Ahora bien, por cuanto la parte demandante sólo demostró la presunción grave del derecho que reclama, esto es, el denominado por la doctrina como el "fumus bonis iuris", y no habiendo acompañado ningún medio de prueba que pudiese constituir presunción grave de que existe riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, llamado igualmente por la doctrina el "periculum in mora", siendo que ambos requisitos han de concurrir simultáneamente de conformidad con el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, y, asimismo lo ha sostenido el máximo Tribunal de la República, para que pueda decretarse la medida de secuestro o mantenerse la misma si ya ha sido decretada y ejecutada, es por lo que quien Juzga considera improcedente la medida de secuestro solicitada, y así se declara.

En razón de las anteriores consideraciones, este Juzgado Primero de los Municipios San Felipe, Cocorote, Independencia y Veroes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, imparte HOMOLOGACION a la transacción efectuada por la parte demandante, ciudadano Simón Fuenmayor Blasco, quien estuvo asistido por el abogado en ejercicio de su profesión Pascualino Di Egidio Vitalone, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 23.666, y la parte demandada, ciudadana Celia Martínez, quien estuvo asistida por el abogado en ejercicio de su profesión Juan Gutiérrez, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 92.203, en fecha 28 de abril de 2009, otorgándole su APROBACION, en consecuencia se procede como en SENTENCIA PASADA EN AUTORIDAD DE COSA JUZGADA. Se exime del pago de costas procesales de conformidad con el artículo 277 del Código de Procedimiento Civil.