En conclusión, este Juzgado vista la diligencia presentada el 19 de febrero de 2008, por la ciudadana LIL TERESITA ANDRADE, abogada en ejercicio profesional, de este domicilio, inscrita en el I.P.S.A. bajo el N° 91.900, co-apoderada judicial de los ciudadanos MORENO GONZALEZ LUIS JAIME, MOYA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE, NAVA SULBARAN JOSE ALBERTO, ROJAS LOPEZ SANDRO, SALCEDO GONZALEZ EDWIN RAFAEL, SANTIAGO BOADA MARCO ANTONIO, SOSA CONTRERAS RANFLIS JOSE, SUBERO RIVERO YONNEL RAFAEL, TAMICHE CARABALLO CERLUZ JOSE, VELASQUEZ FRANKLIN, VILLARROEL TABLANTE ADRIANA, VILLARROEL HERNANDEZ CESAR, ZAERA CONTRERAS CARLOS HUMBERTO y CESAR LUIS HERNANDEZ, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio y titulares de las cédulas de identidad N° 12.353.408, 12.003.081, 10.350.685, 10.927.074, 10.538.359, 6.433.805, 12.556.798, 10.102.439, 10.102.439, 13.995.289, 11.904.829, 8.342.831, 14.498.485, 14.250.014 y 12.360.709, respectivamente, mediante la cual da cumplimiento a lo ordenado por esta Instanci.....

Este Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, Extensión Territorial Puerto Ordaz, DECLARA SIN LUGAR la impugnación del instrumento de sustitución de poder conferido por la abogada ELBA HERRERA, Procuradora de Trabajadores de la Región Guayana e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 93.273, a las ciudadanas JETSY ROJAS, LENNYS ESPIN, MILAGROS CARDENAS, NERIA MADRID, FRANCELIA PASTRAN, LISETT DURAN y MORELBIS VALLES, plenamente identificadas en autos, interpuesta por la representación judicial de la demandada, y le otorga plena validez al instrumento impugnado. Dada la declaratoria anterior, este Juzgado niega la prueba de informe solicitada. ASI SE DECIDE.

Aunque es potestad del Juez de Sustanciación, Mediación y Ejecución acordar medidas preventivas de embargo, previa solicitud de parte, éste antes de acordarlas debe formarse un criterio de motu propio mediante el examen de las pruebas presentadas conjuntamente con el libelo de demanda o mediante las pruebas que haya presentado la parte solicitante de la medida; es el caso, que de autos, no se desprende elemento alguno que haga presumir el requisito de periculum in mora respecto a la co-demandada antes mencionada ya que las copias simples que acompañó a su solicitud en modo alguno demuestra que la co-demandada esté insolvente con el pago de sus deudas, más aun, cuando ha sido reiterado pacíficamente por la doctrina y la jurisprudencia nacional, que su verificación no se limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho si éste existiere, tal como lo afirma el Dr. García Velentiner, conjuez de la Sala Social .....