En consideración a todo lo antes expuesto, considera esta sentenciadora que no existen elementos suficientes para concluir que en el caso de autos, los argumentos expuestos por el abogado RICARDO COA MARTINEZ, en la diligencia de fecha dieciséis (16) de enero de dos mil diecisiete (2017), hayan lacerado o comprometido de alguna manera la competencia subjetiva e imparcialidad de la Jueza MARIBEL DEL VALLE RIVERO REYES, para seguir conociendo de la causa principal signada con el Nº FP11-L-2015-000365, no cumpliéndose con los supuestos exigidos por la jurisprudencia patria para que prospere la inhibición, por lo que se declarada SIN LUGAR, la inhibición planteada por la Jueza Primera de Primera Instancia de Juicio del Trabajo con sede en Puerto Ordaz, y así se establecerá el parte dispositiva del fallo. Así expresamente se declara.

Y por cuanto la misma no es contraria al orden público, a las buenas costumbres ni a alguna disposición de la Ley, se le ADMITE cuanto ha lugar en derecho y ordena darle el curso legal correspondiente.

Este Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Heres del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, de conformidad con los artículos 184 y 185 del Código Civil Venezolano, del criterio jurisprudencial contenido en la Sentencia Nº 693 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 02 de junio de 2015, el cual por ser vinculante es de obligatorio acatamiento por este Juzgador, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR la presente solicitud de DIVORCIO DE MUTUO CONSENTIMIENTO, y en consecuencia, DISUELTO el MATRIMONIO CIVIL contraído en fecha 03 de agosto de 1979 por los ciudadanos CARMEN ELENA ARAYA DE HIDALGO y DANIEL ANTONIO HIDALGO BARROLLETA.

Y por cuanto la misma no es contraria al orden público, a las buenas costumbres ni a alguna disposición de la Ley, se le ADMITE cuanto ha lugar en derecho y ordena darle curso legal correspondiente.

y por cuanto la misma no es contraria al orden público, a las buenas costumbres ni a alguna disposición de la Ley, se le ADMITE cuanto ha lugar en derecho y ordena darle curso legal correspondiente.

Y por cuanto la misma no es contraria al orden público, a las buenas costumbres ni a alguna disposición de la Ley, se ADMITE cuanto ha lugar en derecho y ordena darle el curso legal correspondiente.

Se declaró SIN LUGAR el RECURSO DE NULIDAD interpuesto por la ciudadana MARÍA LEZAMA GÓMEZ contra la PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA N° 2013-00396 de fecha 01/08/2013, emanada de la Inspectoría del Trabajo Alfredo Maneiro de Puerto Ordaz, Estado Bolívar.

Por todas las consideraciones anteriormente expuestas este Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Piar y Padre Pedro Chien del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar; Administrado Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, conforme a lo dispuesto en el artículo 253 de la Constitución Bolivariana de Venezuela, artículos 12, 15, 242, 243, 249, 254, 755, 765 del Código de Procedimiento Civil, el artículo 185 del Código Civil, en concordancia con la Resolución N° 2.0009-0006, de fecha 18 de Marzo de 2.009, emanada del Tribunal Supremo de Justicia y publicada en la Gaceta Oficial N° 39.152, de fecha 02 de Abril del 2.009, declara: Primero: Con Lugar la Conversión en Divorcio de la Separación de Cuerpos, presentada por los Ciudadanos: Noel Fernando Mota y Olga Josefina Escalona Linares, venezolanos mayores de edad, titilares de las Cédulas de Identidad Nos, V-10.273.....

Por tales motivos se Declara Inadmisible la presente Solicitud de Consignación de Canon de Arrendamiento interpuesta por los ciudadanos LIANG CHAOMING y WU ZHIHUA, arriba identificados. Así se decide.

En fuerza de las consideraciones precedentes, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y de Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara inadmisible la demanda propuesta por la parte actora en virtud que es contraria a una disposición expresa de la Ley.