PRIMERO: INADMISIBLE la acción de amparo constitucional incoada por la ciudadano José Dolores Acosta Marchena, titular de la cédula de identidad Nro. 7.910.643, debidamente asistido por la profesional del derecho Yurbellis Aguillón, inscrita en el I.P.S.A. bajo el Nro. 183.389 en contra de la empresa Industria Azucarera Santa Clara C.A., al no haber agotado el presunto agraviado, las vías ordinarias legalmente establecidas, para interponer dicha pretensión, en razón de su carácter excepcional y extraordinario, conforme a lo establecido en el Artículo 6, numeral 5, de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo de Justicia. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas, por cuanto la solicitud no ha sido temeraria, en virtud a lo establecido en el artículo 33 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Ahora bien, en virtud que el recurso de apelación fue solicitado en forma extemporánea, por cuanto fue anunciado el 30 de abril del 2015, y para la referida fecha no se había dictado dispositivo, siendo que la sentencia en la presente causa fue dictada en fecha 13 de agosto del año 2015, al respecto, quien juzga forzosamente no escucha el recurso de apelación interpuesto.

PRIMERO: declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad, interpuesto por el ciudadano Juan Carlos Pinto Vargas, titular de la cedula de identidad Nro. 12.083.101 en contra del acto administrativo contenido en la providencia administrativa N° 801/2014 dictada por la Inspectoría del Trabajo del estado Yaracuy en fecha 16-05-2014, mediante el cual declaró con lugar la solicitud de Autorización para despedir al ciudadano Juan Carlos Pinto Vargas, titular de la cédula de identidad N° 12.083.101, interpuesta por el Instituto Autónomo de la Salud del estado Yaracuy (PROSALUD). En consecuencia, queda FIRME el acto recurrido.