TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO SUPERIOR CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DEL PRIMER CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR
COMPETENCIA CIVIL

De las partes, sus apoderados y de la causa

ASUNTO: FH01-X-2026-000003 (9750)
RESOLUCIÓN N° PJ0172026000004

Vista la inhibición planteada por la Abg. MIRIAM MUSSA NAIM, en su carácter de Jueza Provisoria del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, en el juicio que, por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO interpusiera el ciudadano JULIO CÉSAR CUESTA EISLER, contra la Sociedad Mercantil RUTAS AEREAS, C.A. (RUTACA), este Tribunal para decidir observa:

A los folios 02 al 04, de este expediente, cursa acta de inhibición de la ciudadana Jueza antes mencionada, en la cual entre otras cosas expone que procede a plantear su inhibición de conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el numeral 18° del artículo 82 eiusdem y con la sentencia dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 21/06/1990, arguyendo, entre otras cosas, lo que sigue:

“…En el día de despacho de hoy, doce (12) de enero de 2026, siendo las tres y veinte minutos de la tarde (3:20 p.m.), comparece por ante este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, la ciudadana MIRIAM MUSSA NAIM, en su carácter de Juez provisoria de este Juzgado, quien en fecha 13/08/2024 fue designada por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia como Jueza Provisoria de este despacho y posteriormente juramentada el 20/09/2024, según consta de acta N° 2186, resolución N° CCJCEB-58-2024, quien con vista a la demanda de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, interpuesta por la ciudadano JULIO CESAR CUESTA EISLER, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-9.881.972, debidamente representado, según consta en actas, por los ciudadanos OSCAR JUAN RODRIGUEZ MAST, SARA ERNESTINA LEON GARCIA y EDWIN EDRID GIL ORTUÑO abogados en libre ejercicio, inscritos en el IPSA bajo el número 16.298, 101.300 y 164.420, respectivamente, en contra de la sociedad mercantil RUTAS AÉREAS, C.A., (RUTACA), registrada en el expediente mercantil número 38, según asiento de fecha 06/02/1974, bajo el Nro. 38, folios 85 al 9 vto., del libro de registro de comercio N° 118, correspondiente al precipitado año 1974, siendo modificada e inscrita en fecha 24/04/2014, bajo el N°36, del tomo 126-A REGMESEGBO 304, debidamente representada por los ciudadanos CRUZ MARIO DUIN ESCALONA y ANGELO ROMAN GONZALEZ PEREZ, abogados en libre ejercicio, inscritos en el IPSA bajo los números 242.933 y 85.241, respectivamente, y en contra del tercero CARLOS ALBERTO SILVA CARABALLO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-13.570.941, debidamente representado por el ciudadano JOSE NEPTALI BLANCO, abogado en libre ejercicio, inscrito en el IPSA bajo el número 93.28. Quien expone: en virtud de que esta Juzgadora es del criterio de que la imparcialidad es un derecho innegable, no pudiendo suponerse, por el contrario, deben los órganos que componen el sistema de justicia asegurarla conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y con vistas de que la parte demandante interpuso una denuncia por fraude procesal y colusión, en donde el ciudadano EDWIN EDRID GIL ORTUÑO injuriosamente me acusa de cometer dicho fraude, tal y como se evidencia del escrito de fecha 08 de enero de 2026, el cual riela desde el folio cincuenta y siete (57) al folio sesenta y uno (61) de la pieza 14/14 del presente expediente. Estas acusaciones, basadas en presunciones erróneas y una interpretación distorsionada de mis actuaciones jurisdiccionales, no solo constituyen un atentado contra mi honor y reputación como Juez, sino que también socavan la confianza en la administración de justicia. Resultando, para quien expone, que, en el ejercicio de su defensa, un abogado recurra a la descalificación personal y difamación como estrategia procesal, solo con el fin de interponerse en la sustanciación de la causa, transgrediendo los límites éticos y legales que rigen el ejercicio responsable de la profesión. Con la interpretación distorsionada de mis actuaciones jurisdiccionales, lo cual conllevo a la parte a cometer injuria en contra de mi persona, por lo cual me encuentro impedida subjetiva y legalmente de seguir conociendo la presente causa, pudiendo verse comprometida mi competencia subjetiva en la sustanciación de la presente acción, todo ello deviene, evidentemente, del escrito anteriormente mencionado, consignado por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD Civil), en donde el precipitado abogado, realizó manifestaciones injuriosas mediante frases hirientes, que atentan contra mi honor como Juez del presente Juzgado, haciéndose de público conocimiento, así como registrado en autos, que el ciudadano EDWIN EDRID GIL ORTUÑO, ya identificado, ha emitido declaraciones injuriosas hacia esta autoridad, señalando de forma categórica que poseo una relación evidenciada en los autos con el abogado de la parte demandada, el ciudadano CRUZ MARIO DUIN ESCALONA, supra identificado. Tales afirmaciones, además de infundadas representan un agravio directo a la investidura judicial y generan un ambiente hostil que compromete la objetividad en la valoración de hechos y el derecho aplicable. En virtud de ello, y a fin de garantizar la transparencia, la ecuanimidad y el derecho al debido proceso de las partes involucradas, a sabiendas de la generación de la enemistad entre el ciudadano EDWIN EDRID GIL ORTUÑO y mi persona, teniendo como fundamento legal el ordinal 18 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con la sentencia de vieja data dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 21/06/1990, ponente Dr. Rene Plaz Bruzual, en donde la Sala, citando lo dicho por el autor Humberto Cuenca, en su libro Derecho Procesal Civil Tomo II, pág. 221, deja por establecido que la enemistad surge, también, por causa de frases agresivas e injuriosas en contra del Jurisdicente, siempre y cuando las mismas consten en autos, siendo este el caso. Estimo pertinente apartarme del conocimiento del presente expediente. Aclarando que esta decisión es tomada, no como reconocimiento de las ofensas proferidas ni por la solicitud de la parte demandante, ya que la inhibición es una actuación jurisdiccional de los jueces y no está sujeta a solicitud de parte, sino como acto de responsabilidad institucional para preservar la majestad del Poder Judicial y evitar cualquier sombra de parcialidad que pudiera empañar el desarrollo del juicio. Estando siempre apegada a una actitud proba en el ejercicio sagrado de impartir justicia y como guía la transparencia de mis actuaciones, garantizando el derecho de la defensa de las partes, en razón de ello y en concordancia con lo establecido en el artículo 84, del Código de Procedimiento Civil ME INHIBO de conocer la presente causa, distinguida con el asunto FH01-V-2023-000035. En consecuencia de lo anterior y en aras de asegurar un proceso judicial justo e imparcial hasta su culminación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82, ordinal 18° del Código de Procedimiento Civil, es por lo que, considero que lo más prudente y apegada a mi posición objetiva es INHIBIRME ya que constituye una razón fundada que me impide conocer de la demanda, siendo esta causa de inhibición una de las previstas en el Código Adjetivo en su artículo 82, calificadas por el legislador motivos suficientes y fundados de incomparecencia subjetiva o inhabilidad del funcionario judicial para intervenir en la controversia, y en aras del equilibrio procesal, tratando de preservar la buena marcha del proceso en mi condición de jueza, es por lo que, estimo que se hace forzosa la presente inhibición a los efectos de que la misma sea decidida por el Tribunal de alzada; y así, lo declaro formalmente en esta acta. Conforme a los presupuestos contenidos en las normas adjetivas supra invocadas, solicitando a la Jueza Superior Civil que conocerá de la presente inhibición, la declare CON LUGAR, por lo tanto, desde este mismo momento me desprendo de la presente causa en el estado en que se encuentra (por escogencia del juez asociado faltante). A tal efecto se ordena abrir cuaderno de inhibición, a los fines de que sea remitido al Juez Superior Civil de este mismo Circuito Judicial las actuaciones pertinentes para la resolución de la inhibición aquí planteada. Asimismo, visto que la Juez provisoria del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario de Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, en fecha 23 de junio de 2025, se inhibió del conocimiento de la presente causa, siendo, la incidencia de inhibición, declarada CON LUGAR, en fecha 23 de julio de 2025, por el Juzgado Superior Civil, Mercantil y Transito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar. Por consiguiente, de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial, se realizará el llamado al Juez o Jueza suplente, según el orden de elección, para que conozca del presente asunto, una vez transcurrido el lapso de allanamiento establecido en el artículo 86 ejusdem (sic)…”.

Por auto de fecha 22/09/2025 se le dio entrada en el libro de causas, fijándose los lapsos correspondientes (Fs. 08-09).

Planteada así la inhibición, este Tribunal observa:

DE LA COMPETENCIA

El artículo 95 del Código de Procedimiento Civil, remite a la Ley Orgánica del Poder Judicial, respecto al funcionario competente para dirimir la incidencia de inhibición.

“… Artículo 95. Conocerá de la incidencia de recusación el funcionario que indique la Ley Orgánica del Poder Judicial, el cual se remitirá copias de las actas conducentes que indique el recusante y el funcionario recusado o inhibido…”.

Por su parte el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece:

“… La inhibición o recusación de los jueces en los tribunales unipersonales serán decidida por el tribunal de alzada, cuando ambos actuaren en la misma localidad; y en el caso contrario los suplentes, por el orden de su elección, decidirán en la incidencia o conocimiento del fondo, cuando la recusación o inhibición sean declaradas con lugar por el tribunal de alzada o por ellos mismos, a menos que hubiere en la localidad otro tribunal de igual categoría y competencia, caso en el cual deberán ser pasados a éste los autos a los fines del conocimiento de la incidencia o del fondo del asunto, en caso de ser declaradas con lugar la recusación o inhibición …”.
El artículo 11 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece:
“Cuando un Juez que conozca de la acción de amparo, advirtiere una causal de inhibición prevista en la Ley, se abstendrá de conocer e inmediatamente levantará un acta y remitirá las actuaciones, en el estado en que se encuentren, al tribunal competente”.

Como consecuencia de ello, corresponde su conocimiento y decisión de la incidencia surgida a esta Alzada, quien teniendo competencia, procede de conformidad con lo previsto en el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil, en atención a los presupuestos de hecho y de derecho invocados, a dictar la decisión que en derecho corresponda, para lo cual se examinará tanto la regularidad formal de la inhibición, como la fundamentación alegada, toda vez que no hay obstáculo procesal alguno que impida a quien aquí suscribe, decidir el mérito del asunto, se procede a determinar si es procedente o no la presente pretensión, de la siguiente forma:

Al respecto, me permito traer a colación lo que señala el conocido autor patrio ARISTIDES RENGEL ROMBERG, en su obra “Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano volumen I” para que la jurisdicción pueda cumplir con su finalidad jurídica y social, es indispensable que el juez que dirima determinada controversia sea imparcial, por no tener ninguna relación con el objeto de la causa y por no tener vinculación personal o algún tipo de ánimo positivo o negativo hacia las partes del proceso. Este tipo de competencia, denominada “competencia subjetiva” es definido por el referido autor como “la absoluta idoneidad personal del juez para conocer de una causa concreta, por la ausencia de toda vinculación suya con los sujetos o con el objeto de dicha causa”. Es de recalcar, que el derecho que tienen las partes a la idoneidad del Juez expresado en su imparcialidad, tiene rango y protección Constitucional, debidamente consagrado en los artículos 26 y 49.3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de donde emergen derechos fundamentales como son: la tutela judicial efectiva y el derecho al debido proceso.

A fin de ahondar en este aspecto, resulta pertinente señalar el criterio jurisprudencial expresado en sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 24 de marzo de 2000, con ponencia del Magistrado JESUS EDUARDO CABRERA ROMERO expediente Nº 00-0056, la cual indica:

“… En la persona del juez natural, además de ser un juez predeterminado por la ley, como lo señala el autor Vicente Gimeno Sendra (Constitución y Proceso. Editorial Tecno. Madrid 1988) y de la exigencia de su constitución legítima, deben confluir varios requisitos para que pueda considerarse tal. Dichos requisitos, básicamente, surgen de la garantía judicial que ofrecen los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y son los siguientes: 1) Ser independiente, en el sentido de no recibir órdenes o instrucciones de persona alguna en el ejercicio de su magistratura; 2) ser imparcial, lo cual se refiere a una imparcialidad consciente y objetiva, separable como tal de las influencias psicológicas y sociales que puedan gravitar sobre el juez y que le crean inclinaciones inconscientes. La transparencia en la administración de justicia, que garantiza el artículo 26 de la vigente Constitución se encuentra ligada a la imparcialidad del juez. La parcialidad objetiva de éste, no sólo se emana de los tipos que conforman las causales de recusación e inhibición, sino de otras conductas a favor de una de las partes…”.

Esta separación del Juez del conocimiento de una causa, se realiza mediante dos instituciones procesales determinadas por la ley, como es la inhibición y la recusación, siendo la primera la que interesa a efectos de esta decisión.

FUNDAMENTOS PARA DECIDIR

Ahora bien, la Jueza inhibida, citada anteriormente, fundamentó como ya se dijo su inhibición, conforme a la causal contenida en el artículo 82, ordinal 18° del Código de Procedimiento Civil, y que por tales razones procede a desprenderse de la misma, norma ésta que es del tenor siguiente:
“… ART. 82. Los funcionarios judiciales, sean ordinarios, accidentales o especiales, incluso en asuntos de jurisdicción voluntaria, pueden ser recusados por alguna de las causas siguientes:
18°. Por enemistad entre el recusado y cualquiera de los litigantes, demostrada por hechos que sanamente apreciados, hagan sospechable la imparcialidad del recusado…”.
Al hilo de lo antes expuesto, el doctor R.M.R., en su obra “Apuntaciones Analíticas sobre las materias fundamentales y generales del Código de Procedimiento Civil venezolano”, comenta la causal de enemistad en referencia así:
“…Omissis…
Define nuestro léxico el vocablo enemistad, como ‘aversión u odio mutuo entre dos o más personas’; y no puede ser otro el sentido en el que lo usa el legislador en la materia que estamos estudiando. Imputaciones ofensivas contra el honor y la dignidad de las personas; el odio la inquina, la malevolencia puestos de manifiestos con palabras o actos externos; los atentados persistentes contra la propiedad; el descrédito doloso conducente a la ruina de los negocios de una persona, y otros actos de esta índole, son característicos de una profunda enemistad.
Cuando ella se revela en este grado entre el juez y el litigante surge una causal de recusación perentoria. Pero el juez que ha de decidir la incidencia de recusación debe ser sumamente cauteloso en la apreciación de los hechos que se alegan contra el recusado. ‘¡Cuántas veces, dice concienzudamente Sanojo, en momentos de ira o de despecho, se pronuncian palabras apasionadas y temerarias que no indican mala intención de parte del que las pronuncias! ¡Cuántas veces, por motivos leves entre un hombre en ira contra otro, prorrumpe en expresiones que indican grande enemistad, y luego se arrepiente de haberlas proferido!’
De esto debemos concluir, que el recusante está en el deber legal de fundamentar su recurso sobre hechos determinados y precisos que demuestren el estado grave de enemistad existente entre él y el Juez y que de ningún modo se limite a alegaciones abstractas de odio y de malevolencia entre ellos. Los hechos invocados contra el Juez, aun precisos y concretos, deben serle personales, y nunca aquellos respecto de los cuales sea extraño. La jurisprudencia se ha mostrado siempre muy exigente en esta prueba, hasta el extremo de que, a pesar del reconocimiento hecho por el juez recusado de la existencia, entre él y el recusante, de un estado de irritación y de enemistad, la recusación puede ser rechazada por falta de fundamentación en hechos precisos, característicos de la enemistad grave […] Así también se ha juzgado que en el caso de recusación fundada en la existencia de una pretendida enemistad entre el recusante y el juez recusado, tal enemistad no puede ser válidamente establecida sobre actos hostiles dirigidos por el recusante contra el juez, sino sobre de enemistad emanados del juez, y no obstante la gravedad de la promoción que los haya suscitado […]
Expone Rodiere, que ‘un proceso criminal o civil que no pudiere suministrar causal de recusación, por remontarse a una época más lejana de las fijadas por la ley en ambos casos, no dejaría de ofrecer una causal de recusación si hubiese engendrado una enemistad capital. Este último motivo de recusación, dice, es como el suplemento de todos los demás. La ley no ha definido la enemistad capital, y ha dejado su apreciación a los jueces; pero esta enemistad no puede establecerse sino por medio de hechos precisos…”. (pp. 191 y 192).

Asimismo, el profesor H.C., en su obra “Derecho Procesal Civil” (T. II), expone lo siguiente:
“…omissis…
Enemistad. Esta es otra de las causales más socorridas entre los litigantes y es por ello por lo que la ley se ha adelantado, para evitar abusos, a agregar: ‘demostrada por hechos que, sanamente apreciados, hagan sospechable la imparcialidad del recusado’ (18°, art. 105). En códigos anteriores se calificaba la enemistad capaz de producir la recusación con los términos de ‘capital’, ‘grave’, ‘declarada’ y se la hacía extensiva a los parientes.
Los atentados contra el honor, la reputación y la propiedad de las personas traducidas en hechos, pueden engendrar la enemistad. Por medio de las palabras, deben distinguirse de las injurias u ofensas que son motivo de otra causal que analizaremos ahora. Los odios seculares entre familias, todavía latentes en algunos pueblos de Venezuela, configuran la enemistad. Si acaso el legislador suprimió aquellas expresiones que dieran la idea de que la enemistad a la que pretendía aludir era la llamada enemistad a muerte, no fue tampoco para admitir como tal enemistad la ira pasajera o el momentáneo acaloramiento. Pero la calumnia, la intriga, la malevolencia manifestada en hechos concretos, serios engendran la causal. Ha sido juzgado que las simples advertencias o recriminaciones del juez a la parte con el objeto de que se conduzca con lealtad y probidad en el debate, no motivan la causal, porque en este caso el funcionario no hace sino cumplir con su deber. También es conteste la jurisprudencia en que las alegaciones genéricas, es decir, no concretas, no engendran enemistad; que tampoco la engendran la burla o ironía pasajera; el desgano del funcionario a proveer constantes y asiduas solicitudes de la parte porque contra la denegación de justicia existe el recurso de queja; el resentimiento de la parte contra el juez por decisiones adversas; pero que sí configuran la enemistad las frases hirientes y despectivas del magistrado contra alguna de las partes en diversas ocasiones.
Concretamente, la jurisprudencia de instancia ha dicho: 1º) Es necesario que los hechos lleven al ánimo del juzgador la impresión de que pueden perturbar la serenidad e imparcialidad con que debe ser administrada la justicia. 2º) La causal expuesta por el recusante en forma vaga y abstracta y limitándose a manifestar que existe ‘un estado de animadversión’ es insuficiente para hacer procedente la recusación. 3º) No constituye enemistad el hecho que el funcionario y el recusante ‘no se dirijan la palabra, ni mantengan ninguna clase de acercamiento’, pues debe ser una enemistad grave, un estado de irritación, fundamentada en hechos precisos. 4º) La negativa por parte del juez a dictar una medida preventiva no puede invocarse como causal de recusación, pues contra la denegación de justicia la ley proporciona la acción de queja (art. 9º y n.4º, art.708). En fin, quedará siempre a la prudencia de los jueces la apreciación en cada caso de los hechos comprobados por el recusante.
Tampoco debe olvidarse que corresponde a los jueces superiores velar por la regularidad en la conducta de los inferiores para con las partes y que todo funcionario puede amonestar o castigar las faltas de respeto contra los funcionarios del tribunal durante el ejercicio de sus funciones o con ocasión de él. La LOPJ (arts. 116-135) establece todo un sistema de disciplina judicial que bien aplicado evitará que se tome como hechos de enemistad manifiesta cuestiones que son de simple orden y respeto en el ámbito judicial.
Por último, no está de más aclarar que la enemistad no es sólo entre el funcionario y el litigante, sino que se extiende también a los representantes legales y apoderados judiciales, pero no al cónyuge y demás parientes de uno y otros (n.378)…”.
De los pasajes doctrinarios supra transcritos, se desprende que la causal de inhibición sobre la cual versa el ordinal 18° del artículo 82 de Código de Procedimiento Civil, debe estar fundada sobre hechos concretos, precisos y determinados, y no en alegaciones genéricas que engendren objetivamente una causal de enemistad manifiesta.

Ahora bien, la Jueza inhibida, citada anteriormente, fundamentó como ya se dijo su inhibición, conforme a lo establecido en el artículo 82 ordinal 18° del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo señalado en el artículo 84 eiusdem, observando además de lo esbozado en la respectiva acta suscrita que de las autos no se observa que las partes o sus representaciones judiciales, se hayan opuesto y/o solicitado la apertura de una articulación probatoria para desvirtuar la causal alegada, lo cual trae como consecuencia, que lo manifestado en el acta de inhibición sea considerado como cierto, en consecuencia, se encuentra comprometida la capacidad subjetiva de la funcionaria hacia el profesional del derecho arriba identificado, y siendo éste apoderado judicial de la parte actora, razón por la que, tal y como ha sido criterio reiterado de nuestro Tribunal Supremo de Justicia al determinar que, al ser la inhibición un deber y un acto procesal del juez, mediante el cual decide separarse voluntariamente del conocimiento de una causa, por considerar que existen circunstancias que en forma suficiente son capaces de comprometer su imparcialidad para juzgar, es obligación del juez que se encuentre en esa situación separarse del conocimiento del caso.

En atención a lo inicialmente planteado, estima esta Sentenciadora que la inhibición en referencia se efectuó en forma legal, razón por la cual, en aras de la necesaria transparencia en el proceso, es impretermitible declarar su procedencia, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo de esta decisión. Así se dispondrá.

DECISIÓN

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Civil, Mercantil y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: de conformidad con lo previsto en los artículos 2, 26 y 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela; artículos 7, 12, 15, 88, 242 y 243, del Código de Procedimiento Civil; administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR la inhibición formulada, por estar hecha en forma y fundada en causa legal. En consecuencia, se aparta del conocimiento de este asunto a la ciudadana MIRIAM MUSSA NAIM, en su condición de Jueza Provisoria del Tribunal Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil, Agrario y Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, a tenor de lo establecido en el artículo 88 del Código de Procedimiento Civil, para seguir conociendo y decidir la causa contentiva del juicio que, por CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, interpusiera el ciudadano JULIO CÉSAR CUESTA EISLER, contra la Sociedad Mercantil RUTAS AEREAS, C.A. (RUTACA), en base a la argumentación expuesta en la parte motiva de esta decisión.

Publíquese, Regístrese, incluso en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve, déjese copia certificada de esta decisión y en su oportunidad correspondiente remítase el expediente al tribunal de origen.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Civil, Mercantil y de Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar. En Ciudad Bolívar, a los veintiséis (26) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026). Años: 215º de la Independencia y 166º de la Federación.

La Jueza Superior,

Maye Andreina Carvajal
La Secretaria,

Josmedith Méndez

Publicada en el día de su fecha, previo anuncio de Ley, a la una y cinco minutos de la tarde (01:05) p.m. Conste.
La Secretaria,

Josmedith Méndez

MAC/JM/Héctor Linares.