad y su remisión al registrador, originaría en la práctica mayores retrasos que el resolver el asunto. Sin obviar que en supuestos específicos puede ocurrir que el registrador, al mismo tiempo, considere que el asunto no es de su competencia por ser un yerro de fondo.
La doctrina forma actualmente consolida principios constitucionales como el de la justicia “expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles” -artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
Ella permite que efectivamente la administración de justicia esté al servicio del ciudadano.
Así pues, se evidenció que en la solicitud de rectificación de acta del estado civil la cualidad del actor viene determinada por un interés actual.
Al respecto, observa esta Juzgadora, que el objeto que persigue la rectificación de los actos del estado civil, no es otra que la de corregir sus inexactitudes, irregularidades o deficiencias, de modo que se devuelva al estado de acato, es decir, la forma correcta que debía tener cuando se extendió dicha acta.
En tal sentido, la Ley Orgánica de Registro Civil en sus artículos 144 y 149, establece lo siguiente:
“Artículo 144: Las actas podrán ser rectificadas en sede administrativa o judicial.”
“Artículo 145: La rectificación de las actas en sede administrativa procederá cuando haya omisiones de las características generales y específicas de las actas, o errores materiales que no afecten el fondo del acta.”

“Artículo 149: Procede la solicitud de rectificación judicial cuando existan errores u omisiones que afecten el contenido de fondo del acta, debiendo acudirse a la jurisdicción ordinaria.” (Cursiva y negrilla del Tribunal).

Entre las pruebas aportadas por la solicitante se encuentra copias certificadas de las actas de Defunciones, documento público que se valora de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357, 1.359 y 1.360 del Código Civil; artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, y los artículos 144 y 149 de la Ley de Registro Civil, relativos a la fuerza probatoria o valor probatorio del mismo, por cuanto su certificación hace fe de su original asentado en el respectivo Libro del Registro, al ser expedido por el funcionario competente. Así se establece.

Asimismo, Copia certificada de documento público de un inmueble en el cual se verifica el nombre de la progenitora de la solicitante como Laurice Boutros viuda de Souki, al ser un documento público administrativo, de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, le otorga pleno valor probatorio ya que demuestra el primer nombre con el que se identifica la progenitora de la interesada y en el presente caso, se puede corroborar que la misma se identifica con el primer nombre LAURICE.- Así se decide.

Ahora bien, conjuntamente con el escrito de la solicitud y de los recaudos que fueron acompañados con el mismo, se evidencia el error que se incurrió en la transcripción del primer nombre de la progenitora de la interesada como “(…) Loric (…)” siendo lo correcto “(…) Laurice (…)”; en el acta de nacimiento número 1598, folio 1598 año 1960, expedida por la Oficina de Registro Principal del estado Zulia.

DISPOSITIVO
Por las motivaciones anteriormente expuestas, este Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Caroní del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, dicta la siguiente sentencia:
Primero: Se declara con lugar la rectificación del acta de nacimiento presentada por la ciudadana: ciudadana Munira Souki de Echtay, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 4939765
Segundo: Se participa mediante oficio, al Registro Civil Municipal del Municipio Lagunillas, del entonces Distrito Bolívar del estado Zulia del Estado Bolívar, así como a la Oficina de Registro Principal, que el acta de nacimiento correspondiente a la ciudadana Munira Souki de Echtay, número 1598, folio 1598 año 1960, fue objeto de rectificación vía judicial, a los fines de que corrija el primer nombre de su progenitora que aparece errado como “(…) Loric (…)” siendo lo correcto “(…) LAURICE (…)”
Tercero: Se acuerda la remisión de copias certificadas de la presente decisión al Registro Civil Municipal del Municipio Lagunillas, del entonces Distrito Bolívar del estado Zulia del Estado Bolívar, así como a la Oficina de Registro Principal, a los fines de que estampe la correspondiente nota marginal en el acta de nacimiento número 1598, folio 1598 año 1960; de conformidad con el artículo 502 del Código Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Caroní del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar. En Puerto Ordaz, 31 de octubre del 2025. Años: 214° de la Independencia y 165° de la Federación.
LA JUEZA
ANDREINA ROSALES QUINTERO
LA SECRETRIA
MORENIS RIVAS
Publicada en el mismo día de su fecha, previo anuncio de Ley, siendo las dos horas de la tarde (11:30 a.m.).
LA SECRETRIA
MORENIS RIVAS
ARQ/mr
Expediente 22107