JUZGADO DEL MUNICIPIO SUCRE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERÍDA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con el Artículo 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente HOMOLOGA, el Convenimiento suscrito por las partes ciudadanos MARIA ENGRACIA PEÑA GARCIA Y PORFIRIO RONDON

JUZGADO DEL MUNICIPIO SUCRE DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERÍDA, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con el Artículo 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente HOMOLOGA, el Convenimiento suscrito por las partes ciudadanos LEIDY JOSEFINA AVENDAÑO GOMEZ Y EDGAR IVAN LOBO ROJAS,

Se declaro SIN LUGAR la apelación interpuesta el 19 de octubre de 2004, por la parte demandante-reconvenida, contra la decisión contenida en el dispositivo tercero de la sentencia dictada en fecha 11 del citado mes y año, proferida por el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO MÉRIDA, en la incidencia surgida con ocasión del desconocimiento de firmas de documentos privados formulada por la parte actora, hoy apelante, en el juicio que sigue contra el CONDOMINIO DEL EDIFICIO ¿RESIDENCIAS LOS SAUCES¿ y la empresa ¿CONSUELO BRICEÑO ATELIER C.A.¿, por nulidad de arrendamiento, mediante la cual ese Tribunal, con fundamento en el artículo 282 del Código de Procedimiento Civil, condenó en las costas de tal incidencia a la parte actora, hoy recurrente. SE CONDENO a la parte demandante al pago de las costas de la referida incidencia. En consecuencia, con base en la motivación expuesta en esta sentencia, SE CONFIRMA la decisión apela.....

En mérito a lo expuesto, este TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE JUICIO Nº 01 SECCION ADOLESCENTES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO MERIDA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, declara con lugar la solicitud realizada por el Ministerio Público y de conformidad con los artículos 568 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del adolescente, 318 numeral 3 y 322 ambos del Código Orgánico Procesal Penal DECLARA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO a favor del adolescente: SE OMITEN LOS DATOS DE ACUERDO AL ART. 545 LOPNA , -------------------------

DECISIÓN En base a los argumentos antes expuestos, este tribunal EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, decide en los siguientes términos: UNICO: Se decreta con lugar la solicitud interpuesta por el Ministerio Público y en tal sentido DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO DE LA PRESENTE CAUSA, a favor del adolescente (SE OMITEN ESTOS DATOS EN RAZON DE LA CONFIDENCIALIDAD EN MATERIA DE NIÑOS Y ADOLESCENTES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 545 DE LA L.O.P.N.A.), de conformidad con el artículo 561 literal ¿d¿ de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente en concordancia con el artículo 318 ordinal 3º del Código Orgánico Procesal Penal. Notifíquese a las partes. Diarícese, déjese copia certificada. Regístrese. ASÍ SE DECIDE. EL JUEZ DE CONTROL No. 02 ABG. DANIEL JOSÉ PRIETO PIÑA

En consecuencia, éste Tribunal de Control No 4 del Circuíto Judicial Penal del Estado Mérida, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, APRUEBA el convenio celebrado entre los ciudadano RUFO ALEXANDER MEDINA PEREIRA Y JAKELINE MERCEDES PERNIA RODRIGUEZ, ya antes identificado, produciendo la extinción de la acción penal como lo consagra el artículo 40, 48 del código orgánico procesal penal, poniendo con ello fín a la averiguación penal iniciada con lo cual además se Decreta el Sobreseimiento de la Causa, tal como lo ordena el ordinal 3ero del artículo 318 del código adjetivo penal, y por cuanto la decision fué tomada en audiencia, no habiendo objección entre las partes comparecientes, se ordena su publicación y luego de la fundamentación el archivo del expediente.

Por todo lo expuesto, este Tribunal de Ejecución N° 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la Ley, a tenor de lo establecido en el artículo 482 del Código Orgánico Procesal Penal, actualiza el cómputo de la pena correspondiente al penado Wilmer Alexis Salazar Garrido.

Por todo lo expuesto, este Tribunal de Ejecución N° 2 del Circuito Judicial Penal del Estado Mérida, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad que le confiere la Ley, a tenor de lo establecido en el artículo 482 del Código Orgánico Procesal Penal, actualiza el cómputo de la pena correspondiente al penado Jean Carlos Salas.

este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL EN FUNCIONES DE TRIBUNAL No.. 07 DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO MERIDA, EXTENSION EL VIGIA, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, POR AUTORIDAD DE LA LEY: PRIMERO: Considera acreditada mediante las actas obrantes a los folios 6 y 7 de las actuaciones concatenadas que conforman la investigación, la comisión del delito que este decidor precalifica como Robo de Vehículo Automotor, previsto en el artículo 5 del La Ley sobre El Hurto y Robo de Vehículos Automotores. Considera sin embargo que no está acreditada la comisión del delito de extorsión. SEGUNDO: Decreta la NULIDAD de todo lo actuado en la presente causa, CON EXCLUSION de la denuncia recibida 25 de enero de 2005, en la Sub Delegación El Vigía del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, al ciudadano MUJICA PEREZ JEAN CARLOS, así como de la Orden de Inicio de Investigac.....

Primero: Se declara de oficio nula la decisión dictada por el Tribunal Primero de los Municipios Alberto Adriani, Andrés Bello, Obispo Ramos de Lora y Caracciolo Parra y Olmedo, actuando como Tribunal de Control de Responsabilidad Penal del Adolescente, de fecha treinta y uno de marzo de dos mil dos (31-03-2002), que riela a los folios 29 y su respectivo vuelto. Segundo: Se declara de oficio la nulidad absoluta de las actuaciones contenidas en los folios 30, su vuelto, 31, su vuelto, 32, su vuelto, 33 y 34, insertos en el asunto, quedando sin efecto tales actos. Tercero: Se decreta la libertad plena del (reservado); por consecuencia, se deja sin efecto las medidas cautelares menos gravosas impuestas por el otrora Tribunal de Municipios, en fecha 31-03-2002. Cuarto: Una vez transcurrido el lapso legal, dispuesto en el artículo 196 del Código Orgánico Procesal Penal, sin que las partes hayan ejercido recurso alguno, el Tribunal procederá a fijar la audiencia especial a los fines de oí.....