por cuanto la parte demandante sólo demostró la presunción grave del derecho que reclama, esto es, el denominado por la doctrina como el "fumus bonis iuris", y no habiendo acompañado ningún medio de prueba que pudiese constituir presunción grave de que existe riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, llamado igualmente por la doctrina el "periculum in mora", siendo que ambos requisitos han de concurrir simultáneamente de conformidad con el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, y, asimismo lo ha sostenido el máximo Tribunal de la República, para que pueda decretarse la medida de secuestro o mantenerse la misma si ya ha sido decretada y ejecutada, es por lo que quien Juzga considera improcedente la medida de secuestro solicitada, y así se declara.

considera este Tribunal, de conformidad con el aparte último del artículo 11 del Código de Procedimiento Civil, exigir a la solicitante de la inspección judicial, dada su naturaleza no contenciosa, que amplíe la prueba relativa al documento de propiedad, aportando el original o en su defecto copia certificada del mismo, así como también indique la dirección exacta del inmueble a inspeccionar, en consecuencia, se suspende hasta tanto lo relativo a la admisión de la solicitud de inspección judicial presentada.

el escrito presentado por el abogado Antonio Figueredo Ferrer, no cumplió con lo señalado en el artículo 340.4º del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, de conformidad con el artículo 341 del mismo texto legal, este Tribunal niega la admisión de la presente demanda por resolución de contrato de arrendamiento por ser contraria a las disposiciones legales citadas, y así se declara

por cuanto la parte demandante sólo demostró la presunción grave del derecho que reclama, esto es, el denominado por la doctrina como el "fumus bonis iuris", y no habiendo acompañado ningún medio de prueba que pudiese constituir presunción grave de que existe riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, llamado igualmente por la doctrina el "periculum in mora", siendo que ambos requisitos han de concurrir simultáneamente de conformidad con el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, y, asimismo lo ha sostenido el máximo Tribunal de la República, para que pueda decretarse la medida de secuestro o mantenerse la misma si ya ha sido decretada y ejecutada, es por lo que quien Juzga considera improcedente la medida de secuestro solicitada, y así se declara.