Se dicto y publico sentencia declarando la perención de la instancia.-

SE DICTO SENTENCIA LA CUAL SE DECALRO LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA

Se declara CON LUGAR la demanda incoada por la Ciudadana YOHANNA YAQUELIN PRINCIPAL JIMENEZ, en contra de la empresa LUNCHERIA BIG BOY, C.A. SEGUNDO: Se condena al patrono a pagar al demandante la cantidad: UN MILLON QUINIENTOS VEINTICINCO CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA BOLIVARES CON TREINTA CENTIMOS (Bs. 1.525.940, 30), siendo ésta la cantidad que se condena a pagar a la empresa demandada por concepto de Prestaciones Sociales e Indemnizaciones.

En mérito de las consideraciones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, actuando en nombre de la República, administrando justicia y por autoridad de la Ley, concede FUERZA EJECUTORIA a la solicitud de exequátur presentada por el ciudadano MARIO COX, de la sentencia de adopción de la niña KENISSA ESTEFANIA COX, decretada por la Quinta Corte del Circuito del Condado de Citrus del Estado de Florida, Estados Unidos de América, en fecha 06 de abril de 2006.

Desistido el recurso de apelación en virtud de la incomparecencia del apelante a la celebración de la audiencia oral.

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA: CON LUGAR los recursos de Apelación interpuesto por los Abogados MINERVA REYES en su condición de Defensora Pública Penal octava, adscrita a la Unidad de Defensa Pública Penal del Circuito Judicial con sede en Puerto Ordaz procediendo en asistencia del ciudadano acusado HERNAN DIAZ LOPEZ, y el Abog. LUIS JOSE ARAY , Defensor Privado de los ciudadanos JOSE BERNABÉ MORALES BONILLA y CRISTIAN JOSÉ CABRERA SANCHEZ, y en consecuencia SE ANULA la decisión de fecha 27 de Noviembre del año 2006 dictada por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, extensión territorial Puerto Ordaz. Y Como secuela de lo arriba explanado se Anula el fallo apelado de conformidad con lo establecido en los Artículos 192 y 1.....

Por las razones antes expuestas, esta Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, administrando Justicia en nombre la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley DECLARA: SE ANULA, la decisión objeto de impugnación que data de fecha 13 de Noviembre del 2006 por el Tribunal Primero En Funciones De Control Del Circuito Judicial Penal Del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, mediante la cual declara Nulidad Absoluta del Acta de Investigación Penal de fecha 03-10-2006 y acordó la Libertad Plena de los imputados, tras el Recurso de Apelación de auto que fuera interpuesto por el Abogado Sabino Manuel Rosales, procediendo con el carácter de Fiscal Auxiliar Décimo Segundo del Ministerio Público, Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, quien asiste a los imputados ZULIVAN GUILLEN BORJAS Y JOSE HERELDINSON LEITE PINTO en el proceso judicial que se le sigue por su presunta incursión en la comisión del de.....

Por las razones antes expuestas, esta Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Bolívar, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: DECLARA: Con Lugar, el Recurso de Apelación de Auto interpuesto por la Abogada recurrente YESENIA MAZA ROJAS, de conformidad con el articulo 447, ordinal 5to del Código Orgánico Procesal Penal, actuando con el carácter de Defensora Asistente del ciudadano Imputado JULIO CESAR VALDEZ. En consecuencia se ordena, sea anulada la decisión de fecha 16 de Octubre del año 2006 emanada del Tribunal Quinto en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, y que un Juez de Juicio distinto al que produjo la decisión viciada, se pronuncie en relación a la solicitud explanada por la defensa. Y ASI SE DECIDE.

DISPOSITIVA Por todos los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Primero en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Bolívar, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, de conformidad al artículo 366 del Código Orgánico Procesal Penal, hace el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: ABSUELVE al Ciudadano JUAN CARLOS MARQUINA GULLEN, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 13.156.493, con domicilio en el barrio Casanova Sur, al lado de la escuelita en la Urbanización Marhuanta de Ciudad Bolívar, por los delitos de Robo Agravado y Ocultamiento de Arma de Fuego, previstos y sancionados en los artículos 458 y 277 del Código Penal, en perjuicio de Armando Roderick Mirabal y la Colectividad. SEGUNDO: ABSUELVE, al Ciudadano RAFAEL EDUARDO MEJÍAS BASANTA, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° 11.726.679, residenciado en el barrio Casanova Norte, paseo Simón Bolívar.....

Hoy, veintidós (22) de febrero de 2007, siendo las (10.00 a.m.), día y hora fijado para que tenga lugar la Audiencia Preliminar en el presente juicio, el tribunal deja constancia que hizo acto de presencia a la misma en representación de la empresa demandada C.V.G VENEZOLANA DEL ALUMINIO C.A (VENALUM C.A). su co-apoderada judicial abogada MAOLY MEDINA DEL NOGAL, abogado en ejercicio, de este domicilio e inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 112.906, y que la parte actora ciudadana GRIDYS RAMONA RODRIGUEZ DE TORRES, no compareció a la celebración de la Audiencia Preliminar ni por si ni por medio de cualesquiera de sus apoderados judiciales constituidos en autos.-En merito de lo precedentemente expuesto, este Juzgado en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley CONSIDERA DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO Y TERMINADO EL PROCESO, de conformidad con lo previsto en el artículo 130 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.-