Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte de Apelaciones del Estado Bolívar, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: DECLINA LA COMPETENCIA para conocer del asunto contentivo de Recurso de Apelación de Auto Interlocutorio, incoado por la ciudadana Abogada VICKY LEE DE GORDILLO, actuando en asistencia del ciudadano RAFAEL PEREZ YTAO, en contra de la decisión emitida por el Tribunal 2º del Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, con Sede en Ciudad Bolívar, al Tribunal Séptimo de Primera Instancia en funciones de control del Circuito Judicial Penal del Estado Carabobo, por lo que se ordena remitir las actuaciones al referido Juzgado.

Por las razones antes expuestas esta Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, administrado Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad la Ley, emite el siguiente pronunciamiento, DECLARA: INADMISIBLE la Acción de Amparo Constitucional ejercida porla ciudadana Abogado TIBISAY VILLAROEL TINEO actuando en su carácter de Defensora Pública de la ciudadana FRANCIA FELIDA CONTRERAS, conforme a lo establecido en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales; acción que fuere incoada conforme a lo previsto en el artículo 49 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente ordinales 1º y 2º.

Por las razones antes expuestas esta Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, administrado Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad la Ley, emite el siguiente pronunciamiento, DECLARA: INADMISIBLE la Acción de Amparo Constitucional ejercida por el ciudadano Abog. Ítalo Atencio Mora, en su carácter de Defensor Privado, actuando en asistencia de los Ciudadanos Nat King Orozco Orihuela, Héctor Vladimir Rondón Calzadilla y Rafael Vicente Medina Femayor; acción que fuere ejercida de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 7, 26, 51, 334 y 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo establecido en los artículos 41 y 43 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.