Este Tribunal considera que NO se da por acreditada la IMPUTACIÓN en virtud del acuerdo entre las partes, y las condiciones precarias en que vive la imputada, que ha sido entendida por la victima, quien está de acuerdo en concederle oportunidad para la desocupación del inmueble y que en la oportunidad de hacerle la entrega de la vivienda se hará mediante un acta en la fiscalía del Ministerio Público con sede en Caicara del Orinoco; por lo que se decreta a favor de la ciudadana MARIA DE LOURDES TENEPE PEREZ la LIBERTAD SIN RESTRICCIONES. Se ordena remitir la presente causa a la Fiscalía Sexta del Ministerio Público.

Este Tribunal de Control acoge la doctrina de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia respecto a la insuficiencia de las solas declaraciones de los agentes policiales para darle sustento a una detención judicial y es por ello que se decreta la LIBERTAD SIN RESTRICCIONES de los ciudadanos DAMIAN JOSE LEAL GARCIA, titular de la Cédula de Identidad N° 21.007.006, de 18 años de edad, nacido el día 19-05-1988, de estado civil soltero, de profesión u oficio Albañil, hijo de Jesús Alberto Leal y Marisol García, residenciado en la Avenida Nueva Granada, Barrio Blanquita De Pérez, Calle Puerto Cabello, Casa S/N, cerca del taller mecánico, de esta ciudad, Estado Bolívar; YOEL JESUS FERNANDEZ CURRA , titular de la Cédula de Identidad N° 18.236.842, de 19 años de edad, nacido el día 04-05-1987, de estado civil soltero, de profesión u oficio Albañil, hijo de Jesús ramón Fernández y Fabiana Ramona Curra, residenciado en la Avenida Nueva Granada, Barrio Blanquita De Pérez, Calle Puerto Cabello.....

El Tribunal estima acreditada la imputación respecto a la ciudadana Ana Yulenis Díaz, no así respecto a Enrique Rafael Díaz. Encontrándose concurrentes respecto a la imputada los extremos del artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, y por ello conforme al artículo 256 ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal, se le impone a la imputada presentación periódica cada Treinta (30) días por ante la Fiscalía Sexta con sede en Caicara del Orinoco, no se acoge al pedimento de la fiscalía respecto al desalojo porque este juzgador estima que el procedimiento interdictal de desalojo es la vía civil procedente en estos casos, porque la función del Juez de Control en este momento es pronunciarse sobre la detención que afectaba a los ciudadanos que figuran como imputados en la causa. Se ordena que el procedimiento a seguir sea el ORDINARIO en virtud que falta diligencias que practicar. Se ordena remitir la presente causa a la Fiscalía Sexta del Ministerio Público.