Es decir, si bien es un deber del Juez el decreto de las medidas cautelares siempre que se fundamente la pretensión en los instrumentos señalados en el artículo 646 antes transcrito, la norma no establece como carácter obligatorio el decreto de todas las medidas señalas, por cuanto las menciona de manera enunciativa y no taxativa. Ahora bien, se observa que en fecha 23/05/2024 – folios 37 al 39 – el Tribunal decretó Medida Cautelar de Prohibición de Enajenar y Gravar de bienes inmuebles propiedad del demandado de autos, razón por la cual trayendo a colación la norma antes transcrita a la luz del caso que nos ocupa, ya consta en autos pronunciamiento expreso de este Tribunal respecto a la solicitud de medidas cautelares, mismas que resultan suficientes a los fines de asegurar las resultas del presente juicio, razón por la cual resulta forzoso para este Órgano Jurisdiccional NEGAR la nueva solicitud de medidas cautelares por las razones antes expuestas. Y asi se establece.

Por todas las consideraciones antes expuestas este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, CONSTITUCIONAL, MERCANTIL, TRANSITO, MARÍTIMO Y AERONÁUTICO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR, de conformidad con los artículos 49 Ordinal 1ro, 26 y 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los artículos 12, 15, 242 y 243 del Código de Procedimiento Civil, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: PROCEDENTE el derecho al cobro de honorarios profesionales de abogados de actuaciones judiciales, ejercida por el ciudadano JOSE JESUS AMARO PEÑA, contra las sociedades mercantiles CENTRO MEDICO PROFESIONAL PUERTO ORDAZ, C.A y CLINICA PUERTO ORDAZ COMPAÑÍA ANONIMA, respectivamente y ampliamente identificados en autos; y en virtud de ello concluida la primera fase declarativa del presente juicio de estimación e intimación de honorarios. SEGUNDO: SE C.....