Por los fundamentos de hecho y de derecho que han quedado expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la Ley, declara:CON LUGAR la demanda interpuesta por la Sociedad Mercantil EXPLORACIONES Y EXPLOTACIONES EL ARO, C.A. contra el ciudadano KARIM DE TOLEDO, plenamente identificado en autos.-

DECLARA CON LUGAR, la solicitud de Obligación Alimentaria intentada por la ciudadana: CARMEN JOSEFINA LIZARDI, contra el ciudadano: RAFAEL DEL CARMEN PANDERES PEREZ, a favor de su hija: MARIANA DEL CARMEN PANDERES LIZARDI

En fuerza de los razonamientos que proceden, este Tribunal ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara SIN LUGAR la cuestión previa interpuesta por el Co-apoderado judicial del demandado ciudadano CASTULO TEODORO GONZÁLEZ, ampliamente identificado en autos. Y ASÍ SE DECLARA.-

Este Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Primer Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, ACUERDA MEDIDA DE PROTECCIÓN, a la victima ciudadano FELEIMAN DEL CARMEN BARRETO BOLÍVAR, plenamente identificado, en su residencia ubicada en la Avenida Libertador, casa N° 25, de esta ciudad, comisionando para ello, según pedimento de la Fiscalía Superior del Ministerio Público, a la Comisaría N° 1 del Municipio Heres, que consistirá en la colocación de funcionarios adscritos a esa institución en la dirección de residencia arriba descrita, así como también la designación de un funcionario que lo acompañe al cumplimiento de sus funciones y en la protección de su familia y de sus bienes, hasta tanto cese el riesgo, todo de conformidad a lo establecido en el articulo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el articulo 23 118 Ordinal 1°, 119 y 120, numeral 3° del Código Orgánico Procesal Penal.

este Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley: Desestima la acusación presentada por la Fiscal Tercera del Ministerio Público con Competencia en Defensa Ambiental, respecto al delito de Degradación de Suelo, Topografía y Paisaje, previsto y sancionado en el primer aparte del artículo 43 de la Ley Penal del Ambiente, y Decreta el Sobreseimiento de la Causa, a favor del ciudadano CARLOS MANUEL GARCIA RODRIGUEZ, titular de la Cédula de Identidad Nro. 12.190.863, soltero, soldador, residenciado en la Calle Sucre, cruce con Calle Upata Nro. 110, La Sabanita, Municipio Heres de esta Ciudad, de conformidad con el artículo 318 ordinal 1, en relación con el artículo 330 ordinal 3, todo del Código Orgánico Procesal Penal.

Ahora bien, de la revisión de las actuaciones que subieron a esta Alzada contentivas de la inhibición planteada en esta causa, observa este Tribunal dirimente que de las mismas no se desprende la actuación de los abogados JOSE AMARO LOPEZ Y JOSE AMARO PEÑA, como apoderados judiciales de algunas de las partes, como lo señaló en su acta de inhibición, la jueza inhibida CARMEN YOLANDA TABATA, cuando indicó que los referidos abogados venían actuando como apoderados judiciales de la parte actora ciudadana YOSNARY JOSEFINA YEPEZ GONZALEZ, toda vez que en el Instrumento Poder cursante a los folios 07 al 09 ambos inclusive, de este expediente, se evidencia que la representación de la aludida ciudadana solo la ejercen los abogados LEONARDO R. MATA G., YAMAL M. MUSTAFA H., NELSA G. CIACCIA B. y ANSELMO L. FERREIRA G., no constando ninguna actuación suscrita por los abogados JOSE AMARO LOPEZ Y JOSE AMARO PEÑA, lo que contraviene el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil. Por lo que si.....

SE DECRETÓ LA PERENCIÓN.

En el gnosis de lo precedente asentado, considera esta Sala que las razones expresadas por el A quo, para la no admisión del defensor Abog. Jorge Otayza, para que asista a la ciudadana imputada IVON JOSEFINA GUEDEZ GUTIERREZ, conjuntamente con el Abogado Pedro Goitia Manzano en la presente causa, no contraría normas de índole Constitucional o Procedimental, dado a que aun cuando la Ley preceptúa que la Defensa es un derecho inviolable en todo estado y grado del proceso, la jurisprudencia es clara al permitir la exclusión de un Abogado en un proceso ya iniciado; aunado al hecho de que la ciudadana recusante venía siendo asistida dentro del proceso que se le sigue por otro Abogado, evidenciándose así, que a la misma siempre se la ha sido amparado su Derecho a la Defensa. Por todo lo antes expuesto, esta Alzada considera ajustado a Derecho el pronunciamiento jurisdiccional objetado, de modo tal que se declara Sin Lugar el Recurso de Apelación de Auto. En consecuencia, queda Confir.....

DICTADA LA PERENCION CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 267 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.-

SE DECLARA LA PERENCION DE LA INSTANCIA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 267 DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL.