Por todo el razonamiento tanto de hecho como de derecho anteriormente expuesto, este Tribunal Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: "PARCIALMENTE CON LUGAR" la acción de AMPARO CONSTITUCIONAL ejercida por la ciudadana SHIRLEY ANADELIS ROMERO CARRASCO, en su condición de PRESIDENTA del INSTITUTO AUTONOMO CONTRA LA POBREZA Y EXCLUSION SOCIAL DEL ESTADO YARACUY (IAPESEY), contra las actuaciones judiciales de fechas 05, 11 y 12 de junio de 2008 y, 09 y 10 de julio de 2008, todas emanadas del Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. ASI SE DECIDE. SEGUNDO: Se deja sin efecto la Medida Ejecutiva de Embargo decretada y practicada, en la causa signada con el N° UH11-2003-00014, contra bienes del INSTITUTO AUTONOMO CONTRA LA P.....

Ahora bien, en el presente expediente se desprende que el Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, no acató íntegramente el criterio manejado por la Sala Plena del máximo Tribunal patrio, en tal sentido, a los fines de llevar un debido proceso y resguardar la Tutela Judicial efectiva este Alzada acuerda remitir la presente causa, sin dilación alguna, al Tribunal Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy

Seguidamente el ciudadano Juez en vista la incomparecencia de la parte demandada-recurrente de conformidad con el Artículo 164 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo declara "DESISTIDO" el Recurso de Apelación ejercido en la presente causa, con todos los efectos que de ello derivan, tal y como se podrá apreciar en el dispositivo de esta decisión, que en a continuación se transcribe. En consecuencia, se confirma la decisión recurrida y, de conformidad con lo establecido en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo se condena en costas a la parte demandada-recurrente.