DISPOSITIVA Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA PRIMERO: CON LUGAR la demanda que DESALOJO ha incoado MORLEN JESUS BARRAGAN CARRIZALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-15.482.302, actuando en su carácter de Apoderado de los Ciudadanos: JESUS SALVADOR BARRAGAN y NEIDA JUANA CARRIZALES DE BARRAGAN, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cedulas de Identidad Nº V-2.567.885 y V-4.127.684 , contra el ciudadano JUAN FRANCISCO ROMERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-4.871.141, en consecuencia ordena al demandado ciudadano JUAN FRANCISCO ROMERO, a la entrega del inmueble arrendado libre de bienes y personas una vez cumpla con los trámites administrativos establecidos para el mismo.

Presente solo la parte actora y establecida las reglas mínimas a seguir en el desarrollo de esta audiencia. La AUDIENCIA PRELIMINAR, será presidida por el Abogado DANIEL ALBERTO ROMÁN CONTRERAS, Juez Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. Seguidamente el Ciudadano Juez declara abierto el acto y da inicio a la Audiencia Preliminar y en consecuencia declara: Vista la incomparecencia de la parte demandada, el SERVICIO NACIONAL AUTONOMO DE ATENCION INTEGRAL A LA INFANCIA Y A LA FAMILIA (SENIFA); la cual no compareció por si, ni por medio de Apoderados legalmente constituidos y por cuanto, en atención al DECRETO CON RANGO, VALOR Y FUERZA DE LEY ORGANICA DE LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA; en concordancia con la Ley de Descentralización, Delimitación y Transferencias de Competencia del Poder Público y en estricta sujeción al artículo 12 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; por ser el de.....

esta CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO YARACUY, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, ADMITE el Recurso de Apelación de Auto interpuesto con base a lo establecido en el artículo 439 numeral 4º del Código Orgánico Procesal Penal, por el Abogado CARLOS REMOLINA, en su condición de Defensor Público Séptimo auxiliar adscrito a la Unidad de Defensa Pública del estado Yaracuy, en representación de los ciudadanos SERGIO RAMON MONTOYA, DENNY SMITH MORENO LOPEZ y ELIONAY JUAREZ MENDOZA, contra la decisión inserta en la causa principal UP01-P-2015-001450, dictada por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control No. 1º del Circuito Judicial Penal del Estado Yaracuy; por cuanto la misma satisfacen los parámetros exigidos en el artículo 428 de la norma adjetiva Penal.

Este Tribunal, ACUERDA: CERRAR EL PRESENTE EXPEDIENTE DE OBLIGACION DE MANUTENCION, archivarlo, desincorporarlo del inventario real y remitirlo en su oportunidad al Archivo Judicial para su guarda y custodia. Déjese constancia en el libro diario.

Por lo tanto, teniendo en cuenta la aludida imposibilidad del Instituto Nacional de Tierras (INTI) de incurrir en la confesión espontánea a la que hace referencia el artículo 170 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, mediante las declaraciones de sus autoridades o representantes legales y, aun, existiendo el compromiso del ente agrario en contestar las posiciones formuladas por la contraparte, esta reciprocidad se hace de tal modo impracticable; de lo anterior, deviene la ILEGALIDAD objetiva del medio probatorio; en consecuencia, este Juzgado Superior Agrario debe declarar CON LUGAR la OPOSICIÓN a la admisión de la prueba en referencia e INADMISIBLE el medio probatorio, en tanto no puede garantizarse el uso de los mecanismos de control de parte del particular absolvente. Así se declara. En relación a la prueba de inspección judicial promovida de conformidad con el contenido del artículo 472 del Código del Procedimiento Civil sobre el predio denominado "La Carlera" e indicada .....