Por las razones antes expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Yaracuy, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE en los términos en que fue planteada la solicitud de suspensión de efectos de la providencia administrativa número 411/2010, dictada en fecha 16 de diciembre de 2010 por la Inspectoría del Trabajo del estado Yaracuy, formulada por el apoderado judicial de la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (Fundacomunal).

Este Juzgado del Municipio Bruzual de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, conforme lo previsto en el Artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, declara las presentes actuaciones TITULO SUPLETORIO de Propiedad a favor de la ciudadana: REYES DEL CARMEN ROJAS MELENDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nro. V- 6.701.866 de domicilio sin perjuicios de terceros de iguales o mejores derechos sobre unas bienhechurias que la solicitante fomentó en un lote de Terreno propiedad de Instituto Nacional de Tierra (INTI) que mide DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS METROS CUADRADOS (276 Mtrs2), ubicado en la Calle Principal del caserío Alto del Río, segundo callejón, Parroquia Campo Elías del Municipio Bruzual del Estado Yaracuy

este Juzgado de los Municipios Sucre, La Trinidad y Arístides Bastídas de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, conforme lo previsto en el Artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, DECRETA el TITULO SUPLETORIO sobre la propiedad de las bienhechurías descritas en el presente fallo, a favor de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO LA TRINIDAD DEL ESTADO YARACUY, dejándose a salvo los derechos de terceros. Así se decide.

este Juzgado de los Municipios Sucre, La Trinidad y Arístides Bastídas de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, conforme lo previsto en el Artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, DECRETA el TITULO SUPLETORIO de propiedad sobre las bienhechurías descritas en el presente fallo, a favor del ciudadano FRANKLIN JOSÉ HERNÁNDEZ DAZA, antes identificado, quien estuvo asistido en la presente solicitud por el Abogado FRANCISCO WOHNSIEDLER SOSA, ya identificado, dejándose a salvo los derechos de terceros. Queda excluida expresamente la propiedad del terreno sobre el cual están construidas las bienhechurías antes descritas, por no ser propiedad del solicitante. Así se decide.

Désele entrada, anótese en los libros respectivos, quedando signada bajo el Nº 724/11, acordándose su fijación una vez que la parte actora lo solicite. Cúmplase. COM Nº 724/11

Revisadas las actas procesales que conforman a la presente causa, quien juzga realiza las siguientes consideraciones para decidirla: Por cuanto existen dos (2) causas donde tanto la pretensión como los sujetos son el mismo, y el conocimiento de dichos asuntos corresponde al mismo Juez perteneciente a este Circuito, considera quien decide a fin de determinar la procedencia de la Litis Pendencia señala: El artículo 61 del Código de Procedimiento Civil establece: "Cuando una misma causa se haya promovido ante dos autoridades judiciales igualmente competentes, el Tribunal que haya citado posteriormente a solicitud de parte y aún de oficio, en cualquier estado y grado de la causa, declarará la litispendencia y ordenará el archivo del expediente, quedando extinguida la causa..." En el caso de marras, no existe conflictividad alguna y se hace evidente para quien aquí juzga, la coexistencia de dos (2) relaciones procesales con idénticos elementos, partes cosas.....

este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en la norma del artículo 518 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, HOMOLOGA en sus propios términos dicho acuerdo. Téngase como sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada.

En consecuencia este Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en la norma del artículo 518 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se HOMOLOGA en sus propios términos dichos convenios, por no ser contrarios a la moral y a las buenas costumbres, o a alguna disposición expresa de la Ley. Téngase los mismos como sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada.

En consecuencia este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Yaracuy, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en la norma del artículo 518 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se HOMOLOGA en sus propios términos dichos convenios, por no ser contrarios a la moral y a las buenas costumbres, o a alguna disposición expresa de la Ley. Téngase como sentencia pasada con autoridad de cosa juzgada.

Aplicado estos principios jurisprudencial al caso de autos, mediante las cuales se modificó la competencia, es evidente que este Juzgado no es competente para conocer de las demandas interpuestas contra los entes Estatales; razón la cual este Tribunal, conforme lo previsto en el Artículo 34 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso administrativa, ordena remitir las presentes actuaciones al Tribunal Superior Contencioso Administrativo de la Región Centro ¿ Norte, con sede en Valencia, Estado Carabobo; y así se establece. Se le asignó el No. 2.587-11.