Ahora bien, al dejar constancia el Tribunal de la inasistencia de la parte demandante se considera desistido el presente procedimiento. En consecuencia; este Tribunal Cuarto de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley declara desistido el procedimiento de OBLIGACIÓN DE MANUTENCIÓN (REVISIÓN), de conformidad con el artículo 469 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se DECLARA TERMINADO EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, de conformidad con lo establecido en el artículo 472 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Se ordena el archivo del expediente, devuélvase los originales de los instrumentos presentados a la parte que los produjo, y déjese copia certificada de éstos en el mismo.

En merito de los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos, éste Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: La Perención en la presente solicitud de DIVORCIO 185-A incoada por los ciudadanos AUDENCIO ANTONIO SALAZAR MORENO y MARITZA HEBLIN VILLEGAS OROPEZA, ambos plenamente identificados en el presente fallo. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil. TERCERO: Se ordena la devolución de los originales cursantes en autos dejándose copia certificada en su lugar, una vez la parte provea los emolumentos necesarios para las mismas.

Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la presente demanda de Divorcio y declara disuelto el vínculo matrimonial, que unía a los ciudadanos PAULA YANESKA RAMIREZ AGUILAR y JOSE BENJAMIN ARIAS MUJICA, venezolanos, mayores de edad, y titulares de las cédulas de identidad Nros. 12.082.767 y 15.388.685 respectivamente. En consecuencia, con respecto a la hija habida en el matrimonio, se establece lo siguiente: PRIMERO: La Patria Potestad y la Responsabilidad de Crianza será ejercida conjuntamente por ambos padres y la custodia será ejercida por la madre. SEGUNDO: En cuanto a la obligación de manutención el padre aportará la cantidad de TREINTA MIL BOLIVARES (Bs. 30.000,00) mensuales, que serán depositados en la cuenta de ahorros Nº 0134-0405-4140-5220-0763, del Banco Banesco a nombre de la progenitora, o lo entregará en especies, que servirán para sufragar los gastos de alimentación, vestidos, medicinas y coleg.....

De las actas que conforman el presente expediente se evidencia que las partes han llegado a un acuerdo con relación a la OBLIGACION DE MANUTENCION Y REGIMEN DE CONVIVENCIA FAMILIAR, a favor de la niña IDENTIDAD OMITIDA de 08 años de edad, nacido el día 06/02/2011, que por su naturaleza es permitida la conciliación o mediación, no vulnera los derechos del adolescente de autos y no versa sobre materias expresamente prohibidas por la Ley. En consecuencia, este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en la norma del artículo 518 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, HOMOLOGA en sus propios términos el presente acuerdo. Regístrese, publíquese, déjese copia certificada y expídase por la Secreta.....

Por las razones antes expuestas, éste Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Felipe, Independencia y Cocorote de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: CON LUGAR la demanda por DESALOJO DE INMUEBLE (LOCAL COMERCIAL), interpuesta por el ciudadano OSCAR EDUARDO PUCHE GIMENEZ, en su carácter de ARRENDADOR, contra el ciudadano YILDER RENE SANCHEZ MARTINEZ, en su carácter de ARRENDATARIO. Consecuencialmente, SE CONDENA a la parte demandada, hacer entrega al ciudadano OSCAR EDUARDO PUCHE GIMENEZ, en su carácter de PROPIETARIO, el inmueble objeto de la presente acción y que ocupa en calidad de inquilino, ubicado en el Edificio Oscmar, Calle 13, entre avenidas 10 y 11, Municipio San Felipe del estado Yaracuy. SEGUNDO: SE CONDENA a la parte demandada a pagar la suma de DOCIENTOS CATORCE BOLIVARES CON CINCUENTA CENTIMOS (Bs.....

DECLARA: PRIMERO: Valida la subsanación de la cuestión previa número 6 del artículo 346 del Código De Procedimiento Civil hecha por la parte demandante. SEGUNDO: Sin lugar la cuestión previa número 6 del artículo 346 del Código De Procedimiento Civil alegada por la parte demandada. TERCERO: No hay condenatoria en costas procesales por estar la parte demandada representada por un funcionario del estado. PUBLIQUESE, REGISTRESE Y DEJESE COPIA CERTIFICADA Dada, firmada y sellada en la sala de despacho de este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy. En San Felipe a los dos (2) días del mes de octubre de dos mil diecinueve (2019). Años: 209° Independencia y 160°Federación

Por cuanto se aprecia en autos que la parte actora no subsanó lo pedido, en este sentido se observa que en la oportunidad para subsanar o corregir lo solicitado ordenado mediante auto de fecha 7 de agosto de 2019, y es necesario advertir que no se cumplió con el despacho saneador, y en aplicación a los poderes amplios que posee el juez al ejercer con discrecionalidad las facultades que la ley ha dado, una justificación de esta conducta procesal se refiere justamente a la necesidad de la estabilidad de los juicios y a las reposiciones inútiles, reforzada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 26 y 257, para lo cual los jueces y juezas deben evitar y corregir las faltas que puedan anular cualquier acto del proceso. Y siendo que la parte solicitante no subsanó o corrigió lo solicitado en la debida oportunidad. En razón a ello, y por disposición expresa del artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, aplicable supletoriamente como se prevé.....